La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Comisión Legislativa impulsada por un grupo de diputados de Arena, Gana, PCN y PDC, que se oponen a la investigación que realiza la inspectora general de la Policía Nacional Civil, Zaira Navas, contra 21 oficiales de la PNC.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional determinaron que la Comisión Especial creada por los diputados no cumplía las características que estable el artículo 131 ordinal 32 de la Constitución, que establece los criterios para la creación de estas comisiones extraordinarias. La sentencia argumenta que la creación de una comisión especial es justificada por la relevación de la investigación o por el interés nacional, y en este caso, los diputados no explicaron ni profundizaron lo motivos ni el tiempo ni las metas de la “Comisión Especialinvestigadora sobre posibles abusos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, contra miembros de [esa] institución”.
La Corte valida el argumento presentado por los demandantes, las autoridades del gabinete de seguridad, que alegaron que los diputados estaban defendiendo interés particulares, es decir, los de un grupo de policías investigados, y no los de todo el país. Dice la sentencia: “por asunto de interés público o nacional debe entenderse no solo que ese asunto sea de conocimiento público, sino que sea de interés para todos o la mayoría; es decir, que se trate de un tema cuya importancia o trascendencia social, política o económica sea indudable hasta el punto de justificar la creación de una figura especial como las Comisiones Parlamentarias de Investigación.”
La inspectora Navas procesa los expedientes contra varios jefes y ex jefes policiales, uno de ellos supuestamente encargado de la protección de alijos de droga en territorio salvadoreño, según el testimonio de un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Poco antes, El Diario de Hoy publicó que el oficial Douglas Omar García Funes, jefe del Comando Antipandillas, fue señalado por una fuente de la DEA como responsable de brindar custodia a los alijos de droga que transitaban por el territorio salvadoreño. Al conocer esa denuncia, la inspectora Navas decidió investigar y pidió ayuda al Organismo de Inteligencia del Estado.
Los diputados que formaron la comisión alegaron que la inspectora está actuando con criterios políticos, dado el origen de los imputados, que provienen de las filas de los cuerpos de seguridad del Estado desmantelados tras los acuerdos de Paz.
El ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y el viceministro Henry Campos, que son los demandantes, sostienen que el acuerdo legislativo de un grupo de partidos tiene “la intención de proteger un interés privado”, pues pretende beneficiar solo a un grupo de oficiales y no a todos los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Alegan que la Asamblea cometió “un exceso o abuso de las atribuciones constitucionales conferidas”; que los diputados cometieron una “intromisión” en procedimientos propios del Órgano Ejecutivo y que existe “una ausencia de razonamiento o motivación del acuerdo legislativo.”
La comisión decidió tomar acción justo después de que El Diario de Hoy publicó que el oficial Douglas Omar García Funes, jefe del Comando Antipandillas, fue señalado por una fuente de la DEA como responsable de brindar custodia a los alijos de droga que transitaban por el territorio salvadoreño. Al conocer esa denuncia, la inspectora Navas decidió investigar y pidió ayuda al Organismo de Inteligencia del Estado.
La Sentencia agrega una salida jurídica a los policías investigados: “existen otras instituciones legalmente competentes, como los Tribunales Disciplinarios y de Apelaciones de la PNC, que, al tramitar los respectivos procedimientos administrativos sancionatorios, posibilitarían el esclarecimiento o corrección de cualquier posible irregularidad; incluso, es posible hacer uso de los procesos jurisdicciones pertinentes –verbigracia, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante esta Sala– con el fin de evitar ilegalidades o vulneraciones de derechos protegidos. Por ello, no estamos ante un asunto “complejo y relevante”.
La Sala de lo Constitucional ya ha declarado inconstitucional dos comisiones especiales creadas por la Asamblea Legislativa. La primera es de 1998, cuando declaró una inconstitucionalidad contra una comisión legislativa creada con el fin de investigar a la Corte Suprema de Justicia. En dicha sentencia los magistrados argumentaron que dicha comisión violaba la independencia del Órgano Judicial.
