El ex ministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela (2004-2009) fue capturado la mañana de este martes acusado de delitos relativos a corrupción en el proyecto de reconstrucción de los hospitales dañados por los terremotos de 2001, que ni se construyeron en el tiempo estipulado y cuyo financiamiento al final fue insuficiente para ejecutar todo el plan.
La orden de captura emitida por la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General ocurre en un momento en que el fiscal general, Romeo Barahona, reclama más fondos para un par de proyectos, en tanto desde el Ejecutivo y desde la embajada de Estados Unidos le sueltan críticas por su actitud en la lucha contra el crimen organizado.
Una fuente fiscal confirmó que se han detectado irregularidades en el proyecto que Maza Brizuela adjudicó a la empresa CPK, representada por René Arturo Portillo Montalvo, contra quien también se ordenó su aprehensión.
Los fondos para ese contrato salieron de un crédito que concedió el Banco Mundial (BM) para financiar el Proyecto de Reconstrucción de Hospitales y Extensión de Servicios de Salud (RHESSA), en el que se invertirían 169.4 millones de dólares para recuperar la red hospitalaria pública. Este préstamo fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 3 de junio de 2003, y la primera contratación de obra ocurrió hasta marzo de 2006.
El contrato entre CPK y Salud fue elaborado por el abogado César Rolando García Herrera, quien durante un tiempo trabajó como subdirector de la Policía Nacional Civil. El notario, el ex ministro y seis personas más deberán responder ante la justicia por las anomalías detectadas en la licitación y ejecución del proyecto. Los delitos acusados, según fuentes de la Policía Nacional Civil, son estafa, negociaciones ilícitas, falsedad documental y falsedad ideológica en perjuicio del Estado salvadoreño.
Las otras personas implicadas en el fraude son Arturo Ernesto López Mejía, José Mauricio Serrano Martínez, José Alexander Ramírez Jiménez, Guillermo Rafael Alfaro García y Herbert Leonel Perdomo Ulloa. Una fuente de la División Élite contra el Crimen Organizado dijo, al cierre de esta nota, que solo faltaban dos capturas por concretarse. Una de las personas prófugas, dijo la fuente, se encuentra en los Estados Unidos. El operativo comenzó a las 8 de la mañana del martes y terminará transcurridas 48 horas, explicó Américo Pereira, de la Dirección Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil.
La empresa CPK fue acusada por el Estado de no haber construido una cárcel en Jucuapa, Usulután. Un reportaje de El Faro reveló que la empresa se había quedado con el equipo que debería funcionar en el Hospital de Zacatecoluca, proyecto que la empresa tampoco terminó. Asimismo, El Faro relató cómo se pagó a la constructora obras que no había ejecutado.
El proyecto RHESSA prometía reconstruir siete hospitales, de estos solo hay dos funcionando y todo el proyecto le ha costado al estado 73.4 millones de dólares más de lo presupuestado originalmente.
Maza fue investigado durante su gestión por el Tribunal de Ética Gubernamental porque mientras la red nacional no tenía en servicio ningún equipo de tomografías axiales computarizadas y no había un plan para reparar los dos que estaban disponibles, los hospitales estatales remitían a los pacientes a hacerse los exámenes a la clínica privada de Maza. En esa ocasión, Maza admitió ese conflicto de intereses pero argumentó que hacía descuento a los pacientes que visitaban su clínica particular.
El caso terminó con la decisión del Tribunal de condenar a Maza a que el presidente Saca lo amonestara en privado. Nunca se supo si alguna vez se produjo la amonestación.
Una persona involucrada en la investigación dijo que en el proyecto RHESSA y en relación con la empresa CPK hubo doble facturación, es decir que el Ministerio de Salud bajo la administración Maza pagó cantidades superiores a las que registraba CPK en sus recibos.
En mayo de 2006, la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, asistió a la Asamblea Legislativa porque los diputados la habían citado para que explicara la ejecución del proyecto de reconstrucción. En esa presentación, Rodríguez informó del hallazgo de más de una decena de irregularidades que iban desde la contratación de consultorías, transferencias de fondos, gastos en estudios que resultaron cuestionados por la Corte de Cuentas, pagos onerosos y contrataciones de un comisionado presidencial con honorarios mensuales de 7 mil 500 dólares mensuales por un año, entre otros.
En esa cita con los diputados, la titular de Salud dijo que denunciaría el caso ante la Fiscalía. Tras ese informe ante los legisladores, la Subsecretaría de Transparencia comenzó una investigación del proyecto RHESSA y cuando tuvo en sus manos algunas pruebas para acusar a la anterior administración de Salud Pública, también se abocó a la Fiscalía General de la República.
En el ministerio público, mientras tanto, ya había un empresario de una constructora que se consideró ofendido y había interpuesto una denuncia, por lo que la Fiscalía ya tenía un expediente avanzado del caso. Ese expediente es el que derivó este martes en la orden de detención del ex ministro Maza y otras siete personas.
“Esto demuestra que cuando se hace público el cúmulo de irregularidades de un proyecto (con la presentación de la ministra de Salud), hay ciudadanos que se atreven a denunciar, y este fue el caso esta vez”, comentó el subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez. “Las piezas se van moviendo, y la sociedad se mueve por sí sola”, agregó.
