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Arena apoya un nuevo decreto de salvamento para PDC y PCN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) agendó para el lunes la discusión sobre la sentencia de la Corte que ordena cancelar la inscripción de los dos partidos más viejos de El Salvador, y que fue publicada en el Diario Oficial del 2 de mayo. El PCN y el PDC proponen un nuevo decreto para salvarlos y los diputados de Arena dicen estar dispuestos a respaldarlos.

Jueves, 12 de mayo de 2011
Gabriel Labrador y Patricia Carías

El partido Arena está dispuesto a echarle una mano a los partidos con los que gobernó mientras estuvo en la Presidencia de la República: el PCN y el PDC tienen un borrador de decreto que evitaría que el Tribunal Supremo Electoral los cancele y que obligaría al TSE a darle trámite a la inscripción de cualquier partido nuevo aunque las firmas de respaldo que presente sean sospechosas de ser todas ellas falsificadas.

El proyecto de decreto que han redactado, y que aún no lo comparten abiertamente con los otros partidos, permitiría al PCN y al PDC conservar su mismo nombre y emblemas en el momento en que el TSE se vea obligado a dejarlos inscritos.

La posición oficial de la fracción legislativa de Arena no está aún en firme, pues será discutida este viernes, pero cinco de sus diputados, consultados por El Faro, coincidieron en la intención de apoyar que se legisle en favor del interés de ambos partidos. Ese decreto se ha venido preparando desde el mismo día en que la Sala de lo Constitucional emitió su sentencia el 29 de abril pasado.

Según el último borrador de esta propuesta de decreto, la Asamblea le ordenaría al TSE suspender el proceso de cancelación de los partidos, acortaría los plazos administrativos para que todo el procedimiento tenga mayor celeridad, y permitiría que se recojan las firmas que hoy en día se le exigen a cualquier partido que quiere inscribirse. 

Consultado sobre el documento, el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, dijo que esa propuesta recoge lo que su partido desea.

El documento aparentemente tiene una contradicción. Por un lado ordena que no se cancele a ambos partidos, pero por otro les permitiría presentar firmas de afiliados para solicitar su registro ante el TSE.

Sobre las rúbricas de apoyo, el documento, así como está redactado, dejaría abierta la puerta para que los partidos puedan utilizar firmas de afiliación falsas o anómalas, ya que dispone que la secuencia de pasos para inscribir un partido no se frenaría si se detecta suscripciones falsificadas.

Para Parker, el problema que están atravesando no tiene sustento jurídico sino solo sustento político. Esto lo dijo en alusión a que la sentencia de la Corte solo ordena iniciar el proceso de cancelación de un partido.

Pero el proyecto de decreto que los areneros podrían apoyar iría en ese sentido, pues interrumpe el proceso de cancelación de esos partidos. El decreto propuesto consta de seis artículos. El artículo 1 propuesto obligaría al Tribunal suspender el proceso de cancelación de un partido “con solo ver” una solicitud que, con ese objetivo, presente su secretario general. En esa misma solicitud –reza el borrador— el secretario general pedirá autorización para hacer proselitismo y recoger las firmas de afiliación que exige la ley electoral, es decir, 50,000 firmas.

La Corte Suprema declaró el 29 de abril que una parte del decreto 586 que fue aprobado por la Asamblea en 2005 es inconstitucional y que, por tanto, el PCN y el PDC, al no haber obtenido los votos necesarios en 2004 para sobrevivir, debieron ser cancelados por el TSE. La parte del decreto que fue declarada inconstitucional establecía que si un partido no lograba la cantidad de votos exigida por ley para seguir viviendo, este podría seguir con vida.

Pero con la declaratoria de inconstitucionalidad, el TSE actual debe cancelar la inscripción de estos partidos que no alcanzaron el umbral para continuar con vida después de las elecciones de 2004.

A la luz de la ley, entonces, el PCN y el PDC están obligados a recabar 50,000 firmas e inscribirse con otro nombre, cambiando además emblemas y símbolos, los cuales podrían volver a usarse después de un año de haber sido cancelados.

Pero el decreto que ambos partidos están impulsando desde el viernes 29 de abril les permitiría recolectar 50,000 firmas sin cambiar de nombre ni símbolos. En términos sencillos, se trata de una reinscripción puesto que sin haber sido cancelados, y sin la necesidad consecuente de recabar 50,000 firmas, lo hacen con el objetivo de mantener vivos su nombres, colores, emblemas y símbolos.

El segundo artículo que quieren aprobar el PCN y el PDC establece que cuando se suspenda el proceso de cancelación de un partido, recibirán los libros de afiliación y tendrán dos meses para hacer proselitismo, recoger las firmas de afiliados y presentarlos al tribunal, que deberá resolver en un plazo de ocho días.

Estos plazos son casi tres meses menos de los plazos máximos que establece actualmente el Código Electoral para la inscripción de partidos nuevos. El presidente del TSE, Eugenio Chicas, asegura que los plazos máximos establecidos en el Código son más que suficientes para que un partido que sea desinscrito en estos días pueda competir en las próximas elecciones.

El decreto propuesto establece que el TSE tendrá ocho días para resolver, y que si no lo hace en este tiempo, “la respuesta será favorable a lo solicitado y deberá hacer entrega de los libros con sus hojas de afiliación debidamente autorizados sin dilación alguna, so pena de incurrir en responsabilidad”.

Esto quiere decir que si los magistrados del TSE no resuelven dentro de esos ocho días para verificar la legalidad de las firmas de los partidos, automáticamente los partidos solicitantes estarán inscritos, y si no reciben los libros de afiliación autorizados por parte del Tribunal, este organismo podría ser sancionado.

Sin los libros de afiliación autorizados, un partido político no existe.

En la legislación electoral actual, el TSE establece un plazo de dos meses para verificar la legalidad de las firmas que presenta un partido político, lo cual dista mucho de los ocho días que propone el decreto de conservación.

El artículo 4 de este decreto también implica que se obvien algunas anomalías. Dicho inciso establece que si al momento de que el TSE revise y verifique las firmas de los afiliados se encontraran diferencias entre la información presentada y los registros del Tribunal o los del Registro Nacional de Personas Naturales, “dichos hallazgos no interrumpirán el proceso de conservación de la inscripción del partido político solicitante”.

En la historia electoral reciente de El Salvador, las autoridades descubrieron más de un caso en que algún partido político había presentado como firmas de respaldo simples copias de las firmas de apoyo que sustentaban la inscripción de algún otro partido.

Más adelante, el mismo artículo establece que esas afiliaciones anómalas no se contarán para sumar el número requerido para la conservación del partido y que se deberá informar a la Fiscalía General de la República para que investigue. Pero en todo caso, el proceso que conserva al partido no se detendría, y eso implica su conservación.

Actualmente, la inscripción de muchos partidos en formación ha sido suspendida por encontrarse su expediente en la Fiscalía, tras habérseles encontrado algunas firmas con anomalías ya sea por tratarse de firmas de personas fallecidas o inexistentes. Estos partidos son el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Popular (PP), cuyos líderes, en diversos momentos, han dicho que el TSE tiene un interés político en bloquearles su inscripción.

El artículo 5 establece que este decreto prevalecerá sobre cualquier otra disposición en materia electoral.

Consultados al respecto, los diputados areneros Mario Valiente, Guillermo Ávila Qüehl y Mariela Peña Pinto coincidieron en que estarían dispuestos a apoyar la conservación de los partidos PCN y PDC.

A Valiente se le preguntó si no creía que había un problema en legislar a la medida de los intereses de un grupo en particular. “Hasta cierto punto sí, pero lo que buscamos es ayudarles a estos partidos, sin violentar nada, porque son partidos de mucha tradición. Si acortan los plazos no se violenta nada solo se le exige más eficiencia al Tribunal”, respondió Valiente, soslayando el punto preciso de reescribir la ley para que cause efectos sobre hechos ocurridos en el pasado.

A Ávila se le preguntó si no le parecía inadecuado que el decreto propuesto establezca plazos sumamente breves que, de no cumplirse, beneficiarían al peticionario. “Lo importante es que no se paralice el proceso de trámite por unas firmas que no estén constatadas, siempre y cuando sean siempre 50,000 las firmas que haya que pedir”.

Ávila, Peña y el jefe de bancada, Donato Vaquerano, según declaraciones que este dio a diario El Mundo, estarían dispuestos a votar para que el PCN y PDC se conserven, pero en todo momento sus argumentos parecen más emotivos que jurídicos. “Son partidos que tienen una trayectoria política enorme, sustento de que la población en dos elecciones les ha dado la suficiente cantidad de votos como para tener una representación legislativa muy fuerte”, dijo Vaquerano a El Mundo.

Ávila agregó: “Definitivamente son partidos con una tradición de más de 50 años cada uno y esa es buena justificación”, dijo, vía telefónica.

El TSE conocerá el lunes

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) conocerá el lunes la sentencia de la Corte que ordena la cancelación del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Hasta ahora, los magistrados del TSE no se pronunciaban porque decían estar esperando la publicación de la sentencia en el Diario Oficial. En sesión de este miércoles supieron que la sentencia ya había sido publicada el lunes 2 de mayo por lo que, con votación unánime, agendaron el punto para conocerlo el lunes 16 de mayo.

La decisión de cancelar o no cancelar debe ser tomada con mayoría calificada, es decir, con cuatro votos de cinco, como lo ordena el artículo 80 del Código Electoral cada vez que el tribunal conoce de la situación de los partidos políticos.

Dentro del TSE se han detectado dos líneas. El presidente Eugenio Chicas, del FMLN, es de los que piensan que la sentencia de cancelación es de cumplimiento obligatorio. En el otro grupo están Walter Araujo, de Arena, y Julio Moreno Niños, del PCN, quienes consideran que hay que estudiar la sentencia de la Sala y considerar sus implicaciones. Los otros dos magistrados fueron designados por la Corte Suprema de Justicia, y usualmente uno ha coincidido más con la visión del FMLN y otro con la de Arena y PCN.

El magistrado presidente, Eugenio Chicas, quien también es miembro de la Comisión Política del FMLN, dijo que si hubiera un partido con intención de 'reinscribirse' sería arriesgarse a no participar en las elecciones porque cualquier persona podría interponer una demanda de inconstitucionalida en la Corte y 'eso invalidaría la personería jurídica del partido, a las puertas de la elección donde no haya tiempo de saltar un nuevo proceso de inscripción'.

Chicas expresó que si hubiera intención de un partido --evitó mencionar partidos con nombre y apellido-- por mantenerse vivo con las mismas siglas y nombres es por el patrimonio, particularmente, por la deuda política.

Todos los partidos reciben de parte del Estado una suma de dinero con el objetivo de financiarse la campaña. Este monto está basado en la cantidad de votos obtenidos en la última elección. Pero este dinero, cada partido, debe pagarlo al Estado. Chicas cree que a estas alturas, un partido que pudiera cancelarse, perdería todo el patrimonio que al Estado le adeuda.

Chicas también detalló que en el caso de la próxima elección, un partido que se inscriba como nuevo, tendrá derecho a una deuda política de solo $57,000. Este monto es pequeño si se compara con el casi millón de dólares que recibió el PCN para 2009, y los más de $700,000 a los que tuvo derecho el PDC.

 

 

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