La seguridad pública tiene un principio básico:la sociedad deposita en ciertas instituciones la responsabilidad de velar por ella desde la prevención, el combate al crimen y la justicia pronta que garantice los correctivos establecidos en la ley.
Cuando algún o algunos elementos de la sociedad transgreden las normas de convivencia o la ponen en riesgo, a estas instituciones les compete perseguir a los transgresores, someterlos a juicio y ejecutar su condena. Estas instituciones son las únicas garantes de la seguridad pública en el país, y por eso el desempeño de sus miembros es determinante para proteger a los ciudadanos. Los policías, fiscales, jueces y carceleros (y ahora también algunos miembros de la Fuerza Armada), son los depositarios de la seguridad ciudadana. Por eso es un asunto de gran preocupación cuando el crimen rebasa la capacidad de estas instituciones, cuando no cuentan con suficientes recursos o personal desempeñarse de manera efectiva.
Pero cuando un miembro de cualquiera de estas instituciones traiciona su responsabilidad con la sociedad y comienza, amparado por su cargo, a proteger los intereses de los criminales, entonces el daño a la sociedad es doble, por hacer lo contrario de lo que la sociedad le confió.
La semana pasada, un tribunal especializado de San Miguel determinó que tres policías que daban vigilancia al desembarco de cocaína, proveniente de Nicaragua, no habían incurrido en otro delito que el de posesión y tenencia de drogas, y por tanto los condenó a un año de trabajos públicos. No los declaró inocentes, simplemente cambió el delito a pesar de contar con suficiente evidencia a tal grado que esa misma evidencia permitió sustentar el delito por el que los condenó; solo que la evidencia lo que sustentaba es que los agentes trabajaban al servicio de un narcotraficante y se dedicaban a garantizar el desembarco de la droga en una playa de La Unión.
El caso es ejemplar para quien quiera comprender qué falla en los países centroamericanos. Para todo aquel que no entiende por qué no somos capaces de organizarnos como sociedad y procurar el bien común; por qué los criminales nos ganan la batalla. El Tribunal a cargo de este caso debería explicarle a la sociedad por qué cree conveniente enviar el mensaje de que toda autoridad que participe en el tráfico de drogas arriesga apenas un año de trabajos públicos, o en otras palabras que, con el tribunal adecuado, es muy poco el riesgo en comparación con las posibles ganancias para todo agente policial que quiera traicionar a su sociedad y a su institución.
Es muy difícil avanzar en la construcción de un mejor país sin una verdadera depuración en las instituciones del Estado, y para eso es urgente transformar y volver efectiva y expedita la labor de contraloría, supervisión e inspectoría. Todos los síntomas de penetración del narcotráfico y el crimen organizado en el aparato estatal deberían sonar las alarmas para que las autoridades competentes actúen responsablemente; o seguiremos viendo a policías haciendo un año de trabajo público si tienen la mala suerte de ser sorprendidos vigilando desembarcos de cocaína; y a jueces desestimando testimonios y descalificando pruebas que puedan incriminarlos.
