El Salvador recaudará unos 360 millones de dólares en tres años para combatir la delincuencia si la Asamblea Legislativa aprueba el impuesto a los grandes capitales que propone el presidente Mauricio Funes.
El plan, anunciado el viernes por Funes en sus líneas generales, es que los mayores contribuyentes aporten parte de sus ganancias para construir un monto anual de unos 120 millones de dólares. El nuevo impuesto se mantendría en efecto durante tres años, que es prácticamente el tiempo que le queda a Funes como presidente.
Los contribuyentes a quienes se gravaría con el nuevo impuesto son casi 2 mil empresas -las más grandes de El Salvador- y unas 400 personas naturales con patrimonio altos, según confirmó Funes este lunes.
El gobernante dijo que el impuesto se aplicaría a las ganancias líquidas y según el diputado Benito Lara, del FMLN -partido que se declaró listo para votar por la iniciativa-, no afectaría ni a la mediana ni a la pequeña empresa. Lara es el legislador efemelenista encargado de los temas de seguridad pública en la Asamblea.
La propuesta fue rechazada este lunes por la empresa privada, aunque un legislador de oposición dio unas declaraciones que podrían hacer pensar que en el parlamento hay suficiente respaldo como para que la propuesta se convierta en ley. El legislador Guillermo Gallegos, dirigente de Gana, calificó el proyecto del impuesto al gran capital para financiar la seguridad pública como 'urgente y necesario'. Según la cadena Red 60, el diputado agregó que su partido acompañaría con sus votos la propuesta del Ejecutivo. El Faro consultó con otros dos diputados de Gana, pero ambos dijeron que la organización aún no ha fijado posición.
Si el proyecto se aprueba tal cual lo ha detallado Funes hasta el momento, a cada uno de los contribuyentes afectados le correspondería aportar cada año 50 mil dólares en promedio. Sin embargo, Lara aseguró que la propuesta es que se cobre una tasa escalonada en función de las utilidades de cada empresa o persona natural.
Dicha tasa será discutida durante las próximas dos semanas con los partidos políticos, sectores privados y en el Consejo Económico y Social. Al final, los partidos políticos deberán decidir si aprueban la propuesta y los términos en que le dan su aval.
Funes aparentemente se siente confiado en que la Asamblea le respalde el proyecto. El viernes pasado, después de una reunión con los secretarios generales de los partidos políticos, anunció que ya estaba listo el anteproyecto de ley del impuesto. Este lunes volvió a decir que ese viernes ningún partido político presente en la reunión se opuso al proyecto. “Mi opinión, mi percepción, es que tanto el FMLN, como el PDC, como el PCN, como Gana, como el CD y como Arena, vieron bien esta iniciativa, pero dijeron que querían discutirla más; que es lo que me parece que tenemos que hacer”.
Arena es la única que ha puesto un pero. Ha dicho que lo que necesitan ver primero es transparencia en el manejo de los fondos.
En noviembre pasado, Funes declaró a la prensa que había pedido al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que preparara una propuesta de un nuevo impuesto al gran capital. Ese impuesto, dijo, serviría para financiar la lucha contra la delincuencia. En febrero, Funes visitó Bogotá para la toma de posesión de su homólogo Juan Manuel Santos, y entre otras cosas discutió cómo en Colombia funciona un impuesto similar.
El Salvador es el segundo país del continente con la menor carga tributaria, solo superado por Guatemala. Y aunque es un país de renta media, la relación entre monto de impuestos y producto interno bruto es inferior a la que registran países más pobres como Honduras y Nicaragua.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en voz de su director ejecutivo, Arnoldo Jiménez, ya expresó su descontento pues asegura que ha sido una medida inconsulta.
“Se ha vendido que es un modelo copiado de Colombia pero no. Ahí había confianza de los empresarios con (Álvaro) Uribe, era una persona cercana a los empresarios quienes le dijeron que sí porque confiaron en que el dinero iba a ser bien invertido”, dijo Jiménez.
Otra de las críticas al impuesto gira sobre las declaraciones que dio Funes durante la mañana del lunes. “¿Y no los empresarios nos han dicho que el gasto más oneroso de sus empresas es lo que tienen que invertir en seguridad privada? Estamos diciendo que en lugar de darle ese dinero a unas cuantas agencias de seguridad, que no les dan la seguridad que ellos requieren que en lugar de eso, se lo pasen al Estado, para que el Estado se lo entregue a la Policía y a la Fuerza Armada, al Ministerio Público, a las cárceles y podamos hacer un combate más eficaz de la delincuencia”.
Federico Hernández, de la Cámara de Comercio y la Industria, objetó la propuesta porque según él se está exponiendo como si se tratara de una transferencia automática de dinero. “Como si fuera un switch de que al día siguiente va a haber más policías en la calle, pues”, expresó Hernández.
Jiménez criticó que el dinero recaudado con el impuesto a la seguridad vaya a ser utilizado para recurso humano. “Si es transitorio este impuesto, y si con él se pagan más policías, ¿qué pasará cuando ya quiten el impuesto? Mejor debería utilizarse el impuesto para invertir en inteligencia, tecnología, en fortalecer a la Fiscalía, a los sistemas judiciales, fortalecer la comunicación entre Fiscalía, Policía y sistema judicial”, dijo.
Benito Lara dijo que su partido apoya la propuesta y que la seguridad pública ya no debe financiarse más con dinero proveniente de préstamos internacionales.
Funes prometió en su campaña electoral que no iba a buscar más o nuevos impuestos durante su quinquenio. A finales de 2010 entró en pugna con la ANEP después de que quedó claro que sí intentaba crear un nuevo tributo. Su último compromiso público con la empresa privada fue que no iba a sorprenderlos con un impuesto que antes de aprobarse no se hubiera planteado a los empresarios.
