México, diciembre 23. La algarabía desatada alrededor de un nuevo secuestro masivo de indocumentados en México ha puesto al descubierto una alianza entre el cártel de Los Zetas y pandilleros de la Mara Salvatrucha, nuevas amenazas en contra de uno de los principales defensores de los indocumentados en este país y una insólita postura del Instituto Nacional de Migración (INM) que, a pesar de que 13 migrantes han declarado, se empeña en decir que no hay pruebas sobre el secuestro.
La madrugada del pasado viernes 17, un indocumentado guatemalteco llegó al albergue de migrantes de Ixtepec, Oaxaca, que dirige el cura Alejandro Solalinde. Ixtepec es un poblado donde hace estación el tren de carga en el que miles de centroamericanos viajan como polizones. El migrante llegó agitado y enmudecido. Tras unas horas, logró contarles que el tramo de Arriaga a Ixtepec había sido una calamidad. Primero, en un poblado llamado Chahuites -en el mismo Estado-, agentes del INM realizaron un operativo. Lo de siempre: gente corriendo para todos lados, intentando escapar. 92 detenidos y muchos fugados. A los que lograron zafarse les fue peor. Volvieron al tren cuando los agentes se largaron, y más adelante, apenas unos tres kilómetros adelante, en un lugar conocido como Las Anonas, hombres con trajes negros bloquearon las vías con piedras y maderos, lograron detener el tren, lo abordaron, bajaron primero a las mujeres y niños y luego a los hombres que no lograron escabullirse. Luego, se los llevaron a todos, formados en fila india, marchando hacia la casa de secuestros.
El guatemalteco que llegó al albergue iba en esa fila. Dijo haber escapado justo cuando todos saltaban el muro de acceso a la casa. El siguiente día, el sábado, llegaron más de los que lograron escapar hasta que sumaron 20 testimonios que confirmaban lo que el guatemalteco contó.
Alejandro Solalinde consiguió que 13 de los indocumentados se animaran a declarar este martes. E incluso logró que el guatemalteco, cuatro días después de haberse liberado, lo acompañara, junto con militares y judiciales, a reconocer la casa del secuestro. La manera en que Solalinde describe ese reconocimiento dibuja una operación poco alentadora, de indiferencia de parte de las autoridades mexicanas:
“Fue un diz que operativo, el ejército, los judiciales y el INM, yo iba a la par del testigo, que no quería ir sin mí. No hubo ninguna prisa, se realizó cuatro días después de los hechos. Llegamos a la casa, el camión con los militares se parqueó a 30 metros de la casa y se bajaron sin alerta ni posición de combate, como seguros de que no pasaría nada, fingiendo. Claro que la casa estaba vacía. Seguro hubo filtración. Y el muchacho guatemalteco me reconstruía cómo pasó todo, pero nadie más lo quería escuchar”.
A partir de este último secuestro y de otra información que Solalinde ha recogido, para él no hay duda de que detrás de esta acción se encuentran pandilleros de la Mara Salvatrucha y sicarios de Los Zetas.
En medio de todo esto, ya la Cancillería salvadoreña había emitido su llamado de alerta al gobierno de México, y el tema trascendió, como pocas veces en estos casos, a las páginas, pantallas y bocinas de los medios de comunicación.
El INM, lejos de sentirse alentado por la propaganda generada, mediante un comunicado de prensa se apresuró este miércoles a responder que no había pruebas sobre los hechos denunciados por El Salvador. 'Por lo que respecta al caso del tren en Oaxaca, al consultar con autoridades locales y federales, así como a la compañía ferroviaria, no se encontraron antecedentes que confirmen las versiones señaladas por la representación salvadoreña y tampoco existen denuncias ante autoridades mexicanas presentadas por parte de migrantes extranjeros al día de hoy”.
Este comunicado fue público justo el día en que declararon ante el Ministerio Público 13 indocumentados de Guatemala, El Salvador y Honduras. “¡Ellos tienen los testimonios!', se queja Solalinde. 'Tienen un camión lleno de testigos. Es escandaloso”.
Ante la negativa de las autoridades mexicanas, el gobierno salvadoreño, por medio de su canciller, Hugo Martínez, reiteró el miércoles a las 4 de la tarde que sí hay evidencias del secuestro masivo. Finalmente, la Secretaría de Gobernación mexicana admitió que hay una investigación y que la Procuraduría General de la República ha recogido los testimonios de quienes dicen haber escapado de los secuestradores.
Pero antes de eso, el miércoles, el INM incluso convocó a una inusual conferencia para anunciar que 8 indocumentados se escaparon de una de sus estaciones en Pachuca, en el norte mexicano.
Al inusual reclamo del gobierno salvadoreño al mexicano se sumó, en tono mucho más tibio, el gobierno de Honduras, que también el miércoles reveló que al menos cinco migrantes de ese país habían escapado de los secuestradores que detuvieron el tren pocos minutos después del operativo del INM.
La situación para los migrantes se resume en este aparente cambio de actitud, un sacerdote que atiende a los migrantes y que ve la muerte cada vez más cerca, y un cambio del mapa, rutas y los actores de los crímenes contra los indocumentados que cruzan México.
Por primera vez, los gobiernos que aportan el 96% de los indocumentados detenidos cada año por el INM en México, hicieron un llamado de atención conjunto al gobierno de este país. Las cancillerías de Honduras, Guatemala y El Salvador hicieron llegar este miércoles al gobierno de México un comunicado donde hace constar que su personal consular entrevistó a cuatro testigos del secuestro y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México entrevistó a otros 13 y urgen a México a dar una clara respuesta a la negativa del INM de reconocer el hecho.
Apenas unos meses después de que el presidente salvadoreño Mauricio Funes acudiera a México tras la masacre de 72 indocumentados ocurrida en agosto en el norteño estado de Tamaulipas y dijera que nada tenía que reclamarle al gobierno de su par Felipe Calderón, la Cancillería de El Salvador toma las riendas regionales para hacer un enérgico llamado de atención a México, que ha tenido buena acogida entre los principales medios de este país.
Sin embargo, no solo quedaron nuevas señales, sino también nuevas noticias sobre el panorama desolador que enfrentarán los indocumentados que viajen por la principal ruta de migración a través de México, la que inicia en Chiapas y atraviesa Oaxaca.
“La gente ha dejado de llegar a Tenosique y Coatzacoalcos y se han trasladado aquí al istmo, en Oaxaca, porque Los Zetas estaban haciendo demasiadas barbaridades por aquel lado. ¿Pues qué crees? Que ya Los Zetas se vinieron con todo para aquí, en busca de su mercancía”, explica Solalinde.
Desde mediados de 2009, las autoridades de seguridad de México ubicaron a Chahuites, el poblado cerca del que ocurrió el secuestro, como una base de operaciones de Los Zetas en Oaxaca. La situación de secuestros en la ruta Atlántica mexicana, que atraviesa los estados de Tabasco y Veracruz, es la más crítica, y tiene los puntos donde con mayor normalidad se dieron los secuestros el año pasado y este, lugares como Coatzacoalcos o Tenosique.
Y Solalinde, un sabueso para obtener información sobre los cambios de rutas y los movimientos de los delincuentes, agrega más calamidades para esta ruta: “Además, desde hace meses, se instalaron en Ixtepec algunos pandilleros de la Mara Salvatrucha. Ya han hecho sus pintadas y hace dos semanas, según me contó uno de ellos que prefirió alejarse del grupo, se han aliado con Los Zetas. Ellos se encargarán de los negocios de secuestro y extorsión de indocumentados en Ixtepec”.
Desde cuando en 2005 la tormenta Stan derribó varios puentes férreos del sur de México, la zona de incidencia de la Mara Salvatrucha en este camino quedó disminuida. Su control llegaba hasta el municipio de Tonalá, es decir, la parte en la que dejó de circular el tren, donde los indocumentados se dispersan y establecer lugares de asalto no es tan fácil como donde hay tren.
Ahora, como asegura Solalinde y confirma una periodista que vive en la zona y que pidió el anonimato, unos 12 mareros de Guatemala, Honduras y El Salvador se han establecido en Ixtepec. Y hay más: “Fueron ellos los que a los dos días de que hubiera ocurrido el secuestro llegaron a la tienda que está afuera del albergue a amenazar a los indocumentados que hoy están declarando ante el Ministerio. Ellos fueron los que llegaron con una pistola a decirles que si no sacaban a todos los indocumentados que fueron testigos del albergue y se entregaban, iban a entrar y matarnos a todos”, dice el sacerdote.
Vilma Mendoza, la cónsul de El Salvador en Arriaga, el consulado más cercano a Ixtepec, corrobora esta información.
Desde ese momento y por un tiempo indefinido, una patrulla de la Policía Estatal de Oaxaca custodia el entorno del albergue, y un policía infiltrado presta seguridad dentro.
“Los Zetas se están aliando con la MS para sus delitos contra los migrantes”, subraya Solalinde, que estos días ha vuelto a recibir amenazas de muerte en su teléfono. “Y cada vez más siento que estoy en una encrucijada –agrega-, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y ellos no van a dejar de secuestrar y de violar y asaltar. Creo que ya se están cansando de mí”.
Solalinde ha sido amenazado por secuestradores vinculados a Los Zetas que han terminado encarcelados gracias a la colaboración de este protector de migrantes. Lo han amenazado policías judiciales y municipales que hasta 2007, cuando muchos fueron separados de sus cargos, formaban una banda de secuestros y extorsión de indocumentados en ese municipio, e incluso ha estado, bañado en gasolina, a punto de ser quemado en la puerta de su albergue por no permitir que una turba coordinada por narcotraficantes locales entrara a destruir el albergue.
A mediados de 2009, cuando este medio publicó la crónica “Aquí se viola, aquí se mata”, sobre la situación de violencia contra los indocumentados en una zona de Chiapas conocida como La Arrocera, Solalinde ya esbozaba el escenario que hoy ve con tristeza realizarse: “Claro, como en Chiapas aprietan, aquí se han trasladado las bandas, todos los grupos criminales, hacia Oaxaca, donde el gobernador Ulises Ruiz nunca ha querido hacer nada de nada”.
En cambio, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, recientemente condecorado por la Asamblea Legislativa de El Salvador por su apoyo a los migrantes, agilizó la creación en su Estado de una Fiscalía Especializada en Migrantes, liderada por un intrépido fiscal, Enrique Rojas, que junto con policías se hace pasar por indocumentado para pillar asaltantes y violadores en el monte.
Además, Sabines permitió que la policía estatal acompañara el tren para que no fuera asaltado. Sin embargo, en Oaxaca no se replicó ninguna de esas medidas, y ya en aquel entonces se veía cómo bandas de asaltantes se trasladaban a Chahuites, Las Anonas e Ixtepec.
