Los partidos de derecha aprobaron este jueves sin discusión previa un decreto legislativo cuyos mismos promotores aceptan que tiene dedicatoria contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que hace apenas cuatro semanas ordenaron la cancelación de los partidos PCN y PDC. El decreto fue votado, firmado y enviado este mismo día a Casa Presidencial para consideración del presidente Mauricio Funes.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial aprobadas por los diputados de Arena, Gana, PCN y PDC cambian la forma en que se toman decisiones en la Sala de lo Constitucional: obligan a decidir por unanimidad -cinco votos- las sentencias de inconstitucionalidad, en lugar de los cuatro votos que han sido la norma hasta hoy.
Los cambios son de carácter transitorio, pues tendrán efecto hasta julio de 2012, justo el mes cuando terminan sus tres años en la Sala el presidente Berlamino Jaime y los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González. Los cuatro fueron elegidos magistrados constitucionalistas en julio de 2009, mientras que el quinto magistrado, Néstor Castaneda, ya había sido nombrado con anterioridad, y casi nunca ha acompañado las sentencias más difíciles emitidas en los últimos 22 meses.
El decreto resultó tan controvertido que el partido Arena, caracterizado por sus votaciones cerradas y sin lugar a disidencia, se partió cuando el legislador Guillermo Ávila Qüehl denunció la ilegalidad de la medida.'¡Esto es una aberración!', exclamó después de la votación. 'La reforma en nada favorece a la institucionalidad. Como que si la Constitución estableciera que nosotros necesitamos unanimidad para x o y temas. Para eso es que hay mayorías simples y calificadas', dijo un airado Ávila Qüehl.
Para el diputado, presidente de la comisión de legislación del parlamento, pedir unanimidad a los magistrados de lo Constitucional es ponerle grilletes a la Sala. Y ante la justificación del diputado Rodolfo Parker, del PDC, de que los magistrados han violado la Constitución, Ávila Qüehl recordó que quienes dictamiman si se viola la carta magna son precisamente los magistrados constitucionalistas. Y aunque uno no esté de acuerdo con sus sentencias, tiene que respetarlas. '¡Alguien debe interpretar la Constitución!', añadió.
Hasta ahora, la Sala se ha caracterizado por resolver con cuatro votos de cinco posibles viejas demandas que habían estado engavetadas durante administraciones anteriores y que atacaban, entre otros, puntos neurálgicos del poder de los partidos políticos en favor de los derechos de los individuos. En julio la Sala habilitó las candidaturas independientes y declaró inconstitucional el sistema de otorgamiento de escaños legislativos porque en la práctica son las cúpulas partidarias las que nombran a los parlamentarios. Según los magistrados, el mecanismo actual viola la garantía constitucional de que el voto es libre y directo.
Esa sentencia ocasionó la reacción inmediata de los partidos políticos, a tal punto que la medianoche anterior a la sentencia hicieron una reforma constitucional para obligar a que los candidatos a diputados estén afiliados a algún partido político. Esa enmienda requiere aún la ratificación de la próxima legislatura (2012-2015), por lo que en los comicios de marzo próximo sería posible ver candidatos sin pertenencia a partidos. Los partidos, sin embargo, fueron más lejos y amenazaron con destituir a los magistrados.
El diputado Parker, secretario general del PDC, fue uno de los más firmes propulsores de la búsqueda de la destitución. Este jueves admitió en declaraciones a El Faro que las reformas aprobadas a la Ley Orgánica Judicial tienen el propósito específico de frenar el trabajo de los cuatro magistrados.
'Cuando se toma nota del comportamiento de estos señores, porque para mí sí han violado la Constitución y han sentado las bases para nuevas violaciones, estoy convencido de que sí es necesario restablecer pesos y contrapesos. Esa es la razón de la decisión de este día', expuso el líder pedecista.
Las enmiendas de este jueves fueron promovidas por el Partido de Conciliación Nacional. Uno de sus dirigentes, el diputado Elizardo González Lovo, salió de la sesión plenaria antes de que esta terminara y fue directamente a Casa Presidencial a entregar el decreto aprobado. El procedimiento normal es que la Junta Directiva del parlamento envíe con un mensajero todos los decretos aprobados para que el presidente del Ejecutivo los conozca.
Este decreto solo es una parte de las reformas a la Ley Orgánica Judicial que tienen en estudio los parlamentarios. Parker dijo que esta reforma en el sistema de votación es solo un adelanto del gran paquete de enmiendas que comenzó a discutirse cuando la Sala avaló las candidaturas independientes en detrimento también del poder de las cúpulas partidarias.
En la propuesta de decreto -y así se aprobó- los considerandos hablan de la 'necesidad' de homologar las decisiones de la Sala. En ninguna parte del decreto ni cuando posteriormente dieron explicaciones, los diputados explican por qué El Salvador necesita que los cinco magistrados voten igual.
Walter Guzmán, de Gana, cree que se necesita la unanimidad para ahorrarle a los salvadoreños confusión. 'El pueblo salvadoreño se confunde cada vez que un magistrado sale dando declaraciones en contra de los otros cuatro', fue su explicación. Se le preguntó si entonces también cree que la población se confunde cada vez que la Asamblea vota dividido. 'Yo creo que cada vez que se saca un decreto aquí debería ser por unanimidad', respondió.
Mario Ponce, el diputado pecenista que solicitó la dispensa de trámites, invocó la 'legitimidad' como el logro que se obtendría gracias a la reforma. 'Cualquier decisión va a ser más legítima ahora', opinó.
-Diputado, se está prohibiendo que haya voto razonado o puntos de disenso pues de lo contrario no habrá más sentencias.
-Esto no va con dedicatoria.
-Pareciera que sí, diputado.
-No, solo que ahora debe haber acuerdo entre los cinco. No había espíritu de diálogo en esa Sala.
-Entonces sí va con dedicatoria.
-No, estamos homologando la votación, punto.
Algunas de las últimas sentencias de la Sala que también supusieron un golpe para las organizaciones políticas fueron la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto legislativo de 2005 que permitió la sobrevivencia del PCN y del PDC y otro que determinó inconstitucional que el PCN tuviera un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Esta última resolución se llevó de encuentro al magistrado suplente, un pedecista. Además, otra sentencia, emitida el viernes pasado, también obligará a los partidos a presentar listas completas de candidatos a diputados para cada circunscripción. Los partidos habían visto en la presentación de listas incompletas la posibilidad de burlar la disposición que obliga a que en las próximas elecciones, de 2012, los ciudadanos puedan votar por personas y no solo por banderas.
El decreto de reformas de este jueves está tan claramente dirigido hacia los cuatro magistrados que será válido únicamente en el tiempo que el bloque de cuatro magistrados tengan aseguradas sus sillas en la Sala de lo Constitucional. El diputado Mario Valiente, de Arena, negó que el decreto llevara dedicatoria a los cuatro magistrados de lo Constitucional. 'Llegado el momento se puede volver a como estaba antes o prolongar', dijo.
La medida, impulsada por el PCN, y según directivos de la misma Asamblea Legislativa liderada por el secretario general Ciro Cruz Zepeda, logró enganchar los votos de Arena y Gana, partidos que han estado votando contrario en algunas de las últimas decisiones más importantes. Los areneros, de hecho, han estado acusando a Gana de tener arreglos con el FMLN para votar en conjunto.
El decreto aprobado con 47 votos reforma el artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial, que establece que la Sala de lo Constitucional toma decisiones en materia de inconstitucionalidades con el concurso de cuatro magistrados. En el caso de los amparos y recursos como el de exhibición personal basta con tres de los cinco votos posibles.
Sala analiza legalidad del sistema de residuos
La decisión de los partidos Arena, Gana, PCN y PDC se produjo transcurrida apenas una hora desde cuando Ponce pidió la dispensa de trámites. La solicitud de reformas era el penúltimo punto de la agenda de este jueves e iba a ser leída en la sesión plenaria para que el caso pasara a estudio de la comisión de legislación. Sin embargo, el pecenista pidió que se resolviera de inmediato y todo el bloque de derecha apoyó hasta terminar votando al cabo de una hora.
El decreto aún debe ser avalado por el presidente de la República, Mauricio Funes, para convertirse en ley. El gobernante podría devolverlo con observaciones, y de nuevo el parlamento podría ratificarlo con mayoría simple. Pero si Funes lo veta -puede vetar por inconstitucionalidad o por inconveniencia-, el congreso necesitaría que dos tercios de los 84 diputados (56 votos) se pusieran de acuerdo para superar el rechazo presidencial. Este último escenario es poco posible, dado que el FMLN se abstuvo de apoyar la reforma, y con sus 35 escaños tiene la llave de la mayoría calificada.
El Faro consultó dos veces con la presidencia de la República si el gobernante tiene una posición sobre el decreto. Al cierre de esta nota aún no había respuesta.
El decreto dispone en su último artículo que entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. Aunque la publicación del Diario Oficial lleva algunos días de retraso, ya ha habido ocasiones en que la premura es tal que se ordena que un decreto sea publicado en el Diario Oficial del mismo día en que se emitió.
La reforma se aprobó en la víspera de que la Sala estudie otro punto controvertido del sistema electoral, que hasta ahora ha permitido a partidos como el PCN y el PDC obtener varios diputados con escasez de votos. En los comicios de 2009, por ejemplo, mientras el PCN apenas requirió unos 7 mil votos para obtener algunos de sus escaños, otros partidos, como Arena y FMLN, necesitaron en varios casos sumar más de 30 mil sufragios en favor para poder lograr una diputación.
Este aparente atentado a la cualidad de 'igualitario' que la Constitución también le da al sufragio, llevó a un grupo de ciudadanos en 2005 a solicitar que se declare inconstitucional el sistema por medio del cual los partidos pueden obtener varios escaños con mucho menos apoyo que otros partidos. Las anteriores salas de lo Constitucional, sin embargo, no habían resuelto esta petición. Menos de cuatro horas después de la reforma, la Corte Suprema de Justicia emitió un boletín en el que dio a conocer que en su agenda de mañana está previsto analizar el sistema de residuos, que es el que permite esas desigualdades. Si los magistrados declararan inconstitucional el mecanismo, probablemente el partido más perjudicado sería el PCN, ya que en 2009, por ejemplo, las 11 diputaciones que logró fueron producto de residuos.
Si Funes avala la reforma, virtualmente quedaría paralizado el trabajo de la Sala en materia de examen constitucional. El decreto sorpresa se produjo un día antes de que los magistrados debatieran otra demanda de inconstitucionalidad contra el sistema , que en casi dos años de haber sido electo han sentenciado que es inconstitucional la discrecionalidad en el traspaso de recursos no ejecutados del Presupuesto General a la Presidencia de la República; la elección de los diputados por medio de listas cerradas y bloqueadas, y la imposibilidad de candidaturas independientes; y el monopolio de la investigación que ostenta la Fiscalía General de la República.
La votación de este decreto fue excepcional porque desde la rebelión de los diputados que en 2009 terminaron formando la nueva organización Gana, no había ocurrido un quiebre tan duro en la bancada arenera. Ávila Qüehl, ex secretario jurídico de la presidencia y presidente de la comisión de legislación del parlamento, prefirió retirarse de la sesión plenaria antes de avalar la reforma. Además, hubo dos votos en contra, que tampoco son frecuentes. Los diputados Douglas Avilés, de CD, y el independiente Orlando Arévalo, votaron rechazando la reforma. En cambio, el FMLN se abstuvo.
En el FMLN, bancada que también se ha sentido golpeada por el bloque de cuatro magistrados, pues este partido ha impulsado listas cerradas de candidatos a diputados, sus legisladores anunciaron los efectos: “Con esta medida se paraliza el trabajo que ha venido haciendo la Sala de lo Constitucional”, dijo Lorena Peña.
Orlando Arévalo, ex diputado del PCN y quien intenta inscribir el Partido Popular, se preguntó en el pleno cuál era la lógica de la reforma. '¿Para qué sirve paralizar el trabajo de la Sala? ¿Quién se beneficia de está medida?' Sus preguntas quedaron sin respuestas.
Minutos más tarde, el diputado Carlos Walter García, de Gana, intentaba una respuesta coherente: 'Quien se beneficia es el pueblo salvadoreño. Hay cientos de politólgos que le creen a un magistrado, y otros que le creen a los cuatro. Ahora cada vez que tenga una sentencia le van a creer a la corte en pleno. Se evita la controversia'.
El artículo 186 de la Constitución estable que la Corte Suprema de Justicia deberá formarse a partir de candidatos que reflejan las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico. En atención a ese criterio, la exigencia de unanimidad de criterio en la Sala de lo Constitucional podría ir en contra del principio de pluralidad que se plasma en la Constitucional.
La Constitución también establece que dentro de las atribuciones de los tribunales de justicia está la de declarar inaplicable cualquier ley o disposición de otros Órganos del Estado que se crea que contraríen los preceptos constitucionales.
