El presidente Funes sancionó el jueves por la tarde el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa pocas horas antes, a fin de limitar el accionar de la Sala de lo Constitucional.
El recurso –que fue aprobado con dispensa de trámite- exige a la Sala de lo Constitucional tomar decisiones por unanimidad y –por ser transitorio- solo tiene validez hasta que venza el plazo de estos cuatro magistrados. Los autores del decreto han reconocido públicamente que es una ley con dedicatoria explícita contra una Sala que ha destacado por su independencia y su valentía.
Normalmente la Asamblea Legislativa tiene diez días hábiles para hacer llegar al Ejecutivo los decretos aprobados, y lo hace a través de un mensajero oficial. Esta vez el diputado pecenista, Elizardo González, salió de la sesión plenaria para llevar en persona el decreto a Casa Presidencial. El presidente Funes lo tuvo en sus manos a media tarde y al final del día ya lo había firmado y ordenado su inmediata publicación en el Diario Oficial con fecha del mismo 2 de junio. El proceso hasta que el decreto se convierte en ley puede durar normalmente 24 días hábiles, porque el presidente tiene ocho días para decidir si sanciona, observa o veta un decreto, y entre tres y ocho para que entre en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial. Esta vez, por razones que no han sido aclaradas desde la Presidencia, el Ejecutivo decidió acelerar el proceso hasta reducirlo a unas cuantas horas.
Desde que asumieron, estos cuatro magistrados dejaron en claro que no estaban dispuestos a perpetrar la dinámica clientelista que caracterizó a otras administraciones de la CSJ y tomaron decisiones que incomodaron a sectores tradicionalmente intocables en el país: al Ejecutivo (al limitar la discrecionalidad sobre el presupuesto del Estado), los medios de comunicación (al obligar primero a La Prensa Gráfica a pagar dos millones de dólares que debían a una lectora y al declarar inconstitucional la ley que eximía a los periodistas de responsabilidades por difamar, calumniar o injuriar) y a los partidos políticos (al minar el monopolio de la representación política y ordenar la desaparición de dos de ellos).
El decreto, aprobado con un explícito afán de imponer legislación con dedicatoria explícita, es un acto bajero de revancha política y una maniobra para maniatar y restringir la independencia de los cuatro magistrados. Ata la decisión al voto de un magistrado que se ha opuesto sistemáticamente a todas las sentencias polémicas y que es un claro representante de la tradicional forma clientelista y sectorial de aplicar la justicia en El Salvador.
La ley debe ser una norma general y permanente, que no puede tener por objetos de su acción a individuos particulares. En este caso, los legisladores violan ese principio jurídico para castigar a unos funcionarios particulares e interferir en el desempeño de otro órgano del Estado. Los partidos que se han visto afectados por la independencia de estos magistrados utilizaron la ley para vengarse de ellos y para atar al máximo tribunal de justicia a fin de que no interfiera en sus intereses políticos.
El acelerado respaldo del presidente de la República al decreto y el riguroso silencio que ha mantenido ante su decisión dejan una larga lista de preguntas sin contestar: normalmente es muy complicado generar decisiones que articulen a cuatro partidos de derecha y al presidente. ¿Hubo un preacuerdo con los partidos políticos? ¿Qué se negoció para llegar tan rápido a una decisión articulada? ¿Por qué el presidente creyó que esta decisión no era pasto del debate nacional, si ha promulgado –cada vez que ha tenido ocasión- que su “nuevo” estilo de gobernar se basa en el diálogo? ¿Por qué consideró que era de interés nacional maniatar a los magistrados en el menor plazo posible? ¿Por qué Funes no cree necesario dar alguna explicación de su accionar?
El Presidente que prometió el cambio se convirtió el jueves en obstáculo para la transformación de un país que urge de consolidación institucional y de prácticas políticas mucho más decentes que la imposición que atestiguamos el jueves pasado. La democracia requiere de líderes más responsables, más decentes y más comprometidos con un mejor país, y con los cambios que este urge, que los que protagonizaron este deplorable retroceso democrático el jueves pasado. En el legislativo y en el Ejecutivo.
