A veces una repentina ventolada, con su acompañamiento de negras nubes, torna lo que era un día apacible en una jornada marcada por la furiosa tempestad, con estruendosos truenos, rayos enceguecedores y lluvia torrencial. Es algo a lo que el trópico nos tiene acostumbrados. Nos sorprende, pero, cuando en la esfera de lo político se reproducen estas mismas características y lo repentino, lo imprevisto y lo dramático se hacen presentes de manera similar a la furia de los elementos, acabando con nuestra tranquilidad.
Y es que ¿cómo estar tranquilo ante los pronunciamientos, comunicados y tomas de postura de los diversos sectores de la derecha? En vez de guardar la prudencia del silencio, ese coro de voces, unas quejumbrosas, otras apocalípticas, con fingida indignación y poco disimulado tono de amenaza las más, han reaccionado a la alerta roja u orden internacional de detención emitida por la justicia española contra una decena de militares, hoy en situación de retiro. Componían el alto mando de la Fuerza Armada cuando se cometió el hecho, calificado de crimen de lesa humanidad y terrorismo por el juez Eloy Velasco, y del que se les acusa por autoría intelectual, es decir, por haber dado la orden de asesinar al rector de la UCA de aquel entonces, Ignacio Ellacuría, y de no dejar testigos vivos. Ocho personas fueron masacradas por elementos del Batallón Atlacatl en cumplimiento de tal orden, de ellas seis sacerdotes jesuitas, cinco de los cuales de nacionalidad española. No es sólo el principio de justicia universal, por tanto, lo que sustenta el proceso en Madrid; también el que hubiera víctimas españolas.
Las airadas expresiones “en defensa de la soberanía”, las voces “contra la intromisión” del juez español en “asuntos internos” y los llamados a “levantar la dignidad nacional” hacen a un lado este aspecto, que es obvio a un observador imparcial, y que distingue este crimen de otros como el de Monseñor Romero, el del Mozote, el caso de la Zona Rosa o el asesinato de alcaldes en la zona nororiental del país. Los familiares, amigos y simpatizantes de los procesados, así como dirigentes o bases de partidos políticos, están en su derecho de hacer cuantas manifestaciones gusten ante la Embajada de España. Pero es contradictorio que utilicen el discurso nacionalista, dado lo inconveniente que resultan dichas marchas para los intereses nacionales, siendo dicho Estado destacado por su cooperación con el país, un socio económico importante y un determinante aliado político en su papel de puente ante la Unión Europea. ¿Es en interés de la nación enemistarnos con España, insultar a su gobierno o despotricar contra su sistema de justicia?
Pueden manifestarse todos los días, si así quieren. Cuanto más lo hagan, pero, más reforzado queda el argumento de que en este país no hay condiciones para un juicio justo que establezca la verdad y emita sentencias si llegan a probarse judicialmente las responsabilidades de estos jefes militares de aquella época. No ayuda a su imagen de “presuntos inocentes” no haber atendido al juez español que les pidió presentarse a declarar y resistir hoy su orden internacional de detención a efectos de extradición, refugiándose en el antiguo cuartel de la Guardia Nacional a fin de evitar ser capturados. Es esta actitud suya la que compromete a la Fuerza Armada, colocada entre la solidaridad propia del espíritu de cuerpo y la legalidad que está determinada a defender y atenta contra el argumento de que no son las instituciones quienes delinquen, sino los individuos. La figura del “resguardo militar” es un invento, ingenioso, del Ministro para salir del paso y disimular que los acusados llegaron pidiendo “santuario” justamente para evadir, no para cumplir, la orden internacional de detención.
Por mí, pueden quedarse indefinidamente en dicho cuartel. Pero es improbable que eso suceda. Dada la correlación que se advierte en el seno de la Corte Suprema de Justicia sería más lógico prever una resolución favorable a los imputados y que puedan salir de las instalaciones militares y regresar a sus hogares. Ampliarían su prisión preventiva a los veinte mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, mientras el proceso judicial sigue su curso en España. Esa situación va a mantenerse, tal vez por años, en todo caso no se resolverá antes del próximo proceso electoral.
¿Piensa la derecha llegar a esa coyuntura con dicho tema en las primeras planas? ¿O va a a ser la primera interesada en bajarle perfil y pasar página? En cada evento eleccionario ha aireado el pasado “terrorista” de la izquierda, pero este caso pone en evidencia el “terrorismo” de su propio pasado. Mienten hoy como ayer mentían cuando adjudicaban a la guerrilla la muerte de los jesuitas. ¿Mantendrán la postura de escudarse en la ley de amnistía? Ya la Corte Suprema dictaminó en el 2000 que no es aplicable en el período del presidente Cristiani, es decir, entre 1989 y 1994, porque este gobierno no podía amnistiarse a sí mismo. ¿Seguirán insistiendo en que es cosa ya juzgada? En 1991 se juzgó a los autores materiales pero no a los intelectuales, como se quiere ahora. Además, para los parámetros internacionales este juicio fue una farsa y no existió para efectos legales. ¿Seguirán aferrándose al argumento de la prescripción de los delitos? Los que ha tipificado el juez de la Audiencia Nacional son crímenes imprescriptibles por su gravedad y naturaleza, crímenes contra el género humano, perseguibles en todo tiempo y lugar, como se hizo con los criminales nazis.
El asesinato de los seis sacerdotes y sus dos colaboradoras es uno de los más aberrantes cometidos durante el conflicto y es buena noticia que se avance a hacer justicia, aunque sea dos décadas después. Aunque tenga que ser fuera del país, por la incapacidad o la falta de voluntad del sistema judicial salvadoreño. El que otros crímenes horrendos sigan impunes no puede ser pretexto para ir contra los posibles avances en este caso concreto. Es lo que la mayoría de la población salvadoreña aprecia. Se equivocan los que desde el fanatismo ideológico reviven ahora la parcialidad y el odio que los motivaba en la época de la guerra civil. Sus mismas posturas prueban que las heridas no están cicatrizadas, por el contrario, tienen mal aspecto, están infectadas y abrirlas es el primer paso para proceder a su sanación.
