Cuando falta una semana para que unos inversionistas italianos tomen el control de LaGeo en cumplimiento a la orden de un tribunal internacional, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Irving Tóchez, anunció el miércoles una nueva estrategia legal que alargaría por casi un año la disputa por la mayoría de acciones en la principal empresa salvadoreña que genera energía eléctrica con base en recursos geotérmicos.
“El recurso de nulidad ya fue presentado”. Tóchez habló sobre una petición presentada este miércoles ante la Corte de Apelaciones de París, en Francia, una instancia especializada en derecho privado internacional, que deberá analizar la sentencia de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés). El pasado 5 de julio, la ICC determinó que Enel Green Power tiene derecho a tener la mayoría de acciones de LaGeo.
Enel ganó en el año 2001 una licitación pública internacional para convertirse en socio estratégico de Inversiones Energéticas (Ine) –empresa creada por CEL- para la exploración, evaluación y construcción de pozos geotérmicos para producir electricidad. Del matrimonio de esas dos compañías nació, el 4 de junio de 2002, un acuerdo de accionistas que le permitía a los italianos invertir en la III unidad de Berlín, Usulután, primero; y en otros proyectos que después los llevaría a ser los accionistas mayoritarios de LaGeo.
El proceso consistía en que las inversiones que hiciera Enel en LaGeo se convertirían automática y progresivamente en acciones de la compañía, de tal manera que eventualmente la firma italiana podía llegar a tener mayoría de acciones. Sin embargo, en 2008 la CEL se negó a conceder al socio estratégico la capitalización de sus inversiones, incumpliendo el contrato y dando lugar al litigio.
Para Enel, un Estado que en los últimos años ha tenido dificultades de liquidez, debería apreciar la posibilidad de inyección de capital foráneo. “La cosa absurda de este arbitraje es que entramos a un arbitraje porque nos impedían invertir, de traer dinero nuevo al país, con argumentos de pérdida de poder, de control. Para mí, el Estado gana porque llegan recursos nuevos, frescos, sin que el Estado tenga que poner recursos para desarrollar una actividad que se alimenta de un recurso natural”, dice Valerio Cecchi, el presidente de Enel Green Power Latinoamérica.
Cecchi dice que lo atractivo de la licitación internacional que promovió CEL durante la administración de Guillermo Sol Bang era la posibilidad de convertirse en los socios mayoritarios de LaGeo, algo que quedó plasmado en el artículo 6 del acuerdo de inversionistas. Esa disposición, empero, fue objetada por Nicolás Salume -presidente de CEL desde 2004 hasta 2011- primero y ahora por Tóchez, su sucesor: “Es válido que hagamos uso de todos los recursos legalmente posibles para mantener el control de la mayoría en esta importante empresa que es propiedad del Estado salvadoreño. Es improcedente la entrega a manos privadas de la manera en que se ha pretendido, de las operaciones de un recurso estratégico para el país”.
CEL, por medio de Ine, ya argumentó en el plano internacional que no puede dejar en manos privadas un bien estratégico para el Estado y para demostrarlo presentaron 11 testigos, entre abogados constitucionalistas, expertos en derecho civil, comercial y peritos en titularidad de recursos naturales. Sin embargo, la ICC resolvió que Enel tiene derecho a capitalizar inversiones por un monto de 127.4 millones de dólares, lo que aumentaría sus acciones hasta en un 53.25 por ciento. En un plazo de 30 días –que vence el próximo 5 de agosto- la Ine debe llamar a una junta general de accionistas y aumentar el capital social de LaGeo, mediante la emisión de 9 millones 346 mil 598 acciones, cada una por un monto de 13.63 dólares. El tribunal internacional resolvió que Enel tenía el primer derecho a suscribir todas las acciones; es decir, convertirse en el socio mayoritario.
Con la presentación del recurso de nulidad, la Ine no realizará la junta general de accionistas que estaba prevista para la próxima semana. “No va a haber junta para aumento de capital”, enfatizó Tóchez, un ex director de Impuestos Internos que luego se convirtió en asesor tributario para el sector privado.
-¿Tomaran alguna acción legal para declarar lesivo lo actuado por la administración de Guillermo Sol Bang? -preguntó El Faro a Tóchez.
-Estamos concentrando las fuerzas para defender algo institucional, las valoraciones que estás haciendo en su momento tienen que verse y tienen que estudiarse, definitivamente aquí hay muchas cosas que podrían verse, hay abogados locales que están estudiando el caso. Ahorita nos estamos concentrando en este proceso y después vamos a entrar a los procesos que tienen que corresponder -respondió Tóchez.
Además de considerar lesivo el acuerdo de accionistas entre Enel y CEL, acusó a la compañía italiana de ejecutar proyectos geotérmicos que no son productivos. “Enel debe reconocer que las obligaciones que asumió no han sido satisfactoriamente cumplidas para el país que lo invitó como un socio estratégico del desarrollo geotérmico. Además del proyecto ya identificado y evaluado técnicamente por CEL y LaGeo en aquel momento no se han agregado un tan solo megavatio geotérmico desde ese entonces. A la matriz energética del país no se le ha agregado un megavatio más por cuenta y riesgo de Enel', afirmó Tóchez, al señalar lo que consideró una falla de la empresa italiana en sus responsabilidades.
Tóchez asegura que sus acciones están encaminadas a evitar una privatización de la producción de energía geotérmica. Cecchi, por su parte, lamenta que el discurso de las autoridades trate de tocar temas de nacionalismo, ignorando las disposiciones jurídicas: “Los recursos del subsuelo siguen siendo del Estado. En realidad lo que tenemos es una concesión, nos permite extraer calor del vapor de la tierra para transformarlo en energía eléctrica y restituir el condensado bajo tierra para que se recaliente otra vez. Nada sale fuera del país”.
Según las cifras de Enel, la inversión para estudios de prefactibilidad en el área geotérmica cuestan entre 20 y 30 millones de dólares y la inversión por megavatio instalada es de 6 millones. Según sus cálculos, solo por ingresos de venta, LaGeo percibe unos 130 millones de dólares al año. Un asesor legal de Enel resume así el litigio con CEL: “Ninguna empresa de un nivel tecnológico alto y con la capacidad financiera le va decir aquí está la plata, ahi vea cómo me la maneja. Aparte que Enel es un socio operador, no un socio financiero, no es un banco”.
Esos argumentos y contraargumentos tendrán que dilucidarse en los próximos nueve meses a la luz de una ley que entró en vigor en Francia en mayo de 2011. Esa disposición legal daría facultades a la Sala 1-1 de la Corte de Apelación para que en los próximos cinco meses, El Salvador presente las pruebas que estime convenientes. Luego, durante cuatro meses, será el turno para Enel y, al final, habrá un período de réplicas.
En el caso de que la resolución sea desfavorable para Ine, Tóchez ya anuncia una cruzada legal en tribunales salvadoreños. “En tierras cuscatlecas, no todos los caminos llevan a Roma”, advirtió.
