Durante años, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria se convirtió en un centro neurálgico para ARENA y para los políticos que tuvieran la suficiente habilidad como para beneficiarse de la falta de controles para la adquisición de tierras del Estado.
Cuando comenzamos, durante la administración anterior, a publicar las primeras irregularidades que encontramos en esa institución, el titular del ISTA respondió acusándonos de mentir y desestimando las acusaciones. Hoy está sometido a un juicio justamente por haber entregado tierras del Estado a simpatizantes, parientes y subordinados.
Pero durante todos esos años, y ante la total inoperancia de la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la Repúbica, las tierras del Estado destinadas a campesinos terminaron en manos de aliados políticos y empresarios afines o socios de las administraciones de ARENA.
Ahora descubrimos también que algunas tierras del ISTA terminaron en manos de algunos diputados. Ellos insisten en que la compra fue legal, a pesar de las aparentes irregularidades en las transacciones de compraventa. Uno de ellos, el diputado Elizardo González Lovo, se aventura a decir que si algo ha sido hecho de manera irregular lo que procede es legalizar lo efectuado mediante decreto legislativo. Él, que tiene varias propiedades que pertenecieron al ISTA y muchas más que no, dice estar dispuesto a someterse a las indagaciones que sean necesarias, y el sistema debería tomarle la palabra a un diputado cuando habla de transparencia y rendición de cuentas.
Le compete a instituciones como la Corte de Cuentas, Probidad de la Corte Suprema y la Fiscalía General investigar las propiedades y adquisiciones de estos diputados y determinar si su adquisición fue legal y si sus ingresos son congruentes con las propiedades que poseen.
Hace algunos meses, el Salón Azul de la Asamblea Legislativa fue scenario de duras acusaciones de corrupción entre diputados de ARENA y diputados de GANA. Ni siquiera las denuncias hechas en session plenaria y en público por diputados bastaron para que estas instituciones, la Corte de Cuentas, la Fiscalía y Probidad, consideraran pertinente abrir investigaciones.
Ahora, que la Corte de Cuentas ha cambiado de manos; y que el fiscal por fin abrió un expediente sobre la corrupción en el ISTA, hay una mejor coyuntura para investigar a fondo el reparto descarado de tierras y la corrupción en esa institución del Estado.
Y si ni la Corte de Cuentas ni la Fiscalía creen que hay suficiente evidencia para llevar a fondo estas investigaciones, que lo hagan a solicitud del diputado González Lovo.
