Con el objetivo de mejorar el control y protección de los salvadoreños en el exterior cuando estén bajo condición migratoria indocumentada, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.
La ley establece la creación del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia “como un organismo interinstitucional con la participación de la sociedad civil y los migrantes”, que será el encargado de ejecutar lo que ordena la normativa.
El gobierno calcula que más de 2.5 millones de salvadoreños viven fuera del territorio nacional, la gran mayoría en Estados Unidos, y de estos, una gran parte se encuentran en situación indocumentada.
La normativa aprobada comprende la creación de un Fondo Especial de Repatriación de Cadáveres y Heridos, la creación de una bolsa de empleo para salvadoreños deportados, y ordena una serie de estímulos para la inversión que salvadoreños en el extranjero pudieran hacer en el país, entre otras disposiciones. Asimismo, ordena la implementación de campañas publicitarias que adviertan a los salvadoreños sobre los graves riesgos que corren al emigrar de manera ilegal.
La nueva ley poco o nada propone para superar los vejámenes de los que los migrantes salvadoreños son objeto en su camino hacia Estados Unidos, tal como lo documentó El Faro durante un año en su sección En el camino. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estableció que en seis meses, unos 10 mil centroamericanos fueron secuestrados y violados en sus derechos humanos en territorio mexicano.
Diputados de Arena y FMLN consultados, cuyas bancadas legislativas apoyaron la creación de la ley, enfatizaron que para la protección física de los migrantes existen ya los consulados de El Salvador en el extranjero. Nada más.
La ley aprobada este jueves por la Asamblea se concentra en los derechos de los migrantes que estén asentados en el exterior y en las oportunidades que puden tener si deciden volver. De hecho, la normativa busca que los salvadoreños en el extranjero vuelvan e incluso inviertan en el país.
Por ejemplo, el articulado ofrece incentivos para la creación de pequeñas y medianas empresas en el país, y la creación del Proyecto de Atracción de inversiones para los Salvadoreños en el Exterior. Asimismo, establece un plan de transferencia de tecnología y de conocimientos científicos, técnicos y culturales con el fin de que los migrantes salvadoreños contribuyan a la innovación y al desencadenamiento de procesos de aprendizaje en El Salvador.
Un salvadoreño en el extranjero podrá ingresar a El Salvador, por una vez nada más, las pertenencias y menaje de casa que hasta entonces tuviera en el extranjero, incluido su vehículo, libre de derechos arancelarios, excepto el IVA, detalla el artículo 36 de la nueva normativa. “Podrán además, introducir al territorio nacional sus herramientas de trabajo y demás bienes propios para el ejercicio de de su profesión”, reza la ley.
Otro artículo de la ley establece que se “promoverá en el sistema financiero nacional y otros intermediarios financieros la reducción de los costos de envío de las remesas desde el exterior hacia el territorio nacional”.
El Consejo estará formado por casi una veintena de instituciones públicas, privadas y académicas. Las instituciones no gubernamentales tendrán que tener experiencia probada en el tema de migración. A último momento, y con la discordancia de Arena, el FMLN propuso que dentro de las instituciones representadas en el Consejo estuviera el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN).
Arena objetó la moción porque dijo que no era viable tomar una decisión relacionada con la identidad de los salvadoreños, de manera apresurada. “Además, eso no se discutió en la comisión respectiva”, denunció Margarita Escobar, diputada arenera y ex viceministra para los salvadoreños en el exterior, un cargo creado en 2004, durante la administración de Antonio Saca. Al final, ARENA no logró impedir que el RNPN entrara a formar parte del Consejo.
El Consejo estará conformado por un pleno que deberá comenzar a formarse dentro de los primeros 30 días a partir de la vigencia de la ley. Luego, el presidente de la República, dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta ley, emitirá el reglamento para implementarla en detalle.
El financiamiento para ejecutar esta ley deberá ir incluido en el presupuesto de la Cancillería.
