Pocos días después del decreto 743, que obligaría a la Sala de lo Constitucional a sentenciar solo por unanimidad, el presidente Funes publicó un campo pagado en el que llamaba al diálogo entre los órganos del Estado. Ahí también decía que según él entendía, los magistrados habían hecho algunos compromisos con el partido Arena. Esto es lo que al presidente de la Corte Suprema, Belarmino Jaime, le parece una ofensa y, dado que Funes no ha rectificado, el silencio le parece un síntoma de sordera en el mandatario. 'Un funcionario público no puede estar basando sus decisiones en rumores o en chambres', dice Jaime.
Esta es la segunda entrevista que El Faro realiza a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que han revuelto el sistema de partidos políticos diseñado en las leyes secundarias. El FMLN ya calificó como rebeldes a estos cuatro magistrados y estos advierten que seguirán siendo rebeldes en el sentido de privilegiar los derechos políticos de las personas ante los de los partidos, tal como lo establece la Constitución. Durante la semana que se realizó esta entrevista, el lunes 27 de junio, el nivel de tensión llegó a tal punto que PDC, PCN y Gana buscaron convencer al FMLN de juntar los votos para trasladar a dos de los magistrados de la Sala, con el fin de neutralizarlos.
El drama político o la crisis empezó hace un mes, cuando el 2 de junio la derecha legislativa en un pacto que avaló el presidente Funes al sancionar el pólemico decreto 743, amarró a la Sala de lo Constitucional exigiéndole sentenciar con los votos de los cinco magistrados. En esta entrevista, hablan de dialógo, pero aclaran que no cambiarán su forma de leer la realidad, esa que los ha puesto en la mira de los dirigentes políticos de derecha e izquierda.
En esta entrevista profundizan sobre una deuda pendiente: la depuración judicial. Justifican el atraso en depurar casi medio centenar de casos de corrupción de jueces. Dicen que hay un grupo de magistrados filibusteros que obsaculizan la agenda de Corte plena y que esto puede ser para proteger jueces corruptos. Son cinco o cuatro filibusteros, dice el magistrado Florentín Meléndez.
Han pasado nueve meses desde cuando en una entrevista en septiembre pasado ustedes cuatro nos decían, ironizando, que eran los indiciados. ¿Se ha intensificado esa percepción?
BELARMINO JAIME: Tal vez haya cambiado un poco, pero la situación anda más o menos de la misma manera, porque nosotros siempre vamos a seguir pronunciando las sentencias que nos toca pronunciar, y probablemente los políticos siempre van a estar descontentos. Desafortunadamente es algo que no podemos evitar, pero vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde.
RODOLFO GONZÁLEZ: Quizás el año pasado era más plural el tipo de pronunciamientos: el tema del presupuesto, el delartículo 191 del Código Penal y una única sentencia sobre las candidaturas no partidarias. Es cierto que este año, en el primer cuatrimestre se han concentrado cuantitativamente muchos pronunciamientos en materia electoral, pero basta ver el número de ingresos, que son casos de 2004, 2005 y 2006, que a nosotros nos ha planteado como un dilema: cumplir con nuestro objetivo de reducir la mora o este señalamiento de alterar la estabilidad y poner en riesgo las elecciones, que creemos que no es un riesgo real.
¿Y ustedes han optado por dedicarse a sentenciar sobre esta temática o es solo que la mayoría de las demandas de inconstitucionalidad que tienen acumuladas y de similar antigüedad son de esta materia?
RG: Esto último. Los casos que la anterior Sala consideró que podían declararse no ha lugar los resolvió en su momento. Los casos que después del análisis técnico le daban la impresión que podían dar ha lugar casi no votó y son los casos que nos encontramos.
SIDNEY BLANCO: Siento como que se ha intensificado la confrontación de parte de los partidos políticos, porque me da la impresión que los partidos políticos, a medida se acercan las elecciones, les va agarrando una especie de ansiedad por todo lo que implica competir electoralmente, y en esa ansiedad han revisado de nuevo las sentencias y han logrado de nuevo ver que las sentencias van orientadas a provocar una profunda reforma electoral. Una profunda reforma electoral que lleva como principal protagonista al ciudadano. Yo creo que empiezan los días en que hay que ver para atrás y darse cuenta del tiempo que se ha perdido desde cuando emitimos la primera sentencia, relacionada con candidaturas independientes, y que probablemente la lectura que le dieron en cuanto dictamos la sentencia es diferente a la que hacen hoy. Porque desde esta sentencia sobre candidaturas no partidarias, aunque nosotros reconocimos el papel importante que tienen los partidos políticos en la democracia, también trajimos a un actor olvidado, que es el ciudadano que no pertenece a partidos políticos. Claro, la presencia de este nuevo invitado en el proceso electoral ha generado casi desesperación de los partidos políticos, al grado que han propiciado una reunión con nosotros –a la que asistimos con el único propósito de escucharlos, sabiendo que no podemos negociar sentencias ni decretos, ni tampoco discutir con ellos por qué hemos resuelto en determinado sentido, porque ellos son parte interesada-, y lo que pudimos percibir en esa reunión es el interés de ellos centralizado en dos temas: uno, con unas demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley del Presupuesto, que nosotros no hemos resuelto todavía, y dos, el tema de las reformas electorales. Y es que, en verdad, a un tribunal constitucional no le corresponde comentar, hablar acerca de una demanda que está pendiente de resolverse. Nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de tratar temas con otros órganos del Estado, en este caso sobre unos asuntos que están en nuestras manos. Y en los temas electorales, nosotros creemos que las sentencias están suficientemente motivadas para comprender todo lo que encierra la reforma electoral que se produce desde la propia sentencia de candidaturas no partidarias. La Sala ha mantenido la coherencia hasta este momento respecto de a quiénes estamos potenciando a través de estas sentencias, que es el ciudadano. En la última sentencia no hacemos otra cosa que ser coherentes con esa identificación con el ciudadano, permitiéndole que pueda impugnar decisiones del Tribunal Supremo Electoral, para que ese derecho no sea monopolio de los partidos políticos.
FLORENTÍN MELÉNDEZ: La primera sentencia electoral se pronunció 20 meses antes de las elecciones de marzo de 2012. Es un tiempo razonablemente suficiente como para que la Asamblea Legislativa pudiera haber preparado el terreno, adoptado las reformas que hubiera considerado pertinentes –según su capacidad soberana de configuración legislativa- y salir en tiempo. Las otras sentencias que se emitieron, especialmente después de la anterior entrevista con ustedes (en septiembre de 2010), son las que han generado más tensión, más efervescencia, porque fueron dirigidas –no deliberadamente sino porque eran parte de las obligaciones que tenemos- hacia partidos específicos que desaparecían del mapa electoral por no haber cumplido los requisitos vigentes en el momento en que participaron en la elección anterior. Entonces, esto fue una especie de chispa para darle una mayor velocidad a la tensión. Porque aquí no estamos hablando de choque de poderes ni mucho menos, lo cual ha pretendido ser alimentado por algunos empleados de unos pocos medios de comunicación. Aquí hay una especie de tensión y de reacciones por el efecto de la sentencia.
Las anteriores salas pasaban prácticamente inadvertidas, sobre todo en asuntos de gobierno. Es decir, había dos protagonistas: Asamblea Legislativa y Presidencia de la República. ¿Ustedes tenían idea de que este iba a ser su rol, que iban a llegar a este nivel de juego, de interacción tan concreta y tan intensa con los otros poderes?
RG: Es un rol muy natural de los tribunales constitucionales… las instituciones se encarnan en personas. Pensemos en un tribunal que ha desempeñado un rol institucional, sin llegar a ser gobierno de los jueces, y eso nos lo dijeron los diputados en la reunión que tuvimos: “Aquí algunos están hablando de que se está implantando un gobierno de los jueces…” Yfuimos claros en decir que no tenemos ninguna intención de establecer en el país un gobierno de jueces. Pero sin llegar a un gobierno de los jueces, veamos el rol protagónico de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que se ve tan natural. Desde el siglo XIX, con el tema de la esclavitud, algunos dicen que hubo una sentencia de la Suprema Corte que avaló la esclavitud y es la que dio lugar a la guerra civil, a la guerra de secesión en los Estados Unidos. Es decir, yo pensaría que aunque nosotros no lo hubiéramos pensado, ponernos la toga de jueces constitucionales implicaba que teníamos que desempeñar este rol. Justamente, en la única reunión que hemos tenido con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, me quedó a mí la impresión –aunque no lo dijeron así con esas palabras- que el sistema electoral es un tema exclusivo de la Asamblea Legislativa. El presidente (Belarmino Jaime) les dijo: “¿Y qué vamos a hacer cuando alguien nos venga a reclamar un derecho constitucional de tipo político?” Con las características del sufragio -libre, directo, igualitario y secreto- o cuando se plantee un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión que distribuye escaños en los departamentos, pero sin atender a la población o sin respetar el régimen de representación proporcional, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que ese es un tema exclusivo de la Asamblea? No es un tema exclusivo. Pensemos en otros temas, económicos, por ejemplo, qué duda cabe que la Asamblea aprueba sus leyes económicas, y el Ejecutivo lleva las políticas económicas, fiscales, exterior, etcétera, pero hay derechos constitucionales de naturaleza económica. Hay un título en la Constitución que se llama Orden Económico, que comprende 20 artículos y que se refiere a la tenencia de la tierra, la concesión de los servicios públicos, la libertad económica, la propiedad privada en función social, etcétera... ¿Qué vamos a hacer si nos vienen a reclamar eso? ¿Decir que es un tema exclusivo del Ejecutivo porque él lleva la política económica del país? No. Y los tres órganos somos calificados en el artículo 86 de la Constitución como órganos fundamentales del gobierno.
SB: Yo quiero ahondar sobre esto. Estamos convencidos del papel que le corresponde a un tribunal constitucional en países como los nuestros. Estábamos convencidos también de la tradición que ha existido en el país, del presidencialismo exacerbado que ha existido en nuestro país. El respeto en cascada de todas las órdenes del presidente de la república, que han pasado por la Asamblea Legislativa y que terminan en el Órgano Judicial. Eso lo conocíamos. Yo, en lo personal, en lo que no tenía ni idea era en cuán atrasados estamos en el debate de las competencias constitucionales de cada uno de los órganos del Estado. Porque escuchar a funcionarios decir que la Constitución la interpretan ellos o decir –por ejemplo- que no van a atender una resolución judicial, porque ellos creen que es contraria a la Constitución… esto lo que provoca es una necesidad urgente de implementar un debate sobre las competencias de cada uno de los órganos y también creo que es importante el debate acerca de los efectos que producen las sentencias y si los demás órganos están obligados o no a cumplirlas. Porque con esta interpretación de que “si ustedes dictan sentencias inconstitucionales, nosotros no las vamos a acatar”, ahí como que se produce una distorsión respecto al estado de derecho y eso para mí sí ha sido sorprendente.
Cuando usted escucha este tipo de expresiones de parte de los dirigentes políticos, de los diputados, ¿usted cree que lo dicen con sinceridad, que eso es lo que creen, o piensa que es viveza y dicen lo que les conviene?
SB: No sé por qué lo expresan así... Hemos escuchado, por ejemplo, a políticos decir que la Sala de lo Constitucional no debe de entrar a conocer asuntos electorales ni debe dictar parámetros para legislar. Voy a poner un ejemplo en el que resulta importante que exista control constitucional de las actuaciones del legislativo. A través de las sentencias de inconstitucionalidad, en donde nosotros hemos expulsado del ordenamiento jurídico muchas leyes, ha sido porque ha existido o una interpretación errónea de la Constitución por parte de los legisladores o simplemente una burla al texto de la propia Constitución. Un ejemplo, nadie niega que el 743 es ley, pero lo que sí nosotros hemos negado es la validez constitucional de esa ley, que es una atribución de cualquier juez. Mire, yo tengo 14 años de ser juez, y me he pasado toda la vida en estos 14 años declarando inaplicabilidades de leyes emanadas por la Asamblea Legislativa, por ser contrarias a principios constitucionales.
Cuando habla de burlas a la Constitución, ¿lo dice en sentido metafórico o es literal?
SB: Violación a la Constitución.
Sí, pero el término burla quizás denota alguna intención de saltarse la Constitución…
SB: Me refiero a esquivar la literalidad de la Constitución.
Es decir, ¿hay una voluntad de contrariar la Constitución de parte del legislador o es ignorancia?
SB: Lo que pasa es que las actuaciones de los diputados muchas veces resultan difíciles de comprender. Tú mismo lo planteabas, ¿lo harán por ignorancia o lo harán por malicia? No sabemos. No sabemos si lo hacen por interés. Es decir, no sabemos por qué crean unas leyes violando una disposición expresada en la Constitución. No sabemos si lo hacen por burla, por ignorancia, por malicia. Por eso es que les corresponde a los tribunales enjuiciar el acto legislativo.
