Los diputados de la Comisión de Legislación y los representantes de distintos medios de comunicación y asociaciones de periodistas coincidieron la mañana del lunes en el propósito de modificar el Código Penal para abolir la pena de cárcel por delitos relacionados con el abuso en la libertad de expresión, y prescribir solamente multas o trabajos de utilidad pública para los transgresores.
La comisión discute reformar el artículo 191 para adecuarlo a la tendencia internacional, que es eliminar las pena de prisión para los delitos de injuria, calumnia y difamación.
Hace 11 meses, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que decidió que era inconstitucional el artículo 191 porque daba trato distinto a periodistas respecto de otros ciudadanos. El 191 contemplaba penas de cárcel para quienes incurrieran en delitos contra el honor, a menos que fueran personas que ejercieran el periodismo, dueños de medios, columnistas o directores de medios de comunicación. Los magistrados dijeron que el artículo 6 de la Constitución ya habla de que quienes abusen de la libertad de expresión pueden incurrir en delitos, y que el Código Penal hacía distinción entre ciudadanos periodistas y ciudadanos no periodistas. Por lo tanto, resolvió que atendiendo al principio de igualdad, los comunicadores no podían tener esa protección y también podían ser castigados con cárcel. La sentencia resolvió, sin embargo, que para poder sentenciar a prisión a un ciudadano, será necesario que en juicio se demuestre que lo expresado sobre la persona ofendida se ha hecho de mala fe, con la intención de dañar la imagen de dicha persona.
Ahora, entonces, quienes cometan delitos contra el honor pueden ser sentenciados hasta a cuatro años de prisión, y esto es lo que tanto diputados como representantes de medios de comunicación y gremios de periodistas quieren cambiar. El inciso 3 del artículo 191 del Código Penal que eliminó la Sala en su sentencia servía como una especie de escudo legal que salvaba de la cárcel a los periodistas, editores, jefes de redacción y propietarios de medios de comunicación que abusan de la libertad de expresión.
La comisión estudia las cinco propuestas de reformas presentadas por los partidos Arena, Gana, PCN, PDC y CD, que son coincidentes. Los diputados dijeron que tomarían en cuenta las observaciones que presentaron los invitados del lunes, cuando recibieron a Jorge Hernández, vicepresidente de noticiarios de la Telecorporación Salvadoreña (TCS); Gabriel Trillos, director editorial del Grupo Dutriz; Narciso Castillo, director del Canal 33; Nery Mabel Reyes, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); José Luis Benítez, de la comisión de ética de la APES; Manuel Flores, representante de la Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños (AMPS), y Pedro Leonel Moreno, delegado de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (Asder).
“Estamos pidiendo cosas totalmente éticas. En los delitos contra el honor, queremos cambiar la penas de cárcel por penas pecuniarias”, dijo Moreno, quien además explicó que el grupo propueso siete reformas al Código Penal.
Narciso Castillo reiteró la posición del grupo y llamó a los diputados a cuidar que la legislación no termine con medios de comunicación censurados. “Una democracia no admite ni políticos, ni periodista presos”.
Los diputados coincidieron en que era necesario eliminar prisión. Para Arena, Gana y CD la idea de quitar por completo la sanción de cárcel pareció ser la mejor solución, pero el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que en caso de reincidencia él proponía mantener el castigo de cárcel porque la insistencia en una transgresión era señal de intención de dañar a una persona.
La posición contrastante en este tema es la del FMLN, que reiteró en la voz del diputado Jaime Valdez, en su postura de apoyar que se mantenga la pena de prisión. “Lo que se está tratando de regular son los excesos”, dijo. “No estamos hablando de penalizar o limitar la libertad de expresión”.
Sin embargo, al finalizar la reunión, el otro efemelenista en la reunión, Ricardo González, aseguró que ese no era punto de honor para el partido de izquierdas. “La tendencia internacional va más encaminada a días multa”, dijo, aunque no comprometió un viraje en la postura del FMLN.
Los legisladores también discutieron el derecho a respuesta, y concluyeron que no era necesario reformar el Código Penal dado que no era un tema que le concerniera al artículo 191.
Otro punto de debate fue el del monto de las multas. La presidenta de la APES dijo que se corría el peligro de que si las multas resultaran demasiado altas, la mayoría de periodistas se vieran imposibilitados de poder responder porque los comunicadores suelen tener sueldos bajos. “Los periodistas no vivimos en la opulencia”, dijo Nery Mabel Reyes.
