El reportaje con el que abrimos El Faro esta semana da cuenta de informes preparados por autoridades nacionales sobre un cartel de narcotráfico que controla en El Salvador una de las rutas de la cocaína en su paso por el istmo centroamericano. Se trata de una organización compuesta por empresarios, políticos, alcaldes, jueces, pandilleros y policías de cuya existencia nosotros sabemos hasta hoy, pero que las autoridades saben desde hace una década. El cartel de Texistepeque ha sido investigado en tres gobiernos distintos y hasta hoy nadie ha sido capaz de detener su actividad ilícita.
Los informes policiales y de inteligencia en que se basa la información publicada dan cuenta, en primer lugar, de que hay buenos policías y buenos informantes que han dado seguimiento a esta banda desde hace muchos años; pero en segundo lugar dan cuenta, también, de la incapacidad del sistema de seguridad y justicia para detenerlos y del involucramiento de autoridades en este tipo de actividades.
Algunas fuentes policiales aseguran que no han procedido contra la banda porque temen que la fiscalía y los jueces frustren el caso y les dejen en libertad; y eso, a la vista de muchos casos denunciados en este y otros medios, tiene sustento.
Por eso esta publicación eleva algunas preguntas que deberán responder las autoridades de seguridad pública, incluyendo a la fiscalía y al poder judicial: ¿por qué nadie hace nada, si saben de las actividades de esta banda? ¿por qué la policía no ha depurado a los involucrados? ¿por qué los partidos políticos mantienen a estas personas en sus filas? ¿por qué la fiscalía no actúa, aunque desde 2001 recibió informes de la DEA que consignaban estas operaciones? ¿Y por qué la Corte Suprema, con tal evidencia de jueces corruptos, no lleva a cabo una depuración a fondo?
El Estado debe responder a estas interrogantes, y lo debe hacer de manera contundente, mediante acciones que permitan limpiar las instituciones de corrupción y crimen organizado.
Vivimos hoy un momento crucial para detener el avance de los carteles en El Salvador, pero ello requiere de un sistema capaz de sanearse y trabajar coordinadamente contra la amenaza.
El llamado Cártel de Texis ilustra la parálisis del Estado frente al crimen organizado. Pero ya no hay tiempo para continuar sin acciones. Si no se actúa ahora, pronto el crimen organizado nos dejará sin Estado. Sin que nos demos cuenta.
