El presidente de la República, Mauricio Funes, devolvió a la Asamblea Legislativa el decreto que crea la Ley de Acceso a la Información Pública, pidiendo que modifiquen los plazos de vigencia de la normativa, aduciendo que son imposibles de cumplir. El gobernante también pide que se precise que en el caso de los sectores que podrán nominar ternas de candidatos a integrar el instituto garante de la ley, las instituciones que participen en la elaboración de las propuestas -como sindicatos o universidades privadas- cumplan las leyes que las regulan.
Las observaciones del presidente al decreto del 2 de diciembre del año pasado, refuta el plazo de 30 días para que la ley cobre vigencia, pidiendo en cambio 12 meses. En estos términos generales, al partido Arena le pareció inaceptable atender la observación presidencial, porque en la práctica sería atrasar todos los procesos un año. Para los areneros, la ley sí debe entrar en vigencia a corto plazo porque eso obliga a empezar a crear instrumentos como los reglamentos que operativizarían la ley.
La ley fue aprobada por unanimidad después de año y medio de estudio en la Comisión de Legislación del parlamento. El análisis partió de dos propuestas distintas que, para finales de 2009, había sido traducida en un solo borrador, que al final fue el insumo sobre el que se elaboró la ley aprobada hace un mes. Si los legisladores deciden ignorar las observaciones del gobernante, eso lo pueden resolver con mayoría simple y disponer que la normativa se publique tal cual se aprobó en el Diario Oficial. Si optan por atender alguno o todas las sugerencias de Funes, eso también se resuelve con mayoría simple.
La normativa tiene como objetivo obligar a las entidades estatales -y privadas que manejen recursos públicos-, a proporcionar a todo aquel que así lo solicite, la información que maneje que no ponga en riesgo la seguridad nacional o que no vulnere el derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. Esto se producirá bajo la supervisión y coacción de un Instituto de Acceso a la Información Pública que tendrá la potestad de establecer sanciones para quienes violen las disposiciones de ley.
El documento, que llegó la tarde de este miércoles a la Asamblea, contiene siete puntos que de acuerdo con la presidencia deben ser considerados. La respuesta del Ejecutivo arribó durante la última semana que comprendía el plazo de la presidencia para vetar, sancionar u objetar la ley.
En cuanto a los plazos, la Asamblea determinó 30 días como período para entrada en vigencia de la ley después de publicada en el Diario Oficial. El artículo 3 de la ley habla de la modernización de la organización de la información pública, promoviendo el uso de un sistema tecnológico y del gobierno electrónico. Esto precisamente sirve a Funes para hacer una de las objeciones. El presidente concluye que debido a los ajustes presupuestarios y administrativos necesarios para la aplicación de la ley lo más conveniente es un plazo mínimo de un año. De no ser así, según el Ejecutivo, se corre el riesgo de que la administración pública no esté en la capacidad de dar respuestas a los usuarios que soliciten la información, ya que esa implementación requerirá tiempo y, sobre todo, dinero.
“Así se les hizo ver a los señores diputados en su oportunidad, debido a la responsabilidad que adquieren las instituciones del Estado a fin de cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley, se solicitó que la entrada en vigencia de la ley fuese de un año, y no treinta días como se aprobó, pues se había reflexionado que dicho plazo era el mínimo indispensable para tener a cabalidad la institucionalidad y los mecanismos tecnológicos adecuados para tal fin”, menciona el presidente en el documento.
La alternativa de Funes para la situación consiste en una aclaración en el documento de los artículos que no se podrían cumplir si la ley entrara en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Dichos artículos serían exigibles hasta que sean nombrados los comisionados del Instituto y los oficiales de información, es decir, en el plazo de un año.
Después de haber recibido las observaciones del Presidente de la República a la Ley de Acceso a la Información Pública, el diputado de Arena y presidente de la Comisión de Legislación, Guillermo Ávila Qüehl, dijo que estas son un intento del mandatario por atrasar y evitar que la legislación entre en vigencia durante su gobierno.
“Mejor la hubiera vetado. Él no quiere que haya ley en su período”, exclamó Ávila Qüehl vía telefónica, momentos después de haber leído el documento que envió Casa Presidencial a la Asamblea.
Para el diputado arenero la objeción a los términos de vigencia de la ley es la observación más inaceptable para su partido, ya que evitaría que el gobierno se empiece a preparar desde ya y prorrogaría su implementación más tiempo. “Si la ley no está vigente, ¿cómo se va a empezar a preparar? Todo se atrasaría”, argumentó.
A pesar de este atraso, el presidente de la comisión aseguró que junto con el FMLN empezarán a estudiar las observaciones para llegar a un acuerdo, ya sea de superar o aceptar algunas de las observaciones.
Otro de los aspectos que el Ejecutivo señala es la importancia del sometimiento de cada uno de los sectores participantes para el nombramiento del instituto garante a las leyes que les corresponden. Así todos los copartícipes deberán cumplir con la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y su reglamento, así como a las demás normativas que les apliquen. En el caso de las universidades privadas, por ejemplo, pide que solo puedan participar aquellas que estén cumpliendo fielmente la Ley de Educación Superior. Similar petición hace en el caso de los sindicatos, para que no baste con que existan y tengan la autorización del Ministerio de Trabajo.
Funes también destacó la creación de un reglamento especial aplicable a las sociedades de economía mixta, personas naturales o jurídicas que administren fondo o información pública o que se les haya conferido una función pública, con el fin de delimitar el tipo de información que se podría solicitar a estas instituciones semiprivadas.
Entre los demás puntos señalados por el Ejecutivo destacan la no divulgación de los inmuebles del Estado, la creación de un medio que certifique que la información solicitada a los oficiales de información se encuentra en las diferentes unidades y otro que garantice la veracidad del consentimiento del titular de la información. Como último punto el presidente plantea la formulación de un procedimiento sancionatorio diferente para cada supuesto y no uno colectivo como el que se planteó.
