Mientras la Policía Nacional Civil anunció que retomará la investigación publicada este lunes por El Faro sobre una organización de narcotraficantes que opera en el noroccidente de El Salvador, el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo estimar que las pesquisas realizadas por la PNC a lo largo de una década parecen ser suficientes como para que la Fiscalía abra su propia investigación.
El Cártel de Texis ha penetrado las estructuras del Estado, dijo Funes esta mañana. Hacía referencia a que la red involucra a diputados, alcaldes, oficiales de Policía y jueces. Aunque dijo respetar el trabajo de los otros órganos del Estado, valoró que la información recabada por las autoridades basta para que el Ministerio Público se meta a perseguir a la estructura. 'Es una investigación que, si al final, arroja suficientes elementos de juicio, como parece hacerlo, tendrá que ser la Fiscaía quien abra el expediente en un tribunal de justicia, y tendrá que ser el Órgano Judicial el que garantice un avance en las investigaciones', dijo el gobernante.
Funes recordó que la investigación del Cártel de Texis la recibió su gobierno de administraciones anteriores, y aunque no puede dar cuenta de por qué el caso nunca se judicializó, aseguró que la Policía Nacional Civil bajo su gobierno sí ha hecho todo lo que ha sido necesario para recoger información sobre la estructura delictiva.
El subdirector de Investigaciones de la PNC, Howard Cotto, dijo que la institución indagará nombres y roles de los políticos, jueces u oficiales policiales mencionados en el reportaje. La lista incluye a algunos jefes de la PNC, y Cotto dijo que una cosa es información y otra cosa es generar pruebas que sirvan para presentarlas en un proceso judicial contra alguien. En todo caso, 'estamos en la obligación de retomar toda la información que ahí se vierte para abonar al proceso de investigación que pudiera estarse desarrollando', dijo.
En cuanto a las razones de por qué la Fiscalía no ha llevado ante un tribunal alguna acusación contra las personas investigadas, Cotto coincidió con Funes en que no tiene respuestas.
Una de las personas a las que los investigadores vinculan como parte del blindaje de la organización es el juez Tomás Salinas, de Santa Ana. La Corte Suprema de Justicia emitió la tarde de este lunes un comunicado en el que expone que debido a los datos que aporta el reportaje de El Faro, ha decidido iniciar sus propias pesquisas.
'Debido a la relevancia de la denuncia vertida por El Faro en la noticia 'El Cártel de Texis', en la que se menciona la colaboración de varios jueces con el narcotráfico, la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado las indagaciones correspondientes', dijo el pronunciamiento del máximo tribunal del país. Las investigaciones internas determinarán si hay razones que justifiquen hacer una auditoría integral al trabajo de los jueces mencionados.
Alcalde de Texistepeque rechaza vinculación
En la media docena de informes que dibujan esta red cuyo liderazgo atribuyen a José Adán Salazar Retana aparecen varios alcaldes. Uno de ellos es Armando Portillo Portillo, de Texistepeque. Este llamó este lunes a la Redacción de El Faro para desvirtuar los señalamientos.
'Yo quiero solicitar se me dé derecho a respuesta', comenzó diciendo el funcionario. 'No es cierto que yo soy amigo de toda esa gente que mencionan', añadió.
Portillo Portillo sostuvo que no está involucrado en actividades ilegales y que es cierto que sí conoce al alcalde de Metapán, Juan Umaña, pero esa relación obedece a que ambos dirigen municipios vecinos. 'A mí no me han investigado nada de eso, no es cierto, pero yo pido que se me investigue... si dicen que yo ando en eso, que me investiguen', agregó, para luego subrayar que no tiene relación con ninguna organización que trafique drogas ilegales.
Arena pasa la bolal a Fiscalía y PCN acude a abogados
El partido Arena respondió con prudencia a la información publicada este día por este medio. El jefe de bancada de la bancada legislativa y miembro de la dirección arenera, Donato Vaquerano, mostró escepticismo ante el cuestionamiento de una posible vinculación de miembros de su partido con estructuras de crimen.
Vaquerano duda de la procedencia de los informes que sirvieron de base a la publicación de El Faro, pero dijo que serán las autoridades encargadas, como la Policía y la Fiscalía, las que deberán investigar. “Por tratarse de un ilícito, ese asunto no podría ser tratado en la Asamblea. Si existe algún tipo de indicio, que las autoridades procedan a su investigación. Si hay indicios las autoridades lo tienen que valorar. Arena es un instituto político y eso es un ilícito. Eso lo tienen que investigar las autoridades, la Policía, la Fiscalía y todos lo que tienen con eso”, concluyó Vaquerano.
Arena lanzó como candidata a alcaldesa de Santa Ana a Patricia Costa, quien aparece mencionada en diferentes informes policiales como colaboradora de Roberto Hernández, quien aparece señalado como uno de los tres más importantes líderes del Cártel de Texis. Dicen las indagaciones policiales que ella sostuvo una reunión en la que se externaban molestias contra el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, jefe regional de occidente, dado que este se rehusaba a colaborar con la estructura de tráfico de cocaína y ganado. En esa ocasión Costa propuso encargarse del posible traslado del comisionado Arriaza Chicas.
Pese a que la ex gobernadora de la administración actual es candidata a la alcaldía de Santa Ana, Donato Vaquerano dio a entender que ella no pertenece al partido: “Ella fue gobernadora del FMLN y ha sido gobernadora en este período. Ella perteneció al partido, claro, pero ha sido funcionaria pública por el FMLN. Y ahora por el FMLN”, dijo.
El diputado de Arena Mario Valiente dice que conoce desde hace mucho tiempo a José Adán Salazar, pero que no lo imagina involucrado en una red como la que describe el reportaje. “Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Él hizo su fortuna cambiando billetes en la frontera. Me dolería mucho que fuera cierta esa investigación”, dijo.
En el PCN valoran la posibilidad de demandar a este medio. El Faro se comunicó telefónicamente con el dirigente pecenista Antonio Almendáriz, para conocer las medidas que el partido tomaría respecto de la investigación que siguen las autoridades a uno de sus diputados. Almendáriz se limitó a asentir que sabía qué era lo que se le cuestionaba a Cardoza, dado que este ya se había comunicado con miembros del partido para dar a conocer la situación.
Almendáriz explicó que a raíz de la publicación en El Faro, el partido había tomado medidas legales. ”Nos dijeron que el partido ya había contratado un grupo de abogados para que pongan una denuncia en la Fiscalía”, dijo. “El partido nos ha puesto restricciones (refiriéndose a dar declaraciones en medios) porque el caso ya está en mano de abogados”.
En el FMLN, tiraron la pelota a la Fiscalía General. “No vamos a hacer comentarios por el momento, ese es un tema que le corresponde investigar a la Fiscalía”, dijo por medio de su oficina de prensa el secretario de Comunicaciones del partido, Roberto Lorenzana.
El Faro pidió a la Fiscalía su posición, pero la institución dijo que el titular, Romeo Barahona, debía leer antes el reportaje. Al cierre de esta nota, aún no había respuesta.
