La Sala de lo Constitucional prepara una serie de sentencias relativas a la vida electoral reciente de El Salvador, entre las cuales destaca la referida al salvataje de los partidos políticos PCN y PDC, que en la elección presidencial de 2004 debieron desaparecer por escasez de apoyo popular.
El calendario, dado a conocer este lunes, incluye una agenda de 15 sentencias previstas para lo que resta del año, de las cuales cinco tienen que ver con asuntos electorales, y que son prioridad de los magistrados dado que el país se encamina a otra contienda electoral, en marzo de 2012.
De ese quinteto, quizás la más relevante sea la que involucrauna sentencia de junio de 2004 emitida por la Sala de lo Constitucional, que dio tiempo suficiente al Partido de Conciliación Nacional y al Partido Demócrata Cristiano para preparar un decreto legislativo de salvataje.
En aquella ocasión, en la elección presidencial, ambos fueron víctimas de una creciente polarización tendiente a un bipartidismo en El Salvador: ni uno de estos partidos obtuvo el mínimo de 3% de los votos válidos que prescribía el Código Electoral como condición para mantener su legalidad.
PCN y PDC acudieron entonces a la Corte Suprema alegando que eliminarlos violaba el artículo 85 de la Constitución, que establece que el sistema político salvadoreño es pluralista. Pecenistas y pedecistas alegaron que su desaparición, más la extinción de una tercera organización, CDU, dejaría vivos solo a los partidos Arena y FMLN, y eso no era 'pluralismo'.
Antes de esa ocasión ya había incontables casos de partidos desaparecidos a raíz de la disposición del Código Electoral, y era frecuente el nacimiento de nuevas organizaciones con cada nuevo proceso eleccionario. Aunque la disposición del Código Electoral no prohibía el nacimiento ni la existencia de nuevos partidos, la Sala de lo Constitucional amparó a ambas organizaciones suspendiendo el proceso de extinción que ejecutaba el Tribunal Supremo Electoral. En su sentencia, los magistrados de la Sala dijeron al TSE que debía exponer con claridad a ambos partidos las razones que tenía para desinscribirlos. El fallo dejó en el limbo a ambas organizaciones, que luego terminaron resolviéndolo con el decreto 586, emitido en enero de 2005.
Ese decreto resolvió que los partidos PCN, PDC y CDU -que tampoco había sorteado el rasero de votos exigido por la ley- tendrían derecho a mantenerse con vida.
Pocas semanas después, seis abogados demandaron ante la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, argumentando que el decreto 586 violaba la Constitución porque las leyes en El Salvador no son retroactivas. Según los demandantes, el decreto de salvataje pretendía modificar las reglas de juego con que todos los partidos compitieron en la elección de marzo de 2004.
Hace ya seis años de esa demanda, pero la Sala de lo Constitucional que presidió desde 2000 hasta 2009 Agustín García Calderón nunca resolvió. Los magistrados ahora debaten la posibilidad de sentenciar que el decreto impugnado viola la Constitución.
Otra sentencia que están preparando se refiere a la demanda de inconstitucionalidad por la elección del pecenista Julio Moreno Niños como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. En 2004, uno de los cinco magistrados del TSE correspondía por ley a Arena, otro al FMLN y un tercero a la coalición CDU-PDC, que fue tercera en la competencia electoral. Sin embargo, en una sesión plenaria, Arena y PCN escogieron al pecenista Moreno Niños como magistrado, violando lo establecido en el Código Electoral.
Eventualmente, la Sala de lo Constitucional resolvió en 2008 en contra de los demandantes, pero una nueva resolución, emitida en septiembre de 2009 por los nuevos magistrados, falló en favor de los afectados por aquella decisión legislativa. Sin embargo, para entonces, la Asamblea había elegido nuevamente a Moreno Niños para otro quinquenio, de tal manera que la sentencia de la Sala no traía implicaciones prácticas en el cargo del magistrado pecenista.
Ahora los magistrados estudian la posible inconstitucionalidad del decreto de julio de 2009 que dio un nuevo mandato a Moreno Niños. Los demandantes alegan que a Moreno Niños se le eligió como parte de una terna de candidatos 'no partidistas', y que su elección viola la ley porque sí está afiliado al PCN.
Otra sentencia en el horno de la Sala beneficiaría al Partido Popular, del diputado Orlando Arévalo, que solicitó amparo debido a que el TSE le ha negado la legalización como instituto político aparentemente sin fundamento legal. Arévalo acusa a los partidos Arena y PCN de obstruir el nacimiento del PP, y los magistrados estudian la posibilidad de inclinarse a favor de los argumentos de Arévalo. Si el amparo es favor del PP y obliga a inscribir a este partido, el PDC, el PCN y Gana tendrían un competidor más en la lucha por ganar diputados con residuos electorales.
Otra demanda que están trabajando es la que presentaron unas organizaciones cívicas contra las reglas de juego para los candidatos a diputados que no pertenezcan a partidos políticos. La Asamblea Legislativa dispuso, entre otras cosas, que los candidatos independientes tendrán que recoger hasta 18 mil firmas de respaldo en apenas 25 días, si desean solicitar su inscripción ante el TSE. En contraste, los partidos políticos tienen por ley 90 días para obtener 50 mil firmas de apoyo.
Otra sentencia en agenda es la que ordenaría a los partidos a presentar listas completos de sus candidatos a diputados por el Parlamento Centroamericano, Parlacen, en lugar de listas parciales que reduce el margen de elección para los ciudadanos.
“Queremos enfocarnos en aclarar los casos que tienen que ver con asuntos electorales, para que haya claridad sobre el proceso electoral del próximo año”, explicó el magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González.
Las otras sentencias
Otra de las sentencias que estudia la Sala tiene que ver con la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado. Se trata de una demanda que pide se declare inconstitucional la creación de una comisión legislativa que investiga a la inspectora de la PNC, Zaira Navas.
Cuando la Asamblea Legislativa se enteró de que Navas había pedido apoyo del Organismo de Inteligencia del Estado para investigar el posible involucramiento de jefes policiales con el narcotráfico, los diputados crearon una comisión supuesta a determinar si la funcionaria ha caído en ilegalidad al proceder de esa manera.
Los magistrados también estudian una sentencia que abriría el camino para poner más controles a los arbitrajes, juicios civiles para deliberar quién tiene la razón cuando existen diferencias en el cumplimiento de un contrato, público o privado. Los incumplimientos de contratos civiles o públicos se pueden resolver por un tribunal arbitral que los contratantes libremente eligen.
En la agenda también están cinco demandas de amparo en contra de Corte plena. Se trata de juicios interpuestos por jueces o empleados judiciales que se han quejado de abusos y decisiones de la Corte plena, mesa donde se sientan los 15 magistrados.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional son cinco, pero en las sentencias más relevantes de los últimos 20 meses la coincidencia ha sido de cuatro de ellos, pues el magistrado Néstor Castaneda con frecuencia ha votado disidente. Asimismo, estos cuatro magistrados que asumieron funciones en julio de 2009 han tenido que enfrentar la resistencia de varios de sus compañeros de Corte Suprema, después de que emprendieran una ofensiva para frenar abusos de los recursos del Órgano Judicial.
La nueva cúpula de la Corte redujo la cantidad de vehículos estatales que pueden usar los magistrados para su uso particular y el volumen de combustible asignado para cada uno. Asimismo, desbarató una red de corrupción que se dedicaba a la venta de plazas en el Órgano Judicial y que había sido tolerada por las administraciones anteriores.
En los últimos meses, el debate en Corte plena se ha anclado en una lucha por establecer quién es el que debe estudiar las demandas en contra de los magistrados. Dicha disputa ha abierto un debate que llevó a 9 de los 15 magistrados a denunciar ante la Fiscalía a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que asumieron en julio de 2009, incluido el presidente de la institución, Belarmino Jaime.
La sala dirigida por estos cuatro magistrados ha emitido sentencias como la que anuló el sistema del que se valen los partidos para preelegir diputados; también declaró inconstitucional la alimentación millonaria a la partida secreta de la Presidencia y el fuero del que gozaban los editores o jefes o directores de medios de comunicación por la publicación de expresiones que constituyeran delitos contra el honor o contra la imagen.
