El presidente Mauricio Funes tenía hasta este lunes para dar cumplimiento a una disposición de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y terminado el día ni la Subsecretaría de Transparencia ni la Secretaría Jurídica ni el equipo de comunicaciones de Casa Presidencial podían dar cuenta de si el gobernante emitió los dos reglamentos a la normativa.
'El presidente de la República emitirá los reglamentos de aplicación de la ley a más tardar en ciento veinte días contados a partir de la vigencia de la ley', dice el primer inciso del artículo 9 de la ley, mientras que el incido segundo precisa sobre el reglamento que establecerá el mecanismo para el nombramiento de los comisionados de acceso a la información: 'El reglamento de elección de los comisionados deberá estar elaborado a más tardar ciento veinte días después de la entrada en vigencia de esta ley'.
Esos 120 días comenzaron a correr el 8 de mayo pasado, cuando entró en vigencia esta normativa que tiene como propósito que la información sobre el quehacer estatal esté a disposición del público y que este tenga herramientas para demandar la entrega de información, so pena de sanciones para los funcionarios infractores.
La Asamblea Legislativa aprobó el 3 de marzo la ley con una serie de cambios propuestos por el presidente Funes. Fue publicada en el Diario Oficial en abril y el 8 de mayo comenzaron a correr todos los plazos progresivos que establecieron los diputados.
Los primeros plazos vencieron este lunes, y al cierre de la jornada, la Subsecretaría de Transparencia carecía de información sobre la aprobación de los proyectos de reglamentos enviados al presidente por medio del secretario jurídico, Ricardo Marroquín Peñate.
El siguiente plazo fijado en la ley es el nombramiento de los comisionados, para este la normativa establece 180 días, a partir de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, 60 días después de la emisión de los reglamentos. Sin embargo, el retraso en los primeros plazos podría generar retrasos ulteriores en todo el calendario planteado por la normativa, ya que estos fueron establecidos con un orden que facilitaría la implementación de la ley, después de una serie de consultas con la Presidencia.
Los tiempos planteados en la normativa, surgieron en gran medida por la presión del Ejecutivo, que consideraba los plazos originales emitidos en el decreto de diciembre pasado demasiado breves. Después de hacer llegar siete observaciones a la Asamblea Legislativa, los diputados accedieron a que, por ejemplo, la obligación de que las instituciones estatales tengan publicada la información principal que manejan corra un año después de la vigencia de la ley.
De acuerdo con la Subsecretaría de Transparencia, las propuestas de reglamentos fueron entregadas a la Secretaría de Asuntos Jurídicos en junio y esta última no le había hecho hasta la tarde de este lunes ninguna notificación sobre la aprobación de los documentos. El Faro llamó vía telefónica a la Secretaría de Asuntos Jurídicos con el fin de conocer en qué fase se encuentra la elaboración de los reglamentos, pero después de una par de transferencias internas de la llamada, la telefonista que recibió la solicitud dijo que no había quién diera declaraciones. Luego dijo que para recibir una respuesta era necesario antes comunicarse vía correo electrónico con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
En el área de Comunicaciones tampoco respondieron la solicitud de información, y se limitaron a sugerir que se llamara a la Secretaría Jurídica.
En la Asamblea, los diputados efemelenistas y los de Gana reaccionaron condescendientes con el Ejecutivo, diciendo que no sería un incumplimiento importante si los reglamentos no se emitían este lunes. En el caso del partido de derechas Gana, el dirigente Guillermo Gallegos incluso dejó claro que ignoraba que la ley está vigente desde mayo pasado. “Lo que sucede es que la ley no entra en vigencia todavía, así que tenemos ese margen. El problema sería que entráramos con la ley y no tuviéramos reglamentos”, dijo.
El legislador del FMLN Ricardo González también dijo que no había razones para preocuparse. “Lo más seguro es que ya lo tienen. Aunque nosotros estaríamos verificando que se cumpla el plazo final”, dijo el diputado izquierdista.
En Arena, el diputado y presidente de la Comisión de Legislación, Guillermo Ávila Qüehl, aseguró que se estaba incumpliendo la ley y que la medida más próxima era una propuesta de acción política, en la que se le exigiera al Ejecutivo acatar los plazos plasmados en la normativa. “Vamos en un camino en el que después vienen la prórrogas. Y quizás vía prórrogas este gobierno no va a tener una legislación”.
Arena siempre sostuvo que cuando el presidente Funes se rehusó a avalar los plazos originalmente incluidos en el decreto de diciembre, estaba dando una señal de que aspiraba a terminar su presidencia en 2015 sin la incomodidad de una LAIP. Ávila Qüehl se dijo molesto por la falta de atención a las disposiciones de la normativa, aun cuando la presidencia cuenta con una subsecretaría que tiene como finalidad la transparencia. “Marcos (Rodríguez) se comprometió a que se cumpliría la ley”, dijo, haciendo referencia al subsecretario de Transparencia.
La LAIP surgió por iniciativa de un grupo de instituciones cívicas de diversa índole que desde 2009 impulsaron la creación de la normativa después de una serie de consultas públicas. El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (del que El Faro es integrante) logró que la Comisión de Legislación de la Asamblea fusionara en un solo documentos una propuesta elaborada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), y otra presentada por el partido FMLN. Eventualmente ese proyecto fue el que se convirtió en la ley.
Cuando la Asamblea emitió la ley, el Grupo Promotor advirtió que veía como debilidad en la normativa que se le atribuyera al presidente de la República la potestad de nombrar a los comisionados que jugarán un rol como de jueces de acceso a la información. El temor se sustentaba en que abría la posibilidad de una influencia indebida del gobernante en el criterio de los comisionados, que también tendrán la tarea de aplicar sanciones cuando alguien infrinja la normativa. Por lo tanto, la única posibilidad de subsanar o atenuar ese riesgo estaba en que los reglamentos estuvieran adecuadamente preparados.
El Grupo Promotor pidió a la Subsecretaría de Transparencia que se le consultara sobre los contenidos de los reglamentos antes de emitirlos, con el fin de poder hacer observaciones. Llegado este lunes, la oficina de gobierno no había atendido el llamado.
