Los cuatro principales defensores de la flora, la fauna y los ecosistemas durante la pasada gestión presidencial -dos ex ministros y dos ex directores ejecutivos del Ministerio del Ambiente (MARN)- violaron la Ley del Ambiente al permitir la tala de árboles en una zona protegida y no sancionar oportunamente a los responsables de la deforestación.
Ese es el fallo de una Cámara de la Corte de Cuentas, después de una auditoría a la gestión del MARN, que de paso supone multas a 11 funcionarios que sumadas no llegan ni a los 10 mil dólares.
Hugo César Barrera Guerrero, titular del MARN desde 2004 hasta 2006, se mantuvo en silencio mientras la maquinaria de una empresa que no tenía los permisos ambientales talaba 38 mil 958 árboles para desviar y ampliar el Bulevar Diego de Holguín, obra que aún no está terminada. Esa es la razón por la cual el funcionario fue condenado a pagar una multa de 2 mil 341.57, revelaron fuentes de la Fiscalía.
Otro que ocupaba un puesto importante en el MARN, Roberto Bará Osegueda, también fue declarado responsable de causar “un daño ambiental significativo” en la finca El Espino y debe pagar 900 dólares. Bará Osegueda fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Armando Calderón Sol y pese a que fue cuestionado en 1998 por la tala de árboles que provocó la ampliación de la calle El Espino (Chiltiupán), seis años después fue nombrado como director ejecutivo del MARN.
A los dos ex funcionarios del MARN, una auditoría de gestión ambiental de la Corte de Cuentas les reprocha que no sancionaron al ex titular del Ministerio de Obras Públicas, David Gutiérrez Miranda, por modificar el diseño del Bulevar Diego de Holguín: a la obra se le agregó una rotonda y unos intercambiadores que conectarían la vía con el Bulevar Merliot y con la Avenida Jerusalén.
El MOP pidió el 8 de febrero de 2005 una modificación al permiso ambiental de la obra para poder ejecutar las modificaciones de diseño de la vía expresa. El MOP no esperó ninguna autorización y pronto comenzó a talar parte de la reserva forestal protegida por decreto legislativo desde 1993, mientras que los titulares del MARN engavetaron la solicitud durante 19 meses.
Fue hasta el 7 de septiembre de 2006, después de una denuncia de la alcaldía de San Salvador por la deforestación de una parte del parque Los Pericos, cuando el MARN ordenó una evaluación ambiental.
La Dirección de Inspectoría de ese ministerio encontró que un área de 34 mil 790 metros cuadrados (casi 5 manzanas) la constructora taló 31 mil cafetos, mil árboles de sombra y 3 mil 300 árboles de regeneración natural. Además, los trabajos de terracería para construir el derivador norponiente de la intersección del Diego de Holguín con la Avenida Jerusalén obstruyeron el cauce de la quebrada La Suncita y otros drenajes naturales.
Esos no eran los únicos daños que encontró en el mismo estudio la evaluación del MARN. Obras Públicas no tenía un estudio de impacto ambiental cuando taló 2 mil 698 árboles para construir el cercano Bulevar Cancillería, en Antiguo Cuscatlán, una zona que los peritos consideran clave en el proceso de infiltración y captación de agua en el manto acuífero. Cerca de ahí, en 8 mil 450 metros cuadrados que pertenecían a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Espino también se deforestó, pero el MARN nunca elaboró un inventario de los daños. Un informe de la constructora Copreca-Linares, a cargo de las obras inconclusas del Diego de Holguín, admite que talaron 960 árboles.
El informe de Inspectoría Ambiental era rico en detalles sobre violaciones a la Ley del Ambiente. Sin embargo, no activó las sanciones que la ley contempla contra los infractores y una vez visto que el MOP había deforestado un área para la que no tenía autorización, en lugar de sancionar a Gutiérrez, el director ejecutivo del MARN, Bará Osegueda, aceptó las modificaciones al proyecto a posteriori.
Eso sucedió el 18 de septiembre de 2006, y ya con eso el MOP no vio necesario presentar un nuevo formulario ambiental para tramitar el permiso. Quizás lo más grave dentro de la administración del MARN fue que esa cartera aceptó las modificaciones al proyecto cuando la obra ya se había ejecutado, ya estaba terminada. “La deficiencia se ha originado por la indebida actuación del director ejecutivo del MARN, quien se atribuyó funciones fuera de su competencia al resolver modificaciones de obras, violentando además consideraciones establecidas por la Ley de Medio Ambiente”, establece la auditoría, que dio pie a un juicio de cuentas que escaló hasta la Cámara Tercera de Primera Instancia.
La Cámara impuso multas también al director de gestión ambiental y al director de Inspectoría del MARN, Francisco Perdomo Lino y Nelson Doñán Valle, respectivamente. El primero debe pagar 833.14 dólares y el segundo 588.54.
Con el tiempo, algunos de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas involucrados en las violaciones a la ley en el caso Diego de Holguín, paradójicamente pasaron a convertirse en autoridades del Ministerio del Ambiente. Así fue como, después de formar parte del equipo que modificó los planos del Bulevar Diego de Holguín y comenzar a ejecutar las obras sin esperar autorización en la reserva forestal, el viceministro de Obras Públicas, Carlos José Guerrero Contreras, y el gerente de Vías Urbanas del MOP, Óscar Alfredo Díaz Cruz, se convirtieron en los nuevos defensores del ambiente.
A la salida de Barrera y Bará del MARN, el gobierno de Saca nombró a Guerrero como ministro y a Díaz Cruz como director ejecutivo. En enero de 2007, cuando la nueva máxima autoridad ambiental del país asumió el cargo, ya tenía tres años de arrastrar la violación a cinco artículos de la Ley del Ambiente: incumplir un permiso ambiental por presentar en la licitación del Bulevar Diego de Holguín un diseño diferente al autorizado por el MARN. La sanción que se le impuso fue de 416.11.
En el caso del ex gerente de Vías Urbanas, Díaz Cruz, la multa que se le impuso fue de 579.99 dólares. En 2007 llegó como director ejecutivo del MARN a relevar a Bará Osegueda. El funcionario ambiental durante el 2007-2009 complementaba la lista de otros cinco ex funcionarios y ex empleados del MOP que fueron cuestionados por la falta de coordinación interinstitucional y por no ejecutar las medidas de mitigación que les obligaba el permiso ambiental otorgado para el proyecto Diego de Holguín.
Los dos ahora ex ministros y ex directores ejecutivos del MARN en total fueron encontrados culpables de violar siete normativas, cuatro de ellas leyes nacionales, una internacional y dos municipales. Barrera, Guerrero, Bará y Díaz Cruz, determinó la Corte de Cuentas, violaron siete artículos de la Ley del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica, el decreto 432 de protección a la finca El Espino y dos ordenanzas municipales –una de San Salvador y otra de Antigua Cuscatlán- que se refieren a la protección y conservación de los recursos naturales.
De todas las disposiciones legales violadas, quizás las principales son las de la Ley del Ambiente, que en dos de sus artículos, el 42 y el 86, establece que el Estado y todos sus entes descentralizados están obligados a prevenir, vigilar y denunciar las acciones que deterioran el ambiente. Además, considera como una infracción grave iniciar proyectos sin haber obtenido el permiso ambiental.
El Faro ha publicado en las últimas semanas una serie de reportajes sobre el deterioro de la finca El Espino y los cuestionamientos sobre su futuro, dado que producto del uso de prestanombres y 'ventas exprés', los dueños del área protegida se la han ido arreglando para vender gran parte del último pulmón del Área Metropolitana de San Salvador a constructoras y lotificadoras.
Este periódico solicitó entrevistas con los ex ministros Barrera y Gutiérrez, pero al cierre de esta nota no habían accedido. En el caso de Barrera, vicepresidente de Organización del partido Arena, su asistente dijo que tenía una agenda muy saturada. En la documentación que el ex ministro del Ambiente presentó como descargo ante la Corte de Cuentas, el ex funcionario destaca que promovió una sanción contra el MOP el 28 de octubre de 2006. Eso es casi un mes después de que la Inspectoría Ambiental detectara los daños.
Gutiérrez alegó problemas de salud para no conceder la entrevista. Él fue condenado al pago de mil 941.59 dólares y fuentes fiscales confirmaron que él y otros nueve ex funcionarios sancionados han presentado un recurso de apelación para intentar anular la condena que les impuso la primera instancia del tribunal de cuentas.
En total son 11 ex funcionarios o funcionarios actuales los castigados. Seis eran del MOP cuando las infracciones, cuatro del MARN y una era alcaldesa y sigue siendo alcaldesa: Milagro Navas, de Antiguo Cuscatlán. De los seis castigados del MOP, dos terminaron en los cargos principales del MARN unos meses más tarde.
De Obras Públicas también fueron multados los ex directores de Planificación Vial, Mario Olmedo Barata, y José Ángel Meléndez; el primero debería pagar 571.42 dólares y el segundo 353.14 dólares. Asimismo, fue sancionado José Benjamín Yanes Paredes, ex jefe de la Unidad de Gestión Ambiental del MOP, condenado a pagar 705.41. Yanes Paredes se defiende argumentando que su oficina no tuvo ni voz ni voto en el desarrollo del proyecto Diego de Holguín: “Estamos en presencia de una gerencia de cuarto nivel jerárquico sin ningún poder de decisión y participación en las decisiones que se toman respecto a los proyectos”, dijo a Corte de Cuentas.
Al parecer solo la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, no pidió revisión de la sentencia. Deberá pagar 237.60 dólares por la tala de árboles en el lugar donde se intentó construir el Bulevar Cancillería. A Navas también se le solicitó una entrevista, pero al cierre de esta nota no había respondido a la solicitud.
En total, los funcionarios deberían pagar 9 mil 518.51 dólares por la destrucción del área protegida, que en términos de árboles y arbustos de café se tradujo en la tala de 38 mil 958 de ellos. Si se unen para pagar las multas los 11 funcionarios sancionados, les supondría un promedio de 24 centavos de dólar por cada árbol o arbusto destruido en El Espino.
