Muy pocas veces la justicia es capaz de poner los hechos en su dimensión correcta. Limitada por la inmediatez, los poderes políticos y la visión coyuntural, falla muchas veces en su intento por cumplir con su responsabilidad.
En el caso salvadoreño, la impunidad ha ganado siempre la batalla a la justicia. De los crímenes políticos a los crímenes sociales, el sistema judicial ha sido incapaz de lidiar con la tarea, y por tanto incapaz debrindar a la nación las lecciones correctas.
Los crímenes cometidos durante el conflicto armado por las estructuras de seguridad han permanecido impunes gracias a amnistías, amnesias desde el poder y visiones perversas de la justicia. Impedido el Estado de sentar a los victimarios en el banquillo de los acusados, ha quitado la tarea de su agenda.
Pero la historia suele ser necia y recoger aquello que las sociedades dejaron tirado. Hoy tenemos aún muchos vacíos en nuestro conocimiento de cómo operaban los grupos responsables de la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero sabemos mucho más que hace algunos años y hemos ido exponiendo estos conocimientos al escrutinio público y sometiéndolos a procesos propios de la historia y en algunos casos, de la justicia también.
Esta semana, en un tribunal de Florida, las autoridades estadounidenses inician un juicio de deportación contra el general Eugenio Vides Casanova, ex director de la Guardia Nacional (1979-1983) y ex Ministro de Defensa (1983-1989), uno de los hombres más poderosos en la estructura militar salvadoreña durante esos años, y prácticamente inmune a toda acción judicial en su contra.
Vides ya fue encontrado culpable, en un juicio civil celebrado también en Estados Unidos, de torturas y violaciones a los derechos humanos. Pero ahora es el gobierno federal estadounidense el que lo ha sentado de nuevo en el banquillo. De ser encontrado culpable, será deportado a El Salvador, un país que abandonó hace décadas para instalarse en el sur de Florida.
Pero independientemente del veredicto, el juicio permitirá una vez más, mediante documentos y testimonios de testigos y expertos, arrojar luz sobre nuestro pasado más oscuro, sobre las dinámicas del poder durante la guerra y la impunidad con que criminales de guerra actuaron torturando, violando y cometiendo ejecuciones y desapariciones forzosas de manera sistemática.
Aunque tarde, estos procesos judiciales ayudan a enviar las lecciones que no han podido obtenerse en nuestro propio país: que independientemente del poder coyuntural, de la impunidad con que algunos cometieron crímenes de guerra, del vil atropello a los derechos más elementales de otros, de las leyes y las amnistías… la justiciapodrá perdonar, pero la historia no. Que los criminales de guerra, que los asesinos y los torturadores, muchos de los cuales aún gozan hoy en El Salvador de posiciones privilegiadas, terminarán sufriendo la vergonzosa exposición pública de sus actos, y por ellos, aunque no lo haga un tribunal, los juzgará la historia.
