Como si fuera uno de sus encendidos discursos de campaña electoral, el presidente de la República, Mauricio Funes, enumeró este 1 de septiembre los problemas más graves que padece el país -la pobreza, la desigualdad y la violencia- e invitó a los salvadoreños a preguntarse qué país quieren y a trabajar juntos en busca de las respuestas.
Funes pidió un basta ya a la epidemia de homicidios, un fenómeno que desde el fin de la guerra civil nunca ha alcanzado cifras tan altas como en los dos años y tres meses de su gobierno. Su diagnóstico sobre El Salvador lo enmarcó en un examen más amplio, no solo de la región centroamericana, sino también de todo el mundo, y ahí fue donde ubicó la enfermedad de poblaciones con dirigencias incapaces de responder a las necesidades de la gente.
El presidente propuso un relanzamiento de país, un intento de borrón y cuenta nueva en momentos en que los empresarios le regatean la posibilidad de un impuesto al gran capital que incrementaría en menos del 1% del PIB la recaudación tributaria en el segundo país con menor carga fiscal en el continente y con la segunda mayor tasa de homicidios.
Los empresarios se rehúsan a aceptar el impuesto selectivo para financiar la seguridad pública con dos argumentos: que la administración Funes ha sido incapaz de comprometerse a tomar medidas de austeridad aun cuando reconoce que tiene dificultades de iliquidez, y que no ha podido presentar un verdadero plan para combatir la criminalidad. El primer gobierno de izquierdas de El Salvador ha seguido las pautas de las administraciones de derecha que le precedieron en el área de la seguridad pública: manifestaciones de buena voluntad para resolver el problema, pero omisión a la hora de declarar y hacer públicas estrategias específicas, con plazos y metas concretos.
Después de 27 meses de haber tomado las riendas del país, Funes hizo una caracterización de El Salvador que evoca a aquel que él mismo describía cuando era candidato: 'Todos tenemos responsabilidad en que El Salvador sea una de las sociedades más injustas del planeta', dijo. Aquella nación que ya era la más violenta del continente cuando Funes aspiraba a conducirla, atraviesa un fenómeno de asesinatos que en cifras brutas no tiene precedentes. 'Vivimos años dolorosos de conflicto y muerte. Basta ya de eso', dijo, en su alocución.
Apenas tres días atrás, el ministro de Seguridad, Manuel Melgar, se resistía a admitir ante los periodistas que las cifras de homicidios evidencian un deterioro de la situación. Funes heredó de su predecesor, Antonio Saca, un país con un promedio diario de más de 10 asesinatos. En 2011 la tasa ronda los 12 y si sigue a este ritmo terminará el año con un nuevo récord de homicidios dolosos: cerca de 4,400.
El motivo del discurso era que está próxima la fecha en que El Salvador celebrará 190 años de independencia. El 15 de septiembre, la mitad de Centroamérica celebrará -en medio de una crisis de violencia- el fin del dominio político de España. En la última década, El Salvador ha visto cómo las tasas de asesinatos se superan año con año, en una espiral que solo ha encontrado rivales en los países vecinos Guatemala y Honduras. Honduras terminó 2010 con una tasa de 77 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras El Salvador registró una de 67.
Flanqueado por los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, Funes acudió al Palacio Nacional, en San Salvador, donde lanzó las actividades de conmemoración de la independencia. Más tarde quien le haría corte sería el ex presidente de Brasil Luiz Inácio 'Lula' da Silva, en Puerto El Triunfo, Usulután. Lula fue uno de los padrinos de la candidatura presidencial de Funes y un respaldo decidido al gobierno salvadoreño hasta que terminó su mandato en 2010.
Aunque Funes reconoció que El Salvador que él está gobernando aún no ha encontrado las respuestas a la epidemia de homicidios, tampoco adjudicó responsabilidad total a él ni a su gabinete. El fenómeno nacional es una manifestación de un fenómeno mundial, dijo, en el que el crimen organizado asoma amenazante y eso requiere que todos se apresten a enfrentarlo.
Adelantándose a los próximos meses, pidió que no se utilice este problema con fines proselitistas en la contienda que se resolverá con la votación de 2012. 'No podemos aplicar una visión reduccionista y hacer de este asunto una herramienta electoral', advirtió. Auguró que si los partidos políticos usan el fenómeno de la violencia para hacer campaña electoral, será una gran irresponsabilidad y la gente no lo perdonará.
Segundos antes había afirmado que la situación de injusticia social en El Salvador es responsabilidad de todos y, a medida que seguía desmadejando su discurso, seguía tejiendo la idea de que todo mundo tiene una cuota de culpa por la situación. La mañana de este 1 de septiembre, el gobernante retomó las palabras de aquella noche del 15 de marzo de 2009, cuando tras saberse ganador de la presidencia anunció que su gobierno no iba a ser un gobierno de su partido, el FMLN, sino uno de unidad: 'El gobierno que presido es un gobierno de todos, porque entiende que un amplio consenso político del Estado nacional con los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa y con los líderes municipales es cómo avanzaremos en la solución de los problemas que aquejan a nuestras familias'.
En los últimos 20 meses de administración, el partido que llevó a Funes a la presidencia se ha encargado de sembrar dudas sobre los verdaderos intereses que se mueven tras las decisiones presidenciales. Uno se produjo en enero de 2010, con motivo de las reformas a las reglas del juego de la telefonía celular, ocasión en que Funes se opuso a medidas que vulneraban los ingresos de las operadoras. El último episodio ocurrió en julio, cuando un funcionario del FMLN sugirió que el veto del presidente a la Ley Antitabaco obedecía a que Funes priorizaba los intereses empresariales y dejaba en segundo plano el derecho a la salud de la gente. El diputado Guillermo Mata Bennet planteó esa posibilidad, y Funes salió desmintiendo con energía.
El miércoles, la Asociación Nacional de la Empresa Privada propuso públicamente convertirse en acompañante del gobierno en la definicón de políticas públicas en el área de la seguridad. La ANEP propuso crear una Fundación de Paz Ciudadana que se dedique a cuatro tareas: monitorear cifras de criminalidad y victimización, a dar seguimiento a casos emblemáticos de los principales crímenes que ocurren en El Salvador, a vigilar la actuación de los jueces del país y a coordinar las instituciones del sector justicia.
Este jueves el presidente pareció responder a los señalamientos de cercanía con pequeños grupos de poder, pero se abstuvo de dar declaraciones a la prensa y fue imposible obtener una explicación. 'Nuestro gobierno nunca es ni será corporativo, nunca faccioso, que responda a los intereses de un grupo que tiene o ha tenido históricamente el poder suficiente para presionar a los gobiernos en turno y para incidir en la construcción de las políticas públicas', dijo.
Hasta ahora, los discursos de Funes han estado llenos de enumeraciones sobre lo que ha hecho su administración; ha atribuido las debilidades de la economía a la crisis internacional y a los empresarios porque no invierten en el país. El mandatario ha admitido en reiteradas ocasiones que las instituciones del Estado han sido penetradas por el crimen organizado, aunque ha sido renuente a aceptar el aumento progresivo de la criminalidad durante su administración.
Y aunque últimamente logró mostrar cifras de reducción de la tasa de pobreza (de más del 40% durante los últimos días del gobierno de Antonio Saca a 36.5% en 2010), las palabras del presidente la mañana de este jueves sonaban como a un grito desesperado de ayuda, tan vehemente que hasta él mismo, que preside el país, se refirió a la posibilidad de la insurrección en situaciones como la que estaba perfilando. 'Recordemos que los pueblos no se rebelan por la pobreza: se rebelan por la injusticia', sentenció.
Lea aquí el discurso del presidente Funes.