El concepto de “maras o pandillas”, como he planteado en una columna anterior, cada vez sirve menos para describir con precisión un fenómeno social y delictivo que venimos padeciendo desde hace décadas. Bajo este concepto suelen reunirse perfiles demasiado diversos y disímiles, al punto que ya no es útil para efectos de análisis técnico. De momento, en cualquier caso, referirse a las “maras o pandillas” exige explicar de inmediato a qué tipo se alude.
Esto constituye un ejercicio esencial en el diseño de políticas públicas, puesto que permite definir con nitidez los destinatarios de las mismas. De lo contrario, se corre el riesgo de no saber con rigor hacia quiénes van dirigidas las acciones de gobierno, ni qué se espera conseguir con ellas, pudiendo desaprovechar fondos públicos.
Por ejemplo, si se diseña una política pública para “maras o pandillas” pensando en un “niño pandillero” con una navaja en sus manitas, esta desatendería los perfiles más peligrosos que también integran estos grupos; y, en cambio, si la política se diseña pensando en un “asesino en serie pandillero” o en un “narcotraficante pandillero”, esta olvidaría los perfiles menos peligrosos y de más fácil rehabilitación que de igual modo son parte de este segmento de población.
En este orden, el Gobierno de El Salvador ha optado por una definición clara de “maras o pandillas”. Se puede cuestionar lo exacto o lo completo de esta, pero no su claridad. Asimismo, se podría señalar que el Gobierno se equivoca con la definición elegida, pero no se puede descalificar el hecho mismo de escoger una definición, ya que ello es requisito indispensable para la elaboración de políticas públicas. En una frase: lo único que no puede hacer el Gobierno es no seleccionar una definición sobre los destinatarios de sus políticas.
La llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas y Grupos de Exterminio define a las “maras o pandillas” como organizaciones de naturaleza criminal, por lo cual prohíbe su existencia, legalización, financiamiento y apoyo. En tal sentido, para el Gobierno, no se trata de grupos en vulnerabilidad y rebeldía social, por ejemplo, sino de criminales. De hecho, esta misma idea se sostiene en el Borrador de Propuesta de Ley Especial de Retiro y Rehabilitación de Miembros de Pandillas, Maras, Agrupaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal (sujeto a cambios después de consultas).
Tomando como base esta definición, se pueden identificar dos alternativas diferentes, aunque complementarias, para abordar este fenómeno desde un punto de vista preventivo. En primer lugar, se puede prevenir la incorporación de más personas a las “maras o pandillas”. Y en segundo lugar, es posible prevenir la comisión de delitos por parte de los miembros activos de las “maras o pandillas”. La primera alternativa atiende a la base social de estos grupos, mientras que la segunda se dirige a los grupos mismos.
En el campo de la seguridad ciudadana, la teoría preventiva distingue entre la prevención de la delincuencia y la prevención del delito. La prevención de la delincuencia se entiende como el conjunto de acciones que tienen por objetivo disminuir la prevalencia delictiva, es decir, el número de personas que cometen actos delictivos. Se trata de prevenir que un individuo, especialmente un niño o una niña, se desarrolle como adolescente antisocial. La prevención del delito, por el contrario, se entiende como el conjunto de acciones que tienen por finalidad la reducción de la incidencia delictiva, es decir, la disminución de los actos o hechos delictivos cometidos por una persona.
En otras palabras, por un lado, se dispone de la estrategia de prevenir el incremento de la membresía de las “maras o pandillas”, evitando que más personas se involucren en actividades delictivas, reduciendo su base y apoyo social; y, por otro lado, se cuenta con la estrategia de prevenir que los miembros activos de estos grupos cometan crímenes, disminuyendo el número de delitos.
La estrategia de prevención de la delincuencia se viabiliza a través de una adecuada política social, en virtud de la cual se generen oportunidades de desarrollo, en materia educativa, de salud, empleo, etc. Por su parte, la prevención del delito se lleva a cabo por medio de acciones tales como anticipar al delincuente, aumentar la presencia policial, incrementar la eficacia de la Policía, vigilar a personas sospechosas, controlar los lugares propicios para la perpetración de crímenes, entre otras.
Si se advierten estas diferencias en las estrategias, se abre la posibilidad de afrontar más apropiadamente el fenómeno de las “maras o pandillas” en un plano preventivo, al reconocer que no es lo mismo abordar su existencia, su legalización, su financiamiento y su apoyo, sobre todo porque este último se fundamenta en cierto poder coercitivo de estos grupos y, en muchos casos, en alguna legitimidad social que las comunidades mismas les otorgan.
Dicho eso, a pesar de que parezca desconcertante, hay que recordar que, como diría Emile Durkheim, en Las reglas del método sociológico, el delito se encuentra en sociedades de todos los tipos, aunque cambiando de formas y expresiones. Es más, el delito es normal e inevitable, al ser parte integrante de lo que sería una “sociedad sana”, por lo cual una sociedad sin delitos es imposible. En consecuencia, con todo lo completa que pudiera ser una política pública de seguridad ciudadana, esta jamás acabaría con la delincuencia y el delito, pero ciertamente los llevaría a niveles aceptables. Es a eso a lo que debemos apuntar, tanto en lo concerniente a las “maras o pandillas” como a la problemática delincuencial más general.
El carácter aceptable de la delincuencia sin duda está abierto a discusión. Sin embargo, la Organización Panamericana para la Salud (OPS) ofrece una salida: nivel aceptable es tener menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, arriba de lo cual se considera epidemia. En este momento, El Salvador reporta una tasa nacional de 71 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que constituye un nivel absolutamente alarmante. Deberíamos aspirar en este 2011 no a acabar con los homicidios en el país, pero sí a acercarnos cada vez más, sistemática y metódicamente, a esos anhelados 10 por cada 100,000 de nuestros acongojados habitantes.
