Los diputados del FMLN pidieron este lunes una semana adicional a la comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, para decidir su posición respecto de las observaciones del presidente de la República a la Ley de Acceso a la Información. El gobernante quiere que la normativa se implemente hasta dentro de un año, en lugar de un mes plazo, como establece el decreto del 2 de diciembre.
La nueva prórroga se produce después de una postergación de dos semanas solicitada por los efemelenistas, que no saben si mantener su opinión original de que la ley entre en vigencia 30 días después de publicada en el Diario Oficial, o atender la petición presidencial de esperar 12 meses.
De las siete observaciones hechas por el Ejecutivo la primera semana de enero, la que mayor discusión ha generado entre los legisladores es la que plantea un plazo de 365 días para la implementación de la normativa.
La agenda de la comisión esta mañana incluía como último punto de debate la devolución del decreto. Cuando la comisión llegó a ese tema, Benito Lara, diputado del FMLN, propuso que la discusión sobre las observaciones presidenciales fuera el punto único a discutir en la agenda para la próxima semana.
Gana y PCN estuvieron de acuerdo con la moción del FMLN y acordaron aplazar la discusión de la ley en la comisión, aclarando que ya se habían tratado varios puntos durante la mañana y el tiempo restante no era suficiente para discutir a fondo las siete observaciones del Ejecutivo.
Como el tiempo avanza y El Salvador sigue sin ley, Antonio Almendáriz, diputado del PCN, condicionó su apoyo a la medida, alegando que el tiempo era prudente solo si todos los legisladores avanzaban en sus propuestas durante la semana. “Comprometámonos a mandar por escrito la posición de nuestros partidos para cada observación al técnico durante la semana. Y así venir con un criterio fijo el lunes”, pidió.
Sin embargo, Guillermo Ávila Qüehl, diputado de Arena y presidente de la comisión, insistió en que aún tenían alrededor de 20 minutos para al menos establecer la posición de cada partido, evacuar dudas y avanzar en el estudio de las observaciones. Como nadie mostrara interés en seguir con la reunión, agregó: “A nosotros como Arena nos tomaría dos minutos fijar nuestra posición”, dijo y comenzó a exponer sus argumentos.
Mientras Ávila Qüehl explicaba la posición de su partido para cada observación sus compañeros de mesa comenzaron a dar señales de exasperación. Unos se preparaban para levantarse, arreglando sus agendas, otros se mecían en la sillas revisando cada cierto tiempo su celular... y el presidente de la comisión lo notó. “Tal vez me prestan un poquito de atención”, dijo Ávila Qüehl, recordándole a sus compañeros que aún no terminaba la sesión.
Una vez fijada la posición de Arena, los diputados del FMLN no tuvieron opción y dieron una breve explicación de su posición. Jaime Valdez fue el encargado de resumir a grandes rasgos la perspectiva de su partido. “Hay observaciones que no es necesario rechazar sino que se pueden justificar en el dictamen”, dijo.
Tanto Arena como el FMLN concluyeron que es importante mantener el plazo de 30 días para la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, consideran que es necesario revisar los demás plazos en la normativa como el de la creación de reglamentos y el de la elección de los diputados. Con esos esbozos terminó la sesión.
La reunión de este lunes había comenzado de una manera inusual: con la asistencia del diputado Rodolfo Párker, del PDC. Párker muy raras veces hace presencia en este equipo de trabajo, y este lunes lo hizo para denunciar lo que considera una participación excesiva de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en la elaboración de la ley. “Nadie ha votado por Fusades para que haga gobierno en El Salvador', dijo, argumentando que el grupo se ha extralimitado en sus opiniones. Y añadió “No vamos a aceptar que se nos vengan a hacer imposiciones por parte de un Grupo Promotor”.
El Grupo Promotor es un conjunto de ocho instituciones entre las que están Fusades, Funde, dos universidades privadas y El Faro, que generaron debate y promovieron la discusión legislativa de la normativa durante los últimos 20 meses.
Ninguno de los partidos compartió la posición de Párker. Por el contrario, Ávila Qüehl aclaró que la participación de Fusades era la adecuada dado que esta institución forma parte del grupo que aportó insumos básicos para la creación de la ley. “Aquí no ha habido ninguna imposición indebida sino solo la preocupación de que haya ley”, dijo.
La comisión fijará posición la próxima semana, cuando se reúnan para definir si las observaciones presidenciales serán superadas por completo o si serán acatadas.
