Aquel ejecutivo de la empresa constructora sabía que los equipos de gases médicos en dos hospitales nacionales no estaban instalados. También sabía que la colocación del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica era un proyecto a medias. Y aunque los hospitales de Usulután y Zacatecoluca estaban sin esos dispositivos, la frase que el ingeniero soltó en el teléfono dejaba clara su intención de cobrar como si la obra ya estaba terminada.
-Necesito las facturas de cancelación de ambos proyectos, con sus montos totales.
Quien hablaba así por teléfono el 6 de mayo de 2009 era Herbert Leonel Perdomo Ulloa. Trabajaba desde hacía una década en CPK Consultores, la empresa que ganó dos contratos por un monto de 20.9 millones de dólares. Quien escuchaba al otro lado del teléfono era Guillermo Rafael Alfaro García, un subcontratista que también sabía que el sistema de gases médicos en Zacatecoluca no estaba completo. La conversación aparece en el expediente que la Fiscalía abrió contra una decena de personas, incluido el ex ministro de Salud Guillermo Maza, por supuesta corrupción en el proyecto de reconstrucción de los hospitales dañados por los terremotos de 2001. Esa plática también quedó reflejada en las actas que la Fiscalía levantó con base en lo que dijeron los denunciantes.
Alfaro García es dueño de Advance Technology, empresa que se comprometió a instalar la tubería y los accesorios de cobre para los gases médicos a cambio de 430,080 dólares. La garantía de buena obra nunca fue entregada porque nunca existió una recepción definitiva de la obra. No obstante, el Ministerio de Salud –por medio del proyecto Reconstrucción de Hospitales por Emergencia de los Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud (RHESSA)- pagó por una obra incompleta.
RHESSA se conformó con las inspecciones que realizó CPK Consultores. La empresa decía que las obras estaban terminadas y RHESSA pagaba. Lo único que exigían las autoridades que manejaron el millonario crédito del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) eran los comprobantes de crédito fiscal. Esa es la razón por la que Perdomo Ulloa insistía en obtener las facturas de cancelación total.
Un día después de la llamada, el representante de CPK Consultores envió un correo electrónico en el que pedía respaldar, documentalmente, una obra a medias. 'Estimado Guillermo', escribió el 7 de mayo de 2009, hace dos años. 'Adjunto la forma como deberá elaborarse la factura, según lo que platicamos el día de ayer. Esta factura se anulará posteriormente'.
CPK Consultores adjuntó un archivo de Excel con los formatos, detalles y montos que debían plasmarse. Esa compañía era dirigida por Gerardo Enrique Osegueda Giné. La empresa justificaba que se trataba de una estrategia administrativa para capitalizar el proyecto: con esas facturas solo se adelantaría el pago y luego se repondrían a RHESSA los documentos con los montos correctos.
Tal como lo confesaría con sus abogados casi 14 meses después, a Alfaro García siempre le pareció un procedimiento anormal. Él acepta que elaboró las facturas 0026 y 0027, pero matiza que nunca envió los documentos originales sino simples fotocopias. Los dos comprobantes de crédito fiscal, elaborados el 29 de abril de 2009, son por un monto de 659,550 dólares. “Jamás ha extendido esos comprobantes de crédito fiscal a CPK Consultores, solamente entregó copias simples, sin ningún valor”, dice la denuncia que los abogados Alberto Alas Gudiel y Alexander Carbajal presentaron en la Fiscalía de Usulután, en julio del año pasado.
Pero CPK Consultores logró inyectarles vida legal a esos documentos. Empleados de esa empresa fundada en 1960 dijeron a RHESSA que se habían extraviado las facturas originales, pero una certificación del notario César Rolando García Herrera, ex subdirector de la Policía, daba cuenta de que eran conformes con las originales. Advance Technology alega que en su contabilidad formal esos comprobantes fueron extendidos a Oxgasa por 203 dólares.
Los fiscales del caso entrevistaron al representante de Oxgasa, quien confirmó las compras, situación que ellos consideran favorable a su investigación: “Se robustece la hipótesis del acuerdo previo al que habían llegado de anular los comprobantes de crédito fiscal”, dicen los acusadores. A juzgar por los documentos, la Fiscalía tiene una segunda prueba documental que confirmaría el fraude: un informe de la Dirección de Aduanas y la entrevista de un gerente de Advance Technology, quien asegura que los equipos médicos ofrecidos ni siquiera fueron importados al país.
Uno de los abogados de Alfaro García dice que esa acusación es falsa. “Puedo garantizar que eso es mentira, tenemos la póliza de importación”, responde Alas Gudiel. Esos documentos, dice el abogado, servirán para demandar por apropiación o retención indebida a RHESSA porque tienen equipo de Advance Technology que nunca fue cancelado por CPK Consultores.
La guerra fría Ejecutivo-Fiscalía
Antes de interponer la denuncia contra CPK Consultores en la Fiscalía de Usulután, la empresa Advance Technology había detallado las irregularidades de los documentos a la Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Para los fiscales, las irregularidades en el proyecto RHESSA ya era un tema conocido, pues el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, les había entregado un informe detallado el 21 de mayo de 2010.
Habían pasado casi tres meses y los fiscales todavía no habían localizado los documentos claves del caso. Fue hasta cuando el mismo Alfaro García les comentó sobre su acercamiento con la Secretaría de Transparencia, el 16 de julio de 2010, cuando la Fiscalía envió un oficio solicitando esos datos al Gobierno. La Secretaría de Transparencia les mostró el expediente, pero se negó a entregarles uno de los comprobantes de crédito fiscal, porque en la Secretaría habían acordado devolverlo a su propietario.
Ante ese rechazo, los fiscales pidieron al Juzgado Noveno de Paz un registro con prevención de allanamiento de esa oficina con el único objetivo de secuestrar una factura. Pese al rechazo de empleados de esa oficina de Gobierno, los fiscales realizaron el registro, secuestraron el expediente, pero no pudieron localizar el original del comprobante de crédito fiscal, solo una fotocopia. El documento llegó a poder de los fiscales hasta el 20 de julio de 2010, cuando Alfaro García denunció a CPK Consultores en la Fiscalía de Usulután. Después de eso, el expediente pasó casi un año en vaivén entre esa oficina regional, la unidad penal y el mismo despacho del fiscal general, Romeo Barahona, sin mayores avances.
Fue hasta abril de 2010, justo cuando el Ejecutivo y la embajada de los Estados Unidos cuestionaban la efectividad del combate contra el crimen organizado, que Barahona dio luz verde para procesar al ex ministro Guillermo Maza y 14 personas más.
Una de cal, una de arena
CPK Consultores es una compañía que fue fundada en 1960 y que para la época de reconstrucción de dos de los siete hospitales dañados por los terremotos de 2001 era dirigida por Gerardo Enrique Osegueda Giné, un ingeniero civil que tiene una máster del INCAE y varios proyectos de construcción en Centroamérica. Para viajar entre las naciones del istmo utilizaba su propio helicóptero. Hay varias coincidencias en los proyectos que ganó en el Ministerio de Salud: logró que le aumentaran el monto del proyecto, que le pagaran por obras incompletas y que le aceptaran facturas de dudosa legalidad.
Pese a que procedió de la misma forma en distintas construcciones, la Fiscalía solo lo ha acusado por el fraude en el hospital de Zacatecoluca. “El caso del Hospital San Pedro de Usulután es, por el momento, la investigación que va más avanzada”, dijo el fiscal general, Romeo Barahona, el lunes de la semana pasada ante un grupo de legisladores. Los diputados citaron al funcionario por los calificativos poco halagadores que recibió la investigación contra el ex ministro Maza.
Los diputados le recordaron que el Juzgado Segundo de Paz, la instancia que resolvió el primer capítulo judicial contra Maza, calificó la acusación fiscal como confusa, desordenada, deficitaria de contexto y sin orden en los documentos. Los políticos también le dijeron que estaban “preocupados e indignados” por las declaraciones de uno de los fiscales del caso, Pablo Velasco, quien reconoció en la audiencia, cuestionado por los periodistas, que no tiene mucha experiencia en el caso y que “es tan complejo que no todos lo hemos entendido”.
La Fiscalía defendió en una presentación la experiencia de sus auxiliares. Dicen que Velasco es desde 2008 jefe de la unidad penal y que entre sus casos destacados se cuenta la condena a 12 años de prisión contra un pastor evangélico que estafó a tres personas. La otra fiscal, Celina Calderón, condenó a un grupo de delincuentes a seis años de cárcel por estafar 685,714 dólares a un banco; y Ana de Chávez también logró declarar culpables a empleados de la Procuraduría General y Corte Suprema, en San Vicente, por mal uso de fondos públicos.
Barahona agregó que algunas diligencias por la corrupción en la reconstrucción del Hospital de Zacatecoluca le han permitido avanzar en otras investigaciones. “A partir de los registros tenemos cómo estas personas operaban en el caso particular y cómo se preparaban para las posibles demandas de arbitraje y penales. Vemos que estaban actuando de mala fe”.
El funcionario insistió en que la investigación más avanzada era la del hospital San Pedro, en Usulután, obra adjudicada a CPK Consultores. Sin embargo, las luces de un posible fraude están en la Fiscalía desde el año pasado porque dos empresas subcontratistas denunciaron el mismo modo de defraudar: falsificación de facturas.
Advance Technology advirtió la falsedad de la factura 0026, la cual da cuenta de la cancelación del valor del contrato por el sistema de gases médicos. No es la única señal de irregularidades, de fraude, de corrupción. Una segunda subcontratista, la empresa guatemalteca Proyectos y Ventas, denunció la alteración de los documentos, incluso, antes que el Ministerio de Salud presentara su denuncia en la Fiscalía.
El 14 de mayo de 2010, el representante de esa compañía, Manuel Eduardo Coronado Paiz, denunció: “CPK Consultores ha falsificado al menos tres comprobantes de crédito fiscal, con datos totalmente falsos”. Los comprobantes de crédito fiscal 025, 026, 027 fueron utilizados por CPK para cobrar un millón 18,614 dólares por el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, tanto en el hospital de Zacatecoluca como en el de Usulután. En la contabilidad de la subcontratista, esos comprobantes corresponden a una compra que la Fundación Uno hizo por 203 dólares.
El fraude en el hospital San Pedro parece una fotocopia de las irregularidades que se reportaron en el proyecto de Zacatecoluca. Los empleados de CPK Consultores dijeron a los administradores del proyecto RHESSA que habían extraviado las facturas originales que respaldaban la cancelación total del proyecto, pero para darle vida legal a las fotocopias el notario García Herrera, el ex subidrector de la Policía, presentaba una certificación notarial.
A diferencia de Advance Technology, la empresa guatemalteca asegura que nunca entregó ni copias ni originales de comprobantes de crédito fiscal a la compañía de Osegueda Giné. El abogado Alas Gudiel agrega un dato que deja en evidencia la falta de investigación financiera del caso: la Fiscalía no ha realizado un rastreo de los cheques para determinar el paradero de los fondos que se depositaron a Osegueda Giné. 'Ellos tienen el único mecanismo para rastrear esa plata', y, en tono de reto, defiende que ninguno de los subcontratistas recibió parte de esos fondos: 'Que me restrieguen en la cara una transferencia de Oseguda a Alfaro. No la hay'.
En el requerimiento, los fiscales tampoco establecen las razones por las cuales el ex ministro Maza pudo haber beneficiado a las empresas. El viernes, El Faro buscó la versión de los fiscales del caso, pero la unidad de comunicaciones de la institución informó que los auxiliares se encontraban en una capacitación. Hasta el cierre de esta nota, la noche de este lunes, no había respuesta.
