Con 53 votos de los partidos Arena y el FMLN, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves las “Disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas”, en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en julio pasado eliminó el monopolio de los partidos políticos para hacer postulaciones al parlamento.
El dictamen votado este jueves es el que derivó del acuerdo tomado en la comisión de reformas electorales el pasado martes, luego de un encuentro de apenas 37 minutos en el que los diputados, sin discusión ni argumentación algunas, resolvieron este tema que habían dilatado por más de cinco meses, acordando una serie de reformas al Código Electoral que incluyen los requisitos que deberán cumplir las personas que se postulen como candidatas sin filiación partidaria.La sentencia de la Sala de lo Constitucional, según el dictamen aprobado este día, se traducirá en exigir un mínimo de 8 mil 700 firmas de apoyo a quien se postule por el departamento de Cabañas, y más de 18 mil a quien aspire a ganar un escaño por el departamento de Santa Ana. Asimismo, los candidatos no partidarios tendrán 25 días para recoger las firmas de adhesión -a diferencia de los 90 días que los partidos tienen para recoger 50 mil firmas- y carecerán del derecho a recibir financiamiento estatal para hacer su campaña electoral.
Las reformas acordadas son prácticamente todas las propuestas por el FMLN hace menos de dos semanas, y que no habían sido discutidas en la Asamblea Legislativa. Lo insólito el martes pasado fue que, aun partiendo de cero la discusión, ningún partido político regateara u objetara nada de la propuesta.
Hace dos semanas, el 2 de diciembre, el FMLN presentó las “Disposiciones para la Postulación de Candidaturas No Partidarias en las Elecciones Legislativas” y están a un paso de convertirse en ley, porque la comisión emitió dictamen favorable para que el pleno vote este jueves. Aunque la comisión tenía otros expedientes anteriores de propuestas sobre este tema, los diputados fueron directo a la propuesta efemelenista, la abordaron como punto único de la agenda y decidieron darle su visto bueno.
El FMLN propuso al menos tres requisitos que, a la luz de la propuesta que hacía una coalición de organizaciones cívicas, podrían ser obstáculos para los competidores no partidarios. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de firmas exigidas para la inscripción de una candidatura.
Según el Frente, lo que debería exigirse para ello es “una relación de ciudadanos en el porcentaje correspondiente al menor residuo con que resultó electo el diputado o diputada del departamento en el cual se postula”, y esos ciudadanos que le apoyan deben ser también del mismo departamento. Eso significaría, por ejemplo, que para el caso de San Salvador ese porcentaje sería del 2.66%, que en el año 2009 correspondió a los 17 mil 803 votos válidos con los que, por residuo, el partido CD obtuvo su escaño en la actual legislatura.
Lo que no aclara la propuesta, sin embargo, es respecto a qué base de datos se calculará ese 2.66%; si se hará en relación con el padrón electoral anterior o con el actualizado para 2012, que se cierra hasta semanas antes de la elección.
De cualquier forma, hacer el cálculo respecto del padrón anterior ayuda a obtener un estimado de firmas por departamento, que dista mucho de las 600 que propone la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Reforma Política. En el menor de los casos, en el departamento de San Vicente, un aspirante sin respaldo partidario debería juntar, siguiendo la lógica del FMLN, al menos 8 mil 703 firmas de vicentinos para inscribirse como candidato.
Para el departamento de San Miguel necesitaría 14 mil 499 firmas de simpatizantes de ese departamento, para Santa Ana 18 mil 42, para La Libertad 13 mil 816, y para San Salvador 17 mil 803 firmas.
Este punto, contenido en el literal c) del artículo 8 de la propuesta efemelenista, ni siquiera fue discutido en la comisión. El inciso apenas fue leído al momento de presentar la pieza, pero a la hora de la “discusión”, la presidenta de la comisión, la efemelenista Norma Guevara, simplemente preguntó: '¿Observaciones al artículo 8?' Nadie objetó nada y Guevara, al salir de la reunión, defendió que ese había sido el consenso en la comisión y que era mejor que otras sugerencias que sonaron anteriormente, en las que se hablaba de más de 50 mil firmas.
Los areneros acuerparon todo y el diputado Alberto Romero hizo un escueto comentario al salir de la reunión: “Nos parece que es lo correcto, es lo justo. Si alguien tiene apoyo en su departamento tiene la capacidad de sacar este número de firmas”.
Por si la cantidad de firmas fuera un obstáculo superable, un segundo punto contemplado en la propuesta efemelenista es el del tiempo en que los candidatos no partidarios deben conseguir estas firmas. A diferencia de los partidos políticos, que cuentan con 90 días para conseguir 50 mil simpatizantes a nivel nacional para ser inscritos como partidos, los aspirantes independientes tendrían solo 25 días para hacerlo.
Una vez los postulantes reciban del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los libros para recoger las firmas, dice la propuesta, “los interesados devolverán los libros conteniendo las firmas a más tardar dentro de 25 días”. “Yo creo que en esa parte (la del tiempo) no nos debemos de confundir, si alguien está interesado en postularse como candidato no partidario, no la va a empezar a construir en 25 días, lo va a empezar a construir desde ya, sabiendo que ya hay una legislación que debe de cumplir. Entonces esa gente puede empezar desde ya a trabajar, a preparar”, defendió nuevamente Romero.
Pero además, luego de presentar las firmas, dice el dictamen, el TSE procederá a revisarlas para, “si fuere procedente”, habilitar la candidatura.
Lo que tampoco define el FMLN es el tiempo máximo que tendría el Tribunal Supremo Electoral para evaluar la validez de las firmas, un plazo que en el caso de los partidos el Código Electoral establece en 60 días. De no establecer ese plazo para los independientes, quedaría la puerta abierta para que el TSE se tome un tiempo indefinido para cumplir con esta etapa del proceso, dificultando así las posibilidades de que un independiente subsane con tiempo las observaciones que puedan hacerse a su solicitud de inscripción.
Este punto sí llamó la atención del legislador de Arena Guillermo Ávila Qüehl, quien señaló que debía establecerse ese tiempo. La diputada Norma Guevara le aseguró que estaba contemplado más adelante, pero, aunque no fuera así, no se discutió más el punto y el tiempo de respuesta para el TSE quedó siempre abierto.
Una tercera barrera para los no partidarios viene por el lado del financiamiento de su campaña. Acá, la propuesta del Frente niega a los independientes un derecho del que sí gozan los partidos, incluso aquellos nuevos que compiten por primera vez o que no hayan participado en la elección anterior. Se trata de la deuda política, un anticipo que el Estado otorga a los partidos para la celebración de su campaña electoral, calculado con base en la votación obtenida en la elección anterior y liquidada posteriormente según el resultado de los comicios en cuestión.
Para los independientes, en cambio, no habría tal privilegio. “Los candidatos no partidarios no podrán gozar de la deuda pública en virtud de lo que estipula el artículo 210 de la Constitución de la República”, dice la propuesta, en referencia a que el Estado reconoce el mecanismo de la 'deuda política' para garantizar la independencia y libertad de los partidos. Los candidatos independientes, en cambio, deberán contar con una fianza equivalente al 50% de su presupuesto de campaña proselitista, para lo cual pueden recibir donaciones de fuentes privadas.
Pero los desincentivos alrededor del financiamiento no terminan ahí. Además de no contar con ese dinero para lanzar su campaña, los independientes, si llegaran a tener un remanente al final del proceso, tendrán que donarlo a esos institutos que le están poniendo las trabas: los partidos políticos. “Concluido el proceso electoral y en caso de haber remanente producto de la liquidación”, propone el FMLN, “este deberá pasar al TSE y será destinado al Fondo de Desarrollo de los Partidos Políticos”.
Aun con las barreras que pueden suponer estas disposiciones, el FMLN considera que su propuesta responde bien a la sentencia de la Corte. “Este es un proyecto que permite viabilizar, establecer un procedimiento para que los candidatos no partidarios puedan competir y ser objeto de elección para las próximas elecciones”, dijo la diputada Jacqueline Rivera, quien el 2 de diciembre expuso al pleno el contenido de la propuesta efemelenista.
Todas estos planteamientos del FMLN fueron aprobados este jueves en el pleno legislativo, aunque, contrario a la reunión del martes en la comisión de Reformas Electorales, donde el proyecto efemelenista cosechó el apoyo de todos los integrantes de la comisión, esta vez no recibió el respaldo de todos. El pacto, según se reflejó en las pantallas de la Asamblea Legislativa, se concentró únicamente en Arena y el FMLN.
El PCN, cuyo representante en dicha comisión, el diputado Mario Ponce, había calificado de “excelente instrumento” la normativa, se desdijo de lo expresado el martes y no votó a favor de las reformas este jueves.
'Yo personalmente en un primer momento creí que era un buen insumo, pero después, cuando discutimos intermante en mi partido me hicieron ver que las conclusiones de la comisión ad hoc decían que el fallo de la Corte Suprema de Justicia había sido inconstitucional, y por lo tanto apoyar ese decreto hubiera sido apoyar la inconstitucionalidad', explicó Ponce a El Faro este jueves. Además, dijo que se abstuvieron porque tampoco se llamó al Tribunal Supremo Electoral para que este, como responsable de organizar las elecciones, diera su opinión.
El partido GANA, que el martes tampoco ofreció resistencia a que el dictamen se aprobara tal y como pasó este jueves al pleno, fue otro de los que no votó a favor. Más aún, sus diputados, en boca del legislador Miguel Ahues, pidieron sin éxito que el dictamen volviera a la comisión para seguir siendo estudiado, y a la hora de la votación se expresaron en contra del dictamen.
Lo mismo hizo el PDC, cuyo diputado Rodolfo Parker ocupó el micrófono para calificar nuevamente de inconstitucional la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
