Opinión /

Impunidad y olvido


Jueves, 11 de agosto de 2011
Roberto Cañas

Una vez más se plantean debates dentro de nuestro país alrededor del caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, sobre la impunidad y la amnistía. En los últimos días vuelven los de siempre con los mismos argumentos de siempre a sostener “que no se deben abrir las heridas del pasado”, que esto dividirá a los salvadoreños, que ya no se pueden pedir responsabilidades penales por aquellos crímenes, porque la ley de Amnistía puso punto final. “Que tocar dicha ley resquebrajaría el proceso de paz alcanzado y se pondría en riesgo la estabilidad del país”.

Los que dicen todo lo anterior, tienen un problema: su anacronismo, No se quieren dar cuenta de que estamos en la segunda década del siglo XXI y viven atrapados en el pasado, repiten ya sin fuerza, argumentos que no corresponden con la época actual. Estos actores sociales y políticos con su comportamiento van a echar a perder una oportunidad histórica de trabajar porque el país se reconcilie con el pasado y que con las heridas cerradas y sanadas pase a enfrentar en mejores condiciones las realidades del nuevo siglo. 

El  país no es igual a1989 cuando en las primeras horas del 16 de noviembre un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresó a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (UCA) y mató a los sacerdotes. El Batallón Atlacatl ya no existe, Y el entonces coronel René Emilio Ponce “que dio la orden de dar muerte a los Padres sin dejar testigos” ya falleció. Después de 22 años hay una nueva generación de jóvenes que tiene una necesidad vital, en términos de identidad, que es  conocer bien el pasado reciente de su patria. Aquí no se trata de venganza y de revancha, ni de que hay “enfermizos antimilitarismos”,  los que plantean esto,  tal vez lo dicen porque el odio, la revancha y la venganza están todavía  dentro de sus corazones.

La verdad es que no hemos sabido enfrentar como país esta situación y más bien muchos han evadido deliberadamente afrontar la verdad que lleve a la justicia. La historia de la Ley de amnistía es complicada y durante muchos años hemos estado atrapados en ella, por las decisiones de quienes quieren la impunidad.

Está claro que no podemos soñar con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema de la Ley de Amnistía. Se sabe que  empeñarse en buscar una fórmula perfecta no es posible, estos hechos no pueden superarse a la ligera, pues han tenido repercusiones de una magnitud histórica y nacional que  victimizaron cerca de 90 mil compatriotas. Pero también si no se actúa hoy, la opción es dejar pasar una oportunidad y existe el peligro inminente, que el resultado sea que todo quede como está.

En el terreno internacional sobre la Ley de Amnistía hay que tener bien presente que las cosas están muy claras: desde hace tiempo: en el año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fallo por la derogación de esta Ley. Organizaciones no gubernamentales de prestigio como Amnistía Internacional han pedido que se revoque dicha Ley. Y  el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre de 2010 reiteró su recomendación que se revoque la Ley. Así pues, que el problema, lo tenemos adentro en la mente de algunos  y en el país.

Hoy es necesario colocarse por encima de los acontecimientos y con las luces altas, con visión de futuro superar de manera correcta este momento. Es tiempo de reafirmar con firmeza la voluntad política de terminar con la impunidad y eliminar la pretensión de querer ocultar hechos criminales con un manto de mentira. Los liderazgos políticos, sociales, eclesiales deben de dar la cara y aportar soluciones para el bien del país.

En el pasado la  impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Hoy se intenta mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que estamos en otro momento con mejores condiciones para cambiar esta realidad.

No nos enredemos una vez más: la amnesia se quiere volver a imponer y muchos contribuyen a esa imposición cuando están dispuestos a  trocar la “seguridad”  a cambio de la impunidad, “la prudencia” a cambio de no afectar sus intereses electorales. De nuestra conducta en estos días dependerán muchas cosas: como respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen.

Es una falacia, no es cierto, decir que “todos nos beneficiamos de esta amnistía. No sólo los beneficiados directos --militares, paramilitares, guerrilleros, comandos de secuestro--, sino la población más afectada por la guerra”. Es inadmisible que se escriba que de lo que se trata es “querer ganar la guerra que militar y políticamente  era imposible ganar en El Salvador, en una corte española”. Estos que escriben así me dan pena ajena.

Recordemos que de la manera  como resolvamos esta situación, así podremos legar, si lo hacemos bien, un camino más adecuado, para que puedan transitar con más armonía, tranquilidad y paz las futuras generaciones. Solo establecer la verdad nos dará las herramientas que necesitamos para ir al segundo paso: el de la justicia restaurativa que nos prepara para la reconciliación.   

Es necesario que la ciudadanía salvadoreña entienda que debemos construir una cultura de paz que permita a la población no usar la violencia como forma de resolver los conflictos sociales, económicos y políticos en el país. Solo si somos capaces de cambiar la forma de resolver los conflictos podemos construir El Salvador que tanto necesitamos: democrático, en justicia y paz social. Todo  esto hay que  hacerlo convencidos de que urge reivindicar en nuestro país la dignidad, la verdad, la justicia y la paz; valores  que son indispensables para que  vivamos todas y todos los salvadoreños en armonía.

Son demasiado fuertes las implicaciones  y las repercusiones del caso jesuitas como símbolo emblemático  de la necesidad de curar las heridas del pasado pues afectan el presente y el futuro. En este sentido es importante ubicar y entender que la tarea de la Reconciliación y el Perdón de manera genuina solo podrán surgir de un Acuerdo Nacional por la reconciliación y la reparación moral y material de las víctimas del conflicto.

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