En menos de una semana los roles de los principales actores en torno al decreto legislativo que pretende que la Sala de lo Constitucional resuelva solo si hay unanimidad entre sus cinco magistrados, cambió radicalmente, cuando el partido de izquierdas FMLN, que se había negado a apoyarlo, se desdijo de su censura emitida el sábado anterior, mientras la derechista Arena, que sí había votado el jueves pasado, se echó para atrás. Y el tercer gran protagonista, el presidente Mauricio Funes, valoraba este miércoles con su equipo de gobierno la posibilidad de admitir que fue erróneo sancionarlo.
En el caso del FMLN, que el sábado se pronunció en rechazo al decreto 743 considerando que golpeaba la institucionalidad del país, este miércoles, en boca de su secretario general, Medardo González, exigió que los magistrados cumplan la voluntad de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, al parecer no todo estaba dicho en las filas del partido, porque después de que Arena se retractó esta tarde, la Comisión Política efemelenista se reunió a deliberar su próximo paso.
Seis días después de la maniobra conjunta entre los partidos de derecha y Funes, y tras el rechazo unánime de organizaciones cívicas y ciudadanía, aún no hay certezas de si prevalecerá el intento de paralizar a la Sala de lo Constitucional o la voluntad de los cuatro magistrados cuestionados por declarar inaplicable el decreto y por lo tanto seguir resolviendo inconstitucionalidades sin necesidad del apoyo del quinto magistrado, Néstor Castaneda.
El secretario general del FMLN dijo este miércoles en entrevista en la radio Maya Visión, que el decreto 743 “ya no tiene marcha atrás” y que la desobediencia que de él haga la Sala de lo Constitucional es un peligro para la institucionalidad salvadoreña. Las declaraciones de González contrastaron con las que otro dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, pronunció el viernes. Ese día, el presidente de la Asamblea Legislativa consideró que el decreto aprobado por Arena, Gana, PCN y PDC era 'una tragedia para la democracia'.
El partido de izquierdas estaba dividido sobre el decreto el mismo día en que se emitió, y este miércoles aún no había unanimidad sobre la posición que debía asumir, especialmente después del rechazo ciudadano y tras el paso en reversa que dieron los areneros. La retractación de Arena podría provocar que ahora los señalados como atacantes de la Sala de lo Constitucional sean los diputados que justamente se abstuvieron de apoyar el decreto que reformó la Ley Orgánica Judicial.
Los partidos políticos y el Ejecutivo no han aclarado cómo fue que se urdió el decreto pero después de la oleada de críticas, Arena y Cambio Democrático (que tampoco apoyó en la votación) anunciaron que pedirán que se derogue este mismo jueves. El presidente arenero, Alfredo Cristiani, explicó que la decisión de apoyar las reformas la tomaron solamente él y otro miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, Donato Vaquerano, quien es también jefe de la bancada legislativa. Según Cristiani, no consultaron la medida con otros miembros del Coena.
Jorge Velado, vicepresidente de Ideología de Arena, dijo que sus votos estuvieron basados en rumores y en información falsa. 'Es que la información que teníamos nos decía que los magistrados declararían inconstitucional la Ley de Amnistía, ahora ya tenemos claro que no es así', dijo Velado.
El partido también emitió un comunicado explicando su decisión de echarse para atrás. “Hoy, ante las evidentes demostraciones de que la Sala no tiene la intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, sino todo lo contrario, defenderla, rectifica y propone al FMLN, en aras de mantener la gobernabilidad democrática, estabilidad y armonía social, que nos acompañe en la derogatoria del decreto 743”, reza el pronunciamiento, que de una vez pasa la bola al terreno del FMLN, pues la otra opción posible para alcanzar los votos que permitan abolir el decreto es el partido Gana, que este día insistió en defender las reformas.
La Ley de Amnistía fue creada para perdonar 'crímenes políticos y comunes conexos con políticos' ocurridos durante la guerra civil, tanto de parte del ejército como de la guerrilla. Como parte de esos crímenes está el asesinato de seis sacerdotes jesuitas ocurrido en noviembre de 1989, cuando Alfredo Cristiani era presidente de la República, y por el cual la Audiencia Nacional de España ha ordenado la captura de 20 militares salvadoreños. Sin embargo, ese crimen quedó fuera de la protección de la Ley de Amnistía, porque una sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida hace siete años determinó que aunque la ley es constitucional, no puede perdonar los crímenes ocurridos durante el período presidencial de Cristiani. 'Un gobierno no puede autoamnistiarse', decidieron los magistrados en aquella ocasión.
El decreto 743 fue aprobado el jueves 2 de junio con 47 votos de Arena, Gana, PCN y PDC. El decreto se aprobó sin discusión previa poco después del mediodía y de inmediato fue enviado a Casa Presidencial para que Funes lo evaluara. El presidente también lo firmó de inmediato y dispuso que apareciera publicado en el Diario Oficial de ese mismo día, con lo cual la Sala de lo Constitucional estaría obligada a partir del mismo viernes 3 a resolver con el voto de los cinco magistrados.
Ese mismo viernes, por medio de las redes sociales, los ciudadanos comenzaron a expresar su rechazo a lo que el mismo Funes llamó 'decreto exprés'. El martes de esta semana, 35 organizaciones de todo signo ideológico, en un insólito frente común, pidieron a la Asamblea Legislativa que derogue el decreto y subrayaron que lo consideraban un ataque a la institucionalidad de El Salvador.
La versión de algunos de los políticos que participaron en la trama es que Funes aprobó las reformas para evitar que la Sala decretara inconstitucional algunas medidas que habrían afectado a su gobierno, como la ley que da vida al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o la dolarización. Asimismo, a Casa Presidencial llegó la versión de que la Sala también iba a declarar inconstitucional las partidas de gastos imprevistos asignadas a las instituciones del Ejecutivo.
Lo curioso es que ni la ley de la dolarización, ni la de la amnistía habían sido demandadas ante la Sala de lo Constitucional, razón por la cual los magistrados estaban inhabilitados para pronunciarse al respecto. Sin embargo, este miércoles, al final de la jornada laboral en el sector público, un ciudadano presentó las demandas que supuestamente asustaron a Funes y a Arena.
Justo antes de que la Corte Suprema de Justicia cerrara su ventanilla de correspondencia, a las 3:59 p.m., el abogado Manuel Antonio Cortez Meléndez llegó a pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que las dos demandas fueron presentadas por el mismo ciudadano.
El arrepentimiento declarado de Arena se basó en el conocimiento de que no existía demanda contra la Ley de Amnistía. Sin embargo, aún en la mañana había diputados areneros que juraban que el partido no iba a dar marcha atrás. 'Mantendremos el apoyo al decreto porque los acuerdos de paz y la Ley de Amnistía son un punto de honor para nosotros', dijo un veterano legislador arenero.
Al final del día, Arena movió su posición, mientras que lo último oficial del FMLN era el cambio de posición evidenciado por las palabras de su secretario general. “La rebeldía de los cuatro magistrados es peligrosa para la democracia', dijo González en Maya Visión, en referencia a la decisión de la Sala de declarar inaplicable el decreto. El 743, añadió, debe prevalecer, a pesar de que su partido lo censuró apenas el sábado. “Debe haber un cambio de posturas y de compromiso, no acompañamos la rebeldía (de los magistrados), en este país ha sido sancionado un decreto 743 y que no tiene marcha atrás. Tampoco vemos que la salida sea remover a un magistrado. Lo que creemos es que debe establecerse un diálogo de los tres poderes”, dijo.
En la Presidencia de la República, el gobernante Mauricio Funes debatía con su equipo más cercano de colaboradores la decisión que el presidente tomó el jueves pasado al sancionar el decreto. Fuentes de Casa Presidencial explicaron que una propuesta era que el gobernante aceptara públicamente que se equivocó al sancionar las reformas a la ley.
Desde cuando entraron a la Sala hace casi dos años, los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney blanco y Rodolfo González, han aprobado 10 sentencias de inconstitucionalidad de 26 en total sin el concurso del quinto magistrado, Néstor Castaneda. La mayoría, entonces, contaron con los cinco votos que ahora pretendía exigir la Asamblea, en un afán -declarado por los mismos promotores de la reforma, como Rodolfo Parker- el trabajo que venían haciendo los cuatro magistrados que asumieron en julio de 2009.
Una sentencia que incomodó a los partidos políticos es la que abre la posibilidad para las candidaturas no partidarias. Al respecto, Medardo González expresó su descontento con las resoluciones: “Nos parece que hay una posición muy política y muy ideológica por parte de los cuatro magistrados de la Sala cuando ven el sistema electoral (pues se meten) a legislar. Nos parece que es un exceso de los miembros de la Sala”, dijo, en alusión a una resolución de la Sala que afecta el sistema de votación para diputados.
