La buseta se retorcía bajo las llamas que convirtieron la lata en un infierno con 600 grados celsius de temperatura. Adentro la gente gritaba de dolor y algunos hasta se rompían los brazos intentando abrir las ventanas para poder huir. Pero la verdad es que no había ruta de escape: desde afuera, una lluvia de balas agujereaban el metal caliente y los cuerpos de muchas de las víctimas que viajaban en aquel microbús de la ruta 47 aquella noche del 20 de junio en Mejicanos.
De las tres armas de fuego utilizadas por los pandilleros del Barrio 18 aquella noche, dos provenían del sector más supuestamente destinado a proteger a la ciudadanía honrada y sus bienes: eran propiedad de la PNC. En menos de una semana, las autoridades ya sabían el origen de estas pistolas, pero nunca lo revelaron a la prensa. Un informe pericial de la Policía, sin embargo, da cuenta de ello.
Una de las pistolas policiales es un arma de color negro marca CZ. La otra también es negra, marca Smith & Wesson. La noche del 20 de junio ambas escupieron balas del grueso de una batería pequeña y la mitad de largas. Dos armas del Estado destinadas a aquellos cuyo lema señala que deben “servir y proteger” a la ciudadanía fueron usadas para masacrar a más de una veintena de adultos y niños.
Un informe de la División Técnico Científica de la Policía al que tuvo acceso a El Faro y que fue elaborado tres días después de cometida la masacre, establece que las dos pistolas eran propiedad de la PNC, pero en algún punto de su historia se salieron de las fundas designadas para dos agentes de la corporación y terminaron en manos de alguien, que se las dio a alguien, que luego se las dio a alguien más que las terminó entregando a los pandilleros del Barrio 18 que apuntaron sus cañones, alumbrando fogonazos contra una Coaster llena de pasajeros que se pareció al infierno.
“La evidencia (...) es un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, marca CZ 75BD, serie anulada, pavón negro deteriorado, calibre 9x19mm. Tiene su respectivo cargador metálico y un cartucho sin percutir del calibre 9x19mm', se lee en la descripción que hace el infrome de esta arma. Pero luego agrega un detalle que indica cuál es el origen de esta y que deja más preguntas que respuestas. 'Cabe mencionar que dicha arma de fuego viene marcada en la parte interna del cajón del mecanismo con el código P1-169598-04, el cual corresponde a las armas de fuego propiedad de la PNC de El Salvador”, dice el informe incluido en uno de los expedientes judiciales del caso.
Sobre la pistola Smith & Wesson, el perito de la PNC también sacó la misma conclusión: “La evidencia (...) es un arma de fuego de fabricación convencional, tipo pistola, marca Smith & Wesson. Modelo 915. Calibre 9x19mm. Serie borrada. Pavón deteriorado y cacha de material sintético negro. Cabe mencionar que dicha arma de fuego tiene marcada en la parte interna del cajón del mecanismo el código P1-2813-99-03 el cual corresponde a las armas de fuego propiedad de la PNC de El Salvador”.
La noche del domingo 20 de junio del año pasado un microbús de la ruta 47 seguía su ruta por la calle Roma que lleva a la avenida Castro Morán. Todo iba bien hasta que en esa calle dos hombres subieron al microbús, blandiendo cada uno un arma, uno en contra del conductor y otro contra el cobrador. Después de susurrar algo al oído del conductor, el microbús rompió la ruta que llevaba y se desvió 10 metros hacia una calle en el centro de Mejicanos.
En ese punto los dos pandilleros bajaron junto a sus armas para reunirse con otro grupo de hombres. Dos de ellos cargaban dos pichingas con gasolina que empezaron a rociar dentro del interior de la buseta y le prendieron fuego. Esto lo hicieron con los pasajeros, el chofer y el cobrador todavía dentro. Los ocupantes intentaban escapar de las llamas pero entonces sufrieron un segundo ataque: los hombres que estaban fuera empezaban a disparar contra ellos. Al conductor le dedicaron tres de los disparos. Los disparos salían de tres armas. La CZ, la Smith & Wesson y una Glock que escupieron sus balas en contra del microbús. Esta última, según averiguaron las autoridades, era propiedad de una agencia de seguridad privada. Había sido robada a un guardia días atrás.
Sobre las otras dos armas, la Policía incluso supo que fueron las autoras de la mayor parte de los disparos en la escena del crimen. El informe de la División Técnico Científica da cuenta de que la pistola CZ “fue utilizada para percutir 10 casquillos calibre 9x19mm”. La Smith & Wesson fue utilizada para percutir 3 casquillos del mismo calibre 9x19mm “y un proyectil calibre 9mm”. Los cuatro restantes fueron realizados con la pistola Glock.
Estas tres armas, junto con un lote digno de un pequeño escuadrón, fueron decomisadas en dos viviendas ligadas a varios de los capturados un día después de cometido el crimen. Por la rapidez del operativo, la Policía fue felicitada –también con rapidez- por el presidente Mauricio Funes, quien tampoco se tardó mucho en lanzar una campaña con el slogan “nadie va intimidar a El Salvador”.
La pistola CZ fue encontrada en la casa 18 del pasaje “D”, de la colonia Jardín, entre los colchones de la cama de Nicolás Stanley Rosales Quintanilla, de 44 años. En esa misma casa, encontraron una mochila y una mariconera negras en la que estaba un fusil M-16 desarmado y una pistola Glock. Ahí, también encontraron 11 cargadores para diferentes armas y 172 cartuchos de diferentes calibres.
Pero, ¿cómo terminó esa CZ, registrada como propiedad de la PNC, entre los colchones de una cama? Según informó a El Faro un comisionado de la institución que pidió el anonimato para poder hablar, la CZ era una pistola que un agente reportó como robada el 26 de agosto de 2009.
La Smith & Wesson apareció en otra casa, la de Rafael Antonio García Barbero, alias “el Visco”, y de Georgina Emperatirz Barbero, donde también encontraron un revólver 0.38 especial y una escopeta 12. Una de estas armas también provenía de las armas legalmente registradas en el país.
El 19 de junio de 2010, dos días antes de la masacre, Manuel Alfredo Argueta, un agente de seguridad privada, fue asesinado. Después le robaron el arma que portaba, una 0.38 marca Ranger, de fabricación argentina.
El 23 de junio de 2010, cuando la policía se enteró de que dos de sus armas fueron utilizadas para perpetrar una masacre, la corporación decidió omitir esa información a la prensa. Ese día, Howard Cotto, el subdirector de Investigaciones de la PNC, anunció a la prensa nacional del único hallazgo importante: “Tres pistolas calibres 9mm: una marca Glock, serie 66D854; otra marca CZ, serie no legible y una pistola S&W... estas tres armas -dijo el jefe policial- se comprobó a través del análisis balístico que fueron utilizadas por los hechores”, se lee todavía en la web oficial de la PNC. Ningún dato sobre la procedencia de las armas. La información completa, esa en donde se describe que las dos pistolas tienen marcada en la parte interna del cajón del mecanismo un código que las bautiza como hijas de la PNC, fue omitida.
De la División Policía Técnica Científica fue remitida a las altas autoridades de la Corporación, que la soslayaron. Luego la información, emitida en un informe, fue recopilada por los fiscales e introducida como evidencia en los juicios contra los pandilleros –y sus familiares- involucrados en la masacre.
En octubre de 2010, un tribunal de menores de la capital condenó a dos jóvenes de 15 y 16 años a 5 y 15 años –respectivamente- por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado, lesiones y daños en perjuicio de varias personas. Según el veredicto, el menor de 15 años fue quien roció la gasolina en el microbús y luego disparó a quienes intentaban salir del mismo. El de 16 años le colaboró, determinó el juzgado.
Tres meses más tarde, el 3 de enero de este año, Nicolás Stanley Rosales Quintanilla, de 40 años de edad; su esposa, Sonia Elizabeth Mendoza de Rosales, de 44; y la hija de ambos, Ana Gloria Rosales, de 22, fueron condenados a 12 años y medio de prisión. Los tres fueron vinculados con la masacre, pero fueron encontrados culpables de los delitos de posesión y tenencia de droga en perjuicio de la salud pública, y por tenencia de arma de fuego y portación y tenencia de arma de guerra, según determinó el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
Hace dos semanas, El Faro solicitó al subdirector de investigaciones Cotto una reacción sobre estos hallazgos, pero para el cierre de esta nota no había brindado declaraciones. El Faro también solicitó a la Fiscalía General información sobre las investigaciones del extravío de estas armas, pero al cerrar esta nota aún no había respondido con información.
Las armas policiales esconden también otro detalle relevante que las autoridades tampoco han revelado: ambas estaban asignadas a agentes que servían como guardaespaldas a diputados de la Asamblea Legislativa.
En diciembre pasado, la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa discutía el veto del presidente a las disposiciones transitorias para permitir que personas que posean armas no registradas y que no tengan documentos de propiedad de las mismas las pudieran registrar sin mayor problema. Mientras avanzaba la discusión, el diputado del FMLN Arístides Valencia hizo un comentario, haciendo referencia a dos de las armas utilizadas en la masacre de Mejicanos. El comentario pasó prácticamente inadvertido.
Tanto la CZ como la S&W eran propiedad de la PNC y estaban asignadas a custodios de diputados. No se sabe más. La Asamblea Legislativa no ha investigado el caso alegando que esa tarea corresponde a Fiscalía y PNC.
Según Valencia, el comisionado Howard Cotto le informó a los diputados que durante la investigación se determinó que las armas CZ y Smith & Wesson estaban registradas a nombre de dos miembros del equipo de Protección de Personalidades Importantes (PPI) al servicio del Órgano Legislativo. Cadad diputado tiene derecho a tener guardaespaldas, los cuales pertenecen a la división PPI de la Policía.
La Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial estable que existen diferentes personas a las que el Estado les debe proveer seguridad personal debido a los cargos que ocupan. Entre ellas se encuentran el Presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los diputados. Además, la ley les da el derecho de elegir quiénes serán sus guardaespaldas, si miembros de la PNC o supernumerarios, es decir personas de su confianza que hayan sido autorizadas por la Policía para realizar dicha labor.
El artículo 4A de la ley también establece que la Policía le proveerá a los miembros del PPI el equipo necesario para realizar la labor. 'El personal será equipado para el cumplimiento de la misión asignada de protección, de acuerdo a las disponibilidades de la institución', dice la ley. Esto significa que las armas que utilizan los guardaespaldas se las da la PNC. Además, según el diputado arenero César Reyes Dheming, el arma que se le da a cada miembro del PPI es elegida bajo criterio de la Policía.
Esta información llegó a oídos de los diputados después de la masacre, el año pasado. Desde entonces, Arístides Valencia asegura que ni la PNC ni la Fiscalía les han dado información sobre cómo salieron las dos pistolas de las manos de los guardaespaldas. Pero tampoco en la Asamblea Legislativa se ha investigado sobre el extravío. El diputado pecenista Antonio Almendáriz asegura que desde ahí no pueden saber quiénes eran los guardaespaldas a los que pertenecían esas armas porque cada diputado los escoge y por lo tanto solo la Policía puede identificarlos.
Sin embargo, el diputado de Arena César Reyes Dheming asegura que a nivel legislativo sí es posible averiguar quiénes eran los guardaespaldas que tuvieron en su poder esas armas, porque los legisladores están obligados a firmar un registro. 'Como diputado, yo firmo el arma que le dan a un PPI, yo tengo ese registro y una copia porque es mi responsabilidad como diputado', explica.
