Un juzgado capitalino rechazó congelar las cuentas bancarias del ex ministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela, porque considera que no hay pruebas que demuestren que el dinero en ellas es producto de la corrupción del proyecto de reconstrucción del Hospital San Pedro, en Usulután, y porque tampoco se puede adelantar que el ex funcionario cometerá una “sustracción o vaciado” de los fondos depositados en los bancos.
“El juez no puede partir de una presunción de culpabilidad, de sustracción o de vaciado de cuentas, sino de todo lo opuesto, de inocencia, responsabilidad y confiabilidad, lo que se corresponde con el deber del solicitante: demostrar que su suposición negativa es cierta con información probatoria suficiente, lo cual no sucedió”, reza la resolución del Juzgado Cuarto de Paz.
Maza Brizuela, ministro de Salud 2004-2009, firmó un convenio para la reconstrucción de siete hospitales con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de 169.4 millones de dólares. Dos de esos contratos (reconstrucción del hospital de Zacatecoluca y el de Usulután) fueron adjudicados a la constructora CPK Consultores, proyectos en los cuales la Fiscalía ha detectado los delitos de estafa agravada, falsedad documental agravada, uso y tenencia de documentos falsos.
Por el caso de corrupción en el hospital de Zacatecoluca, Maza fue capturado el 4 de abril y días después recibió el beneficio de libertad condicional. Casi un mes después, el 5 de mayo, el fiscal Carlos de Jesús Chavarría pidió ampliar el congelamiento de cuentas porque también han encontrado irregularidades en el caso del hospital San Pedro, en Usulután. “Si los investigados tuviesen acceso a sus cuentas, estos pueden realizar movimientos bancarios tendientes a dejarlas sin fondos”, argumentó.
La Fiscalía pedía que el congelamiento de las cuentas estuviera vigente hasta que se presente una nueva acusación contra Maza Brizuela por las irregularidades en la reconstrucción del hospital San Pedro. Salud y CPK pactaron el 16 de julio de 2007 que el costo de las nuevas instalaciones hospitalarias sería de 10.4 millones de dólares. Sin embargo, el Estado pagó casi la totalidad por una obra que estaba a media construcción.
Bajo el argumento de que la construcción ya tenía un avance del 78%, CPK cobró 9.5 millones de dólares. Sin embargo, un peritaje que ordenó la ministra María Isabel Rodríguez determinó que el avance real de la obra era de un 57%. “Se presume que existe un exceso en el pago por obra y equipo del inmueble no ejecutado correspondiente a 3.5 millones de dólares”, consigna el documento de la Fiscalía.
Esas irregularidades fueron denunciadas en la Fiscalía el 21 de mayo de 2010. Un año después, el fiscal Chavarría sostiene que hay indicios de delitos para procesar a Maza por otro caso y, por lo tanto, pide congelar las cuentas para resarcir los daños. “El Juzgado Segundo de Instrucción conoce ciertos hechos del caso RHESSA, lo hace exclusivamente en lo relacionado con el proyecto de reconstrucción del Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, mientras que los hechos que vinculan las cuentas está relacionado con el proyecto de reconstrucción del hospital San Pedro de Usulután”, dice la petición.
La respuesta de la jueza cuarta de Paz, Nelly Pozas, dice que no es suficiente indicar el delito y la participación de los presuntos responsables sino establecer una vinculación de causalidad con el dinero que se pretende congelar. En ese sentido, reprocha la jueza, la argumentación del fiscal es contradictoria e insuficiente.
“Si se sostuviera que todas las calificaciones jurídicas son demostradas con todas las diligencias aportadas, ello implicaría, llevando a los extremos de razonamiento, a equívocos: se sostendría que el dinero de la cuenta de José Guillermo Maza Brizuela es producto del delito de actos arbitrarios (cuya calificación jurídica no alude a dinero o activos); se podría afirmar que la sociedad CPK Consultores tiene activos por la comisión del delito de falsedad ideológica (cuya existencia no se vincula con dinero, sino con algunos actos). No siendo ello jurídicamente lógico”.
Para el Juzgado Cuarto de Paz no está demostrado que el dinero depositado en las cuentas tenga relación con los delitos y, por lo tanto, declara improcedente la solicitud fiscal contra Maza y otras personas implicadas en el fraude, entre ellos Gerardo Enrique Osegueda Gine y César Rolando García, el dueño y abogado de CPK Consultores, respectivamente.
Empresario y ministro sin bienes
Gerardo Enrique Osegueda Gine es un empresario que ganó dos contratos con el Ministerio de Salud: 20.9 millones de dólares. Él representaba a CPK Consultores, la empresa que según la Fiscalía falsificó documentos para cobrar por obras que nunca realizó en el Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca, razón por la cual un juzgado ordenó su captura y un embargo de sus bienes.
Pero Osegueda Gine no tiene ninguna propiedad registrada a su nombre. “El imputado no tiene inmuebles inscritos”, respondió el Centro Nacional de Registro (CNR) a la solicitud de embargo que ordenó el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador.
El juzgado ordenó la misma medida contra el ex ministro Maza Brizuela, pero el funcionario tampoco tiene propiedades a su nombre. En 2007 vendió, por 177 mil dólares, una propiedad en Lomas de San Francisco a su hijo; dos años después donó un inmueble en la Urbanización San Francisco a su esposa; y una tercera propiedad –en la colonia Escalón- la vendió por 35 mil dólares, 10 meses antes de su captura.
Al único procesado al que se le han encontrado propiedades es a César Rolando García Herrera, el ex subdirector de la Policía. A él, las autoridades le han inmovilizado tres propiedades –dos en la colonia Lomas de San Francisco y una en los condominios Gerona-, que según las escrituras de compraventa valen en su conjunto 233 mil 571 dólares. El ex funcionario también adquirió un inmueble en la Urbanización Palmira, según la investigación. La propiedad vale 400 mil, pero ni juez ni fiscales han solicitado que se incluya en el embargo.
El CNR también ha ordenado la inmovilización de otras ocho propiedades, la mayoría pertenecientes a empresas subcontratistas que, según la Fiscalía, formaban parte de una estructura que se dedicó a estafar al Ministerio de Salud. En su total, las propiedades embargadas están valoradas en 617mil 190 dólares.
