Ubicado en las afueras de la ciudad de Tipitapa, a 22 kilómetros de Managua, el centro penal La Modelo alberga a 2 mil 400 personas, un tercio de los privados de libertad que tiene Nicaragua. La calle de acceso es larga, recta y el asfalto es escaso, pero movimiento no le falta. Las visitas de familiares convierten el lugar en un vaivén de caponeras, nombre que aquí dan a unas bicicletas adaptadas para el transporte de personas, y uno intuye que se acerca a la entrada por el aumento desmesurado en el número de puestos de comida. Las primeras dos plumas que regulan el acceso están pintadas de negro y amarillo, y justo encima cuelga un rótulo grande y cuadrado que tiene dibujado el perfil de una botella y unas letras: Bienvenido al Sistema Penitenciario Nacional. Lo donó Coca-cola.
Entrar al recinto dentro del carro de Luis Amado Peña -el sacerdote encargado de la pastoral penitenciaria- resultó tan sencillo como ingresar a una residencial privada junto al presidente de la junta directiva. Pero ahora, al salir, el funcionario de turno –pantalón verde planchado y una camisa blanca impecable– abandona la sombra de la caseta y, después de saludar respetuoso y de intercambiar unas palabras, gira alrededor del pick up mientras se encorva ligeramente para mirar en los bajos del vehículo.
—Desde hace unas semanas están revisando más –dice el padre Peña–. Es por esa fuga que te conté el otro día.
El pasado 18 de febrero un joven llamado Álvaro Valverde se fugó de Tipitapa. Se cree que lo hizo asido al chasis de un autobús. Cuando el bus se alejó lo suficiente, el joven se descolgó, paró un taxi que iba en sentido contrario y desapareció. Tres días permaneció prófugo, pero al cuarto Valverde regresó arrepentido a Tipitapa acompañado por su padre y su abogado. Desde entonces los controles son más estrictos.
—Ay –se queja el padre Peña–, pero los problemas son para resolverlos, no para cerrar las cosas.
Percepciones y cifras
Nicaragua es diferente. En materia de seguridad ciudadana, Managua se percibe como una ciudad infinitamente más tranquila que el resto de capitales del llamado CA-4: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Aquí son excepción los negocios que tienen guardas de seguridad con fusiles, está profundamente arraigada la costumbre de compartir un taxi con desconocidos, y en la noche las sillas se toman las entradas de las casas porque miles salen a tomar la fresca.
No se trata solo de percepciones. En 2009 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 71, 67 y 53 en El Salvador, Honduras y Guatemala, respectivamente. En Nicaragua no pasó de 13.
“Si vos querés conocer un país, conocé sus cárceles, porque en las cárceles está el país en pequeño”. La frase, una paráfrasis tropicalizada de un reconocido aforismo, sale como un torrente de la boca de Auxiliadora Urbina, la procuradora especial de personas privadas de libertad, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua. Eso dice su tarjeta de presentación, pero en el país se la conoce como la procuradora de cárceles.
Urbina llegó a la PDDH en 2006, y lo primero que hizo fue encargar un diagnóstico del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). El estudio evidenció serios y lógicos problemas y vulneraciones de los derechos humanos en las áreas de infraestructura, alimentación y sanidad. Pero se detectó una gran fortaleza: la actitud de los funcionarios del SPN, que terminó dibujado como un grupo humano que, en líneas generales, está predispuesto a los cambios y tiene bien asimilado que su función es reeducar al interno para su reintegración a la sociedad.
El SPN emplea a casi 1 mil 200 personas para atender una red de ocho cárceles construidas para 5 mil 100 privados de libertad, pero en las que se amontonan unos 7 mil 200. El presupuesto asignado para 2009 apenas superó los 6.6 millones de dólares, una fracción de lo que un país como El Salvador destina tan solo para alimentar a su población penitenciaria.
“Aquí las instituciones son más pobres, con menos formación, pero con una actitud que mueve montañas”. Urbina da vida así a los números en un tono casi épico, atribuible también al corporativismo que caracteriza a los empleados públicos nicaragüenses. Mueva o no las montañas, lo cierto es que hay elementos propios del SPN que, en el contexto centroamericano, cuesta digerirlos porque parecen más propios de otras latitudes.
El ejemplo más claro quizá sea la iniciativa que, impulsada por la PDDH y certificada por una universidad privada, ha servido para capacitar en los últimos cinco años a 500 internos con un diplomado de 180 horas en derechos humanos. Suena contradictorio, pero la idea es que los reos conozcan sus derechos y puedan exigir que se les respeten, a pesar de que lo exiguo de su presupuesto impide al SPN satisfacérselos.
Esta es una de las peculiaridades de las cárceles nicaragüenses; otra, en un plano si se quiere más simbólico pero no menos significativo, es que cada año desde hace más de una década celebran unos juegos deportivos que congregan en Tipitapa a internos de los ochos penales, y también hay olimpiadas de matemática y de poesía.
Del otro lado de la moneda, el de las carencias, también hay mucho que decir. Las limitaciones son notorias, imposibles de ocultar, comenzando por el hecho de que las instalaciones son antiquísimas y están obsoletas. La mayoría se construyeron durante el somocismo al que puso fin la revolución de 1979.
Bluefields, la ciudad más grande de la costa caribeña, tiene por cárcel una galera oscura y mal ventilada en la que no hay servicio de agua potable por tubería ni tampoco de aguas negras. “Allá es otro mundo”, “Es la vergüenza de Nicaragua” y “Hacinamiento extremo” son algunas de las frases que escucharé durante el reporteo para referirse a este centro. Un informe especial sobre las cárceles en la costa Caribe presentado en 2008 por Naciones Unidas incluye una cita concluyente sobre lo que sucede cada día al interior de Bluefields: “Se observó la entrega de alimentos, y en lo referido a la cantidad de alimentación, la ración es medida con una pequeña taza cafetera”.
Cárceles hacinadas
En Nicaragua hay 13 personas encarceladas por cada 10 mil habitantes, una cifra baja si se compara con las 40 de El Salvador, similar a las 15 de Honduras, y alta cuando la comparación es con Guatemala, donde son solo 8 por cada 10 mil. No se trata pues de un país en el que no se delinque ni mucho menos. De hecho, las cárceles nicaragüenses están al 140% de su capacidad, y el problema, lejos de solucionarse, parece que se agravará en los próximos meses.
Roberto Orozco trabaja para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y su especialidad es el área de la seguridad. Cree tener la explicación a por qué en poco más de 12 meses se ha pasado de 6 mil a 7 mil 200 privados de libertad, un aumento del 20%. “De un año para acá –explica Orozco–, la Policía Nacional y el ejército están golpeando duro, sobre todo al narcotráfico y al narcomenudeo, y creemos que es porque uno de los elementos de la campaña electoral de Daniel Ortega será la seguridad, y él quiere presentar cifras contundentes”.
Sin haber sido declarada, señala Orozco, “en Nicaragua ahorita hay una política de mano dura”, lo que está afectando al SPN no solo en cuanto al hacinamiento, sino que también comienza a sentirse la capacidad de corrupción que tiene el dinero que se mueve alrededor de la droga. “El sistema se está volviendo más cuidadoso, porque no queremos que la droga se venga a enseñorear del país, como ya pasó en otros países”, dice la procuradora Urbina.
El padre Peña ilustra con una anécdota lo que para él también es una verdad inamovible: que cada año aumenta el número de privados de libertad que tienen relación con el tráfico de drogas, y que esta es una de las razones por las que el SPN se está encerrando cada vez más en sí mismo. Hace unas semanas le pasó algo que no le había ocurrido en casi 20 años –los que lleva al frente de la pastoral penitenciaria– de ingresos continuos en las cárceles: un funcionario nuevo le registró el maletín en el que cargaba sus tiliches para oficiar la misa sabatina en Tipitapa.
Eso sí, ni la anécdota le impide alabar también la actitud de los funcionarios como uno de los elementos diferenciadores de los centros penales nicas, y atribuye la cerrazón actual a decisiones tomadas fuera del SPN. De hecho, de un tiempo a esta parte se está vulnerando el Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, que establece con claridad que es la directora general del Sistema Penitenciario la que debe autorizar los ingresos; sin embargo, esas decisiones ahora se toman, sin que esté muy claro sobre qué criterios, en los despachos de Gobernación, el ministerio al que pertenece el SPN.
“Las cárceles hay que abrirlas a las iglesias, a las organizaciones, a los medios de comunicación… ¡No hay que tenerles miedo!”, resume su filosofía el padre Peña.
