Benito Juárez dijo hace más de un siglo “El respeto al derecho ajeno es la paz”, algo que todavía tiene gran validez en nuestro país. Hacer y tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros es receta para la paz. Algunas leyes recientemente aprobadas o en discusión, como la ley de comunidades y vecinos y la de ordenamiento territorial, ayudan a fortalecer ese respeto hacia los demás. Esas, y otras intervenciones del estado, nos recuerdan que en la construcción de esa paz el gobierno es un actor necesario y clave. Pero mucho de ese proceso es también responsabilidad de los ciudadanos.
Para adelantar en desarrollar el respeto mutuo en nuestra sociedad varias cosas son necesarias, este artículo focaliza en algunas de ellas: el recordar cuales son los derechos de otros, el reforzar que la intervención del estado es necesaria para establecer y hacer respetar los derechos de la mayoría de nuestros compatriotas, y el papel clave que los lideres y las leyes juegan en ese proceso.
En nuestro país la mayoría de la población todavía lucha por sus derechos básicos, su derecho a una vivienda digna, a no tener hambre, a educación y a salud. El asegurar el acceso a esos derechos a toda la población del país es una obligación según nuestra constitución, pero también un requisito indispensable para la paz. Para esa mayoría pobre la única forma de obtener acceso a esos derechos básicos es por medio de intervenciones del estado. Para que el estado pueda proveer esos servicios debe tener los recursos suficientes. De allí la necesidad de los impuestos y la responsabilidad de todos los trabajadores del sector público de ser eficaces y eficientes en su trabajo.
A nivel individual tenemos mucho camino que andar en el respeto ajeno. Si respetamos a los demás no podemos botar basura en cualquier lugar, no podemos hacer el ruido que queramos sin importar si este molesta a los demás, no podemos ocupar la violencia, no podemos discriminar, no podemos construir lo que sea donde sea, no debemos corromper, etc. Debemos respetar las diferencias, es mas debemos aprender que es en ellas que nuestra cultura se enriquece. Debemos hacer del espacio público, espacio comunitario. Debemos respetar las leyes. En todo ello, los líderes públicos tienen una primera y mayor responsabilidad de dar el ejemplo. De allí la importancia de castigar a los peces gordos si son culpables, no importa si fueron ministros o pastores. Si se castiga a ellos, se establece un valioso precedente.
Pero para lograr paz la sociedad no puede basarse solo en las acciones individuales. El estado debe poner leyes e incentivos, tanto positivos (recompensas) como negativos (castigos) para el que viola las leyes. Algunos ejemplos en las áreas ambiental y de transporte. En muchos países se aplican sanciones fuertes al que tira basura en lugares públicos, pero también se proporcionan bolsas grandes y duraderas para poder hacer las compras, y si después de cierto periodo de haber repartido esas bolsas el cliente todavía quiere más bolsas, se les cobra por ellas. Así en E.U.A. en los supermercados y tiendas se cobra por las bolsas. Al que estaciona donde es prohibido se le ponen multas que se cobran y al que no las paga, no importa quien sea, no se le renueva la licencia. Todos los vehículos, y especialmente los de transporte público, deben pasar cada cierto periodo una inspección, como se hacía antes en el país, y a los que contaminan o son peligro para el resto, no se les renueva la matricula. Considerando que casi el 80% de los viajes que realizan los salvadoreños se hacen en transporte público, el servicio de transporte rápido masivo es vital para reducir el costo y las penurias del transporte diario y la contaminación que ocasiona.
La ley de ordenamiento territorial establece lo que se puede y lo que no se puede hacer en el territorio nacional. Ella y sus reglamentos deben regular que se puede construir y bajo que estándares en los diferentes lugares del país y sus ciudades, ayudando así a normar los intereses particulares y los comunales. Las cárcavas, los deslizamientos, la falta de espacios públicos de esparcimiento, las muertes de más cuando nos golpean catástrofes naturales, la falta de estacionamientos, la falta de agua, son algunos de los costos que pagamos por la falta de leyes como esa y/o por no hacerlas cumplir. Cuantas casas se han construido por encima de la cota máxima permitida, cuantos edificios se construyeron sin estacionamiento y sin castigo, cuántas muertes se han dado por construir donde y como no se debería.
Todos todavía luchamos por otros derechos más comunitarios, pero igual de universales y esenciales, como son la justicia, los derechos políticos, la libre expresión, un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad y no discriminación y a la seguridad ciudadana. Para esos derechos hacen falta leyes, pero sobretodo hace falta que las leyes respeten la voluntad popular y no la de unos pocos. Ejemplo de ese sobreponer los intereses de unos pocos al bien común son los casos de las leyes de paridos políticos, el caso de la Corte Suprema de Justicia o lo que el PCN quiere hacer con la Corte de Cuentas. El no permitir esos malos ejemplos son pasos importantes para la construcción de una sociedad más justa basada en el respeto a los demás.
