Partiendo de la premisa popular que dice que “lo que mal empieza mal acaba”, es que algunos –no muchos- fuimos críticos al saber que la negociación para elegir a estos cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizaba en Casa Presidencial y no en la Asamblea Legislativa, órgano a quien le corresponde por mandato constitucional. Eso no significó un cambio, sino la continuidad de una práctica histórica, con lo única diferencia que hoy se aceptaba públicamente. Ciertamente esta vez fue diferente, ya no fue sólo un secreto a voces.
Es hora de poner las cosas en su sitio y reconocer que tanto diputados, partidos como el Presidente han cometido crasos errores en lo relacionado con la institucionalidad democrática del país, pero también hay que decir con todas sus letras que estos 4 magistrados “fantásticos”, en su momento, aceptaron su elección sin reparo alguno, aún a sabiendas de que se había cocinado en el Ejecutivo en conjunto con las cúpulas partidarias.
Los denominados “4 fantásticos” antes de ser nombrados Magistrados estaban absolutamente conscientes de que fueron producto del parto de una negociación que no debió darse en CAPRES ni en la que ésta debió haberse implicado. No pueden alegar inocencia, pues eran totalmente conscientes de que su nombramiento era producto de una negociación con la intervención del Ejecutivo, lo cual constituye un pecado original contra la independencia judicial. Si ellos aceptaron su nombramiento a sabiendas de que habían vicios de inconstitucionalidad y lo justificaron pensando que una vez en el puesto resolverían apegados a la Constitución, entonces actuaron basados sobre el más burdo principio político: “el fin justifica los medios”.
Es por ello que en este momento de profunda zozobra e incertidumbre institucional, sería prudente que ninguno de los funcionarios de los tres órganos fundamentales de gobierno vengan a jugar a diáfanos semidioses ni tampoco a querer convertirse en los redentores legítimos para realizar a fuerza de sentencias las reformas políticas, que muy interesada y miopemente no quisieron hacer los partidos políticos durante más de una década en la que tuvieron la oportunidad para realizarlas sin mayores traumas.
La independencia judicial es un reto y una necesidad para la democracia en El Salvador, no porque sea el órgano judicial el facultado para hacer reformas al sistema político, pues eso sería no entender la naturaleza del órgano judicial y por lo tanto la forma en la que éste juega su rol en los procesos democráticos de un Estado, sino porque éste, y en especial la Sala de lo Constitucional, es el garante de que la institucionalidad funcione bajo las reglas establecidas en la Constitución, que para el caso salvadoreño se trata de un diseño constitucional enmarcado en principios democráticos.
El órgano judicial es garantía y expresión de democracia no porque funcione basado en la interpretación, conciliación o representación de intereses, sino porque interpreta y aplica la Constitución y las leyes con base en criterios técnico-jurídicos. Por ello, algo que es inconstitucional lo será independientemente de si esto es o no del agrado de la ciudadanía, los partidos políticos, empresarios o cualquier otro grupo de interés.
Es por eso que la independencia con que se emitan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son fundamentales para mantener una institucionalidad democrática, ya que esta independencia no está fundamentada en el clamor popular o en intereses particulares, sino en su apego a la Constitución, y desde esa independencia mantener al resto de órganos del Estado y la sociedad en general dentro de las reglas establecidas en ésta.
Hay que ser claros, a la Sala de lo Constitucional le corresponde mantenernos dentro del marco constitucional, no predicarnos hacia dónde debe avanzar o reformarse ésta, y a todos los demás no nos resta más que acatar, algo que resulta tan difícil de aceptar, sobre todo a los grupos de poder, sean éstos públicos, privados, formales o no formales.
Es hora de que nos vayamos ordenando y que nadie quiera jugar fuera de las líneas marcadas para la cancha democrática, ni menos que nos traguemos la venta de que la solución pasa por saltarnos las líneas o desviarlas un poquito para poder salir de este momento crítico. Hay que recordar que, por muy vago que parezca, nuestras abuelas no dejan de tener cierta razón al repetir que “lo que empieza mal –generalmente- acaba mal”.
