El dirigente pecenista José Francisco Merino López invitó a los legisladores la noche de este jueves, a que reflexionaran antes de reformar el artículo 191 del Código Penal, para con ello eliminar la pena de prisión para los delitos contra el honor de las personas. El legislador, que fue vicepresidente de la República de 1989 a 1994, intentaba convencerlos de que puede haber abusos en la libertad de expresión que ameriten algo más que sanción económica.
Merino tomó la palabra para referirse a su caso como ejemplo de lo que estaba planteando. Aseguró que dos publicaciones de El Faro en las que se reveló que el exvicepresidente fue uno de los beneficiados con la obtención de terrenos que el Estado había expropiado para en teoría y en principio destinarlos a campesinos desposeídos.
El legislador, que se había rehusado a conceder una entrevista a este periódico para expresar su versión de los hechos, aprovechó la sesión plenaria de esta semana para alegar que la información publicada por El Faro no era exacta. Dijo que no ha adquirido ninguna propiedad del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y que la parcela en la Hacienda Las Hojas II, en el municipio de San Pedro Masahuat, en La Paz, la compró a una persona que no tenía título de propiedad, pero que gracias a unos testigos y unos trámites municipales logró convertirse en dueño de ella.
“Tengo acá el título municipal bajo el cual adquirí, no en la fecha que ellos dicen sino que tres años antes, pero para llegar a este título municipal no solo se hicieron las pesquisas del caso, me refiero a la tenencia de la persona a quien le compré, sino que también al mecanismo que había que utilizar porque esta gente no tenía a esa fecha otorgados sus títulos de propiedad (...) Cuando yo encuentro la publicación digo: ¿y qué hacer si aquí está la prueba contundente de que yo no le he comprado al ISTA? ¿Pero qué puedo hacer? Él tiene el medio para publicar las cosas, yo no tengo medio para aclararlos”.
El legislador hizo repetidas alusiones al artículo 191 del Código Penal, alternando referencias al reportaje publicado -y a una nota posterior de seguimiento- y a 'conductas delictivas' vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión. Cuando hace dos semanas lal Comisión de Legislación se acercó a un acuerdo para eliminar la pena de prisión por los delitos de injurias, calumnias y difamación, el Partido de Conciliación Nacional (al que pertenece y del que es dirigente Merino) expresó una reserva: que se considerara la posibilidad de mantener la pena de cárcel para los casos de reincidencia.
Merino expresó sus temores de que exista la posibilidad de que los textos publicados en El Faro sean parte de una campaña para perjudicarlo. “Hay aquí colegas del pleno que han llegado a expresiones de decir: hombre, mira, hay un plan para afectarte”.
El parlamentario no mencionó en su intervención que El Faro le pidió, en dos ocasiones, una entrevista, para que diera su versión de los hechos que retratan una lista de beneficiarios del ISTA y documentos en el Centro Nacional de Registros. El acuerdo que la Junta Directiva del ISTA tomó el 3 de marzo de 1994 habla de que una treintena de beneficiarios de la reforma agraria, incluido Merino López, recibirán parcelas otorgadas por el ISTA a partir de un latifundio que el Estado compró hace 27 años. El acuerdo directivo agrega que los agricultores, campesinos, domésticas y sastres beneficiados deben recibir facilidades crediticias para poder adquirir las propiedades.
El diputado dijo que es dueño de la parcela desde tres años antes de la fecha que consigna el Centro Nacional de Registros (CNR). Merino López dice que compró a una persona que no tenía el título de propiedad y que el decreto 139 que la Asamblea Legislativa aprobó en 1990 “orientaba” la forma de legalizar la tenencia de esas tierras. “Uno de los caminos era abocarse a las alcaldías municipales de la jurisdicción para proceder a la emisión de los títulos”. Ese es el camino que siguió el diputado.
Además de la alcaldía de San Pedro Masahuat, que daba fe de que esas personas tenían alrededor de 40 años de residir en ese lugar, el diputado dice que presentó testigos, entre ellos el líder comunal Felícito Alvarado Melchor. “Este título no sigue un proceso fácil sino de varios meses e involucra no solo al alcalde municipal sino a los testigos lugareños que van a dar fe de esta operación”, dijo.
Merino López alegó ante sus compañeros de Asamblea haber comprado el terreno en 1991, y para desvirtuar que haya adquirido la propiedad del ISTA aseguró que en esa ocasión revisaron los expedientes del Instituto Geográfico Nacional y que en 1982 esta institución certificaba que esas tierras no le pertenecían ni al ISTA ni a la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (Finata). Lo que Merino no mencionó es que cuando él compró la parcela, el Estado sí ya era el propietario. En el Registro de la Propiedad en La Paz consta que el Estado salvadoreño compró la hacienda Las Hojas el 17 de mayo de 1984, al amparo de un acuerdo de la Junta Revolucionaria, que tenía como objetivo “adoptar medidas conducentes a la distribución de la riqueza nacional”. Es decir, beneficiar a campesinos. Así que cuando en 1991 -la fecha de compra que alega el diputado- el vicepresidente compró el terreno, este tenía siete años de ser propiedad estatal.
En la segunda nota que publicó El Faro se detalla que un socio de Merino López en una empresa de bienes raíces también fue beneficiario del ISTA. Ellos manejan una sociedad que obtuvo préstamos bancarios y que dejó en garantía hipotecaria unos terrenos en San Luis Talpa, los cuales fueron donados a la municipalidad para zonas verdes, pero que terminaron en manos del diputado.
“La segunda publicación menciona situaciones de operaciones bancarias de sociedades en la que he participado, pero miren, eso ya es estar exponiendo situaciones personales. Yo supongo que, como dicen, hay mano peluda detrás de esto, pero yo no me atrevo a ir a un régimen sancionatorio de cárcel porque digo: y estos muchachos, suponiendo en el peor de los casos que estén motivados por algún beneficio económico, no creo que sea un beneficio económico tan grande como para una carceliada”, dijo el legislador.
