La Corte Internacional de Justicia ordenó este martes que tanto Costa Rica como Nicaragua mantengan todo su personal militar, policial o civil fuera de una región fronteriza en disputa a lo largo del río San Juan..
Costa Rica había pedido que la corte ordenara medidas cautelares, entre esas que las fuerzas nicaragüenses se alejaran de la zona limítrofe y que detuvieran las labores de dragado y tala en la región donde el río desemboca en el Atlántico.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su contraparte costarricense Laura Chinchilla dijeron antes de la audiencia del martes que respetarían el fallo del mayor organismo judicial de las Naciones Unidas.
La corte ordenó la salida de las fuerzas de ambos países (Costa Rica no tiene ejército). Los instó además a 'abstenerse de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa', en tanto determinó que no existen pruebas suficientes que ameriten ordenar la suspensión del dragado.
Desde La Haya, el canciller costarricense René Castro consideró que el fallo 'sienta un precedente para otros países alrededor del mundo que tienen disputas similares y un precedente sobre un concepto de soberanía expandido y los derechos de un pueblo de cuidar su medio ambiente'.
'Analizaremos el fallo y la forma en que será implementado, de forma inmediata... hoy mismo vamos a empezar con los expertos de (la Convención de Humedales) Ramsar, que está en Nicaragua hasta el 13 de marzo... para que se pueda hacer un trabajo de cooperación, aunque empezaremos con lo que nos compete en nuestro propio territorio', agregó.
Castro dijo que Chinchilla se manifestó satisfecha por la sentencia y destacó que a pesar de la prohibición de mantener personal en la zona en disputa, la Corte acotó que Costa Rica puede y debe enviar desde su territorio trabajadores de medio ambiente, con el fin de proteger el humedal que existe en la zona.
Por su parte, el enviado de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, Carlos Argüello, calificó el fallo cómo un triunfo rotundo para el lado nicaragüense. 'Ha sido una grande y contundente victoria de Nicaragua. La Corte nos ha dado toda la razón en cuanto a que ratificó nuestro derecho a seguir dragando el río', dijo Argüello, entrevistado desde Holanda por el oficialista Canal 4 de la televisión local.
El embajador costarricense ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri, calificó la decisión como 'un triunfo', en declaraciones brindadas en San José, donde la prensa sigue a la espera de una reacción de Chinchilla.
Costa Rica acudió a la corte el año pasado, luego de afirmar que Nicaragua envió ilegalmente fuerzas y personal civil a una zona considerada territorio costarricense, donde habría lanzado sedimentos producto del dragado del río, provocando además un daño ambiental.
El caso seguirá en manos de la Corte, donde una sentencia final podría tardar varios años.
En las audiencias de enero, Nicaragua dijo que ha ejercido desde hace tiempo la soberanía sobre el disputado tramo del río y está realizando labores para evitar su rellenado por los depósitos que arrastra la corriente.
'El río ha comenzado a secarse', dijo Argüello Gómez. 'Así que nuestro derecho a drenarlo, que confirmó la corte, es muy importante'.
Informaciones recientes del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense indicaron que Nicaragua ha retirado ya sus fuerzas de la zona, que fue siempre una zona pantanosa deshabitada. Empero, las labores de dragado continúan en las márgenes del río.
La disputa involucró incluso a Google Inc., cuando el funcionario nicaragüense encargado del proyecto de dragado dijo en una entrevista de prensa que utilizó un mapa de Google para decidir dónde deberían ser efectuadas esas labores.
El asesor legal de la cancillería costarricense Sergio Ugalde dijo a la corte que Google enmendó rápidamente el mapa impreciso mencionado por Managua.
El río ha sido desde hace tiempo una fuente de fricción entre Nicaragua y Costa Rica. En el 2009, la Corte Internacional de Justicia estableció reglas para navegar por el río, en las que confirmó la libertad de las embarcaciones costarricenses para usar esa vía al mismo tiempo que respaldó el derecho de Nicaragua a regular el tráfico fluvial.
