En el cuarto día de huelga y de obstrucción del aparato judicial salvadoreño, un grupo de jueces se ofreció este jueves 20 a servir de 'mediadores' en un conflicto entre las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y los sindicatos que aglutinan a los más de 10 mil empleados del Órgano Judicial.
La magistrada de la Cámara de Menores Doris Luz Rivas Galindo y el juez del tribunal tercero de sentencia de San Salvador, Martín Rogel, fueron los voceros de este grupo compuesto por 30 jueces. El mensaje, leído por Rivas Galindo y explicado luego por Rogel fue dirigido a las dos parte en conflicto. A los sindicalistas, los jueces pidieron dar muestras de buena voluntad permitiendo la entrega de las sedes judiciales tomadas, de Medicina Legal y la reapertura de los juzgados del país para que estos reinicien el estudio de los casos.
A la Corte, según los jueces, se le pidió claridad y transparencia sobre aquellos puntos que se pueden o no tocar en una eventual negociación con los sindicalistas.
Los jueces, además, en un intento por acercar posturas con los sindicalistas -que acusan que el gremio de jueces del país también se ha visto beneficiado con un incremento de 400 dólares en sus sueldos- aclararon que no han recibido ningún aumento salarial, como alegan los huelguistas. También decidieron no juzgar las acciones tomadas por los sindicalistas (bloqueo de sedes y cierre de Medicina Legal) y la Corte (cese a las negociaciones hasta que los sindicalistas permitan la reapertura del sistema, hasta hoy caído).
En teoría, este grupo mediador le apostaba a una reunión este día con los líderes sindicales para sondear el terreno y plantear un posible acercamiento con la Corte. Según el juez Rogel, el acercamiento se iba a dar, pero los incidentes en el juzgado de paz de Mejicanos, donde los huelguistas golpearon a fiscales, provocaron que se rompiera la comunicación.
Por la mañana, en ese juzgado, tres sindicalistas fueron detenidos por agredir a fiscales que intentaban presentar requerimientos ante el tribunal. Entre los detenidos estaban dos hombres y una mujer, que según los sindicalistas fue golpeada por la policía.
'El incidente dañó este primer enlace que pretendíamos. Si estábamos en cero, hoy estamos en menos uno para intentar mediar. Ahora toca esperar cuál postura tomarán los sindicalistas. Tenemos información de que están reevaluando qué paso tomar a raíz de este incidente', dijo Rogel a El Faro.
Este jueves, la Fiscalía reportó 46 presuntos delincuentes puestos en libertad por falta de acceso a audiencias y unas 840 audiencias suspendidas, incluidas más de 100 de juzgados especializados. En todo el país, 22 levantamientos de cadáveres se han realizado sin la presencia de Medicina Legal.
El paro también ha obstaculizado los operativos entre Fiscalía y Policía Nacional Civil. Fuentes de ambas instituciones revelaron a El Faro que se ha dado órdenes de suspender operativos de capturas -programadas para fin de mes, luego de meses de investigación- dado que de nada serviría capturar a presuntos delincuentes que no tendrían quien reciba los requerimientos de aperturas de casos.
Este viernes 21, este grupo de jueces intentará un acermiento con la Corte en la reunión de la mesa judicial que será presidida por los magistrados Miguel Ángel Cardoza y María Luz Regalado. Este acercamiento, sin embargo, podría ser en vano dado que en Corte plena hay dos bandos también en conflicto. Uno liderado por el presidente, Belarmino Jaime (de nueve magistrados), y otro liderado por Ulices del Dios Guzmán (acompañado por otros cinco magistrados). El segundo está recibiendo a líderes sindicales para 'mediar' en la Corte, y el primero mantiene una férrea postura de no sentarse a negociar hasta que los sindicalistas entreguen las instalaciones tomadas.
'La Corte Supema de Justicia ya dijo en qué condiciones está dispuesta a negociar: hasta que liberen Medicina Legal y dejen a los jueces realizar sus audiencias. Si eso no ocurre, está difícil', dijo Belarmino Jaime a El Faro.
La noche de este jueves, los diputados aprobaron por unanimidad un decreto de emergencia que evitará que algunos casos judiciales se caigan debido al vencimiento de plazos. Aunque no se puede tocar los plazos constitucionales de 72 horas para detenciones administrativas y para que un juez decida si procede detener a alguien provisionalmente o no, los legisladores sí pueden disponer que los otros plazos -como los términos para presentación de diligencias- no caduquen mientras persista la huelga.
La medida fue decretada para que entre en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. Aunque no lo aclararon, se supone que la intención de los diputados es que el decreto se incorpore en el Diario Oficial de este mismo jueves para que el decreto cobre vigencia inmediata. Su efecto terminará cuando 'las causas que lo motivaron' terminen.
