Casi al final de la colonia Bosques de la Paz II, en Ilopango, hay un portón negro grande que protege el acceso a una casa de color verde de dos plantas que se impone sobre las otras viviendas. Es la propiedad de un hombre que trabajó como contador de una constructora, que al mismo tiempo era directivo de una empresa de créditos hipotecarios, y que ahora parece ser un hombre de pocas, de muy pocas palabras. La casa no tiene timbre y esa noche después de golpear varias veces la gruesa lámina del portón, un hombre apareció en la segunda planta de la vivienda más lujosa del polígono 8. Movió levemente una cortina que cubre una ventana y asomó la cabeza.
-Buenas noches, buscamos a don Daniel Arias -le dijimos.
-¿Quiénes son?
Son las 7:30 de la noche del 8 de junio de 2011 y nosotros somos tres personas.
-Nos gustaría que nos regale unos minutos.
-¿Para qué? -inquirió, desconfiado, desde su ventana rectangular, con marco blanco.
Ese hombre, Carlos Daniel Arias López, tenía 25 años el día que adquirió un préstamo bancario de 21 mil 702 dólares para comprar esta casa, el 27 de junio de 2002. En esos días, la vivienda solo tenía una planta y poco se distinguía de las otras 3 mil que había construido la Urbanizadora La Paz. En esos días, el nombre Carlos Daniel Arias López tampoco figuraba en los registros del Departamento de Fiscalización Aduanera de Panamá. Faltaban unos seis meses para eso.
-Necesitamos conversar con don Daniel -le insistimos a aquel hombre, asomado en lo alto.
-¿Conversar sobre qué?
-¿Por qué no baja? No quisiéramos que los vecinos escucharan…
-No me interesa hablar nada, no me interesa. Buenas noches.
Y cerró la cortina. El silencio y las sombras fueron lo único que se quedó reinando en esa estrecha calle asfaltada. Cruzamos la calle y no apostamos en la acera de enfrente, donde hay una pequeña tienda.
-Seguro nos está viendo tras la cortina. Aunque sea por curiosidad tiene que salir -me dijo mi compañero.
Pasaron los minutos, pasaron los segundos. Cinco minutos y nadie volvió a abrir la ventana y nadie abrió el portón. En un último intento por encontrar una explicación de cómo una persona que declara ingresos por 285 dólares mensuales puede llegar a manejar en un día más 800 mil dólares de su propiedad, anotamos en un papel el nombre de El Faro y algunos números telefónicos y lo deslizamos bajo el portón, con la ilusión de que nos llamaría y daría su versión de los hechos.
Justo en ese instante un sedán llegó a marcha lenta y se estacionó frente a la vivienda. Entre la vivienda y nosotros. La escasa luz dibujaba la silueta de un conductor pelón y corpulento.
-Mejor vámonos -aconsejó el más prudente de nosotros. Y decidimos retirarnos de esa colonia de calles laberínticas.
Las maletas panameñas
En medio de unos sobres de papel y cubiertos con papel carbón, en aquella maleta de viaje que el pasajero Carlos Daniel Arias López llevó al aeropuerto de Tocumén, en Panamá, iban escondidos 844 mil 955 dólares. Todo oculto para burlar los controles aduaneros, uno de esos casos típicos que los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) encajan en la teoría de que mientras la droga –cocaína, principalmente- escala hacia el norte, rumbo a los Estados Unidos; las “mulas” llevan el dinero hacia los países del sur para saldar cuentas del narcotráfico y blanquear los fondos.
El decomiso ocurrió el 9 de enero de 2003. La Prensa Gráfica publicó una nota en la que mencionaba la incautación a Arias López y decía que este llegó a Panamá en un vuelo comercial procedente desde Guatemala. Ese 9 de enero, el salvadoreño iba acompañado del guatemalteco Edwin Barillas, a quien también le encontraron cientos de miles de dólares en efectivo: le incautaron otros 751 mil dólares. Casi 1.6 millones entre ambos. La versión que dieron Arias lópez y Barillas es que llevaban ese dinero para comprar mercadería variada. Y la suma de dinero vinculable a estos dos salvadoreños puede ampliarse hasta los 4.5 millones de dólares si se añaden los casos de dos guatemaltecos a los que unen vínculos laborales y de sangre.
La primera cotización que Daniel hizo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se remonta a 1994, cuando registraba un salario de 100 dólares mensuales. Después, a inicios de la década pasada, trabajó como contador de una empresa constructora: Salazar Romero S.A. de C.V. Luego fue gerente de una tienda de zapatos deportivos en Metrocentro. Entre 1994 y 2004, oficialmente su salario nunca pasó de 285.71 dólares al mes.
Por sus limitados ingresos y por la cantidad de dinero que le decomisaron en Panamá, Daniel se convirtió en sospechoso de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República de El Salvador ordenó al Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Policía el rastreo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otras diligencias para tratar de establecer sus posibles contactos. Eso, sin embargo, ocurrió tres años después de su captura en tierras panameñas y las pesquisas no tuvieron éxito.
Lejos de profundizar en la relación del detenido con la constructora Salazar Romero y con un importante empresario hotelero, ni fiscales ni policías cruzaron información que les permitiera establecer que estaban frente a una posible red de narcotráfico y lavado de dinero, sobre la cual la Administración Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ya había puesto sus sabuesos y en 2001 habían entregado un documento al respecto a la Fiscalía salvadoreña.
-La DEA hizo su propia investigación. El problema era que algunas diligencias las revelaban a la Fiscalía y otras no. Recuerdo que en este caso ellos tenían una buena fuente de información, un informante, y en realidad no sé por qué nunca reventaron el caso -aseguró un ex fiscal antinarcóticos a El Faro, a propósito de la organización conocida como el Cártel de Texis, sobre la cual El Faro publicó un extenso reportaje hace cinco semanas.
En ese informe que llegó a la Fiscalía, las referencias a la constructora Salazar Romero eran un ápice. El centro de atención para la DEA era el empresario José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo. El hombre que, según tres informes de inteligencia del Estado, varios anexos y gran cantidad de funcionarios e informantes de todo nivel, lidera la organización que trafica cocaína en El Salvador por una ruta conocida como El Caminito. Esta ruta atraviesa los departamentos de Chalatenango y Santa Ana y según las investigaciones de diversidad de instituciones estatales, el Cártel de Texis está integrado por diputados, policías, alcaldes, jueces y pandilleros.
Los informes de inteligencia sostienen que los principales socios de la constructora Salazar Romero son colaboradores del Cártel de Texis. La escritura de constitución de la compañía dice que fue fundada el 22 de abril de 1994 con un capital inicial de 5 mil 714 dólares y que su principal accionista es José Raúl Salazar Landaverde. Un informe agrega que Carmen Salazar Landaverde, ex alcalde de Metapán por el partido Arena desde 1988 hasta 1994 es el representante legal de la constructora. Ambos son primos de Chepe Diablo, según los informes.
Tanto el documento de la DEA de 2001 como un informe que el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Policía elaboró cinco años después, ubican a Chepe Diablo como el principal protagonista de varias actividades delictivas, aunque él ha negado en diversidad de medios cualquier relación con delitos. El documento policial que data de 2006 cita a Salazar Umaña como accionista de Inversiones Salazar, Hoteles San José (después rebautizada como Hoteles Salvadoreños, Hotesa), Agroindustrias Gumarsal y Desarrollos Montecristo. Esa información, empero, está incompleta. Este periódico ha confirmado en el Registro de Comercio que el también dirigente deportivo ha invertido su dinero en Servicios Logísticos, Salazar Espinoza S.A. de C.V., Technowater of the Future e Inversiones Turísticas.
Un botón de su poder económico está en los negocios que maneja por medio de Inversiones Turísticas y Hotesa. Mencionar a esas dos empresas es hablar de seis hoteles: Hotel Capital, en San Salvador; Hotel Pacific Sunrise, en el Puerto de La Libertad; Hotel Tolteka, en Santa Ana; Hotel San José, en Metapán; Hotel Bahía Dorada, en La Paz; y Hotel Sevilla, en Usulután.
Hay otros nombres y otras empresas que para los investigadores policiales son importantes dentro de esa organización: el ex presidente de la feria ganadera de Santa Ana, Roberto “El Burro” Herrera, y Juan Umaña Samayoa, alcalde pecenista de Metapán. El funcionario municipal tiene acciones en las empresas Agroindustrias Gumarsal, Graneles de Centroamérica y Agroarroz.
Las sospechas de la Policía salvadoreña y de la DEA son que Chepe Diablo mueve los negocios de sus familiares como marionetas. Por ejemplo, el decomiso de Panamá. La relación laboral de Daniel Arias López era con la empresa Salazar Romero, pero en el expediente 0301250930P, un investigador escribió una alusión a Chepe Diablo, no a los principales representantes de la compañía: “El presente caso es iniciado en cumplimiento a lo solicitado por la UIF, en el sentido de iniciar diligencias investigativas al señor José Adán Salazar Umaña por el posible cometimiento del delito de lavado de dinero y activos, proveniente del narcotráfico”.
El decomiso de una maleta con 844 mil 955 dólares solo fue el primer caso. Un año y tres meses más tarde, el 3 de septiembre de 2004, Alexánder Arriola Bonilla, un hombre que durante muchos años vivió en San Juan Talpa, La Paz, fue detenido en Panamá. Las autoridades de ese país lo acusaron de que en su maleta llevaba escondidos 840 mil dólares. Arriola Bonilla también alegó ser un comerciante y que el dinero lo llevaba consigo para comprar mercadería. Nunca explicó por qué lo llevaba oculto.
En su última residencia conocida, la colonia España, en Mejicanos, nadie dio razón de Arriola Bonilla. Al final del pasaje Villalta hay un portón negro con un rótulo estropeado en el que cuesta leer: 'Se alquila'. Adentro hay un predio cubierto de maleza y un vehículo abandonado.
-Los cuartos están hasta el fondo, aunque toquen no los van a oír -sugiere una vecina.
Le decimos que necesitamos hablar con Alexánder. Ella dice que no lo conoce, que sabe que la vivienda pertenece a un profesor que ronda los 50 años de edad y que es casi seguro que la persona a la que buscamos es su hijo.
Esa misma mañana del martes 14 de junio, el segundo destino fue San Juan Talpa. Llegamos a El Tobalón, una de las calles principales, donde Arriola Bonilla tiene registrada una propiedad. No hay número ni nada. Sin embargo, el nombre es conocido en la zona. Es una quinta y un aarco de flores amarillas adorna el portón de entrada. El acceso principal está obstaculizado por malla ciclón y adentro de la propiedad sobresale una antena parabólica. Una señora atiende el llamado:
-Señora, buenos días, queremos hablar con Alexander Arriola.
-No viene aquí, tengo tiempos de no verlo.
-¿Pero es su propiedad?
-Mire, le voy a decir lo que pasó. Se enojó con su hermano y desde entonces no lo vemos.
Cuando Alexánder Arriola Bonilla abordó el vuelo 523 de TACA con rumbo a Panamá, a las 6:28 de la tarde del 3 de septiembre de 2004, llevaba consigo una maleta por la cual fue detenido también en el aeropuerto de Tocumén, en Panamá. Al momento de su detención no reportaba cotizaciones al Seguro Social, y las últimas pistas sobre su salario se remontaban a agosto de 2002, dos años antes del viaje, cuando reportaba un sueldo de 285.71 dólares.
-Le voy a dejar un papel con el teléfono, somos periodistas -le dijimos a la señora que atendió en la quinta en San Juan Talpa-. Dígale que queremos hablar con él
-Si viene, aunque no creo, le voy a dar su recado -prometió
Arriola Bonilla no llamó. ¿Qué actividad financiera o comercial le permitió llevar en su maleta el dinero que, tomando en cuenta su último salario registrado en el ISSS, habría necesitado devengar en 245 años de trabajo? Arriola Bonilla nació en 1979 y, casualmente, también trabajó en el departamento de contabilidad de la constructora Salazar Romero…
Mi empleado, mi socio…
Dicen los documentos del Centro Nacional de Registros (CNR) que el 7 de enero del 2000 nació una empresa que se dedica al otorgamiento de créditos a mediano y largo plazo, a la adquisición de vivienda popular, de lotes habitacionales y a la construcción de casas de interés social. Los dos inversionistas santanecos que la fundaron decidieron bautizarla con el nombre de Créditos e Inversiones.
La compañía, que inició operaciones con un capital de 11 mil 428 dólares, era dirigida por Rigoberto Martínez Figueroa y Enio Napoleón Escobar Lazo. Martínez Figueroa, originario de Metapán, además de invertir en la concesión de créditos hipotecarios, también ha colocado parte de su dinero en una empresa que presta servicios de televisión por cable; Escobar Lazo, por su parte, también es santaneco –oriundo de El Congo-, quien no tiene otras empresas y que cuando aportó los 4 mil 571 dólares para adquirir 400 acciones de la compañía era empleado de una constructora.
Ese mismo día se eligió a los seis miembros de la junta directiva de la empresa. En uno de esos cargos –el de secretario- se incluyó el nombre de una persona que, pocos meses después, tuvo problemas con las autoridades aduaneras de Panamá: el contador Carlos Daniel Arias López. Por lo menos para uno de los accionistas de Créditos e Inversiones (Creinsa), el joven que vivía en una populosa colonia de Ilopango no era desconocido: Escobar Lazo fue jefe del departamento de contabilidad de la constructora Salazar Romero y Arias López su subalterno.
La primera junta directiva fue elegida para un plazo de cinco años. Así, a pesar de su captura en Panamá con una maleta repleta de billetes, el secretario siguió como secretario hasta el año 2005. Para esa fecha, la División Antinarcóticos de la Policía ya había logrado algunas pistas que indicaban algo extraño. “Estas personas se hacen amigos del personal de Aduanas y Migración destacados en el Aeropuerto Internacional de El Salvador con el objetivo de no ser registrados a la salida e ingreso, debido a que llevan de forma oculta grandes cantidades de dinero”, le dijo un informante a la DAN, el 20 de diciembre de 2004. Ni fiscales ni policías lograron traducir esas palabras en delitos y, menos, en capturas.
Así que Arias López siguió como secretario hasta el 27 de enero de 2005. Entonces llegó la hora para los relevos: de todos los miembros de la primera junta directiva solo Rigoberto Martínez Figueroa y su respectivo suplente se mantuvieron. El metapaneco entregó la titularidad de la compañía el 28 de junio de 2009, cuando la dirección principal pasó a manos de Óscar Adán Burgos Gómez como presidente y de José Raúl Salazar Landaverde como vicepresidente.
Entre Salazar Landaverde, el hombre que los informes policiales y militares señalan como un colaborador del Cártel de Texis, y Martínez Figueroa, hay una relación empresarial previa que se remonta al año 2001. El 8 de junio de 2001, fundaron una sociedad que tiene como fin la prestación de servicios de televisión por cable, la publicidad y la representación de canales nacionales e internacionales. Según la escritura de constitución, se llama Milennium Cable.
Eso indica que Salazar Landaverde siempre estuvo indirectamente relacionado con Creinsa. El fundador de la empresa de créditos hipotecarios era su socio en Milennium Cable y otros dos directivos –Carlos Daniel Arias López y Enio Napoleón Escobar Lazo- eran sus subalternos porque trabajaban en el área de contabilidad de Salazar Romero. Pero a partir de 2009, el primo de Chepe Diablo tomó el control directo de Creinsa, la empresa que concedió unas 216 líneas de crédito, cuyos montos oscilaban entre los 15 mil y los 26 mil dólares, según el Registro de la Propiedad.
Los contratos funcionaban así: usted compraba la casa a Salazar Romero y, al siguiente día, Creinsa le otorgaba un crédito decreciente para adquirir su casa en Ciudad Versailles, Villa Burdeos, Villa París, en Chanmico, San Juan Opico; o en la parcelación Las Brisas, en Colón; o en la urbanización La Esperanza, en Quezaltepeque. “Expresamente acepto que del producto del presente crédito se emitirá cheque a favor de Salazar Romero por el saldo proyectado a la fecha del desembolso”, firmaban. Con el paso de los años, algunas personas que creyeron en la promesa del 'glamour europeo' se desencantaron del proyecto: algunas viviendas se construyeron en zonas de alto riesgo de inundaciones y fenómenos volcánicos, según un reporte del Viceministerio de Vivienda.
Un funcionario de nivel ejecutivo que trabaja en el área de regulación financiera de El Salvador explica que ninguna ley controla a las instituciones que manejan créditos hipotecarios porque no captan fondos del público sino que trabajan con dinero propio. Esas empresas, reitera, están fuera de los controles que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
-Lo que habría que preguntarse es realmente, bueno, ¿y de dónde obtiene la plata la empresa que está colocando la plata? Pero como se dedican a esa acción de estar colocando dinero y no estar captando (fondos del público); por lo tanto, no requiere venir al marco de la supervisión o la regulación (que realiza la SSF). ¿Sera que hay accionistas fuertes dentro de esa empresa?
A juzgar por la documentación del ISSS y del Registro de Comercio, no hay muchas opciones de respuesta para esa última pregunta del funcionario.
Uno de los fundadores y el primer vicepresidente de Creinsa, Enio Napoleón Escobar Lazo, reportó hasta julio de 2002 un salario de 457.14 dólares. Después que dejó el departamento de contabilidad de Salazar Romero, pasó a trabajar a una tienda que vende calzado deportivo en Metrocentro. Su nuevo jefe era el guatemalteco Óscar Orlando Cabrera Torres, un conocido de la prensa guatemalteca.
El 7 de julio de 2007, después de que desde una motocicleta acribillaran a balazos en Guatemala a Telma Eugenia Torres Lona, dueña de varios almacenes de ropa y madre del empresario Cabrera Torres, El Periódico escribió en su edición electrónica: “La familia ha estado involucrada en varios hechos delictivos”. La nota periodística citaba, como primer ejemplo, que un hermano de Cabrera Torres, llamado Roberto e hijo de la fallecida, fue detenido en Costa Rica el 11 de abril de 2007, cuando transportaba consigo 2.1 millones de dólares.
Tres años antes, en 2004, policías guatemaltecos habían saqueado una casa de la familia ubicada en la colonia Los Álamos, sobre el kilómetro 19.5 de la carretera hacia El Salvador. La versión de las víctimas era que los asaltantes pretendían secuestrar a Óscar Orlando Cabrera Torres. El 25 de enero de 2005, Óscar fue sorprendido en la capital guatemalteca con un fusil Galil, tres escopetas, dos pistolas, una miniametralladora, 4 mil dólares en efectivo, 46 mil pesos mexicanos (cerca de 5 mil dólares) y 20 chequeras. Casi con un año de retraso, la Fiscalía ordenó a los policías salvadoreños que pidieran ese informe a sus homólogos guatemaltecos.
Los problemas legales de Óscar Orlando Cabrera Torres no solo están en Guatemala. El sistema judicial panameño lo procesó por evasión del pago de impuestos. “El señor Cabrera introdujo al territorio nacional, dos vehículos sin cancelar los impuestos correspondientes en el término establecido para ello”, le imputaba hace unos años la administración Regional de Aduanas de la Zona Oriental. Él pagó una fianza y, al final, la Corte Suprema de ese país resolvió que su detención era ilegal.
Empleado y empleador, por lo tanto, tenían antecedentes delictivos en Panamá cuando Escobar Lazo se fue a trabajar a la tienda de deportes. Y, posteriormente, otra coincidencia: llegó el momento en que Carlos Daniel Arias López también abandonó la constructora Salazar Romero. Y, al igual que Escobar Lazo, se fue a trabajar como gerente de una tienda de calzado en Metrocentro. La misma tienda en la Cabrera Torres invirtió su dinero, la misma tienda a la que Escobar Lazo –otrora fundador de Creinsa- había ido a parar.
Las inversiones que nadie controla
La historia se puede resumir así: un contador es detenido en Panamá con más de 800 mil dólares. Se supone que ese dinero es de él. Ese contador trabaja para una constructora que le paga menos de 300 dólares al mes. Al mismo tiempo, ese empleado es directivo de una empresa que presta dinero para comprar las casas de la misma constructora.
El Faro consultó a una diversidad de fuentes -un constructor y tres expertos en finanzas que asesoran al Estado- para analizar esas interrelaciones entre personas naturales y jurídicas que dibujan los que fueron empleados de Salazar Romero detenidos en Guatemala, la empresa que estos crearon para financiar a particulares la compra de casas de Salazar Romero, y la posterior adquisición de la empresa de hipotecas por parte de ejecutivos de Salazar Romero. Unos dijeron que hay un vacío legal, otros creen que la Fiscalía debería investigar.
Antes de mencionarle el nombre de Creinsa, el empresario constructor se adelantó:
-Hasta te puedo decir dónde tienen las oficinas: están ahí por el Redondel de Los Héroes. Pero el punto no es Creinsa, eso es legal, no hay nada ilegal. El punto es de dónde sale todo ese dinero.
Un asesor en legislación financiera del Estado opinó:
-Suena feo, pero es válido decirlo: la astucia, la jugada está en la obligatoriedad para que le compren a él mismo la vivienda. Es una figura típica para el blanqueo y el lavado, sobre todo por el tipo de vivienda, porque son casas que generalmente se financian con remesas y eso no está controlado.
Un funcionario de nivel ejecutivo que tiene experiencia en la regulación bancaria respondió:
-Regulador financiero no tienen. ¿Cuál es el riesgo de ellos? El riesgo es que no les paguen y si quiebran como hipotecaria, ¿a quién le importa? Importa a los accionistas. Lo que va a hacer es que va a dejar a un montón de gente que le debe a la empresa y si no tenemos información en el sistema formal es probable que esa gente acceda a préstamos en el sistema fiscalizado y que quede maleada a que no pague. Eso ya contamina, es parte de lo que contamina al sistema formal.
Por último, una asesora del gobierno en el área financiera remató:
-No hay un regulador estatal que esté definiendo ahí limitantes para otorgar créditos con entes relacionados.
Dos de los expertos prefieren dividir el tema en dos planos: por un lado, la sospecha de lavado de dinero por el decomiso de casi 1.7 millones de dólares en Panamá (aparte del decomiso de 751 mil dólares al guatemalteco), investigación que dejan en manos de la UIF; y por el otro lado, los vacíos legales para tener un control eficiente de todos los flujos financieros.
-Partamos de que todo es correcto. Se debería tener el control de todas las carteras esas para saber cuál es la dimensión del crédito que anda circulando porque si no, al final puede crearse una burbuja de sobrefinanciamiento o endeudamiento más allá de los límites. Eso contamina los sistemas.
Japón y Perú son los únicos países que controlan el otorgamiento de créditos por parte de empresas que no captan fondos del público. En El Salvador existe una Ley de Bancos, Cooperativas, Ahorro y Crédito, pero esa normativa solo se aplica a empresas o cooperativas que voluntariamente presentan su solicitud a la SSF porque van a captar fondos del público.
A las empresas o cooperativas que se transforman en sociedades de ahorro y crédito –figura que les permite captar fondos del público- la ley les exige informar a la SSF quiénes son accionistas, cuál es el origen de los fondos que manejan y la verificación de los manuales, políticas y normas de contabilidad mínimas con los cuales su busca garantizar la transparencia de su gestión.
Mientras Creinsa no capte fondos del público, no tendrá la obligación de rendir cuentas a la SSF. El asesor estatal en legislación financiera, empero, advierte otro problema: dice que debería analizarse una violación a los principios de la libre competencia porque cuando los diputados promovieron reformas a la Ley del Fondo Social para la Vivienda (FSV) lo hicieron con el objetivo de evitar que esa institución construyera las casas y, al mismo tiempo, dispusiera de su financiamiento.
En tema de competencia, José Raúl Salazar Landaverde ya ha tenido una mala experiencia. Tras la queja de varios vecinos de Ciudad Real, en Santa Ana, y Villa Constitución, en Nejapa, la Superintendencia de Competencia abrió una investigación contra Salazar Romero y la empresa Boss Visión -compañías que tenían un acuerdo para prestar el servicio de televisión por cable en esas colonias-. Ninguno de los 5 mil 373 propietarios podía contratar a otra compañía, algo que la Superintendencia interpretó como una práctica anticompetitiva: abuso de la posición dominante del mercado.
El 8 de noviembre de 2007, el Consejo Directivo de la Superintendencia multó con 29 mil 820 dólares a la constructora y con 4 mil 260 a Boss Visión.
