Dos fuentes del sector estatal y una no gubernamental revelaron este domingo a El Faro que algunos de los 10 militares salvadoreños contra quienes pesa orden de captura internacional por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y la hija de esta, se presentaron voluntariamente este día ante una guarnición de la Fuerza Armada, en un intento por evadir las inminentes capturas por parte de la Policía.
“Los militares se entregaron hoy a las 6 (de la tarde), en el cuartel de la ex Guardia Nacional, y están bajo resguardo militar”, dijo una de las fuentes, que pidió que no se le identificara porque no estaba autorizada para revelar la información.
Según esta persona, los oficiales retirados tuvieron una reunión la tarde de este domingo en la que decidieron adelantarse a lo que parecen capturas inminentes por parte de la Policía Internacional (Interpol), atendiendo una orden del juez español Eloy Velasco.
Según la fuente, este es un intento por sortear la captura que el 26 de julio pasado ordenó a Interpol el juez 6o. Central de Instrucción de Madrid. Velasco solicitó a Interpol colocar una alerta roja contra 10 militares, entre ellos los generales Juan Orlando Zepeda -exviceministro de Defensa- y Juan Rafael Bustillo, ex comandante de la Fuerza Aérea. También pidió la captura del que para la fecha de los asesinatos, ocurridos el 16 de noviembre de 1989, era jefe del Estado Mayor, el entonces coronel René Emilio Ponce. Este, que posteriormente fue ministro de Defensa, falleció en mayo pasado, a los 64 años de edad.
Una de las fuente del sector estatal aseguró a El Faro que algunos de los acusados se habían entregado a las autoridades militares buscando ampararse en la figura de resguardo militar, pero tampoco explicó quiénes de los perseguidos son los que llegaron al cuartel que hoy ocupa la Brigada de Seguridad Militar.
El Faro acudió a las instalaciones de la Brigada de Seguridad Militar, pero el personal militar de guardia negó que se hubieran presentado algunos de los procesados en España.
En la orden internacional de captura están los nombres de estos 10 militares: Mariano Amaya Grimaldi, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Aválos y René Emilio Ponce.
Las órdenes fueron remitidas de la Oficina Central de Interpol en Madrid a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, para evaluar si todos los requisitos para emitir una alerta roja estaban en orden. La Policía Nacional Civil asegura que todavía no ha recibido las órdenes de captura, pero una fuente del gobierno le aseguró a la agencia de noticias AP que estas ya estaban en las manos de las autoridades salvadoreñas.
Según una de las fuentes de El Faro, la figura del resguardo militar los pone bajo tutela de las autoridades militares, pero no evita una posible captura. Aspiran a que se les trate según el Código de Justicia Militar.
Este significaría que cuando la Policía ejecute la orden de arresto internacional, al estar bajo resguardo militar, los acusados podrían pedir que se les aplique el Código Militar y no la justicia común. Si las autoridades militares deciden aplicarles el Código Militar podrían sortear las órdenes de captura internacional. Esto requeriría que las máximas autoridades castrenses establecieran que los acusados están bajo jurisdicción de la Fuerza Armada salvadoreña.
Si los acusados no hicieran uso del resguardo militar no podrían pedir el amparo del Código Militar y por lo tanto serían arrestados por las autoridades civiles una vez la alerta roja llegara a la Policía.
Otra de las fuentes aseguró a El Faro que el Código Militar no brinda ninguna protección a los militares en la situación en que se encuentran y sería vano el intento de cobijarse bajo la figura del resguardo militar. La decisión de presentarse a las instalaciones militares la tomaron en una reunión que los involucrados tuvieron en las instalaciones de un club social de San Salvador, reveló la fuente.
La semana pasada los abogados que llevan el caso de los militares anunciaron que tomarían medidas para neutralizar el caso que se lleva en España. El abogado Eduardo Cardoza, defensor del general Rafael Humberto Larios y del general Juan Rafael Bustillo, dijo que han contratado un abogado en España para denunciar al juez Eloy Velasco por prevaricato. El argumento en el que basarán su acusación es que abusivamente ha girado órdenes de captura internacional a sabiendas de que no podía hacerlo porque la justicia salvadoreña ya juzgó el caso en 1991.
En total, Velasco procesa a 20 militares retirados, pero en su orden del 26 de julio solo incluyó los nombres de 10 de ellos.
El abogado Lisandro Quintanilla, quien defiende a varios de los acusados, dijo que tienen estudios preliminares para demandar al juez español por el delito de difamación. Entre los clientes de Quintanilla se encuentran el exviceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda; el excomandante de la Primera Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes, y el excomandante del Batallón Atlacatl, Óscar León Linares.
El Batallón Atlacatl, que era la unidad élite de contrainsurgencia del ejército salvadoreño durante la guerra civil, fue el encargado del operativo realizado en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas el 16 de noviembre de 1989, cuando un comando especial ejecutó a los seis sacerdotes, incluido el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría. La orden de asesinar a Ellacuría, según el informe de la Comisión de la Verdad, la dio Ponce, aunque este siempre lo negó.
En una entrevista publicada el 6 de junio pasado por El Faro, uno de los 20 militares procesados, el coronel Camilo Hernández, confesó que él entregó el fusil con que debía matarse a Ellacuría. Hernández relató en esa entrevista una serie de detalles de los preparativos del operativo de extermino y de cómo él mismo dio parte a los superiores sobre la operación.
* Con reportes de Efren Lemus, Sergio Arauz y Gabriel Labrador.
