Un nuevo intento de aumentar los ingresos fiscales para atender uno de los problemas claves del país se vuelve a encontrar con una nueva negativa del gran sector empresarial. Ante la propuesta del Ejecutivo de un impuesto para la seguridad, esa empresa privada presenta los mismos argumentos anteriores, aunque esta vez como es un impuesto para un uso especifico que es prioridad nacional y que lo pagarán solo los de mayor ingreso, los argumentos se reducen y matizan. Esa posición hace clara la falta de solidaridad y de visión de país de la gran empresa y una ceguera de corto plazo aun en la defensa de sus propios intereses. En esa argumentación la acompañan las fuerzas que tradicionalmente lo han hecho, el partido Arena, los medios de comunicación tradicionales, y sus ONG y columnistas.
El Ejecutivo presentó ante el país la propuesta de un impuesto para la seguridad que gravaría las ganancias líquidas de las empresas y personas más grandes del país, unas 2,400 en total. El diseño del impuesto parte de la acumulación de la riqueza que existe en el país y el impacto mayor que la violencia y el crimen han tenido sobre los más pobres y, por tanto, se basa en los principios que los que más tienen deberían pagar más y que los más pobres ya pagaron un costo elevado.
El impuesto traería al Estado unos $120 millones anuales adicionales, o sea a cada uno de los afectados les tocaría pagar, en promedio, unos $50 mil por año. El impuesto se aplicaría por un plazo limitado de 3 años y se usaría exclusivamente para combatir el crimen organizado y la violencia. El estado salvadoreño copia la idea y basa su propuesta en la experiencia de Colombia, la cual ha tenido un impacto positivo en esos objetivos.
La racionalidad para un impuesto nacional y la mayor intervención del estado se basa en varios argumentos. Los costos de la violencia para el país son mucho más altos, unos $2,000 millones al año, sin mencionar los otros costos que son también muy elevados. Todas las fuerzas vivas del país, incluyendo la empresa privada, han reconocido que el problema de la violencia y el crimen organizado requieren una solución integral, una solución a nivel nacional que incluye trabajar con las instituciones que combaten el crimen y las que combaten la pobreza. Muchas de esas tareas se deben hacer a nivel de comunidades y con su participación y la del Estado. Las soluciones parciales e individuales, como es la de llenarse cada vez de más seguridad personal, o aplicar una mano dura o súper dura, no solucionarán el problema.
Ante la propuesta del Ejecutivo la gran empresa privada presenta los argumentos con los que ha reaccionado ante otros impuestos: antes de poner el impuesto debemos saber qué se hará con la plata, no es este el momento de poner más impuestos, más impuestos ahora pueden reducir los empleos, necesitamos mayor transparencia, primero pongámonos de acuerdo. Ante este impuesto, solo para los con mayores ganancias, los más conservadores llegan incluso a alegar que con él se acentuará la división de clases.
El Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno, las propuestas para un nuevo modelo de desarrollo del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD para El Salvador y la estrategia de seguridad para Centroamérica que el SICA presentará en la próxima reunión de donantes a celebrarse en Guatemala el próximo mes, detallan lo que se haría con la plata que vendría de ese impuesto. Los ingresos provenientes de esa fuente no serán suficientes pero son un aporte necesario, que además demuestra que como país estamos dispuestos a poner nuestra parte.
Por el contrario de lo que alega la gran empresa privada, este es el momento de contribuir a la lucha contra la violencia. La necesidad es obvia y nunca ha sido mayor. Los ingresos fiscales son bajos debido principalmente a la crisis financiera internacional, a menor actividad económica, menos ingresos tributarios, por la que la necesidad de nuevos ingresos es clara. Es necesario quebrar el círculo vicioso de falta de empleo y pobreza que sirve de base para mayor violencia, poniendo recursos para combatir las causas. Varios otros países y donantes están dispuestos a apoyarnos en esta lucha, pero requieren que nosotros pongamos nuestra parte.
Se trata de un impuesto a empresas (2,000) y personas (400) cuyas ganancias anuales son lo suficientemente grandes como para calificar, por lo tanto, $50 mil al año no les significa mucho. Definitivamente no es un costo que les pondrá en peligro su negocio o les hará cambiar su modo de vida. El impuesto no afectará significativamente a ninguno de esos negocios o sus empleos, pero sí ayudará a crear un mejor clima de negocios para ellos y construir un mejor país.
Por primera vez en la historia del país se dan pasos desde el Estado para una mayor transparencia (crear la subsecretaria, la separación de poderes, la ley de Transparencia). Falta mucho camino por recorrer, en este y otros campos del accionar del Estado, pero el aparato jurídico e institucional básico esta. Esperar a la perfección en el accionar del estado para enfrentar el problema de la violencia no hace sentido.
El Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo son algunos de los esfuerzos realizados a nivel nacional para buscar consensos tanto para una estrategia de seguridad como para un pacto fiscal. En ellos no ha sido tan difícil ponerse de acuerdo en las necesidades, prioridades e incluso en las soluciones; lo que no camina es el consenso en la forma de pagar por esos planes. Siempre el obstáculo para ello ha sido la gran empresa privada y sus voceros, a ellos les es difícil reconocer el principio básico de equidad de que cada quien debe aportar de acuerdo a sus medios. Ello, más que cualquier otra cosa, acentúa la división de clases.
¿Si los argumentos de la gran empresa salvadoreña no son válidos, por qué toman ellos esa posición? ¿Será que la política y una ideología contraria al cambio, en vez de los principios y los intereses de país, es lo que impulsa ese accionar? J.P. Morgan, en su último informe sobre El Salvador, dice que “La política, y no los principios, son los que dirigen el crédito en el país”, y que “el crecimiento fiscal y su consolidación son necesarios”. Si este es el caso, el Ejecutivo y los diputados deberían aprobar el impuesto y hacer prevalecer el bien común, esperando que la empresa privada, como en Colombia, con el pasar del tiempo entienda que ello es necesario, bueno para el país y bueno para la empresa privada.
