El surgimiento y desarrollo, en las últimas dos décadas, de la violencia criminal y social que nos ha llevado a los primeros lugares mundiales de tasas de homicidio, ha sido tratado hasta ahora con la ignorancia, la caricaturización y el oportunismo político del fenómeno desde casi todas las instituciones encargadas de abordarlo.
A los planes de mano dura, diseñados con encuestas en la mano, siguieron políticas que han respondido más a la preocupación por la popularidad presidencial que a la voluntad de comprender y atajar un fenómeno que se volvió más complicado a medida que sus actores fueron desarrollando sus capacidades criminales.
Hoy la violencia es un problema complejo al que se le sigue respondiendo igual: con soluciones emergentes desde el Estado y con coberturas simplistas desde el periodismo. Desde la salida del Ejército a las calles hasta el repaso de muertos de todos los días sin que eso ayude a entender nada. Parece que hoy, en El Salvador, la violencia es un asunto de cifras, de pandillas, de seres que surgieron de las entrañas del planeta para distribuir el mal, que son invencibles y lo controlan todo.
Hace falta muy poco para darse cuenta de una realidad mucho más pedestre: la corrupción y el crimen organizado han penetrado casi todas las instituciones del Estado y las pandillas controlan territorios en los que controlan también negocios ilícitos. Son grupos de crimen organizado que trabajan en coordinación con carteles del narcotráfico o bandas de secuestradores. Son grupos que no solo reclutan a los muchachos tatuados que vemos todos los días en la televisión, sino también a abogados, policías, fiscales y jueces; a políticos y empresarios.
Como consigna el material con que abrimos El Faro esta semana, el sistema de justicia no sabe quiénes son nuestros reos y nunca se ha preocupado por saberlo. Ni siquiera sabe a cabalidad cuántos internos hay en las prisiones.
A esto se agrega hoy la penetración meteórica de los carteles no solo en el aparato del Estado, sino también en el sistema financiero. Centroamérica quedó en medio de la declarada guerra contra los cárteles en Colombia y en México, y la sangre, cada vez más, seguirá derramándose aquí, en este pequeño istmo.
¿Cómo responder a esta situación desde lo que hacemos y ofrecemos a ustedes? ¿A qué está llamado el periodismo en estas circunstancias?
Sala Negra, la sección que hemos abierto para cobertura de violencia y crimen organizado, es una de las principales apuestas de El Faro para este año. Es, sobre todo, el resultado de largas discusiones y reflexiones sobre la respuesta a esas preguntas. Es hoy la única respuesta moralmente válida que ha encontrado esta redacción.
Su principal misión es intentar comprender el fenómeno, atar cabos, investigar, comparar políticas públicas, comprender la naturaleza del crimen y el tejido del crimen organizado. Es radiografiar el sistema de seguridad pública y justicia. Es responderle a la sociedad desde el periodismo de largos formatos: la crónica, el reportaje, la investigación. Desde el documental cinematográfico, desde el fotoreportaje, desde la multimedia en función de un contenido que nos permita mirarnos al espejo, sabiendo de antemano que la imagen reflejada es horrible y asusta. El que quiera, puede seguir tapándose los ojos. Nosotros nos negamos.
