Pablo Ochoa, el presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), tiene sobre su pulcro escritorio un libro con páginas sueltas y artículos subrayados. Son algunas de las leyes que regulan la reforma agraria, un proceso que inició en la década de los ochenta y que pretendía entregar tierras a cooperativas y campesinos desposeídos, y que son las mismas leyes que el funcionario utiliza para señalar una manipulación en la entrega de tierras, pero -al mismo tiempo- para asegurar que no puede hacer nada: 'No es que quiera ver cómo me zafo del embrollo...'.
A Ochoa, El Faro le pidió una entrevista durante la primera quincena de agosto, antes de publicar que tres diputados obtuvieron terrenos que, según la reforma agraria, habían sido adquiridos por el Estado para, entre otros fines, “redistribuir la riqueza nacional”. La entrevista se concretizó hasta el martes de la semana pasada y el funcioniario confirma que el ISTA entregó terrenos a los diputados mencionados en la publicación, pero -de nuevo- dice que está 'amarrado' por la ley y que no puede presentar una denuncia en la Fiscalía.
En esta entrevista, el funcionario contradice la versión del diputado Francisco Merino, quien la noche del jueves 8 de septiembre negó que hubiera comprado un terreno al ISTA en la hacienda Las Hojas y acusó a periodistas de este medio de “conductas delictivas” por asegurar en la publicación que era beneficiario de la reforma agraria. “¿Qué hacer sí yo aquí tengo la prueba contundente de que no le he comprado al ISTA?, se preguntó durante la sesión plenaria mientras la Asamblea debatía reformar al artículo 191 del Código Penal para eliminar la pena de prisión por delitos contra el honor. Ochoa pinta un escenario diferente al que planteó el diputado Merino, pues asegura que la institución sí benefició a Merino con la propiedad.
El Faro publicó que tres diputados recibieron tierras del ISTA, ¿Ha investigado eso?
Vi las publicaciones y son hechos que sí se dieron, las tres personas aparecen con adjudicaciones. Revisamos qué había pasado, pudieron haber pasado muchas cosas que uno no necesariamente conoce porque son millones de papeles que hay que revisar. ¿Qué pasó? En 1994 se le adjudicó al diputado (Francisco) Merino una parcela en Las Hojas.
¿Por qué el ISTA, que trabaja para campesinos, adjudica tierras a diputados?
¿Por qué? No sé. Eso está ya en la historia. No sé por qué a él, porque pudo ser a cualquier persona. El hecho es que esa tierra, y ahí no estoy de acuerdo con lo que dice El Faro, porque dice que es tierra destinada a campesinos, pero las tierras con vocación turística no es destinada a los campesinos porque no tendría sentido, la ley le da la potestad al ISTA para venderlas. Y es lo que hicieron: se adjudicaron en venta.
Pero aquí estamos hablando de un proceso diferente…
Claro, se las vendieron a este señor. El caso de 1994 se adjudica en venta, el caso de 2007...
Antes de que hable del otro caso, me quiero referir a algo que no cuadra: usted dice que la ley regula la venta de terrenos con vocación turística, pero también sé que en esos casos las ventas deben ser a precio de mercado.
No, la ley no dice nada. Ahí hay un vacío si quiere: no especifica a qué precio se va a vender. El artículo 22 de la Ley para la Adjudicación de Tierras Adquiridas por el ISTA, con anterioridad a la Ley Básica de la Reforma Agraria -y estas tierras vienen desde lo que fue el Instituto de Colonización Rural (ICR)-, dice: Los inmuebles no adjudicados a la vigencia de esta ley deberán adjudicarse en venta por la junta directiva, que fijará el precio, plazo, forma de pago, previo informe que haga la comisión nombrada para el efecto. Yo no he encontrado un documento que haya generado ese informe.
¿Los acuerdos de junta directiva establecían que la tierra se debía vender a precio comercial?
No he encontrado ningún acuerdo que diga eso, podrá haberlo. Son miles de actas de junta directiva, y la lógica dice eso que usted está diciendo. Obviamente, si una tierra no tiene la vocación agrícola, en lo personal lo que haría es subastarla y ponerle un precio base, un precio justo de mercado. Eso sugeriría a mi junta directiva. En este caso no tuvieron ese pensamiento y la vendieron al precio que a ellos se les antojó.
Le explico por qué creo que este no es el caso: la junta directiva dice que los lotes de la hacienda Las Hojas son de vocación turística, pero cuando adjudican al diputado Merino hablan de una lotificación agrícola y le dan beneficios agrarios: crédito y hasta cuatro años de dispensa de pago si “por fuerza mayor” no puede pagar la cuota. ¿No es contradictorio?
Sí… sí… de hecho aquí hay un montón de sinsentidos. La vez pasada le contaba un montón de cosas que se hicieron sin sentido y no es que con esto trato de desviar la atención.
(El Faro también entrevistó a Ochoa el pasado julio para preguntarle por qué no había tomado acciones para recuperar 514 solares que, según una auditoría de la Corte de Cuentas, fueron entregados ilegalmente a empleados del ISTA. Por ese caso, la Fiscalía tiene un proceso judicial abierto contra expresidentes de esa institución: Miguel Tomás López, José Armando Zepeda Valle y Magdaleno Antonio Guzmán Díaz).
Aquí han hecho casos que son insólitos. ¿Cómo es posible que hayan comprado tierras que estaban hipotecadas? Son hechos insólitos, nadie en su sano razonamiento lo hace. Si empezamos a ver cosas insólitas, pues sí, hay un montón, pero, ¿de quién era la responsabilidad? De las autoridades del momento.
Y vender tierras turísticas y permitir que las paguen como campesinos, ¿no es corrupción?
Bueno, si esos son actos de corrupción pueden juzgarse como cada quien con una visión los juzga. Lo que sí puedo decir y voy a aprovecharlo para decírselo es que en el ISTA no hay corrupción. A mí no me gustó una frase que dijo el periodista Carlos Dada, a quien no conozco pero respeto porque he visto la objetividad en las cosas que hace. En un programa de televisión dijo: aquí la corrupción sigue y peor que antes, y puso el ejemplo de la publicación; para quien está oyendo fácilmente dice: en el ISTA hay corrupción. Eso sí lo voy a defender, no puedo decir aquí todo el mundo es santo, pero lo que controlamos y las decisiones que tomamos tratamos de que sean apegadas a la estricta legalidad. Es más, estamos revirtiendo hechos que se dieron en febrero, abril de 2009 con marcada tendencia a favorecer a personas. El único ente autorizado para adjudicar tierras en el ISTA es la junta directiva, pero en ese lapso se dieron una cantidad de adjudicaciones por un gerente que menos mal no se logró la escrituración; estamos revertiendo eso.
¿Por qué hay disposición a revertir hechos de 2009 y no a revisar las contradicciones en la adjudicación de los lotes de playa?
La ley no da potestad para eso, si la ley nos diera potestad y nos exigiera, no solo habría que hacerlo, sería mi obligación hacerlo. Mire, la ley dice (lee): fijará el precio y no dice, alto, bajo… vea, pudo ser simbólico.
Y si la junta directiva hubiera vendido cada lote a un dólar, ¿tampoco haría nada?
Se pudo… por medio de la ley no se puede hacer nada, por lo menos la que regula esta institución. De acuerdo con esta ley es la junta directiva la que tiene la potestad.
El diputado Merino dijo en una sesión plenaria que él no le ha comprado al ISTA sino que adquirió tres años antes ese terreno por medio de un título municipal. Los documentos en el Registro y los del ISTA muestran otra cosa. ¿Es cierto lo que él dice?
No, hay documentos de que su nombre aparece… Ahí he visto varias publicaciones de negocios, eso será otro tipo de negocios, pero sí hubo una adjudicación a nombre de él, eso sí.
¿Y en esa adjudicación se le dio un crédito que era para beneficiarios de la reforma agraria?
Sí, sí, amparado en la legislación agraria, correcto. En la ley hay cositas que le dan salida a cosas que son insólitas, pues. Aquí dice (lee la ley): créditos, pero no dice a quién, a personas naturales o jurídicas. La junta directiva puede dar crédito y forma de pago, entonces, indudablemente, si alguien tiene responsabilidad es la junta directiva de ese momento.
Pero esa ley que usted está leyendo debo suponer que la Asamblea Legislativa la aprobó pensando en créditos y plazos para campesinos que no pueden pagar.
Mire, el literal del artículo 18 es una reforma del 10 de octubre de 2000: la junta directiva podrá acordar la transferencia a favor de personas naturales o jurídicas de inmuebles que posean infraestructura o que no sean de vocación agrícola. Diferente es este (muestra otra ley): que se refiere a la transferencia de tierras que se obtuvieron con anterioridad a la Ley Básica de la Reforma Agraria: los inmuebles deberán adjudicarse en venta.
Pero el diputado Merino obtuvo la parcela en 1994, antes de la reforma de 2000 y no aplica.
El amparo legal está en esos artículos para ese tipo de transacciones, aunque esa reforma fue en el 2000, el hecho fue en 1994, quiere decir que solo se sujetaron al artículo 22 de la ley para la adjudicación de tierras adquiridas con anterioridad a la Ley Básica de la Reforma Agraria. Claro, a nosotros fácilmente se nos pregunta qué van a hacer: ¿Qué podemos hacer? Presentamos cualquier denuncia a la Fiscalía, sencillamente nos van a decir eso no es delito; tal vez, repito juzgar desde la moralidad con que se tomó una decisión, pero más allá no podemos. ¿Qué alcanzamos con eso? Prácticamente nada. El caso de la hacienda El Encantado (hacienda en La Unión donde el también diputado pecenista Elizardo González Lovo obtuvo lotes) es tierra que venía desde el ICR. Esa se dio en el 2007, ya existía este artículo, en ese caso hubo negociación porque hay un intercambio de notas donde le habían fijado un precio y la persona que estaba comprando pidió que le hicieran una rebaja que no aceptaron, ahí están las notas. Ahí están los precios de dos treinta y algo… no recuerdo. Bueno, alguien de ustedes le preguntó: ¿eso es justo? Ustedes mismos tienen la respuesta que dio. Claro, en esta administración eso no se haría.
¿Por qué no lo haría?
Ya le dije el procedimiento que a mi juicio debería aplicarse: una subasta porque no se va a desperdiciar dándosela a alguien que al contrario de sacarle un buen provecho va a deteriorar un lugar porque no tiene la tal vocación agrícola que es con la que el ISTA pretende favorecer a los campesinos.
Debo interpretar, entonces, que el ISTA le negó la posibilidad a otros salvadoreños de comprar esos lotes de playa y, por falta de subasta, benefició directamente a estos diputados.
Ciertamente, pudieron hacer un procedimiento diferente, más aceptable… que si ellos hubiesen sido los favorecidos eso no sé, pero que se pudo hacer una cosa que no fuera sujeta de crítica, creo que sí. El punto es que no tenemos una base legal para revertir una condición de esta naturaleza y, repito, no es que quiera ver cómo me zafo del embrollo… No, estamos para hacer que se cumpla la ley, pero no podemos inventar procedimientos. Que debieron fijar un precio justo no dice la ley. Cuando este asunto es de 2000 y pareciera que cubre hechos anteriores a este agregado de la ley, bueno, alguien debió hacer algo en aquel momento, nadie hizo nada. Como ISTA estamos atados, en este proceso de reforma agraria se dieron decretos, leyes, modificaciones y agregados con un propósito que es oculto, pero uno lo puede ver de qué se trataba: de revertir el proceso de la reforma agraria. Cuando se permite por ejemplo que las cooperativas comiencen a vender la tierra entre sus socios, abrieron la puerta para que –y ustedes han investigado bastante- los socios las vendieran a terceros.
¿Y las personas que usaron esas modificaciones a la ley de reforma agraria para beneficiarse a sí mismas no deberían estar presas?
(Silencio de 10 segundos) Volvemos… ¡lo hicieron legal, lo hicieron legal! ¡Crearon las condiciones para hacerlo legal! Si no lo hubieran hecho legal, entonces hubiera sido transgrediendo la ley que hacen esas movidas, llamémosle, y deberían estar presos. Hay una cantidad de decretos que abrieron espacios para legalizar ciertos hechos que de alguna manera generaban una reversión al proceso, el espíritu de la reforma agraria que pudo ser acertada, pudo ser política, cualquier cosa, pero que al final pretendía la redistribución de la tierra; y se la entregan a cooperativas y no las acompañan de créditos, ni de una organización administrativa, ni de capacitación para hacer producir la tierra. ¿A dónde iban a parar? Al fracaso y por eso fracasó una importante cantidad de cooperativas, las exitosas son pocas.
La ley y los acuerdos que la junta directiva que tenemos hablan de redistribuir la riqueza, de beneficiar a campesinos, pero a la larga son diputados y cooperativas los que…
Pero… pero escondidos tiene artículos que si uno la leyese y la interpretase y la estudia… ¡ah!, aquí está el asunto, pudiese descubrirlo. El decreto 719 permitía que las cooperativas vendieran a sus socios y le dieron la vuelta, si hubiera dicho el espíritu es el cooperativismo otra cosa sería. Y muchos cooperativistas también se prestaron, vieron el billete rápido, vendo y ya, y hoy están necesitando tierra. Este caso ISTA no es sencillo, es de laboratorio, aquí hay cosas pero tan… enmarcadas que dan lugar a que se haga de una u otra forma.
Me recuerda el caso del anciano en la playa Las Tunas, el ISTA le vende en 54 dólares, pero meses después hay una triangulación de ventas que culmina en manos del diputado Elizardo González Lovo. ¿Por qué el ISTA no cumple la ley que le obliga a dar seguimiento a esas tierras para hacerlas producir?
Ok, ese es el espíritu de la reforma agraria per se. Que los campesinos produzcan, que tengan sus solares para viviendas y que los lotes los cultiven para mejorar sus condiciones de vida. El asunto es que muchísimos les dieron la escritura y la vendieron. ¿Por qué sucedió? Mire, a los campesinos se les da crédito porque no pueden pagarla, e independientemente de que apliquen al decreto 263, que es de 1998: Por pagar el 10% le liquidan la deuda total. Entonces, lo que tienen que pagar es ínfimo en relación con el costo. Lo que pagan es poco y como pagan poco llegó alguien ahí, un vivo, a comprar y les pagan cuatro, cinco, seis o siete veces lo que dieron, porque lo que dieron era demasiado poco.
¿En el caso del diputado González Lovo existió un valúo?
Tuvo que existir, dado que hasta hubo algún tipo de negociación porque vi una nota donde habían fijado un precio y él proponía un precio más bajo y al fin se quedaron con el precio fijado. Lo que pasa es que el precio histórico, principalmente las tierras que venían del ICR su costo era sumamente bajo, las propiedades que se expropiaron tenían un precio bajo porque se tomó el valor declarado en 1976 y por no pagar el impuesto de patrimonio sus dueños las subvaluaban. Al final, las propiedades el ISTA las vende a precios bajos porque las adquirió a costos bajos, pero eso es para campesinos, para ellos tiene que ser así porque esto no es una lotificadora para hacer negocio. Nosotros el precio que estamos fijando es el costo histórico, más un agregado pequeño de escrituración y administración. Al final le queda un precio bajo, y si a eso le agrega que le aplican el decreto 263 que habla del descuento de cuota de pago del 90%; entonces, lo que paga no es nada, nada.
¿Aplicaron el decreto 263 a las adjudicaciones que se dieron a los diputados?
No… hubiera sido inso… hubiera sido… eso ya se salía lógicamente de cualquier... ja, ja, ja, ja
Tomando en cuenta que algunos están en lista de beneficiarios de asentamientos comunitarios eso no me sorprendería…
No, este… eh, precios bajos sí tienen. Los precios me parecen bajos, bien bajos, pero no, no se les aplicó el decreto 263, je, je, je, je, ¡eso ya es imperdonable…! no era posible.
¿Fracasó la reforma agraria?
Yo no diría que fracasó la reforma agraria, es muy dramático ponerlo de esa manera, muchas cooperativas fracasaron y otras tienen relativo éxito. Hay una cosa que no podemos perder de vista: 846 personas en 1980 eran propietarias del 59% de la tierra cultivable en este país, eso cambió drásticamente. Algún sentido tenía hacer esto, era un hecho en cualquier parte del mundo como para criticarlo. ¡Cómo era posible esa concentración! Hoy hay bastantes líderes propietarios que tienen su parcela. Que no tuvo el éxito que debió tener, que pudo ser mejor, totalmente de acuerdo, pero para eso se debieron hacer las cosas muy diferentes a cómo se hicieron en el pasado, se hizo muy, muy mal.
Se hizo tan mal que por eso su antecesora presentó una denuncia en la Fiscalía. El gobierno prometió combatir la corrupción, pero no hay más demandas. ¿Lo que denunció su antecesora eran los únicos casos de corrupción en esta institución?
Yo no podría decir que fueron los únicos hechos que hubo en esta institución porque para mí hay unos cuatro, cinco, seis casos de entregas en los últimos meses del gobierno anterior que se entregó tierras a cooperativas sin cubrir los requisitos en cantidades importantes de tierra. Estamos haciendo lo necesario para revertirlo y lo vamos a revertir.
¿Lo va a denunciar en la Fiscalía?
No, habrá que ver cuáles son los pasos siguientes. Por ejemplo, si usufructuaron la tierra por x cantidad de años deberíamos buscar los medios para resarcirnos de ese valor del usufructo. Hay que negociar porque, ¿quién cometió las ilegalidades, quién tomó las decisiones, quiénes se salieron del marco legal para hacer cosas que no debieron? Hemos revertido decisiones en propiedades que sobrepasan las 70 manzanas, eso ya es importante. En el caso de los campesinos no todos los que tienen una parcelita ya sea porque les dieron un papel y hasta hoy no se la han escriturado, no. Esto no es de campesinos. La vez pasada le enseñé la foto del archivo, imagínese estar buscando actos de corrupción en los miles de papeles que tenemos… muchos los hemos agarrado por denuncias. El otro caso que creo que es justo dimensionarlo es el caso del diputado (Luis) Corvera, se le asignó un solar y una parcela para cultivos, la asignación venía de antes de 2003 y se le escrituró en el 2003. Él pertenecía a una institución que se llama ANTA, era un activista campesino y así se le asignó, con lo cual tenía el pleno derecho.
Nunca hemos cuestionado eso. Lo que preguntamos al diputado Corvera es si era correcto que el gerente de una alcaldía, al mismo tiempo diputado suplente del FMLN, aplicara a ese beneficio supuesto para campesinos desposeídos. Él tenía ingresos económicos que, posiblemente, no tienen otros campesinos.
¿Era diputado suplente antes de 2003?
Sí.
Eso no lo sabía. Lo que yo sabía es que llegó de diputado ya en 2003; no sabía que era diputado suplente, hasta donde yo logré indagar es que él andaba con esta asociación y se le había asignado la tierra ahí por 2003. Hasta hoy sé que era diputado.
