El martes 5 de julio, la dirigencia nacional del FMLN reunió a cientos de activistas frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia y desde una tarima los arengó en contra de los magistrados que componen la Sala de lo Constitucional. Los acusó de “derechistas” y de favorecer con sus resoluciones a ARENA y a la empresa privada.
Es el último ataque contra la sala de un partido que se jactó de ser el único que no votó por el decreto 743, pero que a partir de entonces se ha mostrado como el más férreo obstáculo para su derogación y ahora propone formar una Corte Constitucional que meta en cintura a los cuatro magistrados de la discordia.
Entre estos cuatro magistrados a los que ahora el FMLN acusa de derechistas se encuentra Sidney Blanco. Es un juez que hace apenas cuatro años recibía unas acusaciones públicas similares, pero desde la otra trinchera. En 2007, junto a Francisco Díaz, publicó un informe sobre impunidad en El Salvador, realizado a solicitud del PNUD. El informe tuvo poco tiempo de vida: el entonces ministro de Seguridad, René Figueroa, que además fungía como vicepresidente de ideología de ARENA, apareció en todos los medios de comunicación rechazando la validez del informe porque, dijo, contenía “sesgos ideológicos” introducidos por los “dos abogados de izquierda”.
En defensa de Blanco y Díaz salieron muchos intelectuales, pero la presión del ministro fue tal que el PNUD decidió desconocer el informe y retirar su distribución.
Ahora es el FMLN el que acusa a Sidney Blanco de sesgos ideológicos, pero para favorecer a la derecha.
En ARENA, quien impulsó el bloqueo a la Sala de lo Constitucional mediante el 743 fue el presidente de su Consejo Ejecutivo Nacional, Alfredo Cristiani. Después confesó que lo hizo debido a que temía que derogaran la ley de Amnistía, justo en momentos en que 20 ex militares, entre ellos varios generales miembros de la generación militar llamada La Tandona, esperan en España juicio por el asesinato de los sacerdotes jesuitas perpetrado en 1989.
Hace más de 20 años de aquel crimen, por el que de hecho se abrió juicio en su momento. Los fiscales, entonces eran el actual viceministro de Seguridad, Henry Campos, y el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional: Sidney Blanco. Ambos denunciaron la manipulación del juicio para favorecer a los acusados.
También a Florentín Meléndez, otro de los magistrados de la Sala, lo han pasado de un lado al otro del espectro político, dependiendo de las conveniencias de los autores de los discursos. Su labor como abogado defensor de derechos humanos lo llevó a presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un alto honor que se vio acompañado, en El Salvador, por señalamientos desde la derecha más radical de que Meléndez era un izquierdista que quería dañar a los que defendieron la patria de la agresión comunista.
Durante el periodo de selección y confirmación de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, siguió enfrentando estas acusaciones de parte de derechistas radicales y areneros temerosos de que Meléndez quisiera impulsar desde la Corte la derogación de la ley de Amnistía o la investigación del asesinato de los sacerdotes jesuitas o el de Monseñor Romero, tal como mandó la CIDH. Pero apenas dos años después de su llegada a la Corte, el magistrado de la Sala de lo Constitucional es acusado de derechista por el principal partido político del país, el izquierdista FMLN.
Hace pocos días, para el acuerdo y aprobación del decreto 743, eran los partidos de derecha los que conspiraban para amarrar a esta sala (incluso destituir a los magistrados, como sugirió el PDC) a la que consideraba un grupo de izquierdistas (y eso que el presidente de la Sala y de la Corte, Belarmino Jaime, es un hombre ligado a la empresa privada y más cercano a los grupos de la derecha empresarial que a la izquierda donde lo han pretendido ubicar).
Sin importar sus orígenes, su pensamiento, sus ideas diversas y sus filias históricas, los cuatro magistrados son acusados al unísono de actuar para favorecer, según sea el caso, a la izquierda o la derecha. Las acusaciones no tienen ningún fundamento. Al contrario, son lanzadas desde ambas trincheras con tal visceralidad que simplemente confirman la independencia de la Sala de lo Constitucional y la irracionalidad de quienes hoy pretenden cerrarles toda posibilidad de hacer su trabajo.
Ahora, ante la presión de muchos sectores para resolver el entuerto, el presidente Funes ha desestimado la crisis institucional alegando que lo verdaderamente importante para la gente es la construcción de viviendas y el combate a la inseguridad y la pobreza. Pero desestimar la crisis institucional desatada por esta conspiración es, en realidad, demagogia.
La independencia de poderes es fundamental para el sistema de pesos y contrapesos que requiere un sistema democrático sano. Las crisis no se resuelven con la prepotencia y la irracionalidad con la que el señor Funes y los partidos políticos están arrinconando a la Sala de lo Constitucional.
El capítulo de la Sala de lo Constitucional ilustra cómo la política salvadoreña se ejerce desde los temores, los revanchismos y los fantasmas. En este escenario, los izquierdistas de unos son los derechistas de otros. Aunque se trate de las mismas personas. Las que están dejando lecciones de independencia.
