La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) reveló este lunes que el costo de implementar la Ley de Acceso a la Información rondaría entre los 60 y 80 centavos de dólar a casa salvadoreño. La estimación se deriva de los costos que normativas similares han tenido en México y Chile.
La Funde presentó su cálculo ante los diputados de la comisión de Legislación, que debaten las observaciones que hizo el presidente de la República, Mauricio Funes. El mandatario pidió que la ley entre en vigencia hasta un año después de que se publique en el Diario Oficial, en lugar de un mes, como dice el decreto.
Durante la reunión de este lunes, la comisión recibió a representantes del Grupo Promotor de la ley, que está integrado por ocho instituciones que van desde tanques de pensamiento hasta universidades privadas, pasando por gremios de comunicadores y el periódico El Faro. Asimismo, hay un grupo de nueve 'Aliados por la Transparencia', que se sumaron en distintos momentos a la promoción de la ley. Entre los Aliados está la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
En la sesión de este lunes participaron representantes de Funde, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), de la ANEP y de la Asosiación de Periodistas de El Salvador (APES).
Claudia Umaña, directora del departamento de estudios legales de Fusades y vocera del Grupo Promotor, dijo a los diputados que las observaciones del presidente desvirtúan el espíritu de la ley. Además, cuestionó la falta de justificación técnica detrás de las mismas.
Jaime López, coordinador del programa de Transparencia Internacional para El Salvador, cuestionó además el plazo de un año que pide el Ejecutivo para la entrada en vigencia de la normativa. “El Ejecutivo dice que los plazos establecidos por la Asamblea son cortos... esto se debe argumentar con una lista de las tareas que se deben implementar”, dijo López.
El presidente también dijo que una razón para pedir un año de postergación es la necesidad de contar con los recursos para construir la información que requiere la ley y crear el instituto que garantizaría el respecto a las disposiciones y castigaría a los infractores.
López informó que Transparencia Internacional ha hecho un estudio sobre la estimación de costos de la implementación de la ley. Serían unos 6 millones de dólares anuales en total, dijo López. La cantidad es proporcional a la inversión que hacen los países latinoamericanos que aplican un ley de trasparencia y/o acceso a la información. “En México y Chile el gasto es de 20 centavos por habitante, en El Salvador sería más alto, más o menos 60 u 80 centavos por habitante”, explicó.
Enrique Araujo, presidente de la ANEP, incitó a los partidos políticos a que ratifiquen los plazos establecidos en el decreto así como el pronto nombramiento de los comisionados. “Es importante el nombramiento de los comisionados porque son ellos quienes presentan el presupuesto. Los demás aspectos tomarán cuerpo por sí solos”, explicó.
Arena, FMLN y CD, partidos políticos que apoyaron la aprobación del decreto, aún no tienen consenso respecto de las observaciones presidenciales. La comisión se reunirá el próximo miércoles para discutir las modificaciones.
