La Corte de Cuentas de la República descubrió la asignación irregular de créditos bancarios, el faltante de mobiliario y un desorden administrativo en dos instituciones del Estado. Pero en vez de abrir un juicio de cuentas contra los 23 presuntos responsables, la institución que debe velar por la buena gestión y la transparencia de los fondos públicos engavetó los expedientes durante cinco años, situación que provocó el cierre definitivo de las investigaciones.
El primer expediente es un examen especial al presupuesto que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) manejó entre 1996 y 1997, cuando esa institución era dirigida por María Julia Castillo Rodas. El segundo documento es una auditoría a los fondos que se le asignaron al Banco de Fomento Agropecuario (BFA), desde 1997 hasta 1998, cuando Raúl Francisco García Prieto tenía el título de presidente. Ambas auditorías fueron realizadas por la Dirección del Sector Social y Medio Ambiente de la Corte de Cuentas.
Los auditores encontraron que en las bodegas del ISSS existía falta de control de bonos de combustible, un faltante de 106 mil 391 dólares en mobiliario y equipo de bodega. En el caso del BFA, los principales cuestionamientos se dieron por los créditos que la administración de García Prieto concedió a empresas de José Aquiles Enrique Rais. Para confirmar o desvirtuar esas irregularidades, los auditores tenían que remitir ese expediente a una Cámara de Primera Instancia de la Corte en un plazo máximo de cinco años. Así lo dice la ley.
Las atribuciones administrativas “caducarán en cinco años, contados a partir del uno de enero del siguiente año al que tuvieron lugar las operaciones para auditarse”, reza el artículo 95 de la Ley de la Corte de Cuentas, en vigor desde 1995. Después de ese plazo, cualquier irregularidad señalada es letra muerta: el expediente pasa, irremediablemente, al archivo y a los funcionarios ya no se les puede reprochar por las fallas. Ese es el caso del ISSS, y también del BFA.
A la sombra de un fraude
Raúl García Prieto es un prófugo de la justicia, Juan Antonio Martínez también. El primero era el presidente y el segundo gerente de créditos del BFA, quienes hace nueve años fueron acusados por la Fiscalía de delitos relativos a la corrupción por favorecer con la venta del Ingenio El Carmen a los empresarios Héctor Cristiani y Enrique Rais.
Y aunque la Policía los busca por la defraudación, en el examen especial que realizó la Corte de Cuentas pueden presumir que salieron bien librados. Martínez y García Prieto estaban en la lista de 15 funcionarios que violaron disposiciones de la Ley de Bancos y de un Manual Interno porque concedieron préstamos de dudosa recuperación a las empresas Procesadora San Michelle (PROCEMI), PISCIS, Los Patos y Swiss Biochemical.
En todas esas empresas, Rais aparece como representante legal, o administrador, o directivo. El examen especial de 1997-1998 dice que fue una negligencia de los funcionarios conceder préstamos a empresas relacionadas porque se ponía en riesgo la recuperación de los fondos. Y esa advertencia se concretó un año después: en diciembre de 1999, las empresas tenían una mora con el banco de 608 mil 748 dólares.
Las empresas de Rais, además, recibieron sobregiros (préstamos instantáneos) que no tienen respaldo documental. En diciembre de 1998, por ejemplo, Piscis recibió 68 mil dólares, pero del pagaré de respaldo solo existían fotocopias. Procemi recibió otros 65 mil dólares, pero no se encontró respaldo. Los fondos fueron entregados por la agencia del BFA en Sonsonate, algo que violó el Manual Interno de Operaciones del banco porque los proyectos que se financiaban estaban fuera del área de la sucursal: en San Salvador.
El examen al presupuesto del BFA no profundiza en cómo las empresas de Rais manejaron el dinero. Sin embargo, en la acusación por defraudación a la economía pública, la Fiscalía sostiene que Rais utilizó los préstamos de esas empresas para pagar la prima por la compra del Ingenio El Carmen. Rais es actual directivo de la empresa MIDES y en la pasada campaña presidencial, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) hasta la consideró como un potencial candidato a la vicepresidencia de la República.
Rais también está relacionado con Swiss Biocehemical, empresa que el 20 de marzo de 1998 recibió un crédito por $38 mil dólares. En ese caso, dicen los auditores, el BFA incumplió una de las condiciones especiales: antes del desembolso debían asegurar un inmueble como garantía. El banco entregó el dinero sin tener asegurada la propiedad algo que “incrementó el riesgo de recuperación del dinero entregado”. El viernes se intentó contactar al empresario para conocer su opinión sobre los señalamientos caducados de los auditores, pero personal de MIDES informó que estaba fuera del país.
De todas esas anomalías se le informó a los 15 funcionarios del BFA el 12 de diciembre de 2002, cuando la Corte de Cuentas dio lectura al borrador del informe. El documento final, empero, estuvo listo hasta dos años después: el 21 de enero de 2004. Tres días más tarde, el jefe de la dirección de auditoría social y de medio ambiente, Luis Amílcar Varela Urbina, envió el documento a la unidad de recepción y distribución de informes de auditoría.
La siguiente etapa del proceso era abrir un juicio de cuentas contra los responsables. El expediente llegó a la Cámara Quinta de Primera Instancia, pero esa instancia considero que ya había expirado el plazo para procesar a la administración García Prieta. “Las facultades para expedirlo caducaban el día uno de enero de 2004. Varela Urbina, sin embargo, lo mandó con 20 días de atraso, “cuando las facultades de la mencionada Corte ya habían caducado”.
De paisano a paisano
El 23 de octubre del 2002, la Corte de Cuentas informó sobre el borrador de auditoría a la ex directora del ISSS, María Julia Castillo Rodas; al exsubdirector, Sergio Mena Méndez; y seis funcionarios más. A esa administración le cuestionaban un faltante de mobiliario y equipo de bodega por 106 mil 391 dólares. Los auditores también descubrieron que 90 mil dólares que se gastaron en alimentación y dietas no estaban contabilizados en el consumo que correspondía a diciembre de 1996.
Los otros reproches estaban relacionados con el control deficiente de adquisición y entrega de combustible. Los funcionarios pidieron a la Corte de Cuentas un plazo de 15 días para presentar la documentación de descargo y desvanecer los reproches que se derivaron del examen especial al presupuesto de 1996-1997.
Un año después, el 3 de octubre de 2003, la Dirección de Auditoría Social y Medio Ambiente concluyó la auditoría. El 25 de noviembre de ese año, el director de auditoría Milton Alexi Noyola Cartagena envió el expediente a una Cámara de Primera Instancia para iniciar el juicio de cuentas contra los funcionarios señalados. El primero de diciembre de 2003, el caso ya estaba en manos de unos jueces de cuentas.
Sin embargo, la Cámara tropezó con el mismo obstáculo del caso BFA: el plazo para tramitar el expediente ya había terminado. “Las facultades para expedirlo caducaban el día uno de enero de 2003, es decir cuando las facultades de la mencionada Corte ya habían caducado”. El atraso de diez meses permitió que no se siguiera la investigación contra la administración de Castillo Rodas, miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del PCN, partido en el que ella se desempeña como secretaria nacional de asuntos femeninos.
El PCN controla la Corte de Cuentas desde 1982. Hernán Contreras, el actual presidente, también integra el Consejo Ejecutivo Nacional de ese partido y quiere reelegirse en el cargo con la promesa de que modernizará la institución. Él, además, defiende que las decisiones que toma esa institución no tienen motivaciones políticas. Desde hace varios días El Faro le solicitó una explicación oficial de por qué la dirección de auditoría presentó con 10 meses de tardanza los documentos que comprometían a su correligionaria, Castillo Rodas, pero al cierre de esta nota no había respondido. Tampoco explicó por qué una auditoría presupuestaria al BFA pasó directamente al archivo, sin ninguna sanción contra los exfuncionarios.
El artículo 98 de la Ley de la Corte de Cuentas establece que, cuando se decreta la caducidad administrativa de un expediente, la presidencia debe abrir un expediente para determinar la responsabilidad de los auditores. De comprobarse negligencia o malicia para cerrar los casos, la ley regula sanciones que van desde una multa hasta una denuncia en la Fiscalía. Contreras no ha informado qué acciones tomó en el caso.
