Parte I: Los informes y los informantes
El viejo motor del pick up parece quejarse de la carga de más de una docena de costales blancos apiñados en la estrecha cama del vehículo. Harina Maseca, dice la viñeta de cada saco. Es el primero de dos vehículos que cruzan por un angosto puente de cemento, a través de la línea divisoria entre Honduras y El Salvador, en una frontera donde no hay retenes ni preguntas.
—¿Y no van a revisar? ¡Revisen! —reclama a dos soldados un visitante en esa zona, un policía vestido de civil que sorprende a los únicos vigías del tránsito en ese punto.
Los soldados defienden su indiferencia:
—Son muchos carros y gentes. No podemos revisar uno por uno —dice uno de los militares, en voz baja, como aceptando el regaño.
Ese punto se llama San Fernando, un municipio mínimo y pobre de Chalatenango que por núcleo urbano tiene un puñado de casas, una iglesia, un comedor, una escuelita y ningún puesto policial. El papel de policías y agentes aduaneros lo hacen dos hombres bajitos vestidos de verde olivo y cachucha. Cada uno carga un fusil M-16 y una sonrisa con la que reciben a los visitantes. Saludan el paso de cada carro a la entrada del pueblo. Sin preguntas ni trámites.
—No hay ni un policía, y de noche es más fácil transitar —dice el agente policial que sorprendió a los militares del Comando Sumpul, fuerza del ejército que tiene la misión de cuidar los puntos ciegos en las froteras salvadoreñas.
Los soldados regañados están acostumbrados a ver pasar libremente camiones, pick ups y todo tipo de vehículos.
San Fernando es una puerta abierta de par en par, por donde igual que sale libremente gente y mercadería hacia Honduras, entra libremente gente y mercadería desde Honduras. En la frontera de San Fernando rara vez revisan si productos como los sacos de Maseca contienen en realidad lo que su etiqueta anuncia. Ahí circulan camiones cargados con mercadería, niños hondureños que llegan a San Fernando a estudiar, armas de fuego, sacos con harina y otros sacos que también contienen un polvo blanco, aunque se trata de una sustancia muy distinta: cocaína. San Fernando es el inicio de la ruta salvadoreña por la que transita parte de la cocaína proveniente de Suramérica en camino hacia Estados Unidos.
Es ahí donde, según tres distintos informes de inteligencia que sirvieron de base a esta investigación, empiezan los territorios de “Chepe Diablo”, el señor de la droga de occidente, jefe de uno de los cárteles más grandes del país y uno de los más acaudalados de los narcos en el norte del departamento de Santa Ana. “Chepe Diablo”, según la Inteligencia Policial y varios funcionarios del gabinete de seguridad, es uno de los tres fundadores del Cártel de Texis y se llama José Adán Salazar Umaña.
Salazar Umaña es un campechano salvadoreño de 62 años conocido en cuatro mundillos sociales: los empresarios del sector turismo lo conocen como hotelero; las personas del sector futbolístico lo conocen como el mecenas del equipo de fútbol de primera división Metapán y como presidente de la primera división del fútbol salvadoreño; en el sector ganadero se le conoce como un prominente ganadero, y en el sector de seguridad pública e informes secretos del Estado se le describe como “empresario, ganadero y narcotraficante”.
La Policía, el ejército y la Fiscalía saben de Chepe Diablo. Los informes de inteligencia obtenidos en esta investigación dicen con claridad que es uno de los jefes del cártel que controla esa ruta que inicia en San Fernando. El camino corre hacia el sur hasta Dulce Nombre de María, donde vira hacia el occidente, pasa por Nueva Concepción y llega al municipio de Metapán, en la esquina superior izquierda del mapa salvadoreño, y que es fronterizo con Guatemala. Este recorrido que hace la droga es un camino que en estos días está cerca de lograr un ascenso con la apertura de una autopista, la carretera Longitudinal del Norte. Los policías que investigan a Salazar y a su grupo llaman a la zona de operación del cártel La Ruta Norteña de la Cocaína o El Caminito.
El informe con el que inició la investigación tiene fecha del 22 de marzo de 2000, y El Faro lo obtuvo en diciembre del año pasado. Contiene datos obtenidos por investigadores policiales y está titulado “Caso Metapán”, número 003/00. En el transcurso del reporteo se sumaron otros documentos realizados entre 2008 y el presente año. Las pesquisas abarcan ya tres períodos presidenciales: las de Francisco Flores y Antonio Saca, de Arena, y la de Mauricio Funes, del FMLN. Las investigaciones policiales han sido realizadas bajo la dirección de cinco directores de la PNC: Mauricio Sandoval, Ricardo Menesses, Rodrigo Ávila, Francisco Rovira, José Luis Tobar Prieto y Carlos Ascencio.
La droga que pasa por San Fernando proviene en su mayoría de las costas del Atlántico hondureño y llega a Honduras por dos lugares principales. Por mar, las lanchas rápidas provenientes de Colombia atraviesan el abandonado Caribe nicaragüense haciendo breves escalas hasta trepar hacia el departamento hondureño y fronterizo de Gracias a Dios. Por aire, las avionetas descienden en el selvático departamento hondureño de Olancho o en la frontera entre ambos países marcada por el río Coco. La droga se abre rutas cortando la zona central hondureña hasta llegar al departamento de Ocotepeque, frontera con El Salvador, frontera con Chalatenango, frontera con San Fernando.
San Fernando es el punto de relevo donde los hondureños entregan la estafeta a los salvadoreños, en una carrera que dirigen los colombianos y mexicanos. Una autopista que mueve millones de dólares en ganancias para sus controladores disfrazados de empresarios, ganaderos, alcaldes, policías, pandilleros, coyotes y diputados. Cada uno juega un papel: los policías comprados por el narco custodian y transportan la droga, quitan retenes, avisan de operativos; los alcaldes dan permisos de construcción, formalizan los negocios, son informantes privilegiados y, en un caso, hasta líder del grupo; los pandilleros matan y trafican en mercados locales; los diputados dan acceso a las altas esferas del poder; y algunos jueces y fiscales se encargan de que cualquier intento de judicialización quede bloqueado por el peso de la burocracia más detallista.
¿Y cuánto dinero maneja Chepe Diablo? En los últimos cinco años ha declarado ingresos que suman más de 30 millones de dólares. Solo en el año insigne de la crisis financiera internacional, el 2008, José Adán Salazar Umaña reportó al fisco más de 9 millones de dólares en ingresos por actividades comerciales.
La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito calcula que por Centroamérica cruzan anualmente entre 500 y 600 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, al menos desde 2006. La administración antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional Civil han asegurado en medios internacionales y directamente a este periódico que por El Caminito circula un gran porcentaje de la cocaína que pasa por El Salvador, que es la ruta de moda, la principal vía de abastecimiento para los cárteles de Guatemala.
Los narcos del Cártel de Texis trabajan como agentes libres en el mercado internacional de la cocaína: surten al Cártel del Golfo como pueden surtir al Cártel de Sinaloa o como pueden servir a Los Zetas... Quien paga obtiene sus servicios y tiene vía libre por El Caminito, que termina en la frontera salvadoreña de Santa Ana con el departamento guatemalteco de Jutiapa, conocido bastión de narcotraficantes de ese país.
Durante cuatro meses de investigación, El Faro recorrió El Caminito y habló con policías, militares, alcaldes, ministros, comisionados policiales, fuentes de inteligencia e investigadores que han trabajado para la DEA. Estos son los resultados y las pruebas. Estas son las voces que muchas veces pidieron anonimato y todas conocen del Cártel de Texis y saben de Chepe Diablo y sus socios.
—El camino que empezamos reparte dinero. ¿Vieron a esos dos soldados? —nos pregunta El Detective, una de las fuentes claves que nos guiaron.
El Detective es un investigador policial que ha participado en operativos antidrogas en colaboración con agencias como la DEA, de la que es uno de sus principales proveedores de información. Le respondemos que sí vimos a esos dos soldados.
—Ellos se conforman con nada: un plato de comida, 10 dólares…
—Estamos sorprendidos, por aquí podría pasar lo que sea y a cualquier hora.
—Es un chorro abierto. ¿Vio esos costales de harina? Cocaína pudo ser y nadie preguntó nada.
La primera pista del Cártel de Texis nos llegó en diciembre de 2010. Un hombre de confianza del ex presidente Antonio Saca se nos acercó para darnos información de lo que llamó “un caso grueso” que nunca ha sido resuelto por las autoridades.
—Esto no es nuevo, es un archivo que tienen la DEA, la PNC, la misma Fiscalía. Pregunten por su cuenta y van a ver que no estoy mintiendo –dijo.
—¿Y Saca supo de esto? —preguntamos.
—Ja, ja, ja, todo el mundo sabe de esto, son la competencia de Los Perrones.
Los Perrones son esa banda a la que la Policía comenzó a investigar en 2003 y que terminó desbaratando en 2008. Cuando las autoridades empezaron a seguirle la pista a los narcos del oriente del país, ya tenían al menos dos años de estar siguiendo la pista del Cártel de Texis.
La teoría que este contacto nos expuso aquel 15 de diciembre en una cafetería era que el crecimiento del Cártel de Texis y su profesionalización durante los últimos 10 años era tal que judicializarlo es un reto casi imposible para esta Policía, que no encuentra en la Fiscalía un aliado firme.
—Hasta que afecte muchos intereses de los gringos, hasta entonces va a haber movimientos –predijo.
Ese Primer Informe tenía 60 páginas con mapas de pistas de aterrizaje clandestinas, las fichas con datos generales de los principales miembros del cártel y los croquis con la ubicación de los negocios de las personas investigadas.
Ese Primer Informe incluía la mención de los principales socios de Chepe Diablo: Juan Umaña Samayoa, alcalde del municipio de Metapán, político prominente del derechista Partido de Conciliación Nacional (PCN); y Roberto Antonio Herrera, alias El Burro, ex presidente de la Feria Ganadera de Santa Ana, a quien el FBI y la DEA tienen en la mira desde hace al menos cinco años.
A principios de febrero de 2011, cuando la desconfianza en un informe que ni siquiera mostraba autoría alguna empezó a transformarse en certezas y pistas concretas, un prominente funcionario de la Policía nos confirmó que José Adán Salazar Umaña, Roberto Antonio Herrera y el alcalde de Metapán dirigen actividades delictivas. Dijo que según la Policía ese informe era cierto, y que hasta se quedaba corto en cuanto a la amplitud de la red. Lo dijo un comisionado policial a quien llamaremos así, El Comisionado.
Pasaron las semanas y un día El Comisionado se presentó con un folio bajo el brazo. Nos entregó el Segundo Informe, uno elaborado por la inteligencia policial, uno con autoría que confirmaba lo escrito en el Primer Informe y entraba en mayores detalles sobre los miembros de la red y las maneras de operar.
Pasaron los días y siguieron las conversaciones hasta un día cuando El Comisionado llegó acompañado de un hombre vestido de particular. Ese día, El Comisionado nos presentó a El Detective.
—Él sabe del tema que ustedes quieren investigar, es confiable y anda en el terreno —nos dijo, para presentarnos.
El Detective, desde esa primera reunión, empezó a comentar con detalle la función de cada miembro de este cártel oculto, nos dimensionó su tamaño y le puso una voz a los informes.
—Miren, todos estos narcos tienen un administrador general, hay más gente arriba. En occidente están estos. Ahora, cada uno tiene una red de personas. Detrás de cada cabeza hay una red de familiares, gente de confianza. Solo Chepe Diablo tiene más de 50 personas, y cada persona tiene a otras personas, él ya no se mancha las manos.
Aunque la Policía, como institución, se rehusaba a colaborar con nuestra investigación, nuestros informantes decidieron dar luz verde a abrirse ante nuestras preguntas y solicitudes de información, pero pronto se hizo necesario encontrar otras fuentes. No podíamos correr el riesgo de que el Primer Informe fuera también policial y tuviéramos un caso basado solo en información de una fuente. Sin embargo, hablar era muy difícil para los funcionarios a los que nos dirigimos. El de José Adán Salazar Umaña es un nombre del que oíamos hablar a todas las fuentes, pero que sigue libre a pesar de años de investigación. Es un narco muy bien protegido, decían. ¿Qué gano yo con hablar?, parecían preguntarse, porque la actitud de muchos que callaron era la de alguien que tiene aquello en la punta de la lengua, pero cierra la boca y se guarda el verbo.
Un buen día, otra de nuestras fuentes claves, a quien llamaremos El Funcionario, decidió escucharnos y colaboró a lo largo de toda la investigación. Es uno de los altos mandos en cuestiones de seguridad en este gobierno, un hombre de confianza del presidente Mauricio Funes.
La primera reunión funcionó como se había pactado: solo nosotros y él, nada de grabadoras. Mencionamos a José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, y El Funcionario asentía; mencionamos a Juan Samayoa, alcalde de Metapán, y a Roberto “El Burro” Herrera, como principales socios, y volvía a asentir; el Cártel de Texis, el Cártel de Chepe Diablo, el Cártel de El Caminito, la Ruta Norteña, y El Funcionario asentía. Asentía, asentía, asentía…
—Me suena —dijo, finalmente, con naturalidad, sin exaltaciones—, todo esto me suena. Déjenme averiguar un poco más. Veámonos la otra semana.
Durante esa semana hicimos un intento con un jefe policial que, tras escuchar nuestra exposición, decidió guardarse el verbo. La semana pasó y llegamos ante El Funcionario, quien tenía en sus manos unas hojas de papel engrapadas.
—Entonces, ¿obtuvo algo de información?
—Sí, está aquí —contestó, dando un golpecito con el dedo índice al legajo, y luego volvió a callar.
—¿Y qué dice ahí?
Continuó en silencio unos segundos más. Puso los folios sobre la mesa, colocó su celular sobre las páginas y nos miró.
—¿Ustedes saben en lo que se están metiendo? —preguntó, con gesto serio—. Aquí tengo una información, pero quiero saber si saben en lo que se están metiendo, porque esta gente manda matar… así funcionan. Si te metés con ellos, ellos se meten contigo. No es ninguna broma.
Le contestamos que sí. Le contamos que esa frase, con otras palabras, la veníamos escuchando desde hacía semanas. Levantó el celular, abrió las páginas y nos leyó generalidades.
—Operan en la conocida como la Ruta Norteña… tienen conexiones internacionales con Guatemala, Honduras y México… la Policía de Metapán los protege… su forma de protección también es a través del sicariato…
Aclaró que no podía entregarnos el documento. Insistimos tanto que al final logramos un pacto. El Funcionario prepararía un informe basado en las preguntas que le hiciéramos llegar.
—Máximo nueve preguntas —nos advirtió. Nosotros le hicimos llegar 13, esperanzados en que se animara a responderlas todas.
Semanas después, El Funcionario nos entregó sus respuestas. Fue la primera vez que hablamos del Informe Secreto, que es como membretó el documento.
Durante aquellos días empezamos a ver más a El Detective. Logramos al menos cinco reuniones con él. El Detective no ve hechos aislados, sino tramas complejas que normalmente terminan con el nombre y apellido de un político o empresario del país.
—Haciéndola de abogados del diablo, ¿de dónde sacan este tipo de información? —le preguntamos durante una de nuestras últimas reuniones.
—Les cuento algo: hasta el año pasado teníamos a un informante que le conducía el carro a uno de los más importantes delincuentes de este país, uno de los cerebros de lavado de dinero… no les puedo decir más.
La Policía tiene detectives que poco pasan encerrados en oficinas. Es una red de más de 400 informantes repartidos en todo el país que mira, oye y sigue a personas fichadas por la PNC o por la DEA, pues a menudo ambas instituciones trabajan de la mano.
Así nacen los informes que llegaron a nuestras manos. El Primero y el Segundo Informe coincidieron en una cosa: en quiénes son los principales y más activos miembros del Cártel de Texis. Chepe Diablo, el Alcalde de Metapán y El Burro se repiten. Los informes tienen fotos de ellos juntos, en fiestas, en jaripeos… También revelan que mantienen una relación cercana, que se comunican y coordinan operaciones.
¿Qué tipo de operaciones coordinan los líderes del cártel? Los informes ejemplifican con hechos. La noche del sábado 8 de mayo de 2010, por ejemplo, José Adán Salazar Umaña mantuvo una reunión en uno de sus seis hoteles. La cita fue en el hotel Tolteka, ubicado en la entrada al departamento de Santa Ana. Llegó en un carro todoterreno. En la cita estuvieron Roberto Herrera, El Burro; un abogado al que la Policía y el cártel conocen como El Sapo, y otro miembro del cártel al que apodan El Men, quien había llegado en representación de un especialista en lavado de dinero y a quien vigilan y persiguen la Policía y la DEA.
El Detective comentó que en la reunión, Chepe Diablo recomendó a los principales miembros de la organización evitar la portación de armas de fuego. Argumentó que no era conveniente, que lo mejor era comprar protección de la PNC y del ejército. Para hacer efectiva la recomendación propuso con urgencia la creación de un fondo especial para el pago de sobornos a jefes policiales y oficiales militares.
Los espías habían realizado bien su trabajo. El Burro, por ejemplo, es un hombre al que la Policía le tiene un récord de siete antecedentes penales en El Salvador, entre lesiones menos graves, estafa y portación, tenencia y conducción de armas de guerra. Este salvadoreño también tiene nacionalidad estadounidense. En ese país, en California y Texas, fue detenido siete veces por portación de armas, intento de robo, posesión de vehículo robado, asalto agravado con arma, por lo que fue condenado a cinco años de libertad condicional y pago de una multa de 500 dólares.
El martes 18 de enero de este año a las 6:42 de la tarde, un fax etiquetado como “URGENTE” llegó a las oficinas de Interpol en San Salvador. El mensaje explicaba que dos agencias federales de los Estados Unidos buscaban a El Burro. Una de ellas, decía el texto, no pediría la extradición y la otra aún no confirmaba si lo haría. Por eso, la Interpol con sede en Washington solicitaba: “Favor de avisarnos si su país tiene la ubicación sobre el precitado con fines de detenerlo si la respuesta de la segunda agencia es afirmativa”.
Un mes después, agentes policiales salvadoreños lo persiguieron y lo retuvieron. Al día siguiente, La Prensa Gráfica reportó el hecho en su portada: “Capturan a presunto narco de occidente”. Sin embargo, la captura fue más una retención de horas. Hubo una confusión entre los agentes salvadoreños y la Interpol de Washington. Finalmente, ninguna de las dos agencias federales de Estados Unidos solicitó la extradición, por lo que no hubo argumentos para mantener detenido a El Burro.
Sus seguidores policiales en El Salvador concluyeron en 2010 un informe exclusivo sobre El Burro, que asegura que en El Salvador tiene contactos al más alto nivel. Para muestra, anécdotas: entre enero y febrero de 2010, los investigadores reportaron haberlo visto en una reunión en su hacienda El Rosario, de Santa Ana. Lo acompañaba el comisionado policial Fritz Gerard Dennery Martínez, jefe de la División Antinarcóticos del país. Ahí se reunieron con personas de Guatemala y México. A tres de estas personas, luego se les comprobó su pertenencia al cártel mexicano de Los Zetas. Un informe anexo que fue realizado para la administración actual del Ministerio de Seguridad y Justicia consigna con más contundencia cómo participa este alto funcionario.
“Está involucrado con la estructura de narcotraficantes que opera en occidente… Es señalado por varios testigos de recibir grandes sumas de dinero en efectivo y vehículos. También le proporciona información y despeja rutas de tráfico del occidente salvadoreño a la estructura. Ha participado en varias reuniones con El Burro y otros narcos del occidente en la Hacienda El Rosario, ubicada en la calle de Texis a Metapán”, dice el documento.
De todos los policías vinculados por los documentos al Cártel de Texis, este fue el único que puso a dudar a dos altos jefes policiales consultados. A pesar de que dijeron no tener conocimiento de sus reuniones en El Rosario, ambos justificaron a Martínez, asegurando que es uno de los hombres clave en la lucha contra el narcotráfico en el occidente del país.
El Primer Informe explica que El Burro y sus aliados operan redes numerosas. Por ejemplo, menciona que José Adán Salazar Umaña tiene al menos 41 personas y 19 vehículos en su red de distribución de cocaína tanto a nivel nacional como internacional. También explica que esa red opera en cinco zonas del país: Metapán, Ciudad Merliot, Centro Penal de Apanteos, Centro Penal La Esperanza (Mariona) y Apopa. Dicho informe tiene el número de placas de cada vehículo, el número de identificación tributaria (NIT) y el nombre de cada una de las personas de la red. A nivel internacional, los dos informes coinciden, al igual que El Detective y El Comisionado, en que el Cártel de Texis encaja como organización libre en el tráfico latinoamericano de cocaína. No son lugartenientes de los poderosos mexicanos ni de los colombianos que resurgen luego de sus años de crisis. Son empleados de quien pague. Pasan la mercancía de quien tenga el dinero.
La ruta que inicia en San Fernando es el eslabón más importante que El Salvador aporta a todo el tránsito latinoamericano de la cocaína que viaja hacia Estados Unidos.
Los informes van desde lo grueso hasta lo particular. Por ejemplo, un anexo del Segundo Informe incluye el tipo de funciones que realiza El Burro dentro de la organización. Dice el anexo: “El 12 de junio de 2009, El Burro coordinó el envío de 40 miembros de la pandilla MS a recibir adiestramiento de tipo militar de parte del “Grupo Los Z” en la zona conocida como La Laguna del Tigre, jurisdicción del departamento del Petén, Guatemala; de estos 40 pandilleros, 12 eran de nacionalidad salvadoreña; el resto, hondureños y guatemaltecos”.
La información sobre la supuesta relación de pandilleros y Zetas en aquella laguna guatemalteca apareció publicada en medios nacionales, e incluso en algunos extranjeros como la BBC.
El 14 de julio de 2010, espías policiales siguieron a El Burro hasta el restaurante Lover’s Steak House, de Santa Ana, y lo que ahí escucharon lo escribieron en el informe de 45 páginas que está dedicado a este personaje y sus conexiones. Ahí se reunió con tres comensales: el comisionado policial Víctor Manuel Rodríguez Peraza, jefe de la Delegación de Santa Ana; la subinspectora Nataly Pérez Rodríguez y la ex gobernadora departamental Patricia Costa de Rodríguez. Ella fue diputada suplente por el partido de derechas Arena pero terminó el período 2006-2009 en el de izquierdas FMLN. En marzo de este año abandonó el cargo de gobernadora para ser candidata a alcaldesa de Santa Ana por Arena. En la reunión, El Burro habló de los problemas que el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, jefe regional de occidente, estaba poniendo al no querer colaborar con la estructura de tráfico de cocaína y ganado. Dos altos mandos policiales que no participaron en la elaboración de este documento aseguraron que conocen de la colaboración de la ex gobernadora con la estructura. El documento cita que la ex funcionaria se ofreció para negociar el traslado de Arriaza Chicas.
—Se está poniendo pendejo, hay que buscar la forma de apartarlo –sentenció El Burro.
También menciona el documento que en otra reunión fechada el 25 de julio de 2010, pocos días después de la anterior, esta vez en el restaurante El Ganadero, en la Feria Ganadera de Santa Ana, El Burro entregó al comisionado Peraza y a la subinspectora Pérez Rodríguez “un rollo de billetes”.
Los informes, confirmados por las voces policiales que nos guiaron, ubican a El Burro como un hombre de contactos al más alto nivel dentro de la Policía. Y no solo se refieren a contactos recientes, como el Comisionado antes mencionado, que había sido nombrado en el cargo apenas cinco meses antes de que, como se consigna, El Burro le entregara el rollo de billetes.
“Cuando José Luis Tobar Prieto fue director de la Policía, El Burro lo utilizaba como enlace de algunas actividades”, dice el informe anexo que detalla las conexiones del Burro. Tobar Prieto fue director de la PNC hasta mediados de 2009.
En el otro informe policial anexo, el que fue realizado para las jefaturas del Ministerio de Seguridad y Justicia, Tobar Prieto vuelve a aparecer como alguien que se vinculó con estructuras del narcotráfico y en actividades de lavado de dinero mientras fue director de la institución.
El Primero y el Segundo Informe crecieron cuando nuestras fuentes agregaron más comunicaciones oficiales de la Policía a esos archivos. Ambos son ricos en especificaciones, pero dejaban ciertos vacíos que solo las respuestas a las 13 preguntas que hicimos a El Funcionario podían respondernos en aquel momento.
Desde la última cita con El Funcionario habían pasado dos semanas. Él había prometido pensar, decidir si contestaría a nuestras preguntas, y fuimos a escuchar su decisión. Esperamos media hora hasta que alguien nos avisó que El Funcionario estaba ocupado en una reunión, pero que quería decirnos algo, que entráramos a su despacho. No nos dejó pronunciar ni una palabra. Estaba realmente apurado.
—Miren, yo ya les advertí, ustedes sabrán en qué se meten. No les puedo dar el documento, pero tienen media hora para sacar de él toda la información que puedan –dijo, y acto seguido lanzó sobre una mesa el documento membretado en cada una de sus páginas con la inscripción “Secreto”. Por primera vez tuvimos para nosotros un informe no policial, el Informe Secreto, proveniente de una de las instituciones del gabinete de Seguridad, que contestaba con datos de inteligencia a 13 preguntas que realizamos, y que van desde quiénes son los hombres de confianza de Chepe Diablo hasta qué funcionarios lo respaldan y cuál es su sistema de almacenaje y transporte de la cocaína.
Al salir del despacho de El Funcionario tuvimos, por primera vez, los tres informes que son la base de esta investigación. Los analizamos, los comparamos y obtuvimos rutas respaldadas por mapas, coincidencia de nombres de policías, diputados y alcaldes, vínculos con asesinatos y pandilleros. Luego corroboramos toda la información al recorrer dos veces El Caminito y otras zonas del país, lo que nos permitió conversar con militares de terreno, ex policías frustrados por las dinámicas fronterizas de la corporación e inspectores de Hacienda. Asimismo, estudiamos registros mercantiles, declaraciones de renta incluidas en los informes y órdenes de captura internacionales.
Los señalados como cabecillas del cártel son empresarios metidos en el mercado de los granos, en la ganadería, dirigentes del fútbol, dueños de hoteles… Este último negocio, el de los hoteles, hizo brillar a Chepe Diablo. Fue por ese lado que un fiscal empezó a notar su bonanza financiera y a sospechar. Este ex fiscal de la Unidad de Delitos Financieros supo de José Adán Salazar desde 2003.
—Es un señor que parece un contador, su oficina estaba en el sótano del hotel Capital, en San Salvador. Sus hoteles nunca han estado llenos, y esa es una forma muy conocida de lavar dinero, dedicarse a servicios que nadie puede comprobar —nos dijo el ex fiscal.
—¿Pero formalmente no estaba siendo investigado? –indagamos.
—Les explico: siempre ha sido sospechoso de lavar dinero, pero les mentiría si les digo que alguien trabajó como se debe este caso, pues para eso hay que tener luz verde. Procesarlo es otra cosa.
Parte II: Las cuentas sospechosas
La historia empresarial de José Adán Salazar Umaña comenzó en 1990. Según el Registro de Comercio, ese año Inversiones Salazar debutó en “la compra de cartera e inversión financiera”. Era una empresa familiar: los otros dos accionistas eran su esposa, Sara Paz Martínez Bojórquez, y su hermano Marcos Francisco Salazar Umaña, que ahora es diputado suplente del partido Arena por el departamento de Santa Ana.
La empresa dejó de reportar operaciones al Centro Nacional de Registros (CNR), en 1995, el mismo año que tuvo problemas para cobrar unos cheques sin provisión de fondos. Inversiones Salazar tenía activos por 49 mil dólares y alguien le había pagado deudas por 33 mil 535 dólares que en el balance general de la compañía fueron clasificados como “estimación para cuentas por cobrar de dudosa recuperación”. Desde entonces, ya no reportó actividades al CNR.
Un año después, en 1996, Salazar Umaña regresó al CNR a fundar otra empresa: Hoteles San José. En septiembre de 2004, se le unió una segunda empresa, llamada Servicios Turísticos.
En el Registro de Comercio, en las dos compañías aparece como socio de Salazar Umaña su hijo, José Adán Salazar Martínez. Mencionar a esas dos empresas es hablar de seis hoteles. Hotel Capital, en San Salvador; Hotel Pacific Sunrise, en el Puerto de La Libertad; Hotel Tolteka, en Santa Ana; Hotel San José, en Metapán; Hotel Bahía Dorada, en La Paz, y Hotel Sevilla, en Usulután.
Salazar Umaña dice que el éxito de sus negocios ha sido producto de la buena fortuna. “El hotel San José, en Metapán, fue un éxito financiero, gracias a un golpe de suerte ya que en pocos años había recobrado la inversión y todavía me quedó un poquito de ganancia, entonces me gustó y comencé a buscar créditos para un segundo proyecto: el Hotel Capital”, declaró al periódico santaneco El País, en julio de 2009.
Para llegar a ese éxito, Hotesa tuvo que endeudarse. El balance general de 1996 consigna que la empresa le debía a su mismo dueño, José Adán Salazar Umaña, 285 mil 700 dólares (2.5 millones de colones) por el terreno y el edificio del hotel metapaneco. Dos años después, la deuda ya no era con Chepe Diablo. Según el balance general de 1998, Hotesa adquirió un préstamo con la banca por 514 mil 67 dólares que le concedió el Banco Desarrollo.
Esas no son las únicas empresas de Salazar Umaña. Él también tiene participación en otras tres sociedades: Salazar Espinoza, S.A de C.V., Agroindustrias Gumarsal y Servicios Logísticos, según un informe de inteligencia policial titulado “situación fiscal” que coincide con los datos del Centro Nacional de Registro. Según la escritura de constitución, Servicios Logísticos se formó para dedicarse a 'actividades relacionadas al transporte'. Uno de los fundadores es el diputado suplente Marcos Francisco Salazar Umaña, pero esa sociedad nunca reportó actividades empresariales al Registro de Comercio.
Pero no fueron ni sus seis empresas ni sus 14 propiedades inmuebles ni sus 35 vehículos -26 de ellos ya traspasados- los que despertaron las sospechas de la DEA. En una carpeta de investigación esa agencia estadounidense envió a la Fiscalía en 2001, se mencionaba a Salazar como sospechoso de lavado de dinero y narcotráfico, una acusación que salpicaba a una empresa constructora de su primo, Salazar Romero, S.A. de C.V., en la cual Chepe Diablo aparentemente no mete mano.
Otro ex fiscal, que trabajaba en el área antinarcóticos, conoció esas investigaciones.
—La DEA hizo su propia investigación. El problema era que algunas diligencias las revelaban a la Fiscalía y otras no. Recuerdo que en este caso ellos tenían una buena fuente de información, un informante, y en realidad no sé por qué nunca reventaron el caso.
El documento que el ex fiscal citó incluía las sospechas de la DEA sobre la constructora, que pertenece a familiares cercanos de Chepe Diablo. La compañía fue creada el 22 de abril de 1994 por José Raúl Salazar Landaverde. Su socio y representante legal de la empresa es su hermano Carmen Salazar, ex alcalde de Metapán por el partido Arena desde 1988 hasta 1994. Ambos son primos de Chepe Diablo.
Cuando la DEA incluyó esta empresa en la carpeta de investigación que remitió a la Fiscalía, sospechaba que podía haber lavado de dinero.
Otro que tiene sus propias empresas y que en el Primer Informe aparece como socio de Chepe Diablo es Juan Umaña Samayoa, alcalde pecenista de Metapán. Este ha invertido en granos. El 23 de mayo de 1997 fundó Agroindustrias Gumarsal, empresa dedicada al procesamiento de arroz y comercialización de productos de la canasta básica. A esta empresa se suman Gradeca, S.A. de C.V. y Agroarroz, S.A. de C.V.
Aparte de las empresas, el alcalde ha adquirido 34 vehículos que ha ido traspasando principalmente a sus empresas y familiares. Cinco camiones, cuatro tractores, dos furgones, dos rastras, un cabezal y el resto de vehículos livianos.
El alcalde Juan Umaña reportó al fisco que entre 2006 y 2009 percibió ingresos por 141,572 dólares. Esto es, unos 35 mil dólares al año entre 2006 y 2009.
El tercer personaje señalado por los informes como líder de la estructura, Roberto “El Burro” Herrera, reporta ingresos similares a los del alcalde. En cuatro años, de 2006 a 2009, percibió 139,849 dólares, según los datos que presentó a Hacienda. Sus ingresos provienen de dos actividades: comerciales y agropecuarias.
En cuanto a sus declaraciones de renta, en 2005, El Burro hizo una declaración que reportaba un salario mensual de 565 dólares e ingresos totales por 6,790 dólares. Para 2007, los 6,790 dólares ascendieron a 31,517 dólares. Un año después llegó a los 40,000 y en 2009 casi llegó a los 50,000.
En cuanto a vehículos, Chepe Diablo no se queda atrás del alcalde. A su nombre hay nueve vehículos, entre ellos una camioneta Porsche Cayenne y otros 26 que ha vendido o traspasado, por ejemplo, a la Alcaldía de Juan Umaña Samayoa.
Los amigos del camino
El Caminito que recorremos continúa entre calles, callejuelas y anécdotas de El Detective, que ora cuenta de una mansión en un pueblito, ora de un restaurante donde se reúnen a planificar. Pero, sobre todo, la conversación que brota con los kilómetros contiene nombres de personas, cargos y nombres de partidos políticos.
El camino de polvo que empieza en San Fernando lleva montaña abajo. En casi una hora estamos en Dulce Nombre de María, que tiene agua potable, luz, teléfono, correos, un puesto de Policía, un juzgado de paz, internet…
—Aquí estaba un jefe de la policía que se hizo rico. Tiene grandes terrenos, caballos, muy amigo del ex director Menesses –suelta de repente El Detective, que nos conduce en este viaje.
Esa versión la corroboraríamos después, cuando escucharíamos hablar del subinspector José Alfonso Mata Portillo.
Hace 21 meses, el 12 de agosto de 2009, a 25 kilómetros de Dulce Nombre de María, cerca de la presa del Cerrón Grande, fueron detenidos José Gerardo Ventura y Juan José López López. Los detuvieron en dos vehículos, cuando realizaban una negociación. En el pick up de López López fueron encontrados 88 kilogramos de cocaína, y el 10 de febrero de 2011 fue condenado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque a purgar 10 años de prisión. La droga fue valorada por la Fiscalía en 2 millones 216,650 dólares. El Informe Secreto asegura que esa red, la del Cártel de Texis, era la propietaria de esos 88 kilogramos de droga.
A solo 15 minutos de distancia de Dulce Nombre de María llegamos a una súper carretera, la gran obra casi terminada del proyecto Fomilenio: la Carretera Longitudinal del Norte. Esta conectará la frontera entre La Unión y Honduras con la frontera entre Santa Ana y Guatemala. Una línea casi recta de pavimento y cuatro carriles que cruza de punta a punta el norte de El Salvador.
—Bonita les están dejando la autopista —ironiza El Detective—. Como dicen los gringos y los hermanos lejanos: es un freeway, ja, ja, ja. La verdad, es un conducto abierto para el paso de coca, ganado y armas.
—¿Pero hay retenes? –preguntamos.
—Ja, ja, ja –vuelve a reír El Detective—. Mire, ahí hay un retén. ¡Es casi anunciado! Hay horarios, y los narcos los tienen. Los jueves y los viernes hay fiesta, son los días de retén. El viernes que más dinero ganan los policías que cuidan.
—Ajá, explíquenos eso.
—Usted viene en un camión cargado con cocaína o ganado de contrabando, ese que viene de Honduras. En el retén, el jefe de delegación que los puso ya sabe a qué policías mandó, los policías ya saben cómo operar. A lo mucho son dos.
—No terminamos de entender.
—¡Les dan 10 dólares, 100 dólares, y pasan! Con esta calle llegan más rápido.
El tramo de la carretera de Fomilenio, como ya ha sido bautizada por los habitantes de la zona, está también en el ojo del Cártel de Texis. No sólo sirve cómo vía rápida para acortar El Caminito, sino que también buscan utilizarla como una excusa para lavar dinero, según documentos oficiales de la Policía.
Fomilenio es un proyecto de desarrollo para la zona norte del país financiado con donativos de los contribuyentes estadounidenses. En septiembre del año pasado, una oficina de la Policía escribió un memorando confidencial en el que alertaba a las autoridades del gobierno salvadoreño sobre un grupo de narcos que estaban metiendo papeles para lavar dinero a través de la Cuenta del Milenio, que es el fondo con que se financia la carretera Fomilenio.
El memorando explica que una familia de narcos logró obtener un préstamo de 600,000 dólares a través de un proyecto de Fomilenio para el desarrollo agropecuario en la región. También dice que Reynaldo Cardoza, actual diputado del PCN, vinculado con la estructura criminal estaba buscando un préstamo de 800,000 dólares.
La familia de narcos a la que se refiere el memorando incluye a uno de los prófugos más buscados por la Policía. Se trata de un narcotraficante vinculado a una estructura de pandilleros de la Mara Salvatrucha. Es conocido como Medio Millón.
“Se ha logrado individualizar que Marcos Cisneros Mata (padre fallecido), José Misael Cisneros Rodríguez (a) Medio Millón, Manuel de Jesús Cisneros Rodríguez (a ) Millón, Douglas Alfredo Cisneros Rodríguez (a) Melón, José Moisés Cisneros Rodríguez y David Elías Cisneros Rodríguez son miembros activos de una estructura de narcotraficantes que manejan y controlan la mayoría de zonas y rutas de la zona norte de Chalatenango”, dice un documento que se escribió como anexo al Segundo Informe.
El Banco Multisectorial de Inversiones autorizó el desembolso el 28 de agosto de 2009 y, como prueba, la PNC envió el número de acta del comité de inversiones a los altos cargos del gabinete de Seguridad de El Salvador.
Medio Millón es, según la Policía y la Fiscalía, un narcotraficante de la zona occidental, señalado como socio de la Fulton Locos Salvatrucha, y uno de los más buscados por la PNC. De este personaje sabríamos mucho más cuando nos encontramos, más adelante, en su lugar de operaciones.
Una vez en la carretera asfaltada, El Detective vuelve a referirse a los narcos.
—¿Sabe quién más opera en esta zona? —pregunta, a sabiendas de que no sabemos, y entonces él mismo responde casi de inmediato—. El Rey, el diputado del PCN.
El Detective nos acaba de dar otro sobresalto.
—¿Reynaldo Cardoza?
—Ajá, él es otro de los malos. Tiene una pistola de oro, se la logramos decomisar, pero se la devolvió el juez –explica El Detective, que asegura que conoce a los colegas que realizaron el operativo donde le decomisaron el arma.
Vamos en un carro cuatro por cuatro y anotamos más peticiones de documentos para El Funcionario, El Comisionado y el resto de fuentes que conocen del Cártel de Texis.
El Rey, ese diputado del PCN, también aparece en la lista de personas que la PNC ha clasificado como narcotraficantes y que quieren usar Fomilenio para lavar dinero. A Cardoza lo ubican en las cercanías del Cártel de Texis, no como parte de la red, sino como aliado. El documento dice que el diputado del PCN es uno de los principales miembros de la estructura de narcotraficantes de la zona norte de Chalatenango. Dice también que se ha presentado ante las oficinas centrales del Banco Mutisectorial de Inversiones para solicitar un crédito de 800,000 dólares.
El 13 de septiembre de 2005, Reynaldo Cardoza fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue capturado junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un ex policía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con la banda de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado. Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores.
Cardoza quedó en libertad bajo fianza de 2,000 dólares en noviembre de 2005. Un año después, en noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Dos años y dos meses después, en enero de 2009, fue elegido diputado del PCN.
De la autopista a los caminos de tierra
San Sebastián Salitrillo es la estampa de un pueblito. Así, con lo que conlleva el diminutivo. Cinco viejitos se sientan en las escaleras del parque a tomar el fresco bajo un árbol y a saludar a quien pase. Se sientan ahí porque queda justo frente a la cuadra más emocionante del lugar, la acera de la Alcaldía, donde unas 10 personas esperan en la puerta la llegada del alcalde como quien espera en la puerta de casa a un familiar. Las calles son de adoquín, las casas de teja, y el pueblo, todo él, una cicatriz de cemento delgada y recta en medio del monte. Es un conglomerado de cuatro cantones y 21 caseríos.
Llegamos hasta ahí a finales de marzo, cuando todavía no habíamos comprendido a la perfección la ruta precisa de El Caminito. Sin embargo, conocíamos ya sus principales puntos, sus dos brazos. Salitrillo, como lo conocen sus habitantes, seguía siendo una incógnita. ¿Por qué El Funcionario y El Detective nos mencionaron este lugar como clave? ¿Qué papel juega este pueblito en la ruta si no está justo en ella, si no es frontera con Guatemala, si no tiene más que calles de tierra? De hecho, Salitrillo queda del otro lado, en sentido opuesto. En lugar de estar entre las ciudades de Santa Ana y Metapán, está al suroeste de Santa Ana, en dirección opuesta a Metapán. Estábamos perdidos, pues, pero gracias a eso, comprendimos cómo las rutas marcadas se desvían lo necesario para alternar entre pueblitos y autopista.
Como esas 10 personas, entramos a la Alcaldía cuando entró Francisco Castaneda, el alcalde del FMLN, un hombre muy respetado en su comunidad. A él nunca le mencionamos nuestro verdadero interés. Para poder conversar sobre estas rutas, nos presentamos como unos reporteros cándidos que pretendían enterarse de cómo es que un lugar como este era eslabón de las rutas del contrabando, de la bagatela, de ganado y mercadería sin permiso y, de rebote, droga. Así en seco, sin nombres ni organizaciones.
Fuimos al grano, le preguntamos por qué su municipio sonaba tanto en esto del contrabando.
—Es que estamos en la red de caminos rurales. Esa mercadería no se tira por carretera directamente, se mete en estos pueblitos, utiliza los caminos de terracería y vuelve a salir a la autopista.
—¿Pero hablamos de personas caminando con cosas o de…?
—Nooo, aquí pasan furgones por estos caminitos, que se pierden allá atrás del pueblo. Pasa gente vinculada al narco y eso se vincula con el problema de las pandillas, de redes asentadas aquí para esa actividad, y eso es lo que perjudica al municipio, no el paso en sí, sino las necesidades que el paso genera.
Salitrillo cuenta con 50 policías que se turnan y que tienen tan solo dos patrullas que cubren no solo el casco urbano, sino las urbanizaciones como Ciudad Real, que están sobre la carretera y que, según datos de la Alcaldía, han llevado a duplicar el número de habitantes del municipio hasta dejarlo en 30,000.
Ciudad Real es un proyecto de aquella empresa constructora –Salazar Romero- valorada en más de 70 millones de dólares que despertó las sospechas de la DEA.
—En esas zonas residenciales que han proliferado se hace evidente que el contrabando nos ha alcanzado. En esas zonas nuevas no tenemos claro quiénes son sus habitantes –continuó Castaneda.
El alcalde fue amable, pero lo que nos dijo no nos bastó. Aunque salimos de su despacho convencidos de que lo que se transporta por esa zona no se trata de pequeñeces sino de rutas alternas, puntos de quiebre del Cártel de Texis para abandonar y reincorporarse adelante en El Caminito, necesitábamos más detalles. Gracias a un diputado santaneco logramos acceder a otra fuente que tiene bien estudiado el fenómeno de cambio que ha tenido el lugar.
Visitamos al informante y, de nuevo, los pactos del temor volvieron, y el anonimato con ellos.
La conversación fue breve y, en resumen, lo que nos contó es una historia que bien podría aplicarse a los narcos de El Salvador. Contrabandistas que cuando descubrieron algo mejor que contrabandear dejaron los quesos y se dedicaron a la cocaína.
—Aquí en este pueblito que antes era bien tranquilo se ha venido gente rara en sus grandes carros. Vienen a intentar comprar a los policías, a ofrecerles dinero así, como cheradas, como en buena onda. Necesitan asentarse en la zona. El tráfico de ganado y de vehículos pick up que se internan en los caminos comunales así sin más, y que seguro transportan droga, a veces se da a la luz del día, y llegan días en que cada cinco minutos pasan. Así, sin control –nos explicó el informante de Salitrillo.
La cuna del Cártel
Texistepeque es el lugar de nacimiento de la mayoría de los mencionados como los narcos que controlan El Caminito. Un municipio de poco más de 20 mil habitantes ubicado entre Santa Ana y Metapán, donde el Ministerio de Gobernación tiene identificadas como propiedades del narco algunas construcciones impresionantes, según cita en su página web.
En ese terreno es donde vive y coordina sus operaciones uno de los principales miembros del cártel: El Burro. Así lo señala un informe policial anexo que habla solo de este personaje, y que nos fue entregado por El Detective. Este personaje, según el documento, tiene una de las propiedades más sobresalientes del paisaje, una gran casa de incontables habitaciones, que a pocos metros tiene una especie de palenque donde ha sido visto el alcalde municipal, Armando Portillo Portillo, otro importante personaje de la estructura señalado en los informes.
Portillo Portillo es un señor gordo en el que sobresale un delgado y peinado bigote. En una foto del Informe Secreto aparece sentado en su oficina y en un informe policial aparece junto a Chepe Diablo y El Burro. Es su primer período como alcalde y ganó las elecciones pasadas arropado bajo las banderas de una coalición entre PDC y FMLN.
Al pie de la foto, el Informe Secreto presenta a este jefe municipal como uno de los salvadoreños vinculado al Cártel de Sinaloa, de México. Aparece en la misma línea de mando que Chepe Diablo, El Burro y el alcalde de Metapán, en la mesa principal de los comensales que se alimentan de la ruta de El Caminito.
Los miembros del Cártel de Texis se reúnen y se ponen de acuerdo, pero no es una estructura vertical. El Burro tiene una cadena de gente que lo sigue, Chepe Diablo tiene otra cadena, el alcalde de Metapán y el de Texistepeque también, como el diputado del PCN y su primo, ex diputado del PDC. Esas estructuras, se lee en los informes, son locales y se enlazan para operar. Los capos del Cártel de Texis se ponen de acuerdo, coordinan.
Vamos en un carro cuatro por cuatro de la Policía que no ostenta ningún distintivo. Ya pasamos por San Fernando, Dulce Nombre de María y estamos en medio de la llamada calle Fomilenio. Vamos rumbo al tramo final, al lugar donde domina con más descaro el Cártel de Texis. Mientras avanzamos, conversamos con El Detective sobre la capacidad que han tenido estos narcotraficantes para operar impunemente. El Detective se queja, como hace desde que lo conocimos, porque desde su óptica no logra entender cómo es que teniendo tanta información de los servicios de inteligencia esta gente continúa por las calles.
Parte III: El manto protector del Cártel de Texis
Hace apenas dos semanas tuvimos la ocasión de sentarnos a charlar detenidamente con el subdirector de investigaciones de la PNC, el comisionado Howard Cotto. Llegamos a él con la duda que carcome a El Detective. Aunque ya teníamos una noción de cómo es que el Cártel de Texis logra seguir operando luego de más de 10 años de pistas que entran y salen de todos los despachos de los altos funcionarios vinculados al tema de seguridad. Necesitábamos escuchar qué respondía la institución encargada de combatir el crimen junto a la Fiscalía.
—Mire, lo que de verdad no entendemos es por qué no los procesan judicialmente —le comentamos.
—Vaya, le voy a contar una experiencia, tal vez así entienden. Hace un tiempo realizamos un operativo para secuestrar archivos documentales de uno de los miembros de esta estructura... Esto no es caricatura, la Policía tiene bien claro que obtener una orden de cateo en todo occidente es casi imposible. ¡Si supiera la amistad con ellos que tiene el juez más importante de ahí! El caso es que logramos obtener una orden de allanamiento a través de otro juez. Entramos a muchas propiedades y encontramos armas de guerra que no podía justificar. Hoy anda prófugo. Les cuento esto porque también encontramos otra sorpresa: este señor tenía en su casa una gorra que, por el identificativo, solo podía haber pertenecido a un director de la Policía.
El dueño de la casa donde la Policía encontró 13 armas, entre ellas dos de uso privativo de la Fuerza Armada y granadas, en abril de 2010, se llama Leonel Sandoval Villeda, y está prófugo y con orden de captura internacional girada por la Interpol. Sandoval Villeda se fugó luego de que el juez tercero de instrucción de Santa Ana le otorgara libertad bajo fianza de 100 mil dólares. Sandoval Villeda pagó la fianza, pero nunca volvió a presentarse.
Aunque lograron obtener orden de allanamiento con otro juez, la treta al final no pudo impedir la huida de Sandoval Villeda. Y el “importante juez” al que se refirió el jefe policial se llama Tomás López Salinas, un funcionario que ya es investigado por la Corte Suprema de Justicia por dejar en libertad a una banda de traficantes de personas. El Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia tiene el expediente del juez Salinas en la lista de los cinco casos más graves por resolver.
A finales de 2010, Salinas, juez especializado de instrucción de Santa Ana, dejó libres a nueve personas acusadas de integrar una red de tratantes, dos de ellas acusadas además de violar a una niña. En síntesis, el razonamiento del juez fue que los acusados fueron víctimas de engaño por una menor de edad que deseaba prostituirse.
El Detective, El Comisionado y Cotto coinciden en algo: en que los narcos de occidente han estado actuando con total libertad en gran parte porque los esfuerzos investigativos incluso a nivel judicial se metieron en oriente, en el caso de Los Perrones.
Intentamos conocer sobre las diligencias que ha realizado la Fiscalía General de la República en occidente. El 1 de febrero pasado pedimos una entrevista con fiscales de la División Élite contra el Crimen Organizado y la Unidad Antinarcotráfico. Además, pedimos entrevistas con los fiscales que, en la etapa de vigilancia penitenciaria, han dado seguimiento a la condena que se le impuso al concejal de Metapán Amadeo Figueroa Morales. Al cierre de esta nota, esa institución no ha resuelto sobre las tres peticiones de información.
Los personajes vinculados al Cártel de Texis se ven constantemente involucrados en hechos que siguen llamando la atención de la Policía, pero esto no parece traducirse en investigaciones desde la Fiscalía. Ejemplos llamativos sobran: el 16 de noviembre de 2010, José Salvador Cardoza, ex diputado del PDC por Chalatenango y mencionado por nuestros tres principales informantes como cómplice del Cártel de Texis, sufrió un secuestro e intento de asesinato. José Salvador Cardoza es primo de El Rey, Reynaldo Cardoza, el diputado por el PCN.
—¿Los señores Cardoza operan juntos? –preguntamos al jefe policial.
—Cada uno anda en lo suyo, pero los dos son gruesos. Les decía, a Salvador lo secuestraron, le quemaron el carro, no lo mataron porque no quisieron. Le dispararon un balazo en cada pierna, por las nalgas. ¿A quién le pasa eso?
Este atentado ocurrió en un municipio perdido de La Unión, Nueva Esparta. El ex diputado del PDC andaba esa vez con Alfredo Portillo Portillo, hermano del alcalde de Texistepeque. Este hecho, que durante uno de nuestros encuentros El Detective nos relató, aparece consignado en el Informe Secreto. El informe agrega que Cardoza sufrió el atentado cuando supuestamente supervisaba los trabajos de una empresa constructora de su propiedad.
Los hechos hablan de las dificultades para judicializar a los narcos de El Caminito. Sin embargo, fue un documento que recibimos casi al final, un último informe macro que describe los puntos de encuentro del Cártel de Texis con otras estructuras similares, el que nos dejó claro cuán difícil es para la Policía hacer de este conocimiento prueba judicial.
En la parte de recomendaciones para operar contra esa red de cárteles salvadoreños, los policías de inteligencia se dirigen a sus jefes en una especie de lista de deseos que devela lo que de momento no tienen.
Ahí se pide un equipo especializado en homicidios, tráfico de personas, lavado de dinero y activos y contrabando de mercadería. Se pide que ese equipo esté fuera de cualquier puesto policial y que se entienda solo con el Subdirector de Investigaciones, a fin de evitar la filtración de información. Se pide un grupo selecto de fiscales y el involucramiento del ministro de Justicia y Seguridad, el director de la PNC y el mismo presidente de la República.
La realidad dista mucho de la situación requerida. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, por ejemplo, cuenta con solo dos fiscales en todo el país.
Ahí donde se suma la pandilla
El camino que inició en el pueblito fronterizo de San Fernando, que bajó hasta Dulce Nombre de María, que a 15 minutos de carro se convirtió en la flamante autopista de Fomilenio, llega a su punto de quiebre en otro municipio de suelo de adoquines y techos de teja: Nueva Concepción.
Este municipio que también tiene acceso por la nueva carretera de Fomilenio tiene casi 30,000 habitantes, y es la puerta de salida que el Cártel de Texis utiliza para dejar Chalatenango y entrar al departamento de Santa Ana.
Nueva Concepción es el lugar donde el paradigma de operación de los cárteles centroamericanos se rompe. En Guatemala y Honduras, las familias de narcotraficantes han optado por deshacerse de los pandilleros de las dos grandes organizaciones, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. En departamentos neurálgicos del narco de Guatemala, como Alta Verapaz o San Marcos, los pandilleros han sido expulsados por las familias dominantes, bajo amenazas de muerte. En Nueva Concepción, bajo este modelo horizontal de los cárteles salvadoreños, el que tiene control de una zona, tiene carta para participar del negocio, sea pandillero, empresario o policía. En Nueva Concepción, el control del crimen lo tiene la Mara Salvatrucha, y más concretamente uno de sus más poderosos “programas” nacionales que tiene vínculos hasta Estados Unidos: se trata de los Fulton Locos Salvatrucha, y todos señalan como uno de sus cabecillas a un prófugo llamado José Misael Cisneros Recinos, el conocido como Medio Millón.
Todos los informes coinciden en este nombre, a quien mencionan como representante de su pandilla en la organización dedicada al traslado de la cocaína
“Es importante mencionar que, en la relación Chalatenango-Santa Ana, esta estructura se vincula con el narcotraficante Misael Cisneros, quien el 15 de septiembre de 2010 escapó de un cerco policial que pretendía capturarlo en Nueva Concepción. Se considera que además de traficar cocaína, también abastece de armas a pandillas de la zona y posee acercamientos con mandos locales de la PNC”, dice el Informe Secreto.
A diferencia de los otros documentos, que lo ubican como miembro activo de la MS, este último lo deja en el grado de socio.
Respecto a cómo es que Medio Millón logró burlar un operativo policial que se venía planificando desde hacía meses, todas las fuentes con las que hablamos señalan como culpable a un subinspector activo: José Alfonso Mata Portillo, quien hasta febrero de 2010 fue jefe de la subdelegación de Dulce Nombre de María. De él dicen que fue quien, gracias a la relación que cultivaron cuando operaban en municipios vecinos avisó a Medio Millón de los detalles de la investigación en su contra. Mata Portillo es ahora jefe de la subdelegación de Ciudad Delgado, en el Área Metropolitana de San Salvador.
El Detective nos anexó un documento sobre el perfil de este subinspector. En 2010 su reporte de ingresos fue de 118,879 dólares. El mismo documento policial contiene las placas de los 28 vehículos que supuestamente están a nombre de Mata Portillo, entre ellos varios furgones y tractores. Este anexo cierra con una conclusión:
“Presenta irregularidades en sus declaraciones tributarias. Sus costos y gastos declarados son desproporcionales a sus ingresos”. Desde la jefatura policial no nos dieron un monto exacto, pero nos aseguraron que, en el caso de que reciba bonificaciones extras, no podría sobrepasar los 1,200 dólares mensuales libres de impuestos y descuentos.
Nueva Concepción es de esos lugares que aparentan sosiego y esconden secretos que son susurrados por todos, pero que al ojo inexperto son imperceptibles.
Hacemos una pausa en el recorrido por El Caminito, nos detenemos un momento para conversar con el jefe policial del municipio. El subinspector Quijano Aguilar tiene menos de un año como jefe de este complejo municipio perdido entre llanos secos, una autopista de lujo y cerros de vegetación tostada. Su respuesta era la obvia, que sabe poco, que aún se está enterando, que cree que Medio Millón sigue por la zona -pues sigue dando órdenes a los pandilleros-. Eso sí, cuando le preguntamos cuántos pandilleros podía haber en este pequeño lugar, su respuesta nos dejó muy claro por qué el Cártel de Texis tuvo que asociarse con la Mara Salvatrucha.
—Calculamos que la clica (Fulton Locos Salvatrucha) es de unos 200 muchachos con armas aquí en Nueva Concepción, casi todos ellos ubicados por nosotros.
No se refería al “programa”, sino solo a la clica, al grupo local de este municipio. Una clica grande, importante, suele tener a unos 50 miembros, aún cuando operen en zonas claves de la capital. En este rural punto de quiebre de El Caminito, la pandilla ha decidido cuadruplicarse.
Una potencia que no solo se demuestra en número de miembros, sino en capacidad armada. A las 5 de la mañana del pasado 3 de mayo, un operativo de la 4a. Brigada de Infantería y Descatamento Militar Número Uno, en conjunto con policías, detuvo a 12 presuntos pandilleros en Nueva Concepción. Entre el armamento decomisado en una vivienda del cantón Los Romeros había cuatro fusiles AK-47, un fusil G-3, una subametralladora Uzi y un lanzagranadas M-79.
Nueva Concepción no solo es clave porque agrega pandilleros a la lista que, a este punto, ya contiene a policías, alcaldes, jueces, empresarios y diputados. Nueva Concepción es el recodo, el punto donde El Caminito se divide en dos brazos que salen de Chalatenango para adentrarse en el departamento de Santa Ana. Ambos brazos terminan en la frontera con el departamento guatemalteco de Jutiapa, donde según las autoridades de ese país opera la familia Lorenzana, la más antigua de las familias chapinas del narco, de la que hay registros desde los años setenta.
Según lo recogido de los informantes, de los tres informes y sus anexos, uno de los brazos es más importante que el otro por flujo de cocaína, algo que infieren del control operativo que el Cártel de Texis muestra en cada lugar: más discreto en un ramal y mucho más descarado y monopólico en el otro.
El ramal menor continúa desde Nueva Concepción casi en línea recta. Antes de llegar a la frontera, atraviesa el cantón de Peñamalapa, luego el río Lempa hasta llegar al cantón Guarnecia, luego al caserío El Aguacate, hasta la ciudad de Texistepeque, desde donde parten para la ciudad de Santa Ana. Una vez ahí, se conducen hasta los puntos finales de cruce, los puntos ciegos que rodean los pueblos de Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal.
El otro ramal, el más importante, parte de Nueva Concepción hacia el oculto pueblito de Santa Rosa Guachipilín, que ahora tiene acceso de pavimento gracias a las obras secundarias generadas por la autopista de Fomilenio.
En el primer recorrido hicimos una parada en el camino. Visitamos al grupo de 14 militares que custodian los puntos ciegos alrededor de Santa Rosa Guachipilín, a medio camino entre Nueva Concepción y Metapán. Un lugar desde donde los cargamentos pueden desviarse por caminos rurales hasta buscar puntos ciegos de la frontera. Ahí nos recibió el jefe del grupo, a quien identificaremos como El Sargento.
No se esmeró en vendernos imponentes operativos ni complicados decomisos. Más bien, se mostró resignado ante la inmensidad de la zona y la normalización del paso de mercaderías ilícitas. Nos contó que el soborno está a la orden del día, que por 20 o 30 dólares, algunos militares o policías permiten pasar un camión.
Nos aseguró que el Cártel de Texis tiene un nombre para lo que en México llaman halcones y en Guatemala, banderas. Aquí llaman postas a esos niños, niñas, mujeres y ancianos que no se dedican sino a vigilar qué hacen El Sargento y los suyos, hacia dónde se mueven. Nos dijo que en lo que llegan a un punto ciego como Ostúa, El Valle de Los Quijada, El Despoblado, cerros perdidos en la frontera a más de media hora de lento avanzar en un vehículo con doble tracción, todos los de ese lugar saben que llegará un extraño. Lo dijo de una forma más gráfica.
—Desde que llegás, todos te ven como si fueras un extraterrestre.
Desde el polvoso Santa Rosa Guachipilín, la carretera permite acceder hasta Masahuat, igual de rural, pero más grande. Desde Masahuat, alguna droga se pasa por los cerros de alrededor, nombrados por sus pobladores por particularidades que solo ellos saben discernir. El grueso de los cargamentos continúa su viaje. Intercepta la carretera que conecta Santa Ana y la ciudad fronteriza de Metapán. La droga se incorpora alrededor del kilómetro 99 de esa carretera, y llega a su base final, el centro de operaciones de Chepe Diablo, la última escala antes de internarse en los puntos ciegos que besan Guatemala. La ciudad donde el Cártel de Texis muestra su poderío, su capacidad de sobornar y de matar.
Parte IV: Los policías que llevan coca
Metapán resplandece. Pareciera que el sol está más cerca del pavimento que en otras ciudades. Ciega. Metapán parece de día un gran mercado, al menos su centro, que no es sino unas callejuelas empinadas que desembocan en la carretera que lleva de Santa Ana hacia la frontera de Anguiatú, al norte del lago de Güija. En todas ellas, el comercio bulle, se toma las aceras. Hay ventas por todas partes. Comida, ropa, granos, artículos agropecuarios. Metapán se viste de ciudad fronteriza de Centroamérica.
Al llegar al hotel San José, contiguo a la carretera hacia Guatemala, nos atiende una amable recepcionista, que se despereza cuando suena la puerta que se abre.
—¿Tiene habitaciones?
—Sí.
—¿Dobles?
—Sí.
—¿No suele estar ocupado este hotel?
—Casi no, ahorita solo dos habitaciones tengo ocupadas.
El hotel, uno de los seis de Chepe Diablo, tiene cinco plantas, y cerca de 40 habitaciones. Es normal su desocupación. El costo de la habitación doble roza los 50 dólares en una ciudad acostumbrada a dar alojamiento a camioneros que no viajan con grandes fondos.
Si bien el Cártel de Texis no se descubre como uno de los más violentos de Centroamérica, esta es su ciudad de control por excelencia, su base de operaciones, y también la que ha sido testigo de que este tipo de negocios inevitablemente siembran corrupción y violencia a su paso. Eso consignan los tres informes.
Todos los informes y todos los informantes hicieron énfasis una y otra vez en que la subdelegación policial de esta ciudad pertenece a Chepe Diablo.
En una ocasión, mientras tomábamos un café, le pedimos a El Comisionado que nos contactara con algún agente de su confianza dentro de esta subdelegación. Cuando nos volvimos a reunir, luego de la semana que nos pidió para buscar un perfil como el que le pedimos, su respuesta fue contundente.
—No puedo recomendarles a ninguno.
La violencia, por otra parte, demuestra que el trabajo de funcionario municipal puede ser muy riesgoso en este municipio.
El 1 de diciembre de 2007, Bertín Valle Marín, síndico de la Alcaldía de Metapán, murió de un disparo en la cabeza. La información publicada en los periódicos, basada en lo que dijeron los policías del lugar, resume su asesinato así: dos hombres borrachos se agarraron a tiros en medio de un jaripeo de un cantón sin nombre de Metapán, y Bertín recibió una bala que no iba para él. Pero el Informe Secreto agrega algo que no apareció publicado en las noticias de esos días: dice que durante la investigación del asesinato, el actual alcalde, Juan Umaña, se empeñó en desvirtuar la hipótesis de que se trataba de rencillas entre narcotraficantes.
Ocho meses después, el 4 de agosto de 2008, el síndico que ocupó el puesto dejado por Bertín, fue secuestrado a plena luz del día y en su propio carro, luego fue llevado a un predio de un caserío de Metapán, donde le dispararon 13 veces. Israel Peraza Díaz también era pecenista.
Dos muertos a plomo en menos de un año. Dos síndicos. Y en realidad no eran las únicas víctimas de violencia vinculables a la estructura de Chepe Diablo o a las de sus socios. Tres semanas antes del secuestro y asesinato del síndico, el amigo de Chepe Diablo y alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, fue atacado a balazos en una zona muy peligrosa de su municipio. Eran las 8 de la noche cuando iba con tres de sus guardaespaldas en una calle oscura del cantón San Jerónimo. El tiroteo fue de tres contra dos. De tres guardaespaldas que se enfrentaron a dos atacantes resultó muerto uno de los hombres del alcalde. Este transitaba en un camino conocido como “punto ciego”, en San Jerónimo, uno de los lugares clave para la ruta controlada por este cártel.
Y eso no era todo. Dos años antes, el antecesor del alcalde Juan Umaña no había logrado sobrevivir a un atentado. El 4 de julio de 2006, Gumercindo Landaverde, amigo de Chepe Diablo y vinculado en los informes al Cártel de Texis, fue atacado por dos mujeres y un hombre que actuaron como sicarios. Esto ocurrió en la ciudad de Santa Ana y según los tres informes y El Detective, las dos mujeres eran pandilleras que pertenecían a una red de sicariato.
Cuando en una conversación preguntamos a El Detective por este asesinato, no dudó en responder que creía que había sido el mismo Chepe Diablo quien había ordenado su muerte debido a rencillas sobre la manera de manejar los traslados de cocaína. Días después, nos entregó otro anexo de Inteligencia Policial, donde se apuntaba el caso.
En el anexo, un informante declaró que el ex alcalde de Metapán, Gumercindo Landaverde, fue asesinado tres días después de terminar su periodo por órdenes de la estructura de Chepe Diablo y El Burro. El informante dijo que el alcalde habría proporcionado información de transacciones de drogas a un oficial de la Policía, que la estructura se dio cuenta y decidió ejecutarlo.
—El señor Gumercindo tenía conocimiento de planificaciones de la estructura, de embarques de drogas en la zona de Metapán, las cuales provenían de Guatemala -agrega el texto oficial.
El Primero y el Segundo Informe ya ubicaban al fallecido como uno de los miembros de la estructura. Gumercindo Landaverde fue alcalde por Arena durante dos períodos consecutivos, y ya era investigado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito en 2005. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó que en un año este alcalde incrementó en 500,000 dólares su patrimonio, y esto fue punta de lanza para que la Fiscalía abriera un expediente.
El Burro está siendo investigado por el homicidio de Abel Padilla. Uno de los anexos del Segundo Informe dice que el 14 de agosto de 2008, El Burro “ordeno el asesinato del señor, Abel Padilla”. Los investigadores explican en el documento que Abel Padilla perdió dos kilos de cocaína y que nunca canceló al Burro el dinero que valía esa cantidad de droga.
Unos baleados, otros secuestrados y asesinados, y otro de ellos preso. El récord de los funcionarios de Metapán augura trágicos destinos para sus cargos más altos.
El 25 de marzo de 2009, la División Antinarcóticos de la PNC arrestó a Amadeo Figueroa Morales, quien había sido elegido el 18 de enero de 2009 para integrar el concejo municipal de Metapán, representando al PCN y acompañando al alcalde Juan Umaña. El operativo de captura fue realizado en la colonia Jardines de Metapán. Junto al concejal también fue arrestada su esposa, Sonia Haydeé Mira de Figueroa. Ella es parte del núcleo cercano del alcalde de Metapán. Su hermana está casada con el hijo del alcalde, Wilfredo Guerra. En la casa de Amadeo y Sonia les decomisaron 2.42 kilogramos de cocaína, valorados por la Policía en 71,000 dólares. A Figueroa lo acusaron de tener tres años de dedicarse al comercio de drogas, y fue condenado a 12 años de prisión el 28 de octubre de 2009.
Jueces regionales, concejales, alcaldes y pandilleros, todos forman parte de esta red compleja según los informes y los informantes consultados. Y, como eslabón último de la cadena, las hormigas necesarias para hacer de este paso de la cocaína por El Caminito una ruta efectiva: algunos policías de la subdelegación de Metapán.
La corrupción, como bien lo saben los altos cargos policiales con los que hablamos, es una regla asumida entre los agentes de esta zona. Se refieren a esa corrupción baja, normalizada, la misma que tiene un policía que acepta mordida para dejar ir a un infractor de tránsito.
—A la mayoría, los contrabandistas que llevan ganado o mercancía sin declarar les dan 10 o 20 dólares porque los dejen pasar o no los revisen, eso así funciona –nos dijo en una de las conversaciones El Comisionado.
Esos son la mayoría, la base con la que opera la minoría, los que sí trabajan orgánicamente con el Cártel de Texis. Estos otros policías de la ciudad, identificados con nombre y apellido por los tres informes y los tres informantes, son señalados como encargados de librar de retenes el paso de los grandes cargamentos, e incluso de transportar ellos mismos la cocaína hacia los puntos de intercambio con los guatemaltecos.
Es de noche en Metapán, y salimos de un bar cuando pasa frente a nosotros, con lentitud, un pick up Nissan Frontier negro. Los hombres que van dentro nos observan con detenimiento y luego aceleran la marcha. Todo parecería normal si los hombres en ese carro sin identificación no fueran policías. Todo parecería normal si antes no hubiéramos conversado con nuestro informante que salió de la subdelegación.
Gracias a una serie de coincidencias, un policía radicado por ahora en otra zona del país, que prestó servicio recientemente en Metapán, comentó ante un reportero de este medio algo relativo a Chepe Diablo. Nadie había preguntado nada al policía sobre el tema. El colega, conocedor de nuestra investigación, se acercó a él, hablaron largamente, y él aceptó recibirnos con la condición de que no reveláramos su nombre ni su ubicación.
Una tarde calurosa, hace unos días, nos sentamos con el policía que, ante nuestra sorpresa, nos recitó los nombres de sus compañeros que aparecen mencionados en los informes que este agente nunca leyó. El policía se explayó en detalles.
—Mire, esto está bien organizado en Metapán, que es de lo que le puedo hablar, pero también uno de policía se entera de dónde viene esto. Desde arriba. Venía desde los comisionados de la zona, que generaban el encubrimiento del tráfico de armas, droga y ganado. Ahí estaba la comisionada Corina Palma, que permitía todo esto.
Empezó fuerte. Según este agente, todos los policías que han trabajado en Occidente saben cómo se mueven los hilos de la zona. En febrero del año pasado hubo muchos movimientos dentro de las jefaturas de occidente, uno de esos fue el de la comisionada Zoila Corina Palma, de 54 años, que ahora desempeña un cargo administrativo, cerca de papeles y lejos del terreno. Desde el 17 de febrero de 2010 es jefa de la Secretaría General de la PNC. Antes fungió como jefa regional de occidente. A ella no solo la menciona el policía que trabajó bajo sus órdenes, sino también un anexo a los informes policiales que asegura que despejaba rutas, recibía “grandes sumas de dinero” y proporciona información a la estructura de El Burro.
Muchas voces dentro de la institución aseguran que este es el mecanismo con el que la PNC se defiende de sus altos cargos sospechosos de corrupción. A falta de una Inspectoría fuerte y vinculante, por falta de voluntades políticas, optan por remover a las manzanas podridas de donde más daño causan. Esa, según nos informaron altos cargos policiales, fue la estrategia que utilizaron con la comisionada Palma y el subinspector José Alfonso Mata Portillo, el que es acusado por sus compañeros de haber ayudado a Medio Millón a escapar del cerco policial que le tendieron en Nueva Concepción. En la jefatura policial parece haber una filosofía clara: si no puedes deshacerte de los que sospechas, mantenlos cerca, para saber qué hacen.
—¿Quién es el encargado de la logística del traslado de la cocaína en la subdelegación de Metapán? —preguntamos a nuestro informante.
Sin dudar, mencionó un nombre que aparece en el Informe Secreto.
—El cabo Cástulo Enrique Morán Jiménez. Ese tipo se ha quedado encargado de estar apoyando la red en Texistepeque, Metapán, San Antonio Masahuat y Santa Rosa Guachipilín.
Agregó a la lista de nombres el de la alcaldesa de San Antonio Pajonal, Silvia Echeverría, en calidad de “aliada”.
—La red así opera, hay gente grande arriba que no más sepan de esta publicación nada les cuesta dar una orden.
Cada conversación con un informante agrega nombres a la lista. La red es grande, compleja, enraizada en el occidente del país. En este texto solo se han mencionado los nombres de quienes al menos dos fuentes de información que no pudieron haberse coordinado mencionaron. En el caso de la alcaldesa del partido Arena en el fronterizo San Antonio Pajonal, El Detective había mencionado su nombre antes de que conversáramos con el policía. Una alcaldesa de un pueblito fronterizo no transporta cocaína, necesariamente. Su función, nos dijo el policía, se reduce a saber y dejar hacer, a extender permisos de entrada y salida de mercancías al país, a facilitar bodegas y dar información. Otros, como el cabo Cástulo, son señalados en el Informe Secreto como operadores directos en el traslado de la droga.
A la pregunta de quiénes son los hombres de confianza de Chepe Diablo y dónde operan, el Informe Secreto respondió. “Se tiene conocimiento de algunos colaboradores, como Bernardo Antonio Cruz Baños y Cástulo Enrique Morán Jiménez, de la subdelegación de Metapán, colaboradores del alcalde”.
Ninguno de los jefes policiales con los que conversamos negó que estos agentes participaran en la red. Por el contrario, uno de ellos validó la información.
—Ahí operan los narcotraficantes en la zona del Valle de Los Quijada, San Jerónimo… Y no crean que la pasan los señores traficantes en sus vehículos de último modelo. ¡La pasa la Policía! Si hubiera una investigación sabrían que los alcaldes le han conseguido vehículos sin logo de la Policía a las diferentes subdelegaciones. La de Metapán y el puesto de San Jerónimo tienen vehículos sin logo, son pick ups Frontier negros y polarizados. Cambian droga por ganado, traen ganado de Guatemala a veces y van a entregar la droga en esos carros.
Según este policía, los pick ups regalados por la municipalidad, como el que vimos pasar frente a nosotros, sin logo alguno, son perfectos para operar. Sirven para no ser tan identificables como miembros de la institución. Continuó explicando que algunos policías, coordinados por Baños y Morán, ubican retenes vehiculares en las vías que vienen de puntos ciegos de la frontera con Guatemala, como El Valle de los Quijada o San Jerónimo. Lo hacen cuando sus compañeros van a entregar la droga del Cártel de Texis a los guatemaltecos, que muchas veces les pagan con “dos o tres camionadas de ganado”. Los retenes son ubicados para garantizar que nadie se interponga en el camino de la droga que va y el pago en reses que vuelve. Y, claro, como dijo nuestro informante, para “hacer la paja de que vigilan”. Todos los señalados como líderes del Cártel de Texis son asiduos a jaripeos y ranchos ganaderos. Roberto “El Burro” Herrera incluso fue presidente de la Feria Ganadera de Santa Ana.
—Si un agente llega a decomisar una camionada de esos animales, inmediatamente le buscan la baja, el traslado o le buscan otro problema para que no vuelva a intervenir –explicó el policía.
—¿Y cómo reclutan a la gente?
—No es que anden ofreciendo trabajo, sino que es una estrategia política, si quien supervisa te lleva a eso, a que recibas mejor unos 10 o 20 dólares por cada camión que dejes pasar sin las cartas de venta o la guía, porque él sí recibe un buen dinero por mantener así la dinámica. Imagínese que el cabo Cástulo es el supervisor de retenes. Él mismo va a hacer entregas a los puntos ciegos, a entregarla a los chapines.
—¿Y quién les entrega la droga a los policías de Metapán?
—La vienen a dejar en vehículos chatarreros, de los que llevan chatarra, pick ups o camioncitos, y ahí la meten en los Frontier, que son todoterreno, y que sí se pueden meter en los puntos ciegos. Ahí pasan granos, droga, armas y ganado, y lo digo porque yo lo he visto, porque yo he estado ahí.
—¿Y cómo le pagan a estos policías como el cabo Cástulo Morán?
—Les compran casas en otro lugar. Por ejemplo a este cabo Cástulo le han comprado una casa en Chalchuapa, ubicada al norte de la pirámide El Tazumal, y una finquita en la zona de La Magdalena, rumbo a El Coco, así es como esta gente le paga a los que andan de lleno. A los que no saben, les basta con los 10, 15 dólares que les dan los de los camiones.
El sistema de pago a los funcionarios que se prestan como piezas del engranaje del Cártel de Texis es algo que nos confirmaron El Detective y El Comisionado. Esta manera de retribuir a los amigos es también una de las más difíciles de comprobar, ya que rara vez las propiedades se inscriben a nombre del propio cómplice. Se suele utilizar algún pariente.
Fin del viaje
Venimos del núcleo urbano de Metapán. Estamos en otra calle de polvo parecida a la de San Fernando, pero en terreno llano, sin montañas. Nos adentramos en los puntos ciegos que rodean la ciudad. El investigador de la División Especializada de Crimen Organizado que regañó al soldado de San Fernando ve para todos lados. El Detective saca su pistola. Por cada cambio de velocidad, la cacha de su arma recibe una caricia de la palanca. Saben que hay ojos que vigilan estas terracerías, y están nerviosos.
—Aquí agáchense, estamos en terreno peligroso —bromea el investigador, para distender el ambiente.
—Cerca de aquí fue que le dispararon al alcalde de Metapán —agrega, esta vez serio, El Detective.
Estamos pasando por Ostúa, un diminuto caserío que recibe a sus visitantes con una pared que sirve de letrero para quien quiere marcar dominio de la zona. “MS13”, dice la mancha que firma El Demonio. Cada letra es del tamaño de una persona. La pared pertenece a lo que parece la tienda más grande del caserío.
El Sargento con el que hablamos en Santa Rosa Guachipilín nos había hablado de que aquí vive Óscar, El Coyote, uno de los miembros de la red que opera en territorio de Chepe Diablo. Nos mencionó ese nombre para explicarnos cómo la gente que anda en esto gana buen dinero.
—Vean la casa que tiene –nos dijo-, tiene piscina y un bar solo para él.
Es la única referencia que tenemos de este caserío repartido a la orilla de un polvoriento camino por el que transitamos sin meternos en los callejones de tierra a buscar la mansión de Óscar, El Coyote. En el mapa de la droga, Ostúa aparece como uno de esos puntitos por los que hay que pasar antes de llegar a Guatemala sin necesidad de toparse con Migración y Aduanas. En un mapa oficial de El Salvador no aparece como paso fronterizo.
Está oscureciendo, y el camino por el que vamos recibe a otro carro. Va despacio, a la velocidad de una patrulla policial que hace una ronda de vigilancia.
El investigador anota el número de placas del único carro que apareció en el camino que conecta Ostúa con San Jerónimo, otro punto ciego utilizado por el Cártel de Texis. El investigador está atareado pidiendo a la central policial las referencias de la matrícula. Es la primera vez que ocupa su radio en el recorrido que ha durado ocho horas. Dice que los tres hombres que van en ese viejo automóvil son sospechosos.
—Creo que son pandilleros —nos dice, mientras alista una subametralladora que apareció en sus manos instantáneamente.
Estamos a media hora de llegar al punto ciego de San Jerónimo, el último de los puntos clave de El Caminito, donde el Cártel de Texis pasa la estafeta a los narcos de Guatemala, a los del departamento de Jutiapa. El carro con los tres hombres acelera repentinamente, nos deja atrás y sigue con rumbo a San Jerónimo. El Detective no quiere seguirlos, olfatea peligro.
—Vámonos, aquí no es bueno andar de noche —ordena.
Parte V: Epílogo
Domingo 15 de mayo de 2011. A las 7:40 de la noche realizamos la primera llamada. Marcamos el número celular de José Adán Salazar. Envía directamente al buzón de voz, pero no permite dejar mensajes. Marcamos al Hotel Capital, donde tiene su oficina, pero nos contestan que llegará hasta este lunes por la mañana. Desde entonces, marcamos a todos los teléfonos que obtuvimos de los principales mencionados en los informes. Fue imposible comunicarse con el alcalde de Metapán y con otros de los señalados en los documentos y por las otras fuentes. Dos comisionados, un ex director de la Policía y un diputado atendieron sus teléfonos. Todos aseguraron no saber nada de lo que les mencionamos. Dijeron no temerle a una investigación sobre su participación como colaboradores del Cártel de Texis. Estas fueron parte de sus respuestas.
Comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, jefe de la Delegación de Santa Ana: “De verdad desconozco de qué me está hablando, porque nunca he conversado con el señor Herrera. Es más, ni siquiera lo conozco. Lo ubico porque sé que estuvo de presidente de la Feria Ganadera, pero en ningún momento he entablado con él una relación de amistad. Jamás he conversado con él en ninguna reunión”, respondió, cuando se le relató el contenido de la investigación. Cuando se le mencionó que eran varios los informes que lo ubicaban como alguien que coopera con El Burro, volvió a negar, y agregó estar dispuesto a ser investigado: “Le repito, no tengo ninguna relación con el señor Herrera, me someto a cualquier tipo de investigación que en cualquier momento quisiera nuestra titular de la Policía ejercer (en clara referencia a Zaira Navas, la inspectora general de la PNC). Nunca he conversado con él. En caso saliera esa información me someto a cualquier tipo de investigación”.
Se le especificó que un informe de inteligencia policial lo ubicaba en un restaurante reunido con El Burro, en referencia a la información de que el 14 de julio de 2010 fue visto en el Lover’s Steak House de Santa Ana junto a la subinspectora Nataly Pérez Rodríguez y la ex gobernadora de Santa Ana, Patricia Costa de Rodríguez, conversando con El Burro sobre la necesidad de sacar de la zona al jefe regional de occidente, el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Rodríguez Peraza contestó: “Jamás he estado en un restaurante con el señor Herrera que usted menciona”.
Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por Chalatenango: su primera reacción al mencionarle que aparecía en los informes y en las declaraciones de los informantes como aliado del Cártel de Texis fue de sorpresa: “¡Qué raro ese volado! Al alcalde de Metapán claro que lo conozco, pero nomás porque es alcalde del partido, pero que yo sepa que anda relacionado en alguna cosa de esas, ni idea. Déjeme decirle que las investigaciones que las hagan, que las hagan correctamente, porque es bien feo que lo estén involucrando en estas cosas, no sé si será tema político y están siguiendo la corriente de lo que está pasando actualmente en el partido, o qué será el interés de sacar esta publicación. ¿Y lleva nombres y apellidos y todo?”, preguntó.
Luego se le mencionó que según la lógica de la información, un diputado como él era importante para el cártel por el nivel de información e influencias que maneja. Volvió a negar: “Por eso, pero donde usted me está diciendo acceso a los altos círculos de información, eso me implica de que como si yo estuviera dando información a estas redes… No entiendo cuál es el involucramiento, tienen que tener alguna evidencia clara para que a mí me estén... y me involucren y me saquen en una publicación de este tipo. De lo contrario, de lo contrario… Si a mí me investigaron por tráfico ilegal de personas, me detuvieron, y el tema se llevó en tribunales, de otra cosa ni sé, ni estoy involucrado dando información a ninguna persona, mucho menos en vínculo con tráfico de drogas y de ganado, me parece sorprendente”.
Aseguró tener algún conocimiento de José Adán Salazar. “¿Es el dueño del FAS?”, preguntó. José Adán Salazar fue propietario del Metapán, equipo de la primera división del fútbol salvadoreño.
Acerca de Roberto 'El Burro” Herrera, dijo no conocerlo de nada, y justificó: “Yo, antes de la política, tuve un caballo de escuela, un caballito humilde, yo visité la feria (ganadera) de Santa Ana, yo era amigo de Horacio Ríos (ex diputado del desaparecido Partido de Acción Nacional), de muchos amigos que han andado en eventos de estos de jaripeo, pero que esté en alguna reunión privada con alguna gente de esas es totalmente imposible. Que haya llegado y le haya dado la mano a alguien eso es común de un político”.
Finalmente, hizo un llamado y volvió a negar enfáticamente su vinculación con actividades delictivas: “Para eso están los entes de investigación, que las hagan (las investigaciones), que no me quieran vincular por casos políticos, porque no sé… No se acepta, o que se quiera que por la imagen y el trabajo que he hecho en el departamento quieran comenzar a vincularme con otra cosa, pueda ser diferente. De lo contrario, estoy totalmente dispuesto a que hagan las investigaciones y las sigan haciendo... uno cuando no anda metido en ni mierda nada tiene que temer”.
Comisionado Fritz Gerard Dennery Martínez, jefe de la División Antinarcóticos de la Policía: Los informes de inteligencia policial dicen que el actual jefe de la División Antinarcóticos de la Policía se reunió con Roberto “El Burro” Herrera y otras personas en la Hacienda El Rosario, ubicada sobre la calle que de Metapán conduce hacia Texistepeque. “No me he reunido con ellos”, fue su primera respuesta. Y luego cuestionó: “Si es información de inteligencia, sus fuentes deben ser responsables ante esa información, que saquen pruebas si es que las tienen y que dejen de estar queriendo dañar imágenes de personas que somos trabajadoras. No me causa ninguna importancia esa información”.
A la pregunta de si conoce o guarda amistad con Roberto Herrera respondió: “Yo no soy de Texistepeque, soy de Santa Ana y a quien conozco de vista porque es de Santa Ana es al señor Herrera, verdad, ya de ahí que digan sus fuentes, que saquen la información, algo que a mí no me quita el sueño porque no he tenido ningún tipo de reunión. Lo conozco (a Herrera Hernández) como de seguro lo conoce mucha gente en el departamento de Santa Ana”.
Al jefe de la DAN se le intentó preguntar cuál ha sido el seguimiento o las diligencias de investigación que se han realizado contra José Adán Salazar Umaña, señalado por la inteligencia policial desde el año 2000. “Debería ser en persona su entrevista, ¿cómo sé que es de El Faro la persona que habla? No le voy a seguir contestando porque no sé si es usted o no es. Pida una entrevista y con gusto se la conceda en mi oficina”.
José Luis Tobar Prieto, director de la PNC de septiembre de 2008 a junio de 2009: La Policía lo señala en dos de sus informes como alguien que coordinó operaciones con 'El Burro' Herrera, pero el ex director asegura que no conoce ni por el nombre ni por el apodo a la persona que le mencionamos. La conversación fue corta:
“Informes policiales lo vinculan a usted particularmente a Roberto Hernández, alias el Burro, un señor investigado como parte de estructura criminal que opera en el occidente del país”, le dijimos. “Primero que nada', respondió', 'no conozco a ese señor que está mencionando. Segundo, que tienen que ser muy cuidadosos en el sentido de vincular a una persona, particularmente a mí, con una persona que no conozco”.
“¿No le suena nada el nombre de Roberto Antonio Hernández, El Burro, o José Adán Salazar?”, insistimos. “Por eso les digo', siguió, 'ustedes tienen que ser cuidadosos. Primero, no conozco a la persona, ni por el nombre ni por el apodo que me está dando; y, segundo, porque puedo tomar mis acciones legales”, contestó.