Una operación encubierta en la que participaron agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), de la Policía Nacional Civil y miembros de la inteligencia del Ministerio de Defensa concluyó con el ex capitán Héctor Antonio Martínez Guillén acusado en Estados Unidos de tráfico ilegal de armas de fuego y explosivos, narcotráfico y vinculaciones con grupos terroristas.
La celada tendida al militar salvadoreño incluyó comprarle armas y explosivos en territorio salvadoreño, documentar en vídeo y grabaciones sus intenciones de vender fusiles automáticos, granadas, lanzacohetes y explosivos a grupos terroristas y, finalmente, sacarlo del país, hacia Estados Unidos, donde fue capturado mientras transportaba un alijo de cocaína entre Virginia y Nueva York. Así se detalla en la acusación formal presentada en la corte Este del distrito de Virginia, documento al que tuvo acceso El Faro.
Según la acusación, la operación de captura se empezó a planificar cuando, sin saber de quién se trataba, Martínez Guillén entregó 20 libras de explosivo plástico C-4, dos granadas M-67 y una de humo a un informante de la DEA, en enero de 2010. El martes 26 de enero, el informante recibió una pequeña cantidad de C-4 para que verificara su calidad y determinar si este podía encontrar interesados en comprar grandes cantidades del explosivo. La compra del armamento y la entrega de la muestra fueron los primeros pasos de una emboscada que terminó con su detención el 18 de noviembre de 2010, cuando fue capturado por posesión de drogas en Estados Unidos.
Para entonces, según explica David Munguía Payes, ministro de Defensa, el capitán Héctor Antonio Martínez Guillén había sido dado de baja en el ejército y sobre él existía una investigación interna. “Nosotros habíamos compartido esta información. Se la pasamos a la Fiscalía General de la República, a la PNC y a la gente de Estados Unidos. Él andaba en malos pasos, pero al momento de su captura ya estaba de baja, no era parte de la Fuerza Armada”, dijo el funcionario.
Martínez Guillén era miembro del Comando de Fuerzas Especiales y fue uno de los escogidos para integrar, en 2006, el Batallón Cuscatlán, que fue el contingente militar con que El Salvador participó en la invasión de Irak. Entre sus conocimientos estaba lo aprendido en un curso de inteligencia recibido en Fuerte Benning, Estados Unidos, un año después. El 31 de marzo de 2010 fue retirado del ejército. Tres meses después, el 30 de junio, el informante de la DEA se comunicó telefónicamente con el ex capitán y le ofreció ponerlo en contacto con una persona interesada en la compra de armas. El comprador era un agente encubierto de la DEA, quien se hizo pasar como un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) interesado en obtener armas y explosivos a cambio de dinero o drogas.
Desde el 8 de octubre de 1997, el gobierno de Estados Unidos considera a las FARC como una organización terrorista. Cualquier tipo de vinculación con ella, bajo las leyes estadounidenses, es considerada un delito y es perseguible.
En las primeras dos semanas de julio, el oficial de la DEA se comunicó dos veces con Martínez Guillén. Las llamadas fueron grabadas. En ellas, el agente encubierto explicaba que necesitaba “juguetes” para “una operación larga” y preguntó si aceptaba cambiar las armas por drogas. “El acusado indicó que estaba abierto a ambas posibilidades (dinero o drogas), pero que necesitaba efectivo para que él y sus asociados pudieran organizarse”, dice la acusación.
Durante su primer encuentro, el 22 de ese mismo mes, el agente encubierto explicó que pertenecía a las FARC y que buscaban matar hasta al último soldado en Colombia. Según la grabación de la reunión, Martínez Guillén dijo que estaba de acuerdo en proveer las armas y explosivos, no solo por el dinero sino porque también compartía los mismos sentimientos hacia Estados Unidos.
Entre las armas propuestas por el ex capitán estaban fusiles de asalto AK-47 y M-16, así como lanzacohetes RPG, y que podía dar como muestra de ello algunos fusiles usados y otras armas que disparaban ráfagas de tres tiros. Para mover las armas, Martínez Guillén aseguró que abriría un negocio de seguridad privada, que contaría con vehículos blindados y personal adecuado, que permitiría transportarlas dentro del territorio salvadoreño. Iniciar con la operación costaría alrededor de 280 mil dólares.
Sin embargo, Martínez Guillén se echó atrás con su propuesta inicial. Ante la negativa de hacer el negocio, el agente encubierto preguntó si se podía proveer de “C” (C-4) o “explosivos”. El acusado dijo que podía obtener “buenas cantidades” de explosivos o los “diferentes componentes” para hacer la “fórmula cuatro” (C-4). Sin embargo, hasta agosto no se haría ninguna transacción entre el ex militar y los agentes encubiertos.
Entre el 9 de agosto y el 10 de septiembre, Martínez Guillén negoció y vendió a la gente de la DEA un fusil AK-47, un fusil M-16, tres cargadores, 85 municiones, media libra de explosivo C-4, ocho detonadores normales y 10 detonadores de cable. Para entonces, según la acusación, el ex capitán conocía que estos artículos serían utilizados para asesinar estadounidenses o provocar daños a intereses de Estados Unidos en Colombia.
El 23 de septiembre el ex capitán llegó tarde a una reunión con los agentes encubiertos de la DEA. Se disculpó por la tardanza, asegurando que estaba tratando de obtener dos lanzacohetes M-72 a un costo 10 mil dólares. Según la acusación, Martínez Guillén se quejó de que necesitaba fondos para suplir las necesidades de su organización y satisfacer mejor las necesidades de las FARC. La petición dio un giro a toda la operación y un agente le propuso viajar a Estados Unidos, donde podría transportar drogas y ganar dinero para apoyar su operación en El Salvador. El salvadoreño no solo aceptó, sino que también dijo que tenía visa y que sabía de gente en Estados Unidos que lo podía ayudar.
El ex capitán viajó a Estados Unidos el 17 de noviembre de 2010. Un agente de la DEA, también encubierto, le dio un boleto aéreo directo desde el aeropuerto de La Aurora, en la capital guatemalteca, hasta el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia. Una vez en Estados Unidos, se hospedó en el cuarto de un hotel reservado por la misma DEA.
Un día después, se reunió con un nuevo contacto -otro agente encubierto- para discutir los detalles de una operación de distribución de cocaína. Por el trabajo, según consta en las grabaciones de vídeo y audio realizadas, el salvadoreño recibiría 20 mil dólares, además de la posibilidad de poder obtener más dinero si cumplía con las expectativas trazadas para la operación. Para el ex capitán, la distribución del producto podría alcanzar un millón de dólares en réditos. A partir de ahí, todo fue cuestión de tiempo.
En el parqueo del hotel estaba estacionado un vehículo. En el maletero del carro, la DEA había dispuesto un bolso negro con 20 paquetes de una sustancia blanca: 10 paquetes eran de cocaína, el resto, una sustancia controlada para simular la misma droga. El contacto puso el bolso en el suelo, Martínez Guillén examinó los paquetes y los regresó al maletero y tomó las llaves del auto. En ese momento, por violación a la sección 2339B, título 18 del Código Penal estadounidense, fue detenido por posesión de 10 kilogramos de droga ilegal. La emboscada había surtido efecto.
Desde el 24 de febrero de este año, las Fiscalía estadounidense acusa a Martínez Guillén de intentar apoyar con armas a una organización terrorista extranjera, de transportar explosivos durante la comisión de un delito grave, de vender material explosivo con el conocimiento de que sería utilizado en un hecho de violencia, y de posesión con intención de distribución de cocaína.
(*) Con reportes de Óscar Martínez.
