Alrededor de las seis de la mañana del lunes, cuando los manifestantes del autodenominado Frente Amplio de Nuevo Ingreso (FANI) aún dormían, una unidad antimotines de la Policía Nacional Civil irrumpió en la Universidad de El Salvador con el propósito de desalojarlos, después de seis días de toma ilegal del campus para exigir la apertura de 700 nuevos cupos de nuevo ingreso en el curso 2011 y su entrega a estudiantes que han aplazado la prueba de acceso.
Algunos de los cerca de 200 jóvenes, que desde el miércoles se han dejado ver encapuchados en las puertas de la UES, respondieron con piedras a los 50 agentes policiales que formaron parte del operativo, pero la mayoría salió corriendo, dejando sus colchones y cobijas a un lado. No hubo golpeados ni heridos. Al finalizar el desalojo, 24 jóvenes, entre ellos algunos menores de edad, fueron retenidos de forma preventiva por la PNC, pero una hora después fueron dejados en libertad. La policía se limitó a anotar sus nombres con la intención de entregárselos a la Fiscalía posteriormente.
Los jóvenes, acuerpados por miembros de otras asociaciones estudiantiles como Fuerza Estudiantil Salvadoreña “Jorge Arias Gómez” (FES) y Fuerza de Acción Universitaria (FAU), se retiraron gritando consignas, mientras los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) les hacían pasillo. “Han violentado la autonomía universitaria”, “No me pueden negar el derecho a estudiar”, “Educación primero, para el hijo del obrero”, clamaban los jóvenes, mientras mostraban moretones en sus espaldas, fruto de golpes recibidos en el momento de su captura.
El rector de la universidad, Rufino Quezada, dijo en conferencia de prensa sentirse complacido por el actuar de la policía, y respaldò la intervención, pero lamentó que la policía dejará en libertad a los usurpantes. “Se seguirán las denuncias en la Fiscalía y serán demandados (los manifestantes)”, adelantó. El rector ha asegurado desde hace días que dispone de un listado con los nombres, carreras y asociaciones de los líderes de la toma, y espera que la Junta Directiva de la facultad a la que pertenece cada uno procederá a abrirles expedientes para sancionarlos.
La Fiscalía General de la República, por su parte, evitó acusar directamente a la Policía de mal procedimiento, pero recriminó a la UMO que liberara a quienes desde el miércoles 9 mantuvieron cerrados a la fuerza todos los accesos al campus de la UES. “Al ver que se está cometiendo un hecho delictivo, la Policía tiene la facultad de proceder legalmente (...) con el desalojo y detención de estas personas, porque estamos en flagrante delito; es un delito permanente”, reclamó Julio Arriaza, fiscal jefe de la división de los Intereses de la sociedad en San Salvador.
La Fiscalía reconoce que solo había ordenado diligencias de investigación contra tres de los jóvenes, que fueron denunciados por el rector de la UES. Sin embargo, Arriaza insiste en que cuando la Policía ingresó al recinto universitario debió capturar, como mínimo, a quienes estuvieran encapuchados.
La ley castiga hasta con cuatro años de prisión a todas las personas que obstaculicen el normal desarrollo de las actividades en el interior de instalaciones públicas y privadas. El artículo 348 y 348 A del Código Penal contempla como agravante “cuando las conductas adscritas se realizaren cubriéndose el rostro o portando armas cortantes, punzantes, cortopunzantes o contundentes”.
Encuentran bombas hechizas
Arriaza confirmó de hecho el decomiso de explosivos artesanales en la UES, después del allanamiento. Cerca de las diez de la mañana, cientos de estudiantes y trabajadores de la universidad ingresaron al campus, incluyendo los supuestos alumnos que habían sido desalojados, retenidos y liberados por la PNC. Pero alrededor de una hora después una detonación en la entrada de la facultad de Humanidades desató la alarma: el paso de un camión había hecho explotar una bomba hechiza dejada atrás por los encapuchados y una persona había sufrido heridas leves.
Inmediatamente, las autoridades universitarias ordenaron a los custodios que cerraran de nuevo el campus. Uno a uno, los estudiantes empezaron a salir... excepto los responsables de los seis días de toma, que todavía se reunieron en la plaza Minerva a reclamar nuevos cupos de ingreso, esta vez acuerpados por una decena de padres y madres de los jóvenes aspirantes rechazados por la UES. Una mujer que no quiso identificarse reclamaba: “No llamen incapaz a mi hijo, una nota no refleja su capacidad. Si quieren volvernos a echar a la policía, que lo hagan, los vamos a apoyar”. Después de unos minutos, los jóvenes se replegaron.
Al mediodía, el Consejo Superior Universitario de la UES acordó que las actividades académicas se reabudarán el jueves 17, después de limpiar las instalaciones y asegurarse de que no hay en el campus más bombas hechizas.
Según las autoridades, el cierre de actividades costó $150 mil diarios, además de la suspensión de las construcciones de nuevos edificios que ronda el millón de dólares, el retraso de pagos para los empleados, que se efectuó hasta hoy lunes, y el retraso del ciclo académico de más de 44 mil estudiantes.
