El ministro de seguridad pública, Manuel Melgar, aseguró a El Faro que el gobierno se encuentra afinando una ley que en lo sustancial replica el contenido de las leyes de extinción de dominio que ya tienen vigencia en países como Guatemala y Costa Rica, que son instrumentos de lucha contra el crimen organizado por medio de la confiscación de bienes cuya obtención se presuma ilícita.
Según el ministro, la nueva propuesta de ley no llevará el nombre con el que se le conoce en los países vecinos, aunque tendrá la misma finalidad. Aunque no precisó el plazo en que esta normativa será enviada a la Asamblea Legislativa, aseguró que eso se hará “en los próximos días”.
Hasta el momento, la posibilidad de que el Estado se apropie de los bienes provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico o la extorsión, depende de que el sistema judicial condene penalmente a su propietario. Este proceso puede durar años. Para el caso, algunos de los inmuebles de la banda de Los Perrones aún no han podido ser expropiados, no obstante que las primeras detenciones se produjeron hace ya cerca de tres años.
El nuevo instrumento permite confiscar recursos sin necesidad de que su propietario sea condenado en un procedimiento penal. Probablemente la característica más activa de esta normativa es aquella que le da las posibilidades al Estado de dejar caer la carga de prueba en el ciudadano.
Hasta hoy, es el Estado el que está obligado a probar que determinada persona es delincuente y a demostrar que su fortuna tuvo origen en actividades ilícitas. Mientras que con esta ley, basta que haya sospechas fundadas sobre la riqueza de alguien, para obligar a esa persona a que sea ella quien demuestre el origen lícito de sus recursos. Todo el patrimonio que no pueda ser demostrado como legal pasaría a las arcas del Estado.
Según Francisco Dall’Anese, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), este tipo de instrumentos son sumamente efectivos para combatir la narcoactividad, en la medida en que atacan el origen del poder de corrupción y de reacción de los grupos criminales: su dinero, sin tener que enfrentar engorrosos procesos penales. Según Dall’Anese, los cárteles de la droga funcionan como empresas, de forma que sacarles de circulación a uno de sus “gerentes” solo provocará sus inmediata sustitución; en cambio, se ven seriamente afectados si se limita sus posibilidades de utilizar sus recursos.
