FMLN, PCN, CD y Gana aprobaron este jueves un decreto que establece la integración de las tres instituciones que controlan el sistema financiero y previsional del país. La superintendencia del sistema financiero, la de pensiones y la de valores, que hasta la fecha operan por separado, serán parte de una sola institución, con el propósito de mejorar los controles al compartir mucha de la información que manejan.
La normativa instaura un nuevo funcionamiento para el sistema informático, administrativo y operativo de las tres superintendencias. Asimismo, aspira a mejorar la supervisión de la banca, del sistema de pensiones y de la bolsa de valores, permitiendo llevar un registro uniforme de la información con la que cuentan dichas instituciones.
Según Dagoberto Marroquín, diputado del PCN, la medida facilitaría auditar asociaciones grandes de empresas y conglomerados de compañías que pertenecen a un solo propietario, evitando malas maniobras respecto a la gestión de fondos. Además, la nueva ley regulará figuras que apenas se esbozaban en El Salvador cuando se creó el marco legal vigente, como los fideicomisos y los títulos valores.
La Ley de Regulación y Supervisión del Sistema Financiero nació como parte de los compromisos asumidos por la administración del presidente Antonio Saca con la comunidad internacional. El gobierno de Mauricio Funes acordó aprobar el proyecto antes de 2011 como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se suscribió El Salvador en 2009, conocido en la jerga financiera como “stand by”. Según un diccionario financiero son “Créditos contingentes o acuerdos de disponibilidad inmediata que puede conceder el FMI a un país miembro por un plazo determinado.”
El documento publicado en la página del FMI confirma el compromiso adquirido por el país para lograr los beneficios del acuerdo “stand by”: “En los próximos meses vamos a buscar la aprobación de la Ley de la Supervisión y Regulación del Sector Financiero, según los criterios de referencia estructurales del stand by descritos en el memorando técnico de entendimiento”, dice el documento.
Aunque el acuerdo fue suscrito en 2009, durante los últimos días del gobierno de Arena, este partido se opuso a dar sus votos a favor de la ley.
La negación de los areneros fue argumentada en la falta de consenso respecto a la conformación del consejo directivo de la Superintendencia que verificará el trabajo del Superintendente General. De acuerdo con lo consensuado en la comisión financiera de la Asamblea, donde se estudió el proyecto por más de un año, este sería integrado por siete representantes de sectores financieros.
Según el decreto, los delegados serán elegidos por el presidente de la República a partir de las ternas que propongan las tres intendencias (Financiera, Pensiones y Valores), el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el colegio de auditores y el de economistas.
La ley entraría en vigor 180 días después de ser publicada en el Diario Oficial, con el fin de otorgar un plazo adecuado para que el Ejecutivo elabore los reglamentos administrativos y operativos pertinentes.
Asimismo, la nueva ley se acompañará de un paquete de reformas a tres normativas financieras que permitirán armonizar todo el marco legal. La idea es actualizar la Ley de Bancos, la del Mercado de Valores y la de la Bolsa de Productos y Servicios Financieros.
Las primeras dos modificaciones se aprobaron este mismo jueves, junto a la Ley de Supervisión del Sistema Financiero. La revisión de la última reforma quedará pendiente en la comisión financiera. Se espera que sea aprobada en la próxima semana.
