Manuel Cruz es quien en el actual gobierno tuvo a su cargo la investigación de las irregularidades en el proyecto de reconstrucción de los hospitales públicos (RHESSA) y las del Bulevar Diego de Holguín. Encargado de la oficina que se dedica a evaluar las prácticas de control interno de las instituciones del Ejecutivo, este contador de la Universidad de El Salvador tiene listos sus documentos para presentarlos a la Asamblea Legislativa.
Cruz sería la séptima persona -seis hombres y una mujer- en presentarse ante los diputados diciendo que quieren el cargo que por ahora tiene el dirigente pecenista Hernán Contreras: el de la presidencia de la Corte de Cuentas. Contreras quiere tres años más en el puesto y entre sus retadores hay un ex magistrado de la institución.
Asimismo, hay dos personas que han presentado papeles pero su desafío no es hacia Contreras, ya que lo que desean es una de las otras dos magistraturas. Uno de ellos ya ha ejercido la presidencia -aunque de manera interina- y el otro es un masón que pone entre sus referencias al 'Gran Maestro Grado 33' de la Gran Logia Cuscatlán, Nicolás Salume Barake. Si este último y Contreras lograran su propósito, en el trienio 2011-2014 la institución encargada de vigilar el buen uso de los fondos públicos tendría a dos de sus tres magistrados pertenecientes a esa organización de rituales secretos.
La Asamblea Legislativa es la encargada de nombrar a los tres magistrados de la institución contralora. El nombramiento se hace por mayoría simple (43 votos mínimos) y los cargos duran tres años. Contreras es la persona que más tiempo ha presidido la Corte, pues fue elegido por primera vez en 1990 y dejó el cargo en 1998 para buscar la presidencia de la República. Volvió a la carga en 2002, y desde entonces ha logrado tres mandatos al hilo. 17 años en total.
Ahora que el parlamento abrió el proceso para que las personas o las organizaciones interesadas presenten candidaturas, Contreras tiene el camino cuesta arriba. En primer lugar porque el partido Arena ya dijo que no le dará su respaldo. Fue el segundo al mando, Jorge Velado, quien en una entrevista con El Faro dijo en enero pasado que su partido buscará algo distinto a lo que había venido apoyando en los años anteriores. Y ese cambio significa no apoyar a un pecenista ni a nadie directamente vinculado con partido político alguno. En segundo lugar, porque quizás nunca como ahora las voces que señalan la deuda de la Corte en el área del combate a la corrupción o su déficit de transparencia son tan generalizadas. Arena nunca antes había hablado abiertamente de la 'politización' de una institución que ha sido manejada por el PCN desde 1982. Casi tres décadas.
Contreras, de todas formas, quiere seguir. Hace cuatro semanas presentó a la prensa una propuesta de 'modernización' de la Corte, que según un grupo de expertos independientes consultados por El Faro supondría un retroceso de décadas, pues el plan implica prácticas ya superadas, con el agravante de que fomentarían las posibilidades de corrupción y mayor ineficiencia. En su mismo partido hay quienes rechazan la conveniencia de que se eche a andar el proyecto de Contreras. Mario Ponce dijo a El Faro que las ideas que está proponiendo el presidente de la institución quedaron abolidas en 1995, cuando se promulgó la nueva Ley de la Corte de Cuentas. Eso ya quedó en el pasado, dijo Ponce.
En este ambiente, y cuando quedan tres días hábiles para presentar currículos, aparece Manuel Cruz con sus intenciones. Cruz trabaja en la Subsecretaría de Transparencia, y tiene a su cargo una oficina que ha investigado los posibles actos de corrupción del gobierno anterior -incluido el proyecto RHESSA, por el cual la Fiscalía procesa al ex ministro de Salud Guillermo Maza-, dice tener lista su documentación para presentarla a la Asamblea Legislativa el martes 26 de abril, a dos días de que cierre el plazo.
Cruz, un contador público graduado de la Universidad de El Salvador, tiene un currículo que muestra experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. Y en el sector público aparece trabajando tanto 11 años (1997-2007) en el Ministerio del Ambiente con gobiernos del partido Arena, como año y medio en esta administración de Mauricio Funes. A eso agrega siete años en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (entre 1991 y 1997). Entre 2007 y 2009 trabajó privadamente.
Cuando El Faro le preguntó si no teme que la lectura que hagan los diputados sobre su candidatura sea que es una pieza empujada por el presidente Funes, Cruz dijo que eso no le preocupa. 'No, porque ni soy del partido ni gente de confianza del gobierno, y Funes ni es mi padrino ni lo será'.
Recientemente, como director del área de anticorrupción de la Subsecretaría de Transparencia, fue nombrado para representar a El Salvador en la evaluación de las instituciones chilenas a la luz de la Convención Americana contra la Corrupción. Para evaluar a cada país se nombra peritos de otras nacionalidades. Eso estuvo haciendo Cruz, de 40 años de edad, durante los últimos dos meses.
Dado su pasado alejado de estructuras partidarias y dada su experiencia, cree que a los partidos Arena y FMLN les interesará darle su apoyo. Los diputados tienen hasta el 28 de junio para nombrar al nuevo presidente de la Corte y los otros dos magistrados.
Entre los ocho que ya llevaron papeles al parlamento -incluidos los que no quieren la silla de Contreras-, tres terminarían su mandato setentones. Manuel Ángel Quijano es un contador de la Universidad Las Américas de El Salvador y abogado de la Universidad Salvadoreña. A sus 68 años quiere ser segundo magistrado, cargo que por ahora tiene el pedecista Mártir Arnoldo Marín.
Quijano dice ser 'Gran Procurador' de la Gran Logia Cuscatlán y entre las referencias personales ha incluido a Nicolás Salume padre, quien tiene el título de 'Gran Maestro' de la organización. Salume padre fue un histórico financiador del partido Arena y en 2009 ganó muchos espacios en los medios de comunicación cuando salió a la luz que financiaba la campaña electoral de Mauricio Funes. Luego la controversia siguió cuando con el nuevo gobierno uno de los escasos miembros del gabinete de Antonio Saca que sobrevivió la transición fue el hijo del gran maestro masón.
Con 69 años, Carlos Eduardo Portillo es un administrador de empresas de la Universidad de El Salvador, economista de la misma institución y abogado de la Universidad Salvadoreña (Usal). Fue gerente administrativo de CEL y decano de la facultad de derecho de la Usal. En su currículo informa que renunció al decanato al percatarse de las 'irregularidades' que había ahí, y que denunció el caso al Ministerio de Educación y colaboró con la Fiscalía en la investigación sobre los títulos falsos o irregulares.
Portillo asegura que ya tuvo experiencia en la Corte de Cuentas. Pero eso fue hace ya 46 años, pues fue técnico y delegado de la Corte de Cuentas de 1965 a 1976 en Fenadesal y en la CEPA.
Mayor que él un año es el aspirante René Ayala Mendoza. Abogado de la Universidad de El Salvador, quiere la primera magistratura, que por ahora ocupa el arenero Abdón Martínez. Ayala Mendoza fue juez de paz en tres ocasiones y ya ha conocido la experiencia de presidir la Corte, aunque como interino, durante varios meses acumulados entre 1990 y 1992. Entre 1990 y 1996 ocupó la silla que ahora está pidiendo que le den de nuevo.
Otro que tiene experiencia en la Corte es Rosalío Tóchez Zavaleta, de 62 años. Ex síndico del Partido Demócrata Cristiano (en los años 90s), fue segundo magistrado de 1990 a 1993. Es abogado de la Universidad Las Américas de El Salvador y si Quijano tiene la particularidad de ser masón -igual que Hernán Contreras-, Tóchez tiene la particularidad de que fue Contreras quien le firmó el título de licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Nueva San Salvador. Contreras era rector de la UNSSA en 1988.
Tóchez agrega a su currículo, aparte de ser abogado, que es contador público certificado y que ha ejercido como auditor externo privado durante 27 años.
De las ocho personas que han presentado currículo, cinco han trabajado para la Corte en distintos niveles y tareas. Carlos Posada Majano tiene 56 años y es administrador de empresas de la Universidad de El Salvador. Fue jefe de personal de la institución y durante un lustro (de 1993 a 1998) fue asesor de Contreras y de los otros dos magistrados.
Fue asesor de la Rectoría de la Universidad de El Salvador (en 1999) y ahora es jefe planificación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Posada Majano dice que estaría satisfecho con cualquiera de las magistraturas.
Entre los que quieren la inscripción como candidatos hay una mujer. María Olimpia Jirón Hilleprandt quiere romper con el hecho de que en los últimos 30 años la presidencia de la Corte ha sido cosa de hombres. Jirón es una abogada de la Universidad José Matías Delgado, de 47 años de edad. A los diputados ha explicado que recientemente acaba de terminar su doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Jirón tiene experiencia en el área administrativa de la Corte, pues ha trabajado en la secretaría de la Cámara de Primera Instancia de la Corte de Cuentas y en la Cámara de Segunda Instancia, esa donde Contreras es el juez supremo.
En la lista de aspirantes se ha anotado también Víctor Antonio Guzmán García, en cuyo historial profesional resalta una experiencia en el ámbito privado trabajando para algunas de las más famosas firmas internacionales de auditoría. Es uno de los tres contadores en competencia -junto a Quijano, el masón, y Cruz, el director de anticorrupción del gobierno-, se graduó de la Universidad Centroamericana (UCA) y junto a Cruz es el más joven, con 40 años de edad.
Guzmán es socio director de la empresa Auditoría Integral y Consultoría S.A. de C.V. y antes trabajó para las transnacionales PricewaterhouseCoopers (como supervisor de auditoría) y KPMG Peat Marwick, como jefe de auditoría. Guzmán dice que quiere ser presidente de la Corte, pero que está dispuesto a aceptar una de las otras dos magistraturas. 'Hay que restaurar la credibilidad de la Corte', dice, y sugiere a los diputados que se preocupen por asegurarse de que la persona que elijan tenga experiencia en auditoría y en administración de recursos, ya que eso sin duda ayudará a mejorar el trabajo de la institución.
La lista la cierra un abogado de la Universidad José Matías Delgado, de 49 años. Álvaro Ernesto Arana Portillo expresó a los diputados su admiración cuando presentó su solicitud el 12 de abril pasado. En su currículo incluye haber sido director de la Penitenciaría Occidental (de Santa Ana) y de la de San Vicente entre los años 2000 y 2004. Hasta el año pasado fue presidente de la filial santaneca de la Asociación Salvadoreña de Abogados.
Arana Portillo incluyó hasta el último detalle que pueda hablar de él a los diputados. Les informa, por ejemplo, haber recibido un 'seminario sobre la dicha de tener trabajo' y un diploma de honor al mérito del 'grupo artístico de la Penitenciaría Occidental'. Asimismo, enumera su participación en un taller de prevención de infecciones de transmisión sexual y haber sido maestro de ceremonias de un festival de coros de la Universidad Matías Delgado.
El abogado dijo a El Faro que está dispuesto a aceptar cualquiera de las tres magistraturas de la Corte y que por ahora se dedica al ejercicio liberal de su profesión.
Acercamiento FMLN-Arena
Hernán Contreras y el primer magistrado, Abdón Martínez, terminan su mandato el 29 de junio. El período del segundo magistrado, Mártir Arnoldo Marín, acaba el 8 de julio, pero los diputados tienen previsto elegir a los tres nuevos funcionarios en la misma fecha, aunque asuman en distintos momentos.
Hace tiempo se habla de la necesidad de que la institución se convierta en dos instituciones distintas: una que investigue y otra que juzgue lo investigado. Esto evitaría el vicio actual de que la Corte es juez y parte porque primero hace las pesquisas y luego valora lo que ha averiguado. Algunos de los candidatos, como Cruz, dicen que propondrán o promoverán esa reforma.
Pero, además, los dos partidos con mayor peso legislativo, Arena y FMLN, conscientes de la concentración de poder que recae en el presidente de la Corte, han valorado la posibilidad de hacer un cambio, aunque no le han puesto plazos. Las dos organizaciones han valorado la posibilidad de que en lugar de tres magistrados la Corte esté constituida por cinco.
Una dirigente del FMLN aseguró a El Faro que el presidente arenero, Alfredo Cristiani, y el secretario general efemelenista, Medardo González, tuvieron una sesión en la que discutieron esta posibilidad.
Jorge Velado, vicepresidente de Arena, confirmó a este periódico que han tenido un acercamiento. 'Nosotros hicimos esa propuesta', dijo, vía telefónica. En el FMLN no se atreven por el momento a decir si darían sus votos ni el momento en que podrían promover la reforma.
Con cinco magistrados en lugar de tres, el propósito es redistribuir funciones para que la figura del presidente pese mucho menos que ahora.
